La gestión de ENACOM se caracteriza por su opacidad y la falta de información pública.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONVERGENCIA ESCENARIO JURÍDICO Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL A PARTIR DE 12/2015, SEGÚN LA COALICION.

Por la Coalición para una Comunicación Democrática

Al equipararse la televisión por abonos con un servicio telefónico desaparece con ello el tope a la propiedad extranjera y también la regulación de la propiedad cruzada (de contenidos y plataformas de distribución). El modelo de explotación sin regulación de mercado ni propiedad cruzada no existe en ninguna economía desarrollada del mundo, claramente no en los Estados Unidos ni en Europa.

NAC&POP

07/08/2016
Puntos principales

Las políticas de asignación y gestión de espectro radioeléctrico en curso suponen un avance del sector de telecomunicaciones en detrimento de los servicios audiovisuales, profundizando lo ya iniciado en la banda de 700 Mhz con la reubicación de operadores en la banda de 600 Mhz.

Existe una redefinición del modelo comunicacional de servicios gratuitos con Televisión Digital Terrestre, diversidad de prestadores y consideración por las audiencias diversas, hacia uno de gestión privada y de pago que prioriza la explotación económica de los servicios antes que su función social.

Claramente se advierte esta perspectiva en la transferencia de la televisión por cable (sistema de acceso mayoritario de los ciudadanos a contenidos audiovisuales) al sector de las telecomunicaciones.

Esta desregulación afecta todo el modelo de gestión de la principal fuente de acceso a contenidos de los argentinos.

La licencia histórica de cable, sujeta a generales de la ley y regulaciones de cantidad y mercado, se convirtió en una Licencia Única Argentina Digital, donde ahora sólo se registran áreas de cobertura sin tope por cantidad de localidades, abonados o porción de mercado.

En el nuevo régimen no hay que acreditar condiciones personales o jurídicas específicas como sucede con la radio y la televisión de acceso gratuito; basta la acreditación empresarial.

Al equipararse la televisión por abonos con un servicio telefónico desaparece con ello el tope a la propiedad extranjera y también la regulación de la propiedad cruzada (de contenidos y plataformas de distribución).

El modelo de explotación sin regulación de mercado ni propiedad cruzada no existe en ninguna economía desarrollada del mundo, claramente no en los Estados Unidos ni en Europa.

Si bien se recuperó parcialmente la obligación de distribuir señales locales y nacionales públicas (luego de la denuncia ante la CIDH), desapareció la obligación de ordenamiento de grilla, se levantó la obligación del canal local propio y en caso de que este exista no cumple requisitos mínimos de contenidos. (producción propia y nacional, protección de menores, máximos de publicidad, sanción por delegación de explotación, etc.)

La gestión de ENACOM se caracteriza por su opacidad y la falta de información pública.

No se conocen las actas de directorio, las fechas de reunión y en muchos casos tampoco las resoluciones adoptadas.

Se calcula que sobre unas 5000 resoluciones adoptadas luego de la fusión de AFSCA y AFTIC en ENACOM, sólo se han hecho públicas unas 1400.

Esto también lleva a insistir en la necesidad de contar con una veeduría efectiva desde la oposición, tanto para examinar la política en curso como para acceder a información sobre trámites y expedientes del sector, en un organismo que cuenta con mayoría automática y quórum propio de la representación gubernamental.

La Comisión Bicameral de Comunicaciones y TIC está en deuda con el seguimiento de estos aspectos, si bien algunas bancadas han designados sus representantes.

Desde diciembre 2015 a la fecha está virtualmente paralizado el otorgamiento de nuevas licencias o registros de áreas de cobertura para el servicio de televisión por cable, lo que implica el congelamiento del mercado y un cepo para nuevos operadores, que claramente afecta al sector cooperativo con más de un centenar de presentaciones.

Esto se suma a la restricción por 3 años de competencia por parte de las telefónicas, lo que supone un beneficio para los dominantes actuales en el sector de triple o cuádruple play (telefonía –fija y celular-, televisión e internet) con Cablevisión como principal beneficiario.

Como nota distintiva cabe apuntar que el actual ministerio de Comunicaciones definió en el congreso de FECOTEL al sector cooperativo como “aliado frente a las corporaciones”, lo que se verificaría a través de aportes para despliegues de redes locales y el otorgamiento de numeración geográfica.

Esto complementaría el despliegue de la REFEFO. Sin embargo, deben darse pasos efectivos para comprobar si existe esta voluntad política. Una determinación de ese tipo tampoco existió en la gestión anterior.

Resta por resolver el modelo de gestión de la red troncal de FO (Fibra Óptica), la cual puede ser desarrollada conjuntamente con Cooperativas, Pymes, provincias y empresas en un régimen mixto que respete el federalismo y la diversidad de operadores o bien transferirse a la gestión de Telcos y operadores internacionales (el tema está aún en disputa).

Otras asignaturas pendientes.

Resolución de los concursos de televisión digital realizados; falta efectivizar las licencias otorgadas (unas 20), tanto sea por el dictado de los actos administrativos pendientes (Decretos cuando corresponde o liberación de frecuencias ocupadas) y resolver los concursos realizados (unos 15) en el que numerosos oferentes del sector privado comercial y comunitario esperan las adjudicaciones.

También están pendientes los concursos no convocados sobre planes técnicos aprobados en por lo menos 20 localidades en donde funcionan operadores sin licencia pero que se han presentado a los censos y esperan ser convocados.

Falta de cumplimiento del plan técnico vigente en cuanto al 33% y a la ocupación de frecuencias en UHF, caso ARTEAR con la frecuencia 33 impidiendo el cumplimiento del concurso asignado a Barricada TV.

La depuración de frecuencias en UHF solo se ocupó de despejar el camino para operadores de telefonía e internet.

En radio siguen pendientes de resolución las zonas de conflicto y no hay planes técnicos que den cuenta del 33% de reserva para el sector sin fines de lucro.

La prórroga automática de licencias cristaliza el mercado existente y tampoco se prioriza el sector sin fines de lucro ante la caída o extinción de licencias históricas.

Un ejemplo es la previsible extinción de la licencia de América (Desup SA) en CABA por el abandono de sus titulares, sobre la que aún no se conoce qué criterios se adoptarán para un nuevo concurso.

Entre otras medidas de corte regresivo deben señalarse la flexibilización de la transmisión en red.

Ello ataca el federalismo, el empleo y la producción local aumentando las transmisiones al 50% y sin autorización previa.

Este criterio sobre servicios abiertos, que favorece las cadenas privadas de radio y TV con cabecera en Buenos Aires, sumado a la desregulación del cable supone que la actual gestión no tiene interés en la promoción de la industria cultural nacional en el campo audiovisual y tampoco en el derecho a la información de las audiencias locales, ya que desaparecen las obligaciones de noticieros y servicios informativos locales.

Se registra también el congelamiento del Fondo de Fomento Concursable, perjudicando la culminación de proyectos en curso, el inicio de proyectos aprobados por parte de operadores Pymes, sin fines de lucro y de pueblos originarios.

Falta de cumplimiento de las obligaciones legales respecto de la convocatoria a proyectos 2016.

Asimismo debe señalarse la eliminación de hecho del artículo 77 sobre contenidos de interés relevante, mediante la supresión del órgano encargado de confeccionar la lista y mediante la omisión de realizarla por parte del ministerio que la reemplazó.

Esta transgresión está permitiendo la discusión de un nuevo modelo de negocios para el futbol argentino, con operadores internacionales y grupos locales como principales beneficiarios.

Ese modelo también determina el modelo del conjunto del sistema audiovisual nacional.

La reciente creación mediante otro Decreto de un Consejo Federal que suprime representaciones sectoriales y que equipara la televisión con la telefonía, que desconoce principios de libertad de expresión vinculados con actores que expresan intereses diversos de la sociedad, también supone otra forma de avance sobre derechos expresados en la Ley 26.522 y tratados internacionales con rango constitucional.

La falta de avances en materia de Acceso a la Información, así como en cuanto a criterios equitativos y plurales de asignación de publicidad oficial, o los anuncios que amenazan con privatizar la gestión de Datos Personales en poder de los organismos públicos, constituyen también otras amenazas sobre los derechos ciudadanos y en particular sobre el Derecho a la Comunicación como un valor central de la democracia.

(Resumen presentado en el Plenario de la CCD el sábado 6 de Agosto en SICA)