La seguridad jurídica refiere a asegurarles el negocio a las empresas telefónicas y de las telecomunicaciones para que hagan lo que mejor les parezca, volviendo el Estado nacional a ser dejado de lado por el sector.

LA COMISION CLARIN DE LA LEY DE COMUNICACIONES QUEDO CONFORMADA POR EL GOBIERNO

La comisión encargada de redactar el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, quedó conformada bajo la coordinación de Silvana Giudici, persona de confianza de Magnetto, y actual directora del Ente Nacional de Comunicaciones, y funcionará bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, con la dirección general de los técnicos y abogados del grupo Clarín.

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Además de Giudici, integrarán la comisión el filósofo Santiago Kovadlof; el constitucionalista y especialista en derecho a la comunicación Andrés Gil Domínguez; el secretario de TIC’s, Héctor Huici; el director de Enacom Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat Henoch Aguiar.

Kovadlof forma parte del grupo de intelectuales conformado por las oeneges que financia la CIA.

Desde la comisión convocarán a consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas, intelectuales y especialistas «para la redacción de un marco regulatorio “moderno” que contemple las nuevas tecnologías de la información, TIC’s, internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales», según informaron mediante un comunicado de prensa de la cartera que conduce Aguad.

Para el machismo la palabra “moderno” quiere decir privado, ya que para ellos el Estado es algo anticuado y darles todo a las corporaciones comunicacionales les parece mas “moderno” o sea mas del mercado.

Tal como estaba previsto en el decreto de necesidad y urgencia 267 mediante el que el presidente Mauricio Macri modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el congreso en 2009, el proyecto elaborado por la comisión será remitido al Congreso para su posterior debate y tratamiento parlamentario, ya que los DNU que se firmaron al respecto no tendrán validez si son rechazados por ambas cámaras.

En ese sentido, Aguad señaló que buscan construir una ley que incluya «todas las voces» y sostuvo que están dejando «atrás la aplicación de leyes restrictivas y el conflicto con el periodismo para dar lugar a una nueva era en la Argentina donde el desarrollo de nuevas redes de comunicación y la incorporación de tecnología nos permita achicar la brecha digital incorporando a todos los ciudadanos al uso y disfrute de las innovaciones respetando sus plenos derechos y la libertad de expresión».

El criterio de disfrute de la ciudadanía está atado al concepto “del que lo pueda pagar” tan afín al pensamiento discriminatorio de la oligarquía reinante en el país.

Desde esa cartera informaron también que la comisión convocará a reuniones y seminarios «a fin de profundizar un intercambio intenso con especialistas de otros países y escuchar a todos los actores del ámbito de la academia, la industria, el periodismo y organizaciones de la sociedad civil».

«Como señaló el Presidente en su discurso del 1° de marzo, llevar internet y banda ancha a cada habitante de nuestro país es un objetivo del actual gobierno, para lograrlo debemos contar con una legislación “moderna y del siglo XXI que promueva las inversiones necesarias para el desarrollo de redes competitivas e infraestructura de conectividad dentro de un marco de seguridad jurídica y reglas del juego claras», explicó el funcionario nacional.

Las inversiones hasta ahora las estaba haciendo el Estado nacional, y empresas privadas. La seguridad jurídica refiere a asegurarles el negocio a las empresas telefónicas y de las telecomunicaciones para que hagan lo que mejor les parezca, volviendo el Estado nacional a ser dejado de lado por el sector.

Aguad anticipó que serán convocados especialistas internacionales como Diego Molana, ex ministro TIC del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y Carlos Winograd, especialista en defensa de la competencia, con el objetivo de «generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual».

En nuestro medio, con el argumento de generar la competencia entre los prestadores de telefonía celular, se sometió a los consumidores a la dictadura del lobby de todas las compañías que operan en la Argentina, descartándose por completo, en la práctica, cualquier competencia entre ellas.

Fuente:Telam