Anses Jubilaciones ¿La culpa la tienen los trabajadores?

JUBILACIONES: DI LORENZO LE CONTESTA A BASAVILBASO

Por José Luis Di Lorenzo

Una primera precisión es dejar asentado que es un derecho constitucional trabajar y que el Estado otorgue los beneficios de la seguridad social (Arts. 14 y 14 bis CN) a todos los habitantes de la nación.

NAC&POP
14/03/2016

El Director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, sostuvo:…

Que la moratoria previsional que vence en septiembre no será renovada.

Por lo tanto quienes no acrediten 30 años de aportes no podrán acceder a los haberes previsionales.

Lo que significará que vaya cayendo el grado de cobertura.

Precisó que se está trabajando en una nueva ley jubilatoria, pero admitió que esa iniciativa va a tardar varios años en llegar al Congreso

¿Cuatro años?

Hizo un distinción entre quien cuenta con los 30 años reglamentarios de aportes previsionales respecto del que no los tiene (no puede acreditarlos), diciendo que este último no debería cobrar lo mismo.

Acepta que por ello de a poco caerá el grado de cobertura.

Que nuestra ley previsional es contributiva, ya que dice «Queremos que haya una jubilación universal y que tenga una parte contributiva que premie a la gente que puso dinero en el sistema”

Remata la entrevista periodística afirmando “Hacemos un balance muy positivo en cuanto a las moratorias, porque no se puede dejar a un adulto mayor sin un ingreso.

La parte negativa es que se hizo de forma abrupta generando muchos juicios que el kirchnerismo no reconoció”.

Veamos:

La moratoria previsional que rige hasta septiembre de este año permite a quienes le falten constancia de los años de aportes y contribuciones para llegar a los 30 exigidos por la ley 24.241, pagar lo que supuestamente deben y acceder al beneficio.

Moratoria imperfecta, con una reglamentación restrictiva, pero que aún así en muchos casos permite sortear la dificultad de los años faltantes.

Obviamente si la intención es no renovarla ni sustituirla, ello producirá un incremento de trabajadores que a la edad de retiro no puedan obtener el beneficio previsional.

Una primera precisión es dejar asentado que es un derecho constitucional trabajar y que el Estado otorgue los beneficios de la seguridad social (Arts. 14 y 14 bis CN) a todos los habitantes de la nación.

De lo que se desprende que si bien es legítimo proponer una nueva ley previsional, ello no puede dar lugar a que hasta tanto se apruebe la misma haya personas a las que no se les otorgue los beneficios que la constitución manda.

Como que ninguna norma, existente o a crearse puede fijar requisitos que anulen el precepto constitucional.

Un error en que cae el Director de la Anses es el de creer que el nuestro es un sistema es «contributivo», hace años que el sistema previsional se financia por un lado con aportes y contribuciones (55%) y con impuestos por el otro (45%).

Lo que demuele el argumento esgrimido para -según parece- pretender pagarle menos a quienes no puedan acreditar aportes.

Lo que se debe advertir es que hace décadas que el Estado abandonó o no ejerció plena o satisfactoriamente el poder de policía, de modo que mal puede exigirle al trabajador acredite los aportes personales y las contribuciones de su empleador, lo que debió fiscalizar quien ahora pretende – por ausencia de constancias -restringir el derecho a una jubilación.

Es falso suponer que los ciudadanos envejecen siendo vagos e indolentes.

Anotemos que hasta el año 2004 el índice de informalidad laboral fue del 44%, así como que actualmente lo es del 34%.

De lo que no se puede culpar al ciudadano trabajador.

Respecto de la «herencia» de juicios que atribuye al gobierno anterior, no parece exacta la afirmación ya que desde 1983 se iniciaron unos 750.000 juicios, de los que siguen con movimiento judicial algo más de la mitad, existiendo a la fecha unas 80.000 sentencias firmes para su liquidación y pago.

No es ajustada la referencia a la herencia recibida ya que un juicio tiene una duración promedio (ha sido superior) de ocho años desde que se inicia hasta que se liquida, lo que inicialmente acredita que muchos tuvieron inicio antes o al inicio de la gestión política que se critica.

La otra razón es que la ley de movilidad aprobada por el gobierno saliente redujo sustancialmente la litigiosidad que se fundaba en la inmovilidad del haber previsional.

Lo que preocupa de las declaraciones del funcionario de la Anses es que parece sugerir un camino hacia un ingreso universal, básico, inferior (por «no contributivo») al nivel de una jubilación mínima.

Lo que va de la mano con el elogio al proyecto de Elisa Carrió de ingreso ciudadano universal, hecho en la Asamblea Legislativa por el Presidente Macri.

Ingreso ciudadano para hijos de ricos y de pobres, funcional a sustituir el empleo evitando de hecho que el trabajo argentino extraiga las riquezas que tenemos en abundancia, reservadas quizá, al imperialismo mundial del dinero.

JLDL/

• Profesor de Derecho de la Seguridad Social (UBA)