El empresario Guillermo Dietrich se hizo experto en favorecer a los amigos con las arcas del Gobierno de la Ciudad de Bs Aires.

TITULAR DE TRANSPORTE DE MACRI: CONTRATACIONES IRREGULARES, NEGOCIADOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y EL “SUBTRENMETROCLETA”

Por Lucía Pires

El futuro ministro nacional de Transporte es uno de los funcionarios porteños que se vieron involucrados en las denuncias por corrupción que cobraron visibilidad mediática tras el escándalo de Niembro, quien se vio forzado a renunciar a su candidatura por el avance de la causa penal por administración fraudulenta.

AGEPEBA
3 de Diciembre de 2015

El futuro ministro de Transporte de Mauricio Macri cumple todos los requisitos para integrar “el gabinete del cambio”: Guillermo Dietrich estudió en una universidad privada, desarrolló su actividad profesional como empresario y acumuló acusaciones por diversas irregularidades en la gestión pública porteña.

Antes de formar parte del PRO, Dietrich cursó la Licenciatura en Economía en la Universidad Católica Argentina; terminó un master en administración de empresas del IAE Business School, de la Universidad Austral del Opus Dei; lideró la firma familiar, “una de las principales retailers automotrices de Argentina”; y fue fundador y ex CEO de Autocosmos.com.

En 2009 se incorporó al gobierno de Mauricio Macri como responsable del área de Transporte y Tránsito.

La oposición señaló la incompatibilidad entre la actividad pública y la venta de autos.

Durante su gestión, Dietrich estuvo a cargo del desarrollo del Metrobús y de las bicisendas; las únicas dos obras que se le atribuyen en 6 años de trabajo.

Otra propuesta en la que estuvo involucrado fue el “subtrenmetrocleta”, un proyecto pensado para la campaña de Horacio Rodríguez Larreta que despertó más chistes que elogios.

Tras el triunfo del PRO en Capital, no volvió a hablarse del tema.

Además de ser miembro de la junta de directores de la Fundación Pensar, Dietrich es fundador y líder de G25 junto a Esteban Bullrich, un grupo macrista que recluta gerentes para que ocupen cargos en la gestión pública.

El futuro ministro nacional de Transporte es uno de los funcionarios porteños que se vieron involucrados en las denuncias por corrupción que cobraron visibilidad mediática tras el escándalo de Niembro, quien se vio forzado a renunciar a su candidatura por el avance de la causa penal por administración fraudulenta.

En noviembre de este año, Dietrich fue denunciado penalmente por contratar de forma directa a la empresa McKinsey Argentina SRL, que tiene como socio y directivo a Francisco Ortega, uno de los miembros del Consejo de Administración del G25.

En la presentación judicial, realizada por la legisladora Gabriela Alegre, se lo acusa junto a Bullrich de irregularidades en las contrataciones, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En perjuicio de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, el titular del área porteña de Transporte y Tránsito entregó a McKinsey un negocio millonario –1,7 millones de pesos por mes durante un semestre-, sin licitación, con la misión de evaluar y proponer modernizar los semáforos.

El funcionario lo justificó “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito”, pero no explicó por qué se descartó a otras consultoras o universidades con la misma capacidad para llevar adelante la tarea.

Al adjudicar el negocio, días después, se publicó en el Boletín Oficial que se había recibido “una única propuesta correspondiente a la empresa McKinsey Argentina SRL”, mientras que un comentario en el primer pliego de la contratación, que la Subsecretaría olvidó borrar cuando lo cargó en la web, resultó aún más llamativo: “Esto me parece que no va en esto (sic) pero desconozco las características de la consultora”.

La modalidad de favorecer a los amigos con el dinero de todos los porteños también fue cuestionada tras la implementación del Metrobús, cuando se presentó un pedido de informes al Ejecutivo para dar a conocer los pormenores de una licitación que involucraba a una obra de 127 millones de pesos que fue pre adjudicada por el Gobierno de la Ciudad a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Esta licitación se realizó por medio de la empresa AUSA, mientras que las demás que involucraban al Metrobus fueron llevadas a cabo por la Secretaría de Transporte de la Ciudad.

El presidente de la empresa AUSA, Gustavo Matta y Trejo, es el yerno de quien está al frente de la constructora beneficiada, Biagini.

Asimismo, se le pidió al Subsecretario de Transporte y Tránsito que rinda cuentas de las abultadas sumas de dinero invertidas en la construcción del Metrobús, “cifras que exceden los criterios comparativos de mercado y actualmente denunciadas como irregulares por la Auditoría de la Ciudad y distintos especialistas en el tema”, según expuso la entonces legisladora María Elena Naddeo.