Por una ley impulsada por Cristina Kirchner, se necesita una mayoría especial para vender las acciones de las empresas privadas en manos de ANSES.

PRIMERA PRIVATIZACIÓN DEL MACRISMO A LA VISTA

 

El titular del organismo, Emilio Basavilbaso (FOTO:Con Bossio), se mostró a favor de cambiar la ley para reducir la participación en empresas. De manera solapada se comienza a alentar la idea de que el Gobierno de Mauricio Macri avance con una ley que le permita a la ANSES, sin trabas, desprenderse de las acciones que tiene en las principales empresas del país, como el Grupo Clarín, Banco Macro, Telecom, SIDERAR, entre otras. Clarín, el patrón de este gobierno.

Redaccion Nac&Pop

25/04/2016

De manera solapada pero poco ingenua, se comienza a alentar la idea de que el Gobierno de Mauricio Macri avance con una ley que le permite a la ANSES, sin trabas, desprenderse de las acciones que tiene en las principales empresas del país, como el Grupo Clarín, Banco Macro, Telecom, SIDERAR, entre otras.

“Con lo rápido que se mueven los mercados, la ley no permite actuar en caso de que haya un problema”, dijo a La Nación el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso.

¿Cuál es el contratiempo para la gestión Cambiemos?

Según la normativa vigente, sancionada por impulso de la ex presidenta Cristina Kirchner en agosto pasado, se necesita el acuerdo de los dos tercios del Congreso para desprenderse de los activos.

La ley 27.181 tuvo un amplio consenso en ambas cámaras.

La regulación se había establecido “no para prohibir”, sino para evitar que “se mal vendan”, había explicado el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, actual diputado nacional del Frente para la Victoria.

Casualmente, quienes se oponían, hoy día son ministros y funcionarios del macrismo.

“El Estado puede ser gigante, pero si se mueve como un caracol no sirve de nada”, había señalado Federico Sturzenegger, actual titular del Banco Central, cuando era legislador PRO.

En tanto, para el radical Oscar Aguad, hoy a cargo de la cartera de Comunicaciones, el objetivo era buscar “un lugar para dejar funcionarios por cuatro años”.

El cordobés hacía referencia a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPPEE), un ente descentralizado y autárquico que fue creado por ese mismo texto para manejar la estrategia financiera con esos papeles.

Está presidida por el Director Ejecutivo de la ANSES y cuenta, además, con dos miembros del Poder Ejecutivo y dos del Poder Legislativo.

En los argumentos de Sturzenegger y Aguad ya se vislumbraba la idea de achicar el Estado y de sacar “grasa”.

¿Qué pasa si se venden esas acciones?

Para el diputado nacional con mandato cumplido del FpV Roberto Feletti, “se descapitaliza la ANSES, pierde fuerza el patrimonio estatal, en un proceso parecido a la privatización”.

Según su apreciación, además, de esta manera “se pierde un rol estratégico” en las firmas más predominantes de la economía nacional.

“Esos activos se concebían como activos financieros que dejaban una renta o un dividendo, pero en esta nueva concepción pasó a convertirse en un activo específico del Estado”, completó Feletti.

“Salvo que tengan información de que esas empresas van a quebrar”, ironizó, ya que se trata de las marcas con más ganancias en los últimos años.

Feletti fue uno de los principales defensores de este proyecto en la cámara baja y no descarta que esto sea una maniobra para evitar “la incómoda presencia de los directores del Estado”.

Es que dichas acciones fueron compradas por las AFJP cuando los aportes de los trabajadores servían para respaldar al sector privado pero nadie reclamaba por su satisfactoria utilización.

El caso más escandaloso, quizá, fue el protagonizado por el Grupo Clarín, el cual fue denunciado por Víctor Hugo Morales.

Según el periodista, el monopolio informativo le vendió a las AFJP sus acciones a treinta pesos, cuando a la semana valían seis.

“Fue una pésima inversión en el mejor de los casos y una estafa en el peor”, consideró Kicillof.

Pero lo de Clarín no fue un caso aislado.

Cuando en 2008 la Casa Rosada decide reestatizar los fondos de las jubilaciones, también se adquieren esas acciones y quedan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado.

 La participación del Estado

Según cifras oficiales de 2015, el Estado posee participación en 44 empresas privadas y colocó directores en 27 de ellas.

Se trata de un capital de 63 mil millones de pesos, que obtuvo un crecimiento del 736% desde su regreso a las arcas públicas, y que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantías Sustentables (FGS).

Siderar y Telecom debieron entregar en 2015, cada una, 200 millones de pesos al estado por dividendos, de una facturación total de 800 millones.

Entre las participaciones más importantes de Anses, está el 31% del Banco Macro, el 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel, el 26% de SIDERAR, el 25% de Nordelta, el 20% de Molinos, el 20% del Banco de Galicia, el 9% del Grupo Clarín, el 9% del gigante del aluminio Aluar, y 11% de Petrobras.

Esos recursos son puestos a circular por el FGS con un doble propósito: mejorar la relación aportes/jubilaciones, que es estructuralmente deficitaria en todo el mundo por el nuevo mercado laborar, y financiar líneas de infraestructura productiva y social, como PRO.CRE.AR.

Por ejemplo, algunas inversiones del FGS son ATUCHA II, Central Térmica Loma de la Lata, Centrales Termoeléctricas M. Belgrano I y Timbúes, AYSA, Central Energética ENARSA Brigadier López, Central Energética ENARSA Barragán, Plan de Recursos Hídricos, y los planes de vivienda en las provincias de Salta, San Juan, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza, Entre Ríos y Rio Negro.

Los dividendos que van hacia el Estado pueden ser otro dato clave para entender el porqué de la urgencia para que la ANSES “suelte” esas acciones.

Según datos públicos del año pasado, SIDERAR y Telecom debieron entregar, cada una, 200 millones de pesos de una facturación total de 800 millones.

Es decir, ahora que el negocio va bien, no les interesa tener cerca al socio que las rescató en época de crisis.

Se trata del destino de parte de una de las herencias más fuertes y con toda seguridad la medida más profunda que haya tomado el peronismo de los Kirchner en sus doce años de gestión.

Nos referimos a la estatización de las AFJPs y del conjunto del sistema previsional.

El núcleo financiero de ese sistema es el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la gran caja donde, por un lado, se depositan los aportes jubilatorios de los trabajadores en actividad y sus patrones, además de otros ingresos, y por el otro, salen los fondos destinados a pagar las jubilaciones y pensiones.

El proyecto del gobierno era establecer por ley que las acciones de empresas privadas que posee la ANSeS no pueda ser puesto en venta, salvo que una mayoría especial del Congreso lo apruebe.

Ese fondo, esa masa de dinero que representa el FGS, no está, lógicamente, en una caja fuerte, sino que está invertido en diversos instrumentos financieros.

Entre ellos está prestarle al Estado nacional.

Como es sabido, las AFJPs hacían lo mismo: invertían el dinero proveniente de los aportes de varias maneras (también la principal era prestarle al Estado).

Como resultado de esto es que las AFJPs se convirtieron en accionistas (y socias) de muchas empresas de primera línea: bancos como el BBVA Francés y el Macro; compañías privatizadas de servicios como Telecom, Edenor, Gas Natural, Transener, Pampa Energía, Metrovías y Camuzzi; grandes firmas industriales como Aluar, Siderar, Ledesma y Quickfood; el Grupo Clarín… la lista es impresionante por la larga y pesada.

Pues bien, con la estatización del sistema previsional, esas acciones (con su correspondiente silla en el directorio de cada empresa, en muchos casos) pasaron a la ANSeS.

Así, el organismo administrador de las jubilaciones se hizo de la noche a la mañana socia de la mayor parte de los grandes capitalistas argentinos (los mismos que se dedican a evadir aportes o impuestos y a fugar divisas).

Es de suponer la incomodidad que eso generó, más teniendo en cuenta que esos miembros del directorio representaban a la vez al Estado y al gobierno kirchnerista.

¿Qué buscaba la Ley impulsada por Cristina?

Hacer un “blindaje” legal para evitar que esas acciones de compañías privadas en manos públicas… volvieran a manos privadas.

El proyecto original era que esa operación sólo se pudiera hacer con el voto de dos tercios de ambas cámaras (lo que daba al peronismo kirchnerista, de hecho, el poder de veto).

Un debate leguleyo se hizo sobre si una ley de ese tipo debía ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras o no, y si, en caso de que se aprobara por mayoría simple, el “blindaje” podría ser perforado también por mayoría simple.

El plan maestro de Macri y Massa

Hay gente que se queja en voz alta (pero sin gritar) y gente que se queja en silencio.

Entre los que se quejan en voz alta están la mayor parte de las grandes empresas y sus directivos.

¿Por qué?

Simple: “Sucede que muchas de las compañías afectadas sabían que tanto Mauricio Macri como Sergio Massa tenían en carpeta la reventa de esas acciones en caso de ser electos presidentes. Era una ventanilla para conseguir rápidamente dólares y reforzar las reservas” (Ámbito Financiero, 25-8-15).

Paréntesis para una aclaración necesaria: dijimos recién y muchas veces que la estatización de las AFJPs fue la medida más “estructural” que tomó el peronismo en las épocas del kirchnerismo, mucho más que la estatización de empresas de servicios o del 51% de YPF.

Esto se debe, en primer lugar, al monto involucrado, y en segundo lugar, a la función del sistema jubilatorio en la estructura financiera del país.

La idea de Cavallo al montar el esquema de AFJPs era generar un mercado de capitales privado con la plata de los trabajadores, que se manejara con criterios puramente financieros.

Por eso le terminaban prestando al Estado (era un gran negocio), y por eso el resultado inmediato de la estatización de las AFJPs fue la reducción de la deuda del Estado con el sector privado: todo lo que antes se debía a los buitres banqueros y aseguradoras pasó a ser deuda intra Estado (el peronismo llamó a esto,  “desendeudamiento”).

Pues bien, nos enteramos de que una de las cartas bajo la manga que tenían Macri y Massa era la de rifar esas acciones para financiar sus promesas de campaña.

Macri, la de levantar el cepo en 24 horas, y Massa, la de pagar el 82% a los jubilados a partir de 2016.

¡Una “fiesta” de corto plazo al mejor estilo Menem-Cavallo!

Porque no estamos hablando de poca plata: según “un gerente financiero de una compañía de servicios públicos privatizados, que comparte con la ANSeS casi el 25% de sus acciones, tanto Macri como Massa ya le habían enviado señales sobre esta alternativa, bajo la idea de una valuación en dólares de la compañía y de la obligación de depositar divisas para la recompra de las acciones.

Según los números del ejecutivo, se podrían haber obtenido más de 5.000 millones de dólares en una primera etapa y otro monto similar en una segunda, con la reprivatización de estas compañías” (ídem).

Y todos contentos: las grandes empresas se sacan de encima un “comisario económico” estatal en el directorio (por supuesto, Clarín es el primero que recompraría inmediatamente las acciones hoy en poder de la ANSeS, casi el 10%) y el presidente recién asumido recibiría una lluvia de dólares que le vendrían muy bien para el comienzo de su gestión.

¿Algún perjudicado?

Sí, la propia ANSeS como caja jubilatoria vería muy debilitado el FGS, los jubilados verían estratégicamente comprometidos sus futuros haberes, y el Estado en general, en vez de contar con activos de largo plazo, le dejaría al gobierno de turno una masa de dólares para que éste los despilfarre con la prodigalidad, corrupción y estrechez de miras habituales de la clase política burguesa argentina.

Perdonar a los evasores por haber fugado sus divisas a paraísos fiscales y pedirles, amablemente, que las traigan, bajo promesa de no tomar ninguna represalia penal ni económica fué la primera idea que se le ocurrió a los economistas es decir, un gran “blanqueo de capitales”.

Si esta idea, que supone una inverosímil buena voluntad de la clase capitalista argentina, no da los frutos esperados, no sería de extrañar que se recurra a esta privatización apenas encubierta.

Axel Kicillof lanzó que “vender una sola de las acciones de empresas privadas en manos del Estado es un acto de privatización”.

¿Algun beneficiado en especial?

Claramente, el Grupo Clarín, «patrón» de este gobierno de Macri.

Será cuestión de ver cómo votan todos en el Congreso cuando se discuta la ley que anticipan desde el gobierno de “Cambiemos”.

Ya lo vimos con el caso de los buitres.

 

Fuente: Diario Contexto (Ene 28, 2016) / Marcelo Yunes (mas.org.ar)