Preocupación de derecha a izquierda. El Senado trataba los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para la AFI. A pesar de las críticas, Macri logró imponer sus candidatos.

LA VUELTA AL PASADO EN LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA

Por Luciana Bertoia *

Arribas vivió hasta diciembre en Brasil y hace unos meses que se mudó al departamento en el que vivía Macri en Avenida del Libertador y Cavia antes de mudarse a la quinta de Olivos. Majdalani cuenta en su haber con más causas judiciales que su jefe.

Por Luciana Bertoia *
VA CON FIRMA.
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Fuente: PoliticaArgentina.Com

Falta de idoneidad, causas por estafa y cuentas off shore, algunas de las acusaciones.

La Casa está cerca de tener dueños legítimos después de que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani consiguieran el apoyo de la comisión de Acuerdos del Senado pese a haber cosechado críticas de todo el arco político, incluso de Elisa “Lilita” Carrió, socia de Mauricio Macri en la alianza Cambiemos, y de varias organizaciones de derechos humanos.

Sobre Arribas, escribano, representante de futbolistas y sobre todo amigo del presidente, pesan dudas sobre la transparencia con la que ha venido manejando sus negocios.

Sobre Majdalani — una de las espadas legislativas del PRO y de estrechos vínculos con el ex-presidente Carlos Menem, quien antes de dejar el poder concedió un indulto a su marido que estaba preso por estafa — pesan dudas sobre sus vínculos con la vieja guardia de los espías, que estuvo detrás de la crisis de los servicios que llevó a su reforma en los primeros meses de 2015 después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto de un disparo en la cabeza.

Durante la reunión de la comisión de Acuerdos del Senado que preside Rodolfo Urtubey, Majdalani se esforzó por dejar en claro que la desgracia ya no pesaba sobre los espías que habían sido puesto bajo la lupa durante el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Habló de los agentes apartados por ser parte de una dirección que estaba al mando de una persona – probablemente en referencia a Antonio “Jaime” Stiuso- y refirió a una resolución que firmó Arribas en la que se establecía que “todos los agentes eran iguales e iban a tener que probar si trabajaban bien o mal”.

Arribas evitó referencias directas a los agentes pero se mostró un soldado del decreto 656 que firmaron Macri y Marcos Peña en mayo pasado y que devuelve el secreto a la AFI.

Según el escribano, como todos quienes están en la agencia realizan tareas de inteligencia o tienen acceso a éstas deben gozar de los privilegios de los espías.

“Impedía la movilidad”, explicó Arribas, diciendo que si había niveles de transparencia dentro de los servicios quienes ingresaban para tareas administrativas no podrían pasar a tareas de inteligencia.

“Es un mando alineado con lo que ha sido el funcionamiento de la inteligencia que basaba toda su actividad en el secreto”, dijo Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que junto a un grupo de organizaciones impugnaron la candidatura de Arribas y Majdalani para la AFI sin que fuera tenido en cuenta por el Senado por considerarlo fuera de fecha.

“Históricamente, la regla fue que todo sea, sin ninguna política de desclasificación de la información.

Se intentó cambiar pero parece que no se puede,” protestó Litvachky.

Nuevos nombres

Arribas usó casi la misma palabra que había empleado Macri para defender su designación al frente del sistema de espías.

“Confianza”

¿Acaso no habían sido hombres de confianza de los primeros mandatarios los que comandaron la secretaría antes?

Macri y Arribas se conocieron en los ‘80.

El hoy “señor 5” se recibió de abogado en 1983 y un año después se hizo del título de escribano, justo cuando nació su primer hijo.

Según su currículum, ofició de escribano entre 1985 y 2007 – el año en que Macri llegó gobierno de la Ciudad.

En ese mismo año se volcó de lleno a representar futbolistas y clubes.

Sin embargo, ya había quedado envuelto en el escandaloso pase de Carlos Tévez al Corinthians en 2005.

Arribas vivió hasta diciembre en Brasil y hace unos meses que se mudó al departamento en el que vivía Macri en Avenida del Libertador y Cavia antes de mudarse a la quinta de Olivos.

Según ICCSI (1), Arribas incurrió en algunas omisiones en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anti-Corrupción pero tampoco los senadores le preguntaron por eso.

Cuando los Panamá Papers salieron a la luz, el nombre de Arribas apareció vinculado a La Veneziana Corp, una empresa registrada desde abril de 2009 en Nueva York y que se encuentra en actividad según información aportada por las organizaciones.

El CEO de La Veneziana es Gustavo H. Arribas según figura en los registros.

A Arribas le preguntaron si efectivamente era él, pero gambeteó la pregunta.

“Probablemente sea un homónimo.

No lo sé ni tengo por qué investigarlo”.

Las casualidades son muchas porque la inicial del segundo nombre del CEO de La Veneziana coincide con la del “Señor 5”: la “H” de Héctor.

Más allá de las sospechas que pesan sobre el negocio del fútbol, Arribas se vio involucrado en casos concretos de irregularidades, como el pase del volante de Talleres de Córdoba Diego Garay al fútbol francés en 1999.

La FIFA multó a Arribas por ese pase y Garay terminó volviéndose a casa después de que se descubriera que tenía un pasaporte falso.

Titular junto a Fernando Hidalgo de HAZ Sports Agency, también enfrentó una causa por evasión impositiva por no pagar ganancias, de acuerdo a la información aportada por las organizaciones que integran ICCSI.

Majdalani cuenta en su haber con más causas judiciales que su jefe.

Pero, a diferencia de su renuencia para presentar sus certificados de estudios, llegó al Congreso el miércoles pasado con un puñado de carpetas que entregó a Urtubey dando cuenta de los sobreseimientos que había cosechado.

La única causa – dijo – que se mantiene es una que impulsó el fiscal federal Federico Delgado tras una denuncia de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero presentada por el legislador porteño Gustavo Vera.

Según Majdalani, sus abogados ya aportaron la información que se le requirió.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.

El CELS y las otras organizaciones que integran ICCSI resaltaron que Majdalani no brindó información que permita corrobar su nivel académico.

En su CV figuraba que cursó estudios en la Universidad de Belgrano (UB) sobre gerencia y administración de empresas o de relaciones públicas en la Universidad Argentina De la Empresa (UADE) pero sin consignar de cuántas horas habían sido esos cursos.

La “Turca”, como se la conoce a Majdalani, fue legisladora porteña del PRO entre 2003 y 2009.

En diciembre de 2008, estuvo envuelta en un escándalo por votar doble: por ella y por quien se sentaba al lado.

Llegó al Congreso nacional en 2010 y estuvo en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entre 2012 y 2015.

Su permanencia en la bicameral fue criticada por Carrió, especialmente por ser amiga de quien tenía que controlar: el número 2 de la entonces Secretaría de Inteligencia, Francisco “Paco” Larcher, a quien removió CFK en diciembre de 2014 – un mes antes de que Nisman sacudiera al país con su denuncia acusando a la entonces presidenta de tratar de encubrir el atentado a la AMIA de 1994 a través de la firma de un memorándum de entendimiento con Irán.

La joya de la corona

Cómoda con el lugar que Macri le asignó, Majdalani se refirió a la AFI como “la Casa” – como se la conoce en la jerga de los servicios.

“La fama que tenía la Casa, la Secretaría – hoy AFI – era bastante mala”, dijo la ex-diputada del PRO con naturalidad, refiriéndose al uso de las escuchas y mientras sostenía que la ley aprobada en marzo del año pasado por el Congreso era perfectible pero que, por ahora, la administración macrista no iba a impulsar su reforma.

“Hacer inteligencia sin escuchas no es posible”, dijo pero agregó que – por ahora – no querían recuperar la poco célebre OJOTA bajo el control del Poder Ejecutivo, como había trascendido meses atrás.

Con la reforma de la ley de inteligencia, la casona de Avenida Los Incas quedó bajó la órbita de la Procuración General que puso la Dirección de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM) en manos de la fiscal Cristina Caamaño.

Como parte de la pulseada para irle restando poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó, Macri firmó en diciembre un decreto de necesidad y urgencia transfiriéndole las escuchas a la Corte Suprema, que recién el 15 de febrero creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial que delegó en Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña.

“Hay menos información que cuando estaba a cargo de la Procuración, pero nos dijeron que la Corte Suprema no estaba dispuesta a transferir las escuchas a la AFI”, señaló Litvachky.

“Nosotros no éramos partidarios que se decidiera por decreto el traspaso de la DICOM.

Para nosotros era correcto que se quedara en la Procuración.

Había un consejo que informaba.

En el caso del Poder Judicial es más críptico, ya que han tenido una práctica de menor apertura”, agregó.

Comodoro Py, siempre Comodoro Py

Arribas se jacta de estar en contacto con las agencias de inteligencia más importantes del mundo y comentó que estaba organizando un encuentro para toda Iberoamérica para el año próximo.

También mencionó al pasar que la AFI intervino en dos casos con importante resonancia en los últimos meses e íntimamente vinculados: la Triple Fuga y la captura de Ibar Pérez Corradi, sindicado como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, quien en sus declaraciones mencionó tanto al ex-jefe de Gabinete Aníbal Fernández como a Ernesto Sanz, uno de los padres fundadores de la alianza Cambiemos.

Los radicales se apuraron en aclarar que las acusaciones contra el ex-presidente de la UCR eran parte de una interna de los servicios y mostrando que éstos volviendo a caminar por los pasillos de los tribunales federales.

  • ¿Ya no hay trabas para el contacto entre los agentes de inteligencia y los jueces? – le preguntamos a Paula Litvachky.

  • La ley sigue diciendo que sólo se puede hacer a pedido del juez y con autorización del jefe.

Al derogar el decreto 1311, se derogaron también las exigencias para limitar ese contacto.

Ahora no sabemos cómo opera pero es cierto también que cuando se estaba discutiendo la reforma, fuimos bastante críticos de que se mantuviera esa posibilidad.

  • ¿Entonces se podría decir que la situación es similar a la de diciembre de 2014 cuando entró en crisis el sistema de inteligencia?

En términos normativos, no es similar porque está la ley.

El problema es que tal como salió esa ley dejó mucho espacio a la reglamentación.

Sacaron un decreto que estaba muy bien y (terminó pasando que) esta gestión lo derogó.

Me llamó la atención que dijeran que están pensando en reformar la ley mientras se dan mensajes políticos tan regresivos como la derogación del decreto 1311 y la poca seriedad con que se tomaron los senadores la evaluación de los candidatos.

Es cierto que hay una línea de continuidad.

Se le vuelve a dar mucha incidencia a la vieja guardia que resistió la reforma.

Esto es un gran problema para el sistema político.

  • Por ejemplo, al interior de la alianza Cambiemos se hablan de operaciones de inteligencia contra Sanz y están las críticas de Carrió a los jefes de la AFI y la negativa de la Coalición Cívica a votar por ellos…

Que haya distintas líneas dentro del partido de gobierno es que están advirtiendo que esto puede ser un problema para su propia gobernabilidad y que las internas la dirime la inteligencia.

El ejemplo de Pérez Corradi es muy claro.

Ante una pregunta del senador Julio Cobos (UCR), Majdalani explicó que la AFI estaba participando en la investigación sobre la muerte de Nisman – que desde el 1 de marzo deambula entre la justicia ordinaria y los tribunales federales.

No podía precisar cuáles eran las tareas pero dijo que, “dios mediante”, iban a ayudar a entender qué había pasado, mientras tanto en los tribunales de Comodoro Py el juez Daniel Rafecas rechazó un pedido de la DAIA para reactivar la denuncia de Nisman contra CFK pero su colega Claudio Bonadio le pidió que le remitiera la causa, dando una clara señal de voluntad.

Mientras el Senado trata los pliegos para nombrar a los directivos de la AFI, la Sala II de la Cámara Federal — integrada por Irurzun y Eduardo Farah – decidió desarchivar una causa contra el ex-jefe del Ejército César Milani por espionaje ilegal a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y Germán Moldes y ordenó tomar el testimonio de Stiuso.

Viejas prácticas

Con el mismo decreto 656, Macri derogó el régimen que intentaba transparentar el régimen de fondos reservados de la agencia de inteligencia.

La entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) usó esos fondos reservados para pagarle a Carlos Telleldín para involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado contra la AMIA — parte del encubrimiento que está juzgando el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en los tribunales de Comodoro Py.

Los fondos reservados volvieron usarse en el pago de las coimas en el Senado para aprobar la flexibilización laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa y cuando Juan José Gallea estaba a cargo del área de Finanzas de la secretaría — según consignaron en su presentación las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).

Gallea volvió al mismo área con la llegada de Arribas y Majdalani a la AFI.

El CELS, ADC y las otras organizaciones también criticaron la presencia del fiscal Eduardo Miragaya en el área de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI.

Miragaya estuvo envuelto en denuncias de jubilaciones truchas en La Rioja y, según el diario La Nación, se lo conocía como uno de los operadores judiciales del menemismo y ahora jugaría un renovado rol como contacto con los jueces federales.

Las organizaciones protestaron después de que la comisión de Acuerdos – a excepción de los senadores Ruperto Godoy (FpV), Juan Manuel Abal Medina (FpV) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal) – le diera luz verde para el nombramiento de Arribas y Majdalani.

“La idoneidad que exige la Constitución Nacional no ha sido demostrada por ninguno de los dos candidatos — ni siquiera se acercan al mínimo estándar exigible,” escribieron.

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(*) Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia