El interés de la dictadura cívico-militar por Papel Prensa está claramente probado.

LA APROPIACIÓN ILEGAL DE PAPEL PRENSA UNA IMPUTACIÓN AMPUTADA

Daniel Cecchini

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Cecchini:-En 24 horas, el juez Ercolini rechazó el pedido de indagatoria, como imputados, a Magnetto, Ernestina de Noble, Bartolito Mitre y otros por el despojo de Papel Prensa

El interés de la dictadura cívico-militar por Papel Prensa está claramente probado.

LA APROPIACIÓN ILEGAL DE PAPEL PRENSA UNA IMPUTACIÓN AMPUTADA

En 24 horas, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria, como imputados, a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y otros partícipes del despojo de Papel Prensa

Por Daniel Cecchini

Miradas al Sur

                                                                                                                                       15/03/15

 

En apenas 24 horas, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria, en calidad de imputados, a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y otros partícipes del despojo de las acciones de Papel Prensa, perpetrado por Clarín, La Razón y La Nación en complicidad con la cúpula de la última dictadura.

 

Fueron apenas unas horas, durante las cuales pareció que la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, celosamente cajoneada durante largo tiempo en el Juzgado Criminal Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, podía volver a tomar impulso.

 

El miércoles pasado, el fiscal Leonel Gómez Barbella ahbía pedido la indagatoria de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magneto; el ex director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y otros imputados, por la maniobra de despojo de las acciones de Papel Prensa al Grupo Graiver, en complicidad con la cúpula de la dictadura y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.

 

En poco más de 24 horas, el juez Ercolini lo rechazó.

 

El pedido de indagatoria incluía también al ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá, y a Guillermo Gainza Paz, quien a criterio del fiscal Barbella ofició de intermediario entre los representantes de Clarín, La Razón y La Nación y los socios y herederos de David Graiver.

 

La muerte les permitió no comparecer ante la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, a José Alfredo Martínez de Hoz, al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, y a otros partícipes de esa apropiación ilegal.

 

En el dictamen, de 36 páginas, el fiscal precisaba la acusación: “Les imputo a los nombrados el haber obligado mediante intimidación al Grupo Graiver y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa SA a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria.

La suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera Junta durante la última dictadura militar.”

 

La imputación de la fiscalía no se basaba exclusivamente en el testimonio de las víctimas sino también en investigaciones periodísticas y en la declaración de un ex integrante del Grupo Clarín, que puso en blanco sobre negro el interés de Héctor Magnetto por las acciones de Graiver y sus contactos con la dictadura para obtenerlas.

 

“El interés de los empresarios sindicados por hacerse de las acciones que dominaban Papel Prensa se confirma con los dichos del ex secretario general de Redacción del diario Clarín, Eduardo Durruty, quien al momento de la muerte de Graiver se encontraba en la ciudad de Nueva York.

Allí recibió un llamado de Héctor Horacio Magnetto que, de acuerdo con sus expresiones, le habría solicitado que corroborara la existencia de las acciones de la empresa que Graiver poseía en aquella ciudad (…) Durruty mencionó, asimismo, que Los diarios La Nación, Clarín y La Razón salieron corriendo a negociar con los militares, a ver si ellos podían comprar esas acciones”, señalaba el fiscal Gómez Barbella.

 

En las imputaciones, el fiscal calificaba a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre como partícipes “en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes”; a Raymundo Podestá también partícipe “en su carácter de secretario de la Junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”; a Ernestina Herrera de Noble también como partícipe debido a haberle otorgado un mandato al abogado del Grupo Clarín, Bernardo Sofovich, “sin el cual no habría podido instrumentar la operación”, y a Guillermo Juan Gainza, por haber oficiado de “intermediario” en conocimiento de la ilegalidad de la operación.

 

Ercolini frenó el pedido de indagatoria bajo el argumento de que "se encuentra en curso un peritaje de tasación histórico y contable" sobre el valor de la empresa, que Clarín , La Nación y La Razón aseguran – en su defensa – que compraron a los Graiver en una operación legítima realizada en noviembre de 1976.

 

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Miradas al Sur, el argumento del rechazo es jurídicamente correcto, pero lo que llamó poderosamente la atención fue la celeridad con que se pronunció el magistrado, totalmente fuera del ritmo de los demoradísimos tiempos con que maneja la causa.

 

“Esto hay que inscribirlo en un marco político, en el contexto de la batalla política que se está librando en terrenos del Poder Judicial”, dijeron.

 

El juez sostiene que para avanzar con la causa es necesario probar que la transferencia de las acciones se realizó a “precio vil”.

 

Al centrarse en ese punto, el magistrado deja en un lejano segundo plano las presiones, amenazas y maniobras intimidatorias que sufrieron los integrantes del Grupo Graiver para que se desprendieran del paquete accionario.

 

Lo mismo sucede con los secuestros y torturas que probadamente sufrieron, las actas de la Junta Militar que dejan totalmente en claro la complicidad de la dictadura con los propietarios de La Nación, Clarín y La Razón y las minutas firmadas por el general Bartolomé Gallino, instructor de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los Graiver, donde alude a las reuniones que mantenía con los representantes de los tres diarios antes de interrogar a los secuestrados.

 

Complicidad para el despojo.

 

La maniobra de apropiación de Papel Prensa formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país.

 

Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses.

 

Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones.

 

Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón, y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.

 

Entre fines de 1976 y la primera mitad de 1977, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa SA, en una operación que –más allá de sus motivaciones políticas y económicas– desnudó el feroz antisemitismo de los militares en el poder.

 

Para lograr sus objetivos, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos.

 

Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

 

Como ahora resalta el fiscal en su escrito: “La coordinación entre la progresión de las amenazas, por un lado, y el avance de las negociaciones, por el otro, es un indicio vehemente del acuerdo que, explícitamente o no, existía entre el régimen dictatorial y los empresarios designados como adjudicatarios de las acciones de Papel Prensa que debían obtenerse a partir del desapoderamiento del grupo Graiver”.

 

El interés de la dictadura cívico-militar por Papel Prensa está claramente probado.

 

Los dictadores lo dejaron impreso incluso en varias actas de las reuniones de la Junta Militar.

 

Catorce de las quince actas en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo, hace menos de tres años, de una serie de documentos de los dictadores que estaban guardados en el subsuelo del Edificio Cóndor.

 

Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los ’80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad, Massera no aportó documentación alguna.

 

Hasta entonces, el juez Julián Ercolini sólo disponía de una copia del acta N°14, donde está asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, La Nación y La Razón.

 

El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación.

 

El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país.

 

En el segundo anexo, esta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación.

 

Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original.

 

Las actas de la junta.

 

Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la Junta, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa.

 

“En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la Junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas.

 

Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar”, dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa.

 

La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.

 

El acta N° 20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que “no se debe demorar el proyecto” de la papelera (en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro) y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren “las sumas por las acciones vendidas”.

 

En ese momento, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron “Operación Amigo”.

 

En el acta anterior –la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían sido secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo–, los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como “arrestados”.

 

La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores.

 

Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa –realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977– por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.

 

El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles.

 

Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”.

 

Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.

 

Como se dijo más arriba, las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977.

 

Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa.

 

Transferencia forzada. La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Lidia Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la “venta” de las acciones a los tres diarios.

 

Allí, esa noche, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó sólo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200.

 

Para ese momento, el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.

 

Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma.

 

Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos.

 

“Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron”, testimonió Ianover ante la Justicia.

 

Debido a que María Sol –la hija de David Graiver y Lidia Papaleo– era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones.

 

El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial.

 

Entre el 7 y el 14 de marzo, Lidia Papaleo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover.

 

Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación.

 

Las actas de la Junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período.

 

A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa.

 

De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central.

 

Interrogatorios bajo tortura.

 

El general Bartolomé Gallino fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente “blanqueados” luego de más de un mes de detención clandestina.

 

Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso.

 

A mediados de 2011, Miradas al Sur reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal.

 

En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón.

 

Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para “evitar que el ‘Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas”.

 

La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino –hombre de confianza de Videla– se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.

 

Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas.

 

En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976, sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación.

 

La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002.

 

Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver.

 

Con el correr de los años, la acumulación de pruebas de la apropiación se ha vuelto abrumadora.

 

El pedido de indagatoria y las imputaciones realizadas por el fiscal Gómez Barbella abrían una nueva puerta para que finalmente se hiciera justicia.

 

El juez Julián Ercolini se encargó de cerrarla de un portazo.

 

Los diarios que acusan a Blaquier

 

Los artículos periodísticos de la época se han transformado en un nuevo dolor de cabeza para el dueño de Ingenio Ledesma, el empresario Carlos Pedro Blaquier, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

 

Sucede que Blaquier utiliza como uno de los argumentos centrales de su defensa que en Ingenio Ledesma no había conflictos de tipo gremial, ya que sus empleados vivían en una “situación de bienestar”.

 

Ahora, una considerable cantidad de notas publicadas en diarios de la provincias de Jujuy y Salta serán utilizados en sede judicial para desmentir los dichos del empresario.

 

Se trata de varias decenas de artículos.

 

Por ejemplo, el diario Norte de Salta señala: “En los lotes de Ledesma SAAI son deplorables las condiciones generales de vida de la población zafrera,se repite el panorama lamentable de hacinamiento, promiscuidad y alta exposición al riesgo de enfermar y morir’.”

 

Otros artículos de la época –entre 1973 hasta principios de la dictadura– reflejan el alto nivel de conflictividad social que existía en la zona de influencia de la empresa, y también las constantes movilizaciones en defensa del intendente Luis Aredez, médico del pueblo y en su momento también del Ingenio, cuyo trabajo en defensa de los trabajadores lo puso en abierto enfrentamiento con la empresa.


A Luis Aredez lo secuestraron el 24 de marzo de 1976.

 

Ahora toda esta documentación está en manos de la Cámara de Casación.

 

DC/