El conflicto se volvió particularmente agudo en Oaxaca porque allí la docencia se convirtió en una fuente de movilidad social.

EL ESTALLIDO DOCENTE MÉJICANO

Por Norberto Emmerich.

Es uno de los distritos más postergados de México, donde el 67% de la población se encuentra en la pobreza y el 28% en la pobreza extrema. Los maestros afirman que la evaluación, alejada de la práctica diaria, no da cuenta de su desempeño cotidiano y no toma en cuenta la diversidad étnica, cultural ni la realidad social y económica del país.


Por Norberto Emmerich.
IESAC /APU
Agencia Paco Urondo
26 junio 2016
El 10 de septiembre de 2013 el presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó tres leyes: la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Dado que estas leyes se refieren más al orden laboral que al tema educativo, los maestros comenzaron rápidamente la lucha contra la Reforma cuyo último capítulo comenzó el 15 de mayo pasado, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro laboral indefinido, con campamento en el Distrito Federal, exigiendo una mesa de diálogo con el gobierno federal para pedir la derogación de la reforma educativa.

El gobierno, a través del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se negó al diálogo hasta que los maestros no volvieran a clases mientras aclaraban que la reforma educativa no es tema de debate.

Esta reforma educativa fue diseñada por los organismos multilaterales (FMI, BM y BID), la OCDE y la organización Mexicanos Primero: fue avalada por la Unesco, legitimada a través del Pacto por México (PAN, PRI y PRD) y aprobada por el Congreso, todo ello sin considerar un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas educativas aplicadas en sexenios anteriores.

Se distingue más por ser una reforma administrativa y laboral con grandes implicaciones en la organización educativa, tendiente a un mayor control y vigilancia.

Luego de más de tres años de su aprobación, todavía no se presenta un nuevo modelo de enseñanza, se planteó una reforma administrativa al sistema escolar y se cambió el régimen laboral de los docentes.

Se sigue trabajando con un plan y programa de estudios del año 2011, con textos desfasados que no han sido corregidos.

El ex secretario de Educación Emilio Chuayffet reconoció que además de errores de redacción y ortográficos contienen errores pedagógicos y científicos.

Una reforma administrativa reorganiza el formato con que la autoridad controla el sistema, hasta ahora negociado con la dirección sindical a cambio de beneficios políticos para la administración.

El gobierno no ha recuperado la dirección de la educación sino la primacía en la relación corporativa con la burocracia sindical.

En nombre de la reforma educativa se está cubriendo la reestructuración del PRI corporativo y reorganizando la estructura del magisterio.

El artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece el régimen punitivo de la evaluación, dirigido al personal que no se presente al examen, no se incorpore a los programas de regularización u obtenga resultado de insuficiente en su tercera evaluación.

En ese caso se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa; no se le podrá contratar en ninguna escuela pública ni privada, invalidando su cédula profesional para ejercer la docencia y sancionando a la institución pública o privada que lo contrate.

Los maestros cuestionan esta evaluación estandarizada, que mide aspectos superficiales sobre el manejo de leyes, normas y lineamientos, pero no valora la práctica docente ni el vínculo con sus alumnos y la comunidad, todo lo que implica la cualidad docente.

Se reduce a la medición y cuantificación de resultados observables, clasificando a los maestros en idóneos y no idóneos.

Con el eslogan de “involucrar a los padres de familia en la administración de la Escuela” generaliza la “autonomía de gestión”, con lo que legaliza el pago de cuotas para la realización de diversas actividades escolares, permitiendo el ingreso de empresas privadas y el inicio de procesos de privatización.

En los próximos tres años el gobierno priísta invertirá, mediante la emisión de bonos de infraestructura educativa, los denominados Certificados para la Infraestructura Nacional (CIEN) equivalentes a 50 mil millones de pesos adicionales para mejorar 30 mil escuelas de más de 2 mil municipios.

Los inversionistas serán prestamistas beneficiados, porque sus préstamos se titularán en bonos de deuda por más de 20 años.

El gobierno sostiene que los maestros se resisten porque quieren seguir heredando sus plazas.

Los maestros afirman que la evaluación, alejada de la práctica diaria, no da cuenta de su desempeño cotidiano y no toma en cuenta la diversidad étnica, cultural ni la realidad social y económica del país.

Sin embargo es cierto que la Reforma hace recaer sobre los maestros la responsabilidad por el bajo nivel educativo y no obliga al Estado a dotar a las escuelas y sus trabajos de un presupuesto suficiente para el fortalecimiento de la educación.

La Reforma incorpora, entre otras, las siguientes medidas:

Los docentes deberán someterse a un examen de admisión. En caso de aprobarlo tendrán que someterse a 3 periodos de prueba para conseguir la plaza definitiva.

Quienes ya tengan una plaza definitiva también serán sometidos a evaluación y en caso de reprobarla podrán ser removidos a otras áreas.

Si algún docente acepta un cargo o comisión no educativa, será separado del Servicio Profesional Docente sin goce de sueldo.

Los docentes no pueden ausentarse de clase por 3 días consecutivos o escalonados en el periodo de 1 mes.

De hacerlo perderán su plaza.

Se prohíbe que las cuotas escolares sean obligatorias.

En caso de que exista alguna cuota se deberá pedir autorización y transparentar el motivo y el monto.

El Sindicato no tendrá injerencia en la contratación de maestros, para ningún nivel de enseñanza.

Esta quedará a cargo de la Secretaría de Educación Pública a través del Servicio Profesional Docente.

Las escuelas y sus directivos podrán solicitar la remoción de un profesor en caso de que no cumpla con el perfil o los resultados de su enseñanza no sean los adecuados.

Las personas que sean beneficiadas con un bono, ingresos extra o promoción de otro cargo, deberán comprobar ante las instancias correspondientes que son los titulares del beneficio y la autoridad deberá corroborar la información.

Se despedirá a los supervisores que intervengan en la resolución de trámites, evaluaciones o cualquier asunto del área al que corresponden y tengan interés personal, familiar o de negocios en la que puedan beneficiarse él o su cónyuge, concubina, parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles.

En caso de que algún docente tome cursos o cumpla con asesorías técnicas pedagógicas que lo obliguen a ausentarse de su labor frente a un grupo, deberá recuperar las horas de clase y comenzar desde cero la evaluación para ocupar su plaza.

El pasado 22 de marzo, Aurelio Nuño anunció el fin del sistema nacional de las escuelas de formación del profesorado, es decir, ya no sería necesario graduarse de una “escuela normal” para impartir clases.

En su lugar, cualquier persona con un título universitario podría ser contratada para enseñar.

El secretario Nuño Mayer decidió que el éxito de la reforma se midiera en función de la continuidad del calendario escolar y del sometimiento de los profesores a los procesos de evaluación.

En ese contexto, Nuño consideró prioritario despedir a los profesores que no se evaluaran o que faltaran tres días seguidos o con tres ausencias en el lapso de un mes.

Y finalmente enarboló el número de maestros despedidos como símbolo de triunfo.

Intentó manipular políticamente la aplicación de la ley al perseguir judicialmente a los dirigentes de la CNTE cuando los delitos que presuntamente cometieron son los mismos que caracterizaron históricamente a los dirigentes del SNTE, sin que a ellos les sucediera nada, más allá de la detención de Elba Esther Gordillo.

Finalmente, el gobierno decidió que el mejor momento para cumplir las órdenes de detención contra los dirigentes de la CNTE (acusados de malversación de fondos y robo de libros) fue con el anuncio el 21 de marzo de una alianza política con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, principal contendiente en la elección presidencial de 2018.

La cerrazón de Nuño a cualquier diálogo con los maestros disidentes que no fuera su sumisión lo privó de balancear, rendir cuentas sobre la reforma y deliberar su razón de ser y sus mecanismos.

Por el contrario, inició una persecución contra la CNTE y dejó que ella se encargara de la comunicación con los docentes, monopolizando el discurso hacia las bases descontentas.

El gobierno se desentendió y verticalizó la implementación de la reforma.

El conflicto se volvió particularmente agudo en Oaxaca porque allí la nómina magisterial se convirtió en una fuente de movilidad social y de ingresos con prestaciones sociales que otros empleos no tienen.

Siendo uno de los distritos más postergados de México, donde el 67% de la población se encuentra en la pobreza y el 28% en la pobreza extrema, la débil economía, la pobreza y la marginación hacen que pertenecer al magisterio sea una alternativa al no existir otras fuentes de ingreso valederas.

Ante el intento de desalojo de un bloqueo carretero en Nochixtlán, 9 personas fueron asesinadas por la Gendarmería y más de un centenar resultaron heridas.

Inmediatamente miles de maestras y maestros se manifestaron en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Baja California y el estado de México, para respaldar al magisterio.

Las universidades jesuitas de México aseguraron que “la represión” al movimiento magisterial “se ha excedido, extendiéndose hasta la ciudadanía en general” y mostraron su incondicional apoyo.

También la UAM y la UNAM se solidarizaron y fueron al paro, al igual que el ITUAM y los telefonistas.

La masacre y la expansión de sus consecuencias vencieron la resistencia del Ejecutivo y mediante una orden directa del presidente se dio inicio a un diálogo de horizonte incierto, donde el PRI, golpeado por los malos resultados electorales y el temor a una escalada violenta, está buscando salvar la reforma educativa.

El martes 21 el secretario Nuño Mayer dijo que no se hablaría de la reforma educativa, el miércoles 22 hubo manifestaciones de solidaridad en 29 Estados del país y en todos los continentes mientras los manifestantes asediaban la Casa de Gobierno en Chihuahua en protesta por la falta de combustible y otros estrangulaban el comercio con Estados Unidos en Ciudad Juárez por la prohibición de importar autos.

En medio de la oleada el presidente Peña Nieto asumió la crisis de gobernabilidad y produjo un cambio de rumbo para el conjunto de la política nacional, del enfrentamiento al diálogo.

En consecuencia el secretario Osorio Chong, en primer plano con la debacle de Nuño Mayer, reconoció que sí se iba a dialogar sobre la reforma educativa y que “ningún tema está vetado”.

En un contexto nacional de protestas, algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraron preocupación por los costos de la línea dura de Nuño Mayer en las pasadas elecciones estatales del 5 junio sabiendo que la caída de Manlio Beltrones, a más de las intrigas de palacio, sólo fue el primer temblor.

En consecuencia más de treinta dirigentes de la CNTE se sentaron sin condiciones previas en el Palacio de Covián con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Miranda, el mismo que en junio de 2015 dijo que no habría negociaciones hasta que los maestros regresaran a dar clases.

El gobierno tomó nota de que no tiene margen para cancelar los exámenes de evaluación o despenalizar las ausencias escolares de los maestros mientras los líderes de la CNTE tampoco pueden volver a sus comunidades con las manos vacías.

El diálogo puede ir a ningún lado a menos que una o ambas partes cedan.

Ya se sabe que diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apoyados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofrecieron un esquema de negociación para quitar de la reforma educativa la parte referida a la evaluación docente a cambio de iniciar un diálogo con los manifestantes.

El estallido de las protestas docentes se da en una circunstancia peligrosa para el gobierno de Peña Nieto que es la administración más impopular desde 1996, con el apoyo de tan sólo el 30 por ciento de los mexicanos.
Por su parte la CNTE, que agrupa a docentes disconformes con la conducción nacional del SNTE y tiene fuerza en el cinturón de amortiguación mexicano (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), forcejea con éxito la pulseada política.

Un conflicto en estos Estados impacta directamente en la sede del poder en la Ciudad de México.

El lunes 27 de junio a las 18 horas seguirán las conversaciones entre el gobierno y los maestros.