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UNA FM COOPERATIVA LOGRÓ QUE LA JUSTICIA SUSPENDA LOS DNU QUE MODIFICAN LA LEY DE MEDIOS

Una jueza federal de San Martín MARTINA ISABEL FORNS, (FOTO) aprobó la medida cautelar presentada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social (FM En Tránsito) contra los Decretos 13, 236 y 267. La cooperativa ocupa la secretaría de Red Colmena y es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC).

01/11/2016
Reproducimos el comunicado de prensa de la Cooperativa:

SUSPENDEN LOS DNU QUE MODIFICAN LA LEY DE MEDIOS

Así lo dictaminó una jueza federal de San Martín, a partir de una presentación realizada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Ltda., que gestiona FM En Tránsito 93.9.

La Jueza Federal Martina Isabel Forns ordenó la suspensión inmediata de los efectos de los Decretos 13/15, 236/15 y 267/15 dictados por el Presidente de la Nación Argentina, a raíz de la medida cautelar presentada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Limitada que gestiona FM En Tránsito.

El fallo, con fecha del 11 de enero de 2016, además de suspender los decretos que modifican la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), obliga al Poder Ejecutivo Nacional a presentar un informe en el plazo de 3 días que fundamente sus medidas, de acuerdo a lo previsto por el art. 4 de la ley 26.854 y el informe circunstanciado establecido en el art.8 de la ley 16.986.20160111 MEDIOS

Para la jueza Forns del Juzgado Federal N°2 de San Martín “con el dictado de los decretos se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo y se ha violentado el artículo 165 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

En un documento de más de 30 páginas, la Jueza cita diversos aspectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que en 2013 declaró la plena constitucionalidad de los artículos 41 y 45 de la LSCA y que en el Decreto 267/15 son sustituidos.

Además, considera que las justificaciones de los tres Decretos de Necesidad y Urgencia (N°13/15 del 10/12/15, N°236/15 del 22/12/15 y el N°267/15 del 29/12/15) dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, no responden a “circunstancias de excepcionalidad” como determina la Constitución.

También cuestiona el proceso de intervención de AFSCA (organismo de aplicación de la Ley) y la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), entre las diversas cuestiones señaladas.

“La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una lucha de tres décadas en la Argentina, impulsada por la sociedad civil, debatida en todo el país, aprobada por el congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es una norma modelo en el mundo por promover la pluralidad y diversidad. No se puede desconocer a todas las instituciones y todos los procedimientos con el único fin de beneficiar a los sectores concentrados de medios”, señaló Patricio Enciso Riveros, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Ltda.

Acceda al documento completo :

#27932546#146155176#20160111140105683
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE
SAN MARTIN 279944/2015

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA COMUNICACION SOCIAL c/
PODER EJECUTIVO DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986

San Martin, 11 de enero de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver la medida cautelar interina solicitada en las presentes actuaciones caratuladas “Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social c/Poder Ejecutivo de la Nación s/amparo ley 16.986”, expte. FSM 79944/2015, del Registro de este Juzgado Federal de San Martín nro. 2, Secretaría nro. 3 y

RESULTANDO:

Que a fs. 14/45 se presenta el Sr. PATRICIO ENCISO RIVEROS, en su carácter de presidente de la COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL, con el patrocinio letrado del Dr. Enrique Miguel Louteiro, a plantear acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la Ley Nº 16.986.

Relata que se pretende la nulidad absoluta del Decreto Nº 236/15 dictado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por el cual se resolvió la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el cese en sus funciones del Directorio de dicha autoridad, dejando en poder del interventor las facultades de gobierno y administración.

Asimismo se pretende la nulidad del art. 23 inc. 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del dec. nro. 13/2015, en virtud del cual dispuso que las funciones y competencia de la AFSCA, constituida legalmente como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.522, según estipula con claridad su art. 10, pasarán al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones.

Fecha de firma: 11/01/2016
Firmado por: MARTINA ISABEL FORNS, JUEZA FEDERAL
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JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE
SAN MARTIN 2

Entiende que, según claramente lo estipula el art. 14 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) el encargado de la remoción de los miembros del Directorio de la AFSCA, siempre que hubiera razones fundadas para ello, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso.

Aclara que, como integrantes del COFECA., a través de la representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina del sector sin fines de lucro, se vieron impedidos de expresar su postura en el proceso de remoción, al ponerse un delegado directo del Poder Ejecutivo.

Sostiene que los decretos atacados amenazan fuertemente el derecho a
la libertad de expresión consagrado en los arts. 14 y 32 de la Constitución
Nacional, avasallando el principio republicano de división de poderes y el
federalismo garantizado en la ley 26.522 (art. 1 de la Constitución Nacional).

Funda su legitimación activa en que, al desplazar a los integrantes del Directorio del AFSCA, el Poder Ejecutivo Nacional avanzó sobre las competencias específicamente establecidas por la LSCA para la COFECA. y que, por ende, se encuentra legitimado para interponer la presente acción de amparo.

Hace consideraciones acerca de la gravedad institucional producida por el dictado de los decretos mencionados, basándose en diversas declaraciones del Ministro de Comunicaciones en medios periodísticos que acompaña y que serían demostrativos de un profundo desacuerdo con la Ley Nº 26.522.

Asimismo, y para tener mayor claridad de la profunda inconstitucionalidad de los decretos del P.E. que solicita, cita el que llama sincericidio del Ministro Aguad al asegurar que “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”, quedando demostrado que se hace trizas nuestro sistema republicano de gobierno, previsto en el art. 1 de la C.N.

Recalca que el legislador dispuso controles y límites al P.E. en lo que se refiere a los organismos reguladores de las comunicaciones en cuanto a que el control sobre el desempeño de los miembros del Directorio no está a cargo del P.E. sino del COFECA. y la remoción de los miembros del Directorio no es potestad del PE, sino del COFECA.

Fecha de firma: 11/01/2016
Firmado por: MARTINA ISABEL FORNS, JUEZA FEDERAL
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También hace referencia a que la conformación plural del Directorio se encuentra insanablemente vulnerada por los decretos cuestionados.

Funda la procedencia de la acción de amparo en la lesión a los derechos y garantías de su parte reconocidos en la Constitución Nacional y en la Ley Nº 26.522. Destaca la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta que se produce con los decretos cuestionados al intervenir un ente autárquico, con un Directorio plural con representación de diversos sectores por un delegado dependiente directamente del PE en contrario de una ley vigente y en los principios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la CN., que prohíben la regresividad en cuanto a la protección de esos derechos.

En tal sentido, cita el informe del año 2009 sobre la Argentina, en donde el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, elogia por ser pionera a la Argentina por establecer la Autoridad Federal conformada de manera plural y diferenciada de la autoridad de aplicación actualmente.

Contrariamente, al conocer el decreto 236/15 y, en una entrevista periodística que adjunta, señaló que el camino es poco ortodoxo y hoy está cuestionada la legalidad de la decisión.

Por otra parte, en cuanto al acto administrativo de la intervención considera que existe vicio en la “causa” por los fundamentos esgrimidos –conforme arts. 7 y 14 de la ley 19549-, y que se basan en supuestas irregularidades con el actual Directorio.

Dice que si así fuera, debería haberse seguido el procedimiento legalmente previsto, presentándose una denuncia y promoviendo la destitución de los Directores.

Afirma que el vicio en la competencia resulta evidente, toda vez que el P.E. no puede disponer la intervención de un ente autárquico ya que se estaría retrocediendo en la independencia que quiso otorgarle el legislador, siguiendo los standares internacionales en la materia.

También sostiene el vicio en el procedimiento, por no haberse seguido el proceso establecido en el art. 14 de la LSCA para remover los Directores en menoscabo de su derecho de defensa y por razones fundadas por mal desempeño.

Fecha de firma: 11/01/2016
Firmado por: MARTINA ISABEL FORNS, JUEZA FEDERAL
#27932546#146155176#20160111140105683

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JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE
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Considera también que existe una palmaria nulidad al no existir los requisitos
constitucionales para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU.)
regulados por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, como es el Decreto Nº
13/15 cuestionado, ya que es pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que ha declarado nulos los decretos que no tienen ratificación
legislativa –a través de la Comisión Bicameral Permanente- ya que es el Congreso
Nacional el único órgano titular de la función legislativa.

Señala que con el dictado del Decreto Nº 13/15 no se dan ninguno de los supuestos, es decir, no existe fuerza mayor para que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse o que la solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de las leyes. Entiende que es clara la voluntad del Poder Ejecutivo de cambiar a su voluntad la LSCA.

Manifiesta que también con el dictado de los decretos citados se violan los principios: republicano de división de poderes y el del federalismo, consagrados en el art. 1 de la Constitución Nacional.

Es su criterio, que la presente es la vía más idónea, por ser innecesaria la vía administrativa por haber quedado plasmada su insuficiencia en la autoridad que dictó dichos decretos y que, su utilización, no haría más que posponer la intervención de la justicia, ante la violación de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Finalmente, sostiene que a partir de la reforma de la Constitución de 1994 se incorporaron con jerarquía constitucional los Tratados de Derecho Humanos en el art. 75, inc. 22 y que en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano” consagró que los jueces y tribunales internos de los países que han suscripto los tratados, están obligados a aplicarlos y quedan sometidos a las disposiciones consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a sus interpretaciones.

Es por ello que entiende que los jueces deben hacer control de convencionalidad cuando intervienen en un caso concreto.

Fecha de firma: 11/01/2016
Firmado por: MARTINA ISABEL FORNS, JUEZA FEDERAL