El empresario santacruceño Lázaro Báez, investigado por la justicia por presunto lavado de dinero, se presentó en por lo menos tres licitaciones en los últimos años asociado a la empresa IECSA S.A., propiedad de la familia Macri, presidida por el primo hermano del presidente Ángelo Calcaterra.

EL PRIMO

Por Gabriela Cerruti y Alejandro Giuffrida/// Horacio Verbitsky

Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente, fue socio de Lázaro Báez en al menos tres obras asociado a la empresa IECSA S.A., propiedad del Grupo Macri. Según las licitaciones y los balances, el domicilio legal es el mismo, el director a cargo del proyecto es un viejo empleado de la familia y en las actas de la empresa aparecen más hombres vinculados al entorno del Presidente. Los negocios en Santa Cruz, Entre Ríos y Formosa y la forma de encubrir los nombres de los amigos y parientes que siguen manejando los grandes negocios dentro y fuera del Estado.

 

 

Por Gabriela Cerruti y Alejandro Giuffrida

Nuestras Voces/

Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente, fue socio de Lázaro Báez en al menos tres obras asociado a la empresa IECSA S.A., propiedad del Grupo Macri. Según las licitaciones y los balances, el domicilio legal es el mismo, el director a cargo del proyecto es un viejo empleado de la familia y en las actas de la empresa aparecen más hombres vinculados al entorno del Presidente. Los negocios en Santa Cruz, Entre Ríos y Formosa y la forma de encubrir los nombres de los amigos y parientes que siguen manejando los grandes negocios dentro y fuera del Estado.

El empresario santacruceño Lázaro Báez, investigado por la justicia por presunto lavado de dinero, se presentó en por lo menos tres licitaciones en los últimos años asociado a la empresa IECSA S.A., propiedad de la familia Macri, presidida por el primo hermano del presidente Ángelo Calcaterra.

La relación entre las empresas de Báez y la familia Macri parece a simple vista ser fluida y profunda. El domicilio legal presentado por Báez y sus socios en distintas licitaciones (Manuela Pedraza 323 Piso 8°) coincide con el de la firma IECSA SA, propiedad de la familia Macri, y el director a cargo del proyecto que aparece en toda la documentación es Luis Angel Bonfanti, gerente comercial de esa sociedad y empleado de los Macri desde hace una década.

Báez y Calcaterra se presentaron en forma conjunta en por lo menos tres licitaciones. Dos de ellas las ganaron: la construcción de un hospital en Formosa y el mantenimiento de la red vial en Entre Ríos. La tercera, en la que perdieron, es la que está siendo investigada por la justicia en lo que se denominó periodísticamente la “ruta del dinero K” y que parece en realidad llevar hacia la familia del actual Presidente.

Las represas

En el caso de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, de Santa Cruz, Báez y Calcaterra presentaron una oferta conjunta, en la que también participaban las firmas Sinohydro Group, Hediack y Esuco. La obra finalmente quedó en manos de otro consorcio formado por la cordobesa Electroingeniería en asociación con Gezhouba, otra empresa de capitales chinos.

Báez sostuvo esta semana, en su presentación ante el juez Sebastián Casanello -quien lo investiga por presunto lavado de dinero- que los movimientos financieros registrados durante el año 2012/2013 estuvieron relacionados con la conformación de capital para presentarse a la licitación de esas represas. Fue allí cuando mencionó que esa presentación se había realizado en forma conjunta con la empresa de la familia presidencial.

La sintonía entre Báez y Calcaterra se expresa claramente en los papeles y las coincidencias. Mientras que Sinohydro Group aprueba en su directorio el 21 de setiembre del 2012 la presentación en esa compulsa, los directorios de IECSA (Calcaterra) y Austral (Baez) notifican haberlo hecho exactamente el mismo día: 15 de octubre. En el caso de IECSA esto queda plasmado en el acta número 2.079 en la que también se aprueba la adquisición del pliego por medio millón de pesos.

Tanto Báez como Calcaterra se presentaban como socios menores de la empresa China, que aportaría el 60% del capital y la capacidad de financiamiento, mientras que IECSA y Austral lo harían con el 15 por ciento.

La UTE conformada fija como domicilio Manuela Saénz 323 Piso 8, la sede de ODS/IECSA y los responsables a cargo son Qin Xiaohua – representante en la argentina de los chinos-y Luis Angel Bonfanti, gerente comercial de IECSA.

Entre Ríos y Formosa

La relación entre Báez y Calcaterra parece haber atravesado su mejor momento en esos meses.

El 20 de marzo del 2013, IECSA comunica a la Comisión Nacional de Valores que “en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo XXI de las Normas de la CNV y a efectos de poner en vuestro conocimiento que el 14 de marzo de 2013 se celebró entre el Gobierno de la Provincia de Formosa en carácter de comitente, y Austral Construcciones S.A. – Creaurban S.A. – Unión Transitoria de Empresas en carácter de contratista, un contrato de locación de obra cuyo objeto es la “Construcción del Hospital Dr. Pedro E. Insfrán de la ciudad de Laguna Blanca, Provincia de Formosa”.

La licitación y el contrato aparecen también en el balance de IECSA del 2012 y hacia finales del 2013 otra comunicación a la CNV indica que la UTE había vendido la operación a otro consorcio: Mateo-Covasa. No hay ninguna explicación sobre por qué se realizó esta venta.

Covasa es una contratista de obra pública que está siendo investigada en el marco de la causa Ciccone Calcográfica.

Pero no es esa la única conexión fortuita de esa causa con Calcaterra: en el séptimo de Manuela Sáenz 323 estaba radicada The Old Fund SA, la empresa controlante de la ex Ciccone Calcográfica.  Los allanamientos del juez Daniel Rafecas en esa causa pasaron frente a Angelo Calcaterra cada vez que se realizaron.

En Entre Ríos también se asociaron, aunque esta vez es IECSA contratando a Austral.

En los balances sobre la actividad de las empresas de Calcaterra de 2011 se destacaba que habían iniciado obras en la Ruta 18 de Entre Ríos, mediante una licitación de la Dirección Nacional de Vialidad, pero “a través de un subcontrato con la firma Austral”. La obra era inicialmente por 174 millones de pesos y estaba prevista para 2013.

Sin embargo, en el balance de 2013 de IECSA, se habla de “un monto contractual de 355 millones” y se aclara que “durante este ejercicio continuaron con la realización normal de los trabajos”.

La obra preveía la pavimentación de la ruta 18 entre los tramos “empalme Ruta Provincial Nº 20 – Arroyo Sandoval”.

Para la prensa, nunca figuró IECSA: cuando se anunció la pavimentación en cuatro tramos, apareció directamente Austral Construcciones SA a cargo de la ejecución del tercero de ellos.

La otra cara del mostrador

Mientras estas conexiones se develaban en la justicia, los medios transmitían una altruista intención de Ángelo Calcaterra de desprenderse de la empresa IECSA, supuestamente para no molestar a su primo presidente en cuestión de incompatibilidades.

En la reunión de directorio del 7 de abril de este año, lejos de anunciar la venta de IECSA, se definen nuevos emprendimientos y negocios y se fija un sueldo de diez millones de pesos para Calcaterra sin distribución de dividendos.

 

Ese acta de directorio deja, al menos, algunas dudas.

– ¿Por qué cobra sueldo el dueño de la empresa, que ni siquiera ocupa cargo de gerente sino que es el presidente sin funciones ejecutivas?

– ¿O cobra sueldo porque no es el verdadero dueño y esa es toda su participación?

Pero dos líneas después, las dudas se suceden.

El directorio, dice, quedará conformado de la siguiente manera:

Director Titular y Presidente: Ángel J. A. CALCATERRA (DNI Nº12.045.859).

Director Titular y Vicepresidente: Santiago Ramón ALTIERI (DNI Nº 11.182.183).

Director Titular: Juan Ramón GARRONE (DNI Nº 12.639.888).

Directora Suplente: Alejandra E. M. KADEMIAN (DNI Nº 23.089.506)

Santiago Altieri, ahora vicepresidente, era el presidente de IECSA cuando la empresa estaba formalmente dentro de SIDECO, y está investigado en las causas que involucran a Ricardo Jaime por presuntas dádivas. ¿Por qué la empresa cambia de dueños pero no de funcionarios?

La justicia investiga si Altieri fue quien pagó supuestamente dádivas al ex secretario de transporte.

La simulada venta de IECSA no solo la separa de las contrataciones que llevaba adelante con el Gobierno de la Ciudad, ahora a cargo de un familiar, sino también de los caminos judiciales. Aunque, en los hechos, la política seguía siendo fijada por la misma persona: Altieri, uno de los gerentes preferidos de Mauricio Macri.

 

El caso de Juan Ramón Garrone es bastante más peculiar: es un monotributista que no aparece como dueño ni socio de ninguna empresa en los registros oficiales.

Ahora, como en el año 2006/2007, se repiten las dos variables.

Por un lado, Mauricio Macri se presentaba como candidato a jefe de gobierno, y había entonces que despejar dudas sobre incompatibilidades. Pero, al mismo tiempo, IECSA era investigada en las causas judiciales que invocluraban al ex secretario de transporte Ricardo Jaime.

Como en los últimos cuarenta años de historia argentina, cada vez que hay una causa de corrupción en que los medios se ocupan de investigar a funcionarios del gobierno, suelen callar que la parte empresaria involucrada son por lo general los mismos empresarios. En la mayor parte de los casos, empresas y empresarios vinculados a la familia Macri, sus socios y sus amigos.

Ángelo es Mauricio

El laberinto de compras, ventas, pases de acciones entre las diferentes empresas de la familia Macri es el paisaje de la infamia del capitalismo.

Desde que Mauricio Macri lanzó su carrera política, primero para jefe de gobierno y luego para Presidente de la Nación, el primo pobre de la familia, Ángelo, fue la cara elegida para seguir manejando los millones y millones de obra pública estatal sin que quedara tan alevosamente expuesta la incompatibilidad y la violación de todas las leyes éticas.

Ahora, Ángelo Calcaterra anuncia que venderá IECSA para que no acusen a su primo de favorecerlo con obra pública. Pero, antes de hacerlo, compró ODS, la empresa controladora de IECSA.

Una vez más, un velo societario para encubrir lo evidente: como durante los últimos cuarenta años, los Macri, sus amigos y parientes, siguen manejando los grandes negocios dentro y fuera del Estado.

El 3 de marzo de este año, la Comisión Nacional de Valores autorizó a Ángelo Calcaterra a comprar la totalidad de acciones de ODS S.A. Unos meses antes, Ghella le había vendido sus acciones en ODS y en IECSA.

Así figura en la comunicación que la empresa hace ante la CNV: “Como consecuencia de lo cual el Sr. Ghella Lorenzo habrá transferido y accionista Angel J. A. Calcaterra  habrá adquirido, el control de la sociedad  por tener el 51 % del total del capital social y votos de ODS S.A. Asimismo, se informa que en virtud de la transferencia mencionada, los accionistas de ODS S.A. iniciarán un período de negociaciones que podría derivar en la transferencia a favor del Sr. Calcaterra, de parte y/o toda la participación accionaria que la sociedad Ghella S.p.A  posee indirectamente en la Emisora”.

Pero al ser dueño de la controlante ODS, una vez más será una venta ficticia. Tan ficticia como fue la venta de IECSA en el 2007.

El primo

Ángelo y Fabio Calcaterra son los hijos de María Pía, la hermana menor de los Macri. Protegidos de su tío Antonio, nunca tuvieron buena relación con Franco. “Es que crecimos separados, como Franco estuvo pupilo en un colegio, no nos veíamos muy seguido. Y naturalmente, nosotros éramos más unidos”, solía recordar Antonio.

Angelo y Fabio heredaron de su padre una empresa en quiebra, Calcaterra S.A. Fabio se dedicó al negocio de la papa, y llegó a construir un emporio vendiendo papa congelada a las grandes cadenas de comida rápida. Angelo ingresó a SIDECO como empleado y amigo de su primo Mauricio.

En apenas seis meses, desde que Mauricio Macri decide finalmente presentarse como candidato a jefe de gobierno porteño, y el lanzamiento de su candidatura  a principios de 2007, se suceden compras, ventas y pases de acciones.

-El 20 de junio de 2006, IECSA adquiere el 10 % de las acciones de Calcaterra ASA

-El 25 de agosto de 2006, IECSA adquiere el 40 % de Calcaterra SA

-el 19 de marzo de 2007 IECSA adquiere el 50 % de Calcaterra S.A.

Un mes después, SIDECO Americana SA, controlante de IECSA , le vende la empresa a Calcaterra. Esto es: Angelo Calcaterra, gerente de SIDECO, le compra a esta última la empresa IECSA que, a su vez, había comprado unos meses antes Calcaterra SA.

Calcaterra no podía demostrar poseer los fondos para comprar IECSA, entonces aparece Ghella SA, una empresa italiana de fuertes vínculos con Mauricio Macri, para emprolijar los papeles.

La explicación de Franco Macri señala a la pelea que tenía en ese momento con su hijo mayor y siembra dudas sobre la operación. En una entrevista realizada durantela investigación del libro El Pibe, en las oficinas del Macri Group, dijo Franco: “Hubo un interés muy fuerte de un grupo, pero finalmente no se llevó adelante la negociación. No supe por qué. Es posible que el mismo establishment de los funcionarios de la empresa que respondía a otros intereses de alguna forma haya impedido la venta. Entonces apareció  Angelo, con un socio italiano, la empresa Ghella. Nunca terminé de saber quién compró. Nunca supe si el accionista es único, si es Calcaterra o Ghella…”.

El establishment de funcionarios al que se refiere es Leonardo Maffioli, gerente general de las empresas del grupo y mano derecha de Mauricio. Maffioli era en ese momento, y sigue siéndolo, el jefe directo de Angelo.

Un pase de manos similar al que intentan ahora con ODS e IECSA: Ghella le vende su parte en ODS a Calcaterra; Calcaterra queda como único dueño de ODS; venden IECSA, que mantiene a sus funcionarios, y siguen controlándola desde ODS.

La lectura de las memorias y balances de la empresa en diciembre pasado dan cuenta de un fenómeno peculiar: con las mismas palabras, el mismo lenguaje, el mismo diagnóstico, parecen escritas por el Ministro de Economía de la Nación.

Fueron un estado paralelo durante cien años. Hoy son el Estado.

Leé el capítulo sobre Calcaterra del libro El Pibe

 

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IR POR LANA

 

Por Horacio Verbitsky

 

La jauría judicial y mediática corrió a Báez esperando toparse con los Kirchner, pero para su asombro dio con la familia Macri. Mabel Balconte tomó 27 pastillas luego de acusar a Milagro Sala para salvar a sus hijos. La misma extorsión se aplicó con Fariña y se intentó con Báez, pero hasta Marijuan rechazó esa táctica repugnante. La vendetta judicial y la receta PRO contra la inflación. Los derechos civiles amenazados por una práctica mafiosa. El rol de Lorenzetti en la demolición institucional.

A la jauría mediática y judicial lanzada tras Lázaro Báez con la fantasía de llegar hasta CFK y su hijo Máximo le saltó una liebre inesperada: el principal socio de Austral Construcciones no lleva el apellido del ex presidente Néstor Kirchner sino el del actual, Maurizio Macrì. Se trata de su primo hermano Angelo Calcaterra, hijo de Pía, la única hermana de Franco y Tonino Macrì, los respectivos padres de Maurizio y Jorge Macrì. En su declaración indagatoria, Báez mencionó su asociación con la empresa macrista para las represas de Santa Cruz, pero el vínculo no fue ocasional sino permanente e incluye numerosas obras en todo el país durante más de una década. Si durante la ejecución de esas obras hubiera habido sobreprecios, habrían beneficiado a la primera familia actual. Tampoco es fácil probar tal cosa: entre 2003 y 2015, todas las obras públicas nacionales se adjudicaron por licitación con precio tope, que dificulta la cartelización que rigió durante el siglo pasado y en la que sobresalieron las Sociedades Macrì (Socma), cuyo vicepresidente ejecutivo fue el actual presidente.

La inversión en obras públicas nacionales en el ciclo kirchnerista ascendió a 596.000 millones, en valores constantes, al 31 de agosto de 2015. El 56,3 por ciento o 336.000 millones de pesos, correspondió a inversión centralizada en organismos nacionales, mientras el 43,7 por ciento o 260.000 millones de pesos se descentralizó en provincias y municipios. Un tercio de la inversión centralizada (112.000 millones de pesos) fue ejecutado por una docena de empresas, con obras por montos de 5.000 millones de pesos en adelante. El 22 por ciento (73.000 millones de pesos) correspondió a otras 68 empresas, por montos que oscilaron entre 500 y 5.000 millones de pesos. Los restantes 151.000 millones de pesos, o el 45 por ciento del total, se dispersaron entre un millar y medio de empresas con montos inferiores a los 500 millones. Subieron al podio la trasnacional italiana Techint, que con 16.420 millones ejecutó el 4,81 por ciento de las obras; seguida por Electroingeniería (15.494 millones, o el 4,61 por ciento) e Iecsa, la empresa de la familia presidencial (14.050 millones o el 4,18 por ciento). En ese ranking (elaborado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos), el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recién asoma en el 40º puesto, con 1.019 millones de pesos o el 0,3 por ciento. Esta sola cifra ridiculiza la afirmación del extorsionado ex colaborador de Báez, Leonardo Fariña, quien pagó su libertad declarando contra su empleador y los Kirchner, en la justicia y en los medios asociados. Hasta ahora ha tenido más suerte que la diputada provincial jujeña de la Organización Tupac Amaru Mabel Balconte, quien fue extorsionada por el gobierno del contador Gerardo Morales para acusar a Milagro Sala y Máximo Kirchner, porque en caso contrario no sólo sería detenida ella sino también sus hijos. Balconte cumplió con las condiciones de los delincuentes y repitió el mismo libreto de Fariña, un combo que incluye declaración judicial y recorrida televisiva con periodistas merecedores de la denominación que el Ejército estadounidense da a aquellos que acompañan a sus unidades en operaciones y que en la Nueva Argentina requerirá una traducción: embedded. El mismo tratamiento intentaron aplicarle a Báez, señalándole a gritos por los medios que encarcelarían a uno de sus hijos si no se convertía en un imputado colaborador que señalara a Cristina y Máximo. El uso de los hijos para extorsionar a los padres es la operación más clásica de la mafia. En este caso fue tan soez, que hasta el fiscal Guillermo Marijuan, que no es un tibio, entendió conveniente rechazar este grado de prostitución judicial y en una manifestación que lo honra dijo que antes de privar de su libertad a una persona para forzar a otra preferiría irse a su casa. Una vez que salvó a sus hijos cumpliendo con el libreto, Balconte no soportó más y el viernes fue internada en la clínica Santa María de San Pedro, Jujuy, donde le realizaron un lavaje de estómago, en cumplimiento del “protocolo de intervención médica en caso de suicidio” y dieron parte a la justicia penal. Los mismos medios que amplificaron su falsa denuncia ocultaron sus consecuencias personales y dieron por buena la versión del operador que supervisó el cumplimiento del trato, quien dijo que Balconte se descompensó cuando tomó por error un medicamento de su madre (sic). En la clínica mencionaron hasta el número de pastillas que tomó: 27.

Ni Cavallo

Al Grupo Clarín, Fariña le dijo que Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos “se robaron el Producto Bruto de un año, cien mil millones de dólares”. Así no se hubiera realizado ninguna obra y los 1019 millones de pesos íntegros hubieran pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra en cien mil millones de dólares es imposible. Ni a Domingo Cavallo podría ocurrírsele ese tipo de cambio 1 peso=100 dólares. Lo más notable es que ninguno de los grandes periodistas que entrevistaron a este patético desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de esos dichos. Los datos de Planificación se ciñen a las obras con inversión centralizada en organismos nacionales. Reconstruir las descentralizadas en provincias y municipios requeriría una investigación exhaustiva en cada uno de ellos. Pero como mera aproximación, si el porcentaje de Austral fuera el mismo en esa nómina, las obras que le fueron adjudicadas importarían otros 780 millones de pesos, lo cual no modificaría la desproporción entre las acusaciones (no probadas) y los hechos (posibles). Esto de ninguna manera equivale a minimizar la gravedad de ningún hecho en función de su magnitud, ni postular la indiferencia social ni la negligencia institucional.

Sea mucho o poco, se haya cometido algún delito o no, Lázaro Báez camina sobre la misma falla sísmica que el primo Angelo Calcaterra, cuyo anuncio de puesta en venta de IECSA, justo ahora, sugiere que desearía estar lejos cuando se abriera la caja de Pandora que los rastreadores husmean batiendo la cola con simpática inconsciencia canina.

Iecsa y Austral se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10.000 millones de dólares, lo cual muestra un affectio societatis estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez.

Iecsa obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la extensa ruta 9 y luego su explotación. En ambos casos, Báez lo acompañó como subcontratista. Lo mismo ocurrió en la denominada “Línea Fría” en Santa Cruz, destinada a interconectar la Patagonia con la red eléctrica nacional. En la ruta Nacional 18 de Entre Ríos se asociaron en una UTE. Báez ganó el contrato por la Ruta Provincial 20, también de Entre Ríos, pero lo cedió a Calcaterra. También fueron asociados en el Complejo Terminal de Cargas de frontera, en Paso de los Libres. Otras obras para las cuales Báez y el primo Angelo se asociaron fueron la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos, por 118 millones de dólares; la planta Terminal de Petrobras en Caleta Paula, por 15 millones de dólares; infraestructura vial en Yacyretá por 68,5 millones de dólares y obras en la Central Nuclear Atucha por 40 millones de dólares. En cambio sus apuestas más grandes no fueron exitosas: las licitaciones para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, por 5.000 millones de dólares y por el gasoducto del NEA, por 4000 millones de dólares, que no les fueron adjudicadas.

Tampoco es fácil mostrar que haya sobreprecios en el costo proyectado de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, de 2,24 millones de dólares por cada Mw instalado, si se lo compara con el de las represas ya existentes de Chaglla, Perú (2,97 millones/Mw); Santo Antonio, Brasil (3,10 millones/Mw), Tocoma, Venezuela (3,11 millones/Mw); Sogamoso, Colombia (3,13 millones/ Mw); Simplicio, Brasil (3,26 millones/Mw)o Diamer-Basha, en Pakistán, (2,53 millones/ Mw). Por supuesto, no puede subestimarse el virtuosismo de la patria contratista argenta para renegociar contratos con aumentos de costos que siempre recaen sobre el comitente, pero aún así la diferencia sigue siendo grande, entre 13 y 45 por ciento a favor de la obra patagónica.

Espejito, Espejito

Esta causa que llevan el fiscal Marijuan y el juez Sebastián Casanello es sólo una de las desplegadas a partir del 10 de diciembre con el propósito transparente de acorralar a la ex presidente y a otros miembros de su gobierno. Las principales que deben sumarse son aquellas que instruyen los jueces Julian Ercolini y Claudio Bonadio, con objetos que se superponen, vinculados con los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz, el propio Bonadio por las operaciones con el dólar futuro y la que se intenta reabrir por la muerte del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman. Sobre esta arquitectura se yergue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le cuesta discernir entre el rol de justiciero y el de juez y que se ha reunido con cada uno de estos jueces para incitarlos a proceder con energía y premura. A partir de la homilía con que inauguró el año judicial 2015, ha procurado instalar que la Argentina es el reino de la impunidad, que él y sus huestes judiciales estarían llamados a sanear, como quien ciega un pantano. El video que preparó entonces su asesora de imagen María Bourdin, de la escudería Hadad, presentó una sucesión de fotografías y filmaciones que ejemplificarían esa plaga; incluyó casos que fueron juzgados con condenas para los autores, como los crímenes de lesa humanidad, Cromañón y el accidente de Once, y otros en los que ni siquiera se estableció que existiera un delito, como la muerte del fiscal. Ninguno encuadra en la hipótesis de impunidad. El catedrático de Rafaela no se arredra por contratiempos, como la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra que presentó la heroína radical Elisa Carrió; la declaración del zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, de que pese al aumento en el consumo de estupefacientes la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no productor; o el arresto del ex juez federal de Orán de la Nueva Frontera, Raúl Reynoso, procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía protección a narcotraficantes. Reynoso era el juez predilecto de Lorenzetti, quien debió excluirlo de apuro de la comisión de magistrados que creó la Corte Suprema, con la discutible intención de privilegiar la persecución de unos delitos sobre otros, cosa que no entra dentro de sus competencias y atribuciones. En las primeras semanas del nuevo gobierno, Lorenzetti citó a cuatro jueces federales a quienes Macri les tenía particular inquina y les sugirió la conveniencia de renunciar para impedir males mayores: ellos fueron Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macri por las escuchas telefónicas ilegales), Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes revocaron su primera absolución en esa causa, y Rodolfo Canicoba Corral, quien se encargó de que toda la operación trascendiera. Por su parte, el ministro de Justicia Germán Garavano exige por los diarios el alejamiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, porque no puede conseguir los dos tercios del Senado necesarios para removerla en juicio político. Pero tampoco tiene la mayoría simple para reformar la ley del Ministerio Público, que acortaría el mandato de la Procuradora, licuaría su poder entre cuatro subprocuradores generales dependientes del Poder Ejecutivo y desvirtuaría uno de los institutos más virtuosos creados por la reforma constitucional de 1994. Lorenzetti también dispuso la creación de un observatorio en el que la Corte sistematizaría información sobre delitos de narcotráfico, trata de personas y corrupción. Esa es una denominación caprichosa que junto con el sonsonete de la impunidad, condesciende al léxico vulgar de la prensa en un llamativo nivelamiento por abajo, indicativo de la cota a la que ha caído la Corte de Lorenzetti. En el Código Penal vigente los únicos delitos de corrupción son aquellos referidos a la sexualidad en su capítulo III. El proyecto personal de Lorenzetti se refleja en las páginas que dirige en Internet su asesora de imagen y que se presenta como sitio del Poder Judicial. La cobertura realizada durante el último año, desde mayo de 2015, muestra que el 30 por ciento del espacio está dedicado a pulir, lustrar y dar esplendor al ego lorenziano; el 11,6 por ciento menciona a la vicepresidenta Elena Highton; el 4,1 por ciento al ministro Juan Carlos Maqueda y el 1,4 por ciento al ex juez Carlos Fayt. El 13,5 por ciento de las notas informa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y el 39,5 por ciento a temas varios.

A juicio de Lorenzetti, el país se aproxima a una crisis como la de 2001 y en sus rumiaciones llega a afirmar que hay tres presidentes, uno por cada poder el Estado, y que sólo uno podría hacerse cargo de la primera responsabilidad en la emergencia que prevé: el pontífice de la calle Talcahuano.

Macri ha sido hasta ahora el beneficiario de este activismo, del que participa a través de Lorenzetti y de sus propios agentes, como Daniel Angelici, Fabián Rodríguez Simón y el ministro Garavano. Pero más temprano que tarde el índex acusatorio podría volverse en su contra, como espera Lorenzetti. La última semana no sólo el primo Angelo entró en foco. También fueron imputados por la operatoria con el dólar futuro el segundo de Marcos Peña Braun en la jefatura de gabinete, Mario Quintana; el director del Banco Central Pablo Curat, el asesor y amigo presidencial José Torello, partícipes en la decisión de devaluar que les reportó ganancias instantáneas. La investigación se extiende a otros beneficiarios, como el amigo-socio Nicolás Caputo y el padre Franco Macrì. Con apenas cinco meses en el gobierno aún es posible disimular las operaciones en Tribunales protestando que el gobierno no actúa sobre la justicia y confiando en los corresponsales de guerra engarzados en su dispositivo que lo repiten con la misma convicción con que The New York Times difundía en la década pasada las informaciones falsas del gobierno de su país sobre las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. ¿Se llegarán a leer en la Argentina autocríticas y pedidos de disculpa a los lectores como las que aquel diario publicó años después?

Máxima tensión

La extorsión oficial no sólo indujo al suicidio a Mabel Balconte. También dio lugar a una causa presentada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, por las amenazas contra Máximo Kirchner del contador Gerardo Morales y del fiscal de Estado y apoderado del PRO jujeño Mariano Miranda. El propio Máximo, junto con Andrés Larroque pidieron ser tenidos por querellantes a la jueza María Servini, y narraron lo sucedido en la reunión del 21 de abril de CFK con más de la mitad del bloque del FpV en el Senado. Allí la senadora jujeña Liliana Fellner

“habría manifestado que ya no existen garantías constitucionales” y que eran práctica habitual las promesas de “alivianar supuestas cargas judiciales, incluso por hechos inexistentes, a cambio de involucrar a Milagro Sala y a otros dirigentes políticos en la supuesta comisión de delitos”.

A esa extorsión habría atribuido el cambio de su voto que se convirtió en apoyo al acuerdo con los fondos buitre, “modificado a cambio de la libertad de sus “compañeros intendentes”, ya que les habían prometido “alivianarles las cargas judiciales” en las investigaciones que irregularmente se llevan adelante sobre Milagro Sala y su organización”. Además Morales hizo circular entre los intendentes un escrito que debían presentar a la Justicia descargando cualquier desvío de fondos en la organización Tupac Amaru, pese a que quienes certificaban el avance de las obras y liberaban los pagos eran los intendentes. Kirchner y Larroque pidieron que se citara como testigos a los 22 senadores que asistieron a la reunión y que se pidiera al Instituto Patria cualquier grabación de audio o video sobre la reunión. Esto repercutió en la intimidad del bloque, ya que quienes asistieron hablaron con libertad confiados en que las cámaras presentes sólo tomarían imágenes para ilustrar el encuentro. Servini consideró que esta denuncia era un hecho independiente y lo remitió a sorteo, que recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien debe decidir si la acepta. Una tercera causa, por denuncia del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se tramita en el juzgado de Julián Ercolini. Los kirchneristas solicitan la unificación de las tres y, sobre todo, que no terminen en la justicia de Jujuy, donde el Estado de Derecho pasó a mejor vida.

Fuente: Página 12