La discusión no es menor.

LA AUTOGESTIÓN CAMINO A SER LEY

Miradas al Sur

A partir de una iniciativa del Estado, las cooperativas de trabajo redoblaron la apuesta y se organizaron en 25 Foros a lo largo y ancho de la Argentina para debatir un marco legal propio.

LA AUTOGESTIÓN CAMINO A SER LEY

A partir de una iniciativa del Estado, las cooperativas de trabajo redoblaron la apuesta y se organizaron en 25 Foros a lo largo y ancho de la Argentina para debatir un marco legal propio.

 

 

                                                                                                                                   Miradas al Sur                                                                                                                                   Foto: ( Fotos: Pamela Fadiga)29 de Marzo


La discusión no es menor.


La discusión no es menor.

 


En los últimos 14 años, desde aquel estallido social que cambió la percepción del poder institucional en la Argentina, muchos procesos se fueron gestando por abajo y no tuvieron su expresión en la superficie.

 

El fenómeno de la autogestión es uno de ellos, quizás el más trascendente, porque combinó la salida a la crisis del empleo con la creatividad y el poder popular.

 

A esto hay que sumarle el fenómeno nacido a partir de 2003 con la creación de cooperativas de trabajo a partir de programas de inclusión, que fueron cubriendo la demanda de obra pública (cada vez de mayor envergadura) a medida que se integraban y ganaban experiencia para competir con las empresas constructoras privadas.

 

Estos procesos combinados fueron generando un diálogo con el Estado (no sin una importante cuota de tensión), que permitió ir moldeando diferentes políticas públicas.

 

Toda esa experiencia acumulada quiere quedar plasmada en ley para cubrir los vacíos legales que salieron a la luz en este tiempo (que la Ley de Cooperativas 20.337 del año 1973 no contempla en lo más mínimo), y sobre todo para no quedar a la deriva de los gobiernos de turno.

 

La discusión sobre una nueva ley para el sector viene de hace años, pero retomó su impulso a partir de la iniciativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) a finales del año pasado.

 

Su presidente, Patricio Griffin, acompañado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, presentó un Anteproyecto de Ley Federal de Cooperativas y Mutuales: un borrador de 62 páginas, completamente abierto a la discusión con cada uno de los sectores que componen la economía social.

 

Uno de esos sectores fue el que recogió el guante más rápido, quizás el más dinámico (lo demuestra la gruesa columna de 7.000 personas que movilizó el pasado 24 de marzo), los trabajadores autogestionados organizados en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que agrupa cooperativas de programas de inclusión, empresas recuperadas, cooperativas industriales, de tecnología, de comunicación, etcétera.

 

Esta entidad gremial organizó 25 Foros de debate en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, con una dinámica participativa y asamblearia (“Que no falte ninguna voz”, fue su consigna) para que cada trabajador cooperativo expresara su opinión.

 

Ya se realizaron 10 Foros y todavía restan 15 más.

 

La idea es consensuar un borrador que unifique todas las propuestas y presentarlo a la comisión redactora del Anteproyecto Federal.

 

Este sector se destaca dentro de la Economía Social, no solo por su carácter de clase y su origen tras el estallido de 2001, sino también por su crecimiento abrupto en los últimos 14 años.

 

La sola CNCT agrupa alrededor de 60 mil trabajadores, de unas 3 mil cooperativas de trabajo, pero hay muchas otras organizadas en diversos agrupamientos y tantas otras que todavía no están organizadas.

 

Los Foros están abiertos a todas estas experiencias, sin distinción.

 

Un sujeto político nuevo que exige su representación política y su marco legal.

 

Algunos ejes de discusión.

 

El primer punto que promueve este sector es la consideración de una figura legal específica a partir de su naturaleza asociativa.

 

Por la positiva, se trata de la reafirmación de una identidad propia: un colectivo de trabajadores que gestionan por sí mismos sus propios medios de supervivencia, y lo hacen de manera democrática.

 

Todos tienen los mismos derechos y obligaciones.

 

Por la negativa, en tanto que se diferencia del trabajador autónomo por un lado y del trabajador en relación de dependencia por el otro, en un mismo nivel de importancia.

 

No es una figura simple, ya que el trabajador autogestionado es tal en la medida que existe una relación con los otros miembros de la cooperativa, sus compañeros.

 

No es un individuo aislado ni depende de un régimen superior.

 

El grupo (en acción) genera la forma del régimen colectivo.

 

Este principio no implica que la cooperativa sea una isla con su propia ley flotando en medio de la sociedad.

 

También se busca establecer un piso de derechos adquiridos por los trabajadores durante años de lucha, para que el trabajo en las cooperativas no signifique volver atrás en las condiciones mínimas, y salir del estigma del trabajo precarizado.

 

Si bien la Asamblea es soberana, no se pueden decidir condiciones de trabajo que impliquen la autoexplotación, sino que permitan ir superando el piso de ingreso definido por el salario mínimo, vital y móvil.

 

Por otra parte, se propone la obligatoriedad de un reglamento interno confeccionado por cada cooperativa, que deberá inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas, y que permita garantizar un orden con respecto a las condiciones de trabajo, la prestación de servicios y la disciplina.

 

Este apartado propone fortalecer la democracia interna a través de medidas que sirvan para alentar la participación de los asociados.

 

Para tal fin, se promueve un mecanismo con los siguientes puntos: convocatoria personal a las reuniones, obligatoriedad de asistencia a las asambleas, difusión de reuniones abiertas del Consejo Administrativo, voto secreto, etcétera.

 

A contramano de esta intención, el Inaes promueve en su Anteproyecto de Ley la formación de Cooperativas Simplificadas que, con fines facilitadores, “podrán elegir un solo administrador y prescindir de la sindicatura”.

 

Hasta el momento, desde el sector se rechazó esta propuesta, por tratarse de una reducción injustificada de la democracia interna, si bien se reconoce la necesidad de una simplificación de los aspectos burocráticos de la administración.

 

Los ejes de debate en torno de la caracterización de una figura específica del trabajador autogestionado, a reforzar la identidad propia y al fortalecimiento de la democracia interna, surgen además como una defensa ante los usos fraudulentos del modelo cooperativo y, al mismo tiempo, ante la falta de herramientas más específicas de control por parte del Estado y sus organismos fiscalizadores.

 

Hay cuestiones propias de cualquier organización que se utilizan como indicador de fraude en una cooperativa de trabajo, y que en realidad son elementos propios de cualquier actividad humana colectiva organizada.

 

Para organizar desde un asado hasta una peña se requiere distribuir las tareas, fijar responsabilidades y cumplirlas.

 

Por esta razón se incorpora dentro del articulado propuesto la figura de presunción asociativa.

 

Una cooperativa que se encuentre registrada correctamente se presume que tiene con sus asociados una relación asociativa, salvo prueba que demuestre lo contrario, no siendo indicativos del fraude la subordinación de los asociados al orden y disciplinas establecidos por el reglamento de trabajo, la provisión de servicios de mano de obra a terceros y las dificultades de pago cuando se debiere a dificultades económicas de la cooperativa.

 

Así y todo, la práctica demuestra que nada garantiza más los derechos de los trabajadores autogestionados que la integración y la organización en espacios superiores que lleven adelante una defensa gremial del sector.

 

La discusión legal también abarca esta cuestión, promoviendo la integración y definiendo una cuota mínima (1%) de aporte que provenga del propio trabajador, para la consolidación de entidades con independencia política.

 

Si bien es una discusión propuesta desde el Estado mismo, el sector en su conjunto retomó una tarea que tenía pendiente y que, más allá de conseguir o no la formulación de una ley, que dependerá de los vaivenes políticos de un año electoral convulsionado, en definitiva le permitirá madurar como sector político.

 

La organización del debate mismo y el enorme esfuerzo puesto en la participación de cada uno de los trabajadores son síntomas de salud y crecimiento político.

 

La gran duda: el régimen previsional

 

No se trata sólo de establecer un marco normativo al respecto, sino que además implica tener en cuenta los mecanismos de financiamiento.

 

Para entender esto, hay que tener en cuenta primero que el sistema previsional argentino se sustenta en un principio de solidaridad, donde aquellos trabajadores que más ganan son los que más aportan.

 

Todavía no hay una postura unificada desde el sector, la gran discusión es cuánto y cómo deberían mejorar los aportes los trabajadores autogestionados para ver reflejada una mejora en las prestaciones jubilatorias.

 

Actualmente, los aportes del trabajador autónomo no pueden satisfacer las necesidades del sector, porque alimentan un esquema de jubilación mínima que no se corresponde con la actividad productiva.

 

La clave del debate es el grado de participación del Estado en el financiamiento de una jubilación cooperativa.

 

Lo que complejiza aún más la discusión es el gran aporte que realiza el Estado para subsidiar las prestaciones a todo el universo de autónomos, tanto al régimen general como al simplificado monotributista.

 

Un aspecto importante sobre el que se debatió es la edad jubilatoria, ya que muchos sectores poseen sistemas diferenciados por las características del empleo, que hacen que los trabajadores tengan la posibilidad de jubilarse a menor edad (como es el caso de los estibadores, los choferes y los trabajadores de la construcción, entre otros).

 

Pero hoy los cooperativistas, al ser autónomos, no se acogen a los beneficios del régimen jubilatorio diferenciado.

 

Esto genera grandes inconvenientes: un sistema diferenciado no surge de un capricho, sino que responde a determinadas condiciones de trabajo que la legislación consideró penosas o riesgosas o causantes de envejecimiento prematuro, según las condiciones imperantes en la estructura económica y mercado de trabajo de esos tiempos.

 

Empresas recuperadas

 

En el apartado de Cooperativas Recuperadas (sic), el texto presentado por el Inaes “incluye la figura jurídica de la Sociedad Laboral que aparece más adecuada que la Cooperativa para esta actividad”.

 

No se entiende por qué, desde una ley de cooperativas, se promueve la formación de una figura con fines de lucro.

 

El único antecedente es el Decreto 1416/2001, que da como autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo de la Nación para calificar a una persona jurídica una vez que obtenga su inscripción la calificación de sociedad laboral.

 

Lo cierto es que, más allá de todo, la forma de cooperativa de trabajo fue la respuesta natural del movimiento de empresas recuperadas, en tanto garantiza una democracia asamblearia, que es la fórmula de defensa del trabajo que encontraron los trabajadores en su etapa de resistencia y preserva el capital social del trabajo.

 

De todas formas, el Anteproyecto del Inaes promueve una mayor participación del Estado en la recuperación de empresas, por medio del “Derecho de tanteo”, que le permite a la cooperativa la posibilidad de igualar la oferta de un empresario, y promueve también la creación de fideicomisos para aplicar financiamiento a las empresas cooperativas y la unificación de créditos del Estado municipal, provincial y nacional, que son muy necesarios para este sector específico.

 

El derecho de los liberados

 

Si bien toda la legislación nacional e internacional promueve las oportunidades de trabajo como forma de inclusión y resocialización de las personas privadas de su libertad, la Ley de Cooperativas 20.337 limita esta posibilidad a través de su artículo 64, el cual manifiesta que “no pueden ser consejeros: (…) los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta diez años después de cumplida la condena…”.

 

Dado que el Anteproyecto de Ley del Inaes mantiene estas prohibiciones, y considerando que las cooperativas contribuyen enormemente a la reinserción sociolaboral de personas privadas de su libertad y liberados, el sector acompaña a las cooperativas de liberados, como la cooperativa Kabrones, en su reclamo de modificar este artículo.

 

Una ley de la economía social no puede volver a juzgar una pena que ya fue compensada, y volver a quitarles derechos a los compañeros que lo único que quieren es trabajar y gestionar sus propios medios de vida.

 

La contratación del Estado

 

Uno de los reclamos de las cooperativas de trabajo de construcción es que se fije por ley un porcentaje de obras públicas a ser cubiertas por la economía social, tal como lo realiza el Ministerio de Planificación Federal en sus programas de construcción de viviendas.

 

Este pedido no es un capricho, es la apuesta que se fijó el sector durante la última década, cuando tuvo la oportunidad de demostrar que era capaz de satisfacer la demanda de obra pública de envergadura.

 

A este punto se le suma el pedido de fijar también un porcentaje de contratación directa a cooperativas, no sólo de construcción, sino en todas las áreas de producción (textil, gráfica, comunicación, etcétera). En 2004 se incorporó, dentro del régimen de contratación directa del Estado, la posibilidad de que las cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social (del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), accedan a la contratación directa.

 

Para ello, la cooperativa deberá estar registrada como efectora en el sistema de proveedores y poseer el certificado fiscal al día.

 

Si bien este beneficio resultó muy importante para el sector, también significó un límite innecesario.

 

El registro de efectores exige una vulnerabilidad social que un gran número de cooperativas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas no pueden acreditar.

 

Por otra parte se da la paradoja que entidades que son protegidas por este sistema, al comenzar las contrataciones con el Estado, mejoran las condiciones de sus entidades, se capacitan y mejoran sus ingresos, hecho que hace que salgan del registro volviendo a su condición de vulnerabilidad.

 

Por todo esto se propone solicitar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se mantenga por un lado el sistema actual para aquellos inscriptos beneficiarios de los distintos programas y que a su vez se amplíe la posibilidad de continuar en el registro a aquellas cooperativas que mejoraron las condiciones de sus asociados, incorporando una salida gradual de la protección del registro de efectores; o bien que en el régimen de contratación del Estado se incorpor.