Con el asesinato de Fuentealba a cuestas, Eugenio Burzaco asumirá como Secretario de Seguridad

CON BURZACO SE VIENE LA REPRESIÓN

Burzaco “significa una alerta para todas las organizaciones de trabajadores y derechos humanos, que tienen que manifestar firmemente que con esta presencia pública estamos ante un retroceso en la mirada que tiene que tener el Estado sobre la problemática social. No puede haber un retroceso de esta naturaleza: terrorismo de Estado en democracia”.

Eugenio Burzaco asesor del ex gobernador neuquino, Jorge Sobisch, cuando la policía de esa provincia mató al maestro Carlos Fuentealba, y estuvo al frente de la Metropolitana con una fuerte impronta represiva.

Su hermano está imputado y detenido en Estados Unidos por el escándalo de corrupción en la FIFA.

Jueves, 26 de Noviembre de 2015

Si bien la gobernadora electa bonaerense, María Eugenia Vidal, buscaba llevarlo a la Provincia, Eugenio Burzaco finalmente formará parte de la cartera de Seguridad Nacional.

Mauricio Macri lo seleccionó como secretario de Seguridad, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, ministra ya confirmada para el área a partir del 10 de diciembre.

Burzaco tiene un prontuario más que alarmante: como Jefe de la Policía Metropolitana desde 2009 a 2011, fue el responsable de la represión en el Parque Indoamericano que terminó con la muerte de tres personas, tras el desalojo de unas 350 familias.

A pesar de ser citado a brindar indagatoria, por sus estrategias dilatorias, cinco años después aún no se han logrado avances.

Mientras ocupaba ese cargo, entre sus filas policiales se encontraba el comisario mayor Ricardo Raúl Ferrón, denunciado en 2010 por haber formado parte del comando de la Federal que detuvo a los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la última dictadura cívico-militar.

Junto a otros diez efectivos de la fuerza Federal y 30 de la Metropolitana, fue procesado por el accionar en el Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010.

Asimismo, trabajó en Neuquén asesorando a la policía del ex gobernador Jorge Sobisch, periodo en el que se registraron 1.040 denuncias por abusos policiales en esa provincia.

Su gestión fue codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el entonces jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.

El Plan Integral de Seguridad que Burzaco elaboró para Neuquén se dio en un contexto de crítica al gobierno nacional por su política de contención de los grupos piqueteros.

En el decreto, se afirma que “la naturaleza estratégica de la política de seguridad provincial demanda un alto grado de confidencialidad” sobre la asignación de recursos, debido a “cambios en los patrones delictivos”.

Las contrataciones discrecionales insumieron 50 millones de dólares.

La política represiva implementada, llegó a su apogeo con el fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba a manos de la policía en abril de 2007.

Cuando el nombre de Burzaco sonaba para un cargo en la provincia de Buenos Aires junto a Vidal, Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), manifestaba su preocupación en diálogo con AgePeBA.

“Nosotros hemos podido conocer y ver de cerca el trabajo que realizó en nuestra provincia siendo socio muy directo de Mauricio Macri.

El famoso Plan Integral de Seguridad que se implementó en Neuquén entre el 2005 y el 2007 con su asesoramiento, fue una estafa de 50 millones de dólares que incluyó hasta la compra de dos helicópteros que nunca pusieron ser utilizados porque no tenían las condiciones de seguridad para sobrevolar los sectores poblados”, manifestó el gremialista en esa oportunidad.

“En términos políticos -continuó-, su plan comprendía la renovación de toda la plana mayor de la policía, y modificó su estructura para que los oficiales de carrera fueran pasados a retiro y dados de baja, para incorporar a un sector de la policía con una concepción más autoritaria.

Lejos de una formación en Derechos Humanos como podría ser en la actualidad, tuvo una respuesta represiva hacia el conflicto social que en ese momento vivía Neuquén”.

Al respecto, Guagliardo recordó las luchas que en ese momento encarnaron los sectores de desocupados, de las familias por la tierra, y de la clase trabajadora y estatal en reclamo a mejoras salariales.

“La respuesta represiva del aparato policial del Estado es el antecedente de un proceso que no puede ser soslayado, que llegó a su punto culmine con el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, y que estuvo relacionado directamente con el asesoramiento del equipo de seguridad de Macri encabezado por Burzaco, que intervino y que produjo esta consecuencia nefasta”, analizó.

Para el sindicalista, Burzaco “significa una alerta para todas las organizaciones de trabajadores y derechos humanos, que tienen que manifestar firmemente que con esta presencia pública estamos ante un retroceso en la mirada que tiene que tener el Estado sobre la problemática social.

No puede haber un retroceso de esta naturaleza: terrorismo de Estado en democracia”.

También reflexionó en torno al modelo que propone la alianza Cambiemos para conducir el país: “Es un Estado gendarme del poder capitalista porque cuando se organiza desde la seguridad no es para cuidar a los ciudadanos, sino al producto del capital y sus intereses; Macri está pensando en un Estado que va a utilizar la represión para contener los reclamos sociales que van a aparecer con la pérdida de derechos.

Es la respuesta que han tenido en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que ha pasado en Neuquén”.

Ocho años después del asesinato de Fuentealba, en Neuquén siguen buscando Justicia, procurando develar y superar los obstáculos “que pone el Poder Judicial ligado al político para que no se investiguen las responsabilidades políticas de quienes planificaron y condujeron la represión”.

Burzaco es actualmente CEO de una empresa de seguridad para el sector público y privado: Templar Seguridad Integral. Autor del libro “Mano justa” y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, siempre mostró una postura de derecha que denotó su máxima expresión cuando quiso impulsar en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Penal Juvenil, para imponer penas de cárcel a menores de 14 años, rechazado rotundamente por el Frente para la Victoria.

También fue vicepresidente de la Fundación Pensar, donde compartía actividades con Julio Cirino, quien encabezó un grupo de tareas del Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar y fue condenado en 2013 por crímenes de lesa humanidad.

Además de los cuestionamientos que ha recibido por la metodología de mano dura que pregona bajo la careta de la “mano justa”, Burzaco debió enfrentar este año la detención de su hermano, Alejandro, CEO de la empresa Torneos y Competencias.

La Justicia de Estados Unidos lo imputó por estar implicado en los casos de corrupción en la FIFA, junto con los argentinos Hugo y Mariano Jinkis -responsables de la empresa Full Play.

La investigación que se desprende de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), relaciona a los tres argentinos con el pago de sobornos, por los cuales obtuvieron los derechos exclusivos para transmitir por televisión distintos campeonatos de fútbol y de esa manera venderlos al Estado argentino en montos «exorbitantes y en perjuicio del patrimonio público».