EL TERRORISMO DE ESTADO RINDE CUENTAS EN GUATEMALA

Elsa Bruzzone y José Luis García

En 1982 cuando Rios Montt llego al poder, el Congreso fue disuelto, se invalido la Constitucion de la Republica y se desconocieron las elecciones populares realizadas apenas 2 semanas antes del golpe de Estado

EL TERRORISMO DE ESTADO RINDE CUENTAS EN GUATEMALA

 

En estos días se está realizando en Guatemala un juicio para juzgar a militares de ese país acusados de violar los derechos humanos. El CEMIDA está  colaborando en esa tarea y para que la opinión pública tenga un somero conocimiento de las circunstancias que rodearon la realización de los crímenes por los que son acusados algunos miembros del Ejército Guatemalteco,  puede resultar imprescindible un ligero resumen de los antecedentes que desembocaron en la ejecución  de actos criminales que  llegaron hasta comprometer la naturaleza de la condición  humana.   De ahí la siguiente relación.

 

Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan: lugar de muchos árboles)   es un país con una cultura resultante de la herencia maya y de la influencia colonial española. Su superficie es de 108.889 kilómetros  cuadrados  y la capital es la Ciudad de Guatemala.  La población  supera  los  14.000.000 de  habitantes  y  está  compuesta  por  los  mestizos,  a  los  cuales se  denomina   ladinos,  que  alcanzan  al  40%,   los  indígenas, mayas  y garífunas  que  representan  el 45%;  y  los  blancos, que conforman  el   15% restante.   Su territorio fue el centro del Imperio Maya – Quiché,  de avanzada cultura, destruido por la brutal conquista española en la primera mitad del siglo XVI.

 

El 75% de su población es rural y el 24% restante vive en el medio urbano. La  población campesina, casi totalmente indígena,  fue  históricamente marginada política, económica y socialmente.  La estructura agraria determinó una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y,  como consecuencia, una inmensa mayoría de campesinos desposeídos y explotados por los terratenientes como arrendatarios,  aparceros o medieros.

 

Prosperaron las producciones del banano, el cacao, el café y la caña de azúcar  y para establecer relaciones comerciales con otras naciones, la burguesía criolla decidió declarar su independencia  el 15 de  septiembre  de  1819.  Ello no ocasionó una mejoría de las condiciones de vida del pueblo y, para evitar reacciones, resultó necesario organizar una fuerza militar afín con esos intereses  que nunca luchó contra un enemigo exterior, pero si mantuvo el control del pueblo empobrecido. Para 1901 la United  Fruit Company de EE UU constituía  la fuerza económica y política principal del país y para consolidar su llamado “imperio bananero”, obtuvo el manejo del  transporte ferroviario (IRCA), sumando  así  a sus explotaciones el control  de ese sistema.  A  ello agregó la propiedad de  los muelles de Puerto Barrios y San José  además de grandes extensiones de tierras ociosas.  El gobierno y la clase dirigente servían a los intereses de esa Compañía,  la que, con apoyo de miembros de empresas y del gobierno de EE UU, tenía poder hasta para cambiar gobiernos democráticos.

 

En 1944, un grupo de militares disidentes, estudiantes, y profesionales liberales, llamados los "Revolucionarios de Octubre", derrocaron al entonces gobernante,  Federico Ponce Vaides, sustituyéndolo por una Junta compuesta por el Mayor Francisco Javier Arana, el Capitán Jacobo Árbenz y el Dr. Jorge Toriello Garrido. Esa Junta convocó a  elecciones libres que fueron ganadas por el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, que acababa de regresar de su exilio de 14 años en  la Argentina.

 

Su objetivo fue:”liquidar el semi  feudalismo, organizar un capitalismo moderno y democrático y defender los intereses públicos con criterio nacionalista”. Para ello inició un período de grandes progresos planificando una reforma agraria, protegiendo a las comunidades indígenas, y limitando los poderes de las grandes corporaciones.  Éstas  y los latifundistas guatemaltecos lo calificaron de “izquierdista” apoyados por los intereses geopolíticos de  EE  UU.

 

Las reformas iniciadas por Arévalo fueron continuadas por  Jacobo Árbenz Guzmán.   El proyecto de este  gobierno  se basó en la  profundización  de   la reforma agraria iniciada  con  el  fin  de incrementar la productividad de las tierras y el nivel de vida de la población.  Para ello propuso la expropiación de las tierras improductivas y su cesión en usufructo a campesinos.  Esta  medida  lesionó intereses de la  United  Fruit y de las clases sociales dominantes  los que, en1954 y apoyados por  la CIA, organizaron una  fuerza  de  efectivos mercenarios que, ingresando por Honduras, dieron un Golpe de Estado derrocando a Árbenz.  Al  mismo  tiempo aviones  estadounidenses  bombardeaban  las  principales  ciudades  guatemaltecas  y la  OEA  guardaba  silencio.

 

Asumió  la  dictadura Carlos  Castillo  Armas  quien  revirtió  los  cambios  realizados  por Arévalo y por Árbenz.  Fue asesinado en 1957  y  asumió el General Miguel  Ydígoras Fuentes, anterior Ministro de Obras Públicas de la dictadura y detractor de las políticas de Arévalo y Árbenz.  Cabe  recordar  que Ydígoras  facilitó la organización en Guatemala de los mercenarios que, impulsados por  EE   UU,  realizaron en  1961 la fallida  Invasión  de Playa  Girón  para derrocar al régimen cubano de Fidel Castro.

 

Así se fue desarrollando una violencia sin límites  al amparo de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” impuesta en la Región por  EE UU en  el  marco  de  la “Guerra  Fría”  sostenida  contra   la Unión Soviética y que definió como objetivo estratégico para la represión de la  “amenaza marxista” el aniquilamiento del enemigo interno.

 

El Ejército identificó  al indígena como  ese ”enemigo interno”, apreciando que la guerrilla se había apropiado de las reivindicaciones históricas de demanda por  la tierra y la lucha contra la pobreza, el  racismo y la exclusión. Y así  los mayas fueron considerados la base natural de la guerrilla.  Para eliminar esa  amenaza utilizaron el genocidio contra estos grupos étnicos invocando razones políticas y militares.   Para colaborar con tan alucinantes conceptos los Boinas Verdes  (United States Army Special Forces) se instalaron en el país,  entrenaron tropas especiales del  Ejército (los KAIBILES) hasta convertirlos en la fuerza ilegal contrainsurgente más poderosa de América Central y facilitaron la organización de fuerzas paramilitares como la Mano Blanca y el Ejército Secreto Anticomunista.  Esta actividad oficial encontró su pronta contrapartida en las realizadas por El Ejército Guerrillero de los Pobres  (EGP).

 

En respuesta a gobiernos cada vez más autocráticos y represores un grupo de  militares de menor rango, entre los que estaba Alejandro Yon Sosa, se rebeló en 1960 y al fracasar, varios de sus integrantes huyeron y establecieron lazos con Cuba.  Este grupo se convertiría en el núcleo de las fuerzas insurgentes que lucharían contra los gobiernos “de facto” durante los 36 años siguientes.  Organizaron cuatro grupos guerrilleros que realizaron sabotajes económicos y ataques a las instalaciones del gobierno y a  miembros de las fuerzas de seguridad estatal. Todos ellos se reunieron finalmente en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca  (URNG).

                                                                                                                                                         ;                                                                                                                                                                                                                           En octubre de 1981 las dictaduras militares de  Argentina y Guatemala acordaron el envío de una misión militar argentina compuesta por Oficiales del Ejército y de la Armada,  la que, con la colaboración de militares de Israel y de Chile,  instruyeron a efectivos locales y  a los paramilitares, llamados “Escuadrones de la Muerte”, en técnicas de  “inteligencia avanzada”  aplicando la doctrina enseñada por  la Escuela de las Américas.   En 1982 los argentinos se replegaron como consecuencia del apoyo de EE  UU  a la agresión armada inglesa a las Islas Malvinas,  Sandwich  y  Georgias  del  Sur.      

 

El 9 de marzo de 1982 el Ejército fue encargado de velar por el  “buen desarrollo”  de las elecciones y vigilar su transparencia. Al comprobar el fraude que se cometía, el 23 de marzo de 1982  varios de sus componentes dieron un Golpe de Estado e instalaron una Junta Militar de tres  miembros (uno  de ellos   el  General José  Efraín  Ríos Montt)  que anuló la Constitución de 1965, disolvió el Congreso, suspendió los partidos políticos y dejó sin efecto la Ley Electoral.  Luego de pocos meses  Ríos Montt despidió a sus colegas de la  Junta y asumió la dictadura de la República, adoptando las acciones terroristas de sus antecesores.  Más aún,  el gobierno de Ríos Montt marcó  probablemente el período más violento del conflicto.  Se calcula que produjo más de  60.000 muertes, en su mayoría indígenas desarmados.  Las violaciones a los derechos humanos fueron toleradas y  realizadas por miembros del Ejército y  los  paramilitares.  Por ello hoy se los juzga con el cargo de haber cometido “GENOCIDIO CONTRA LA HUMANIDAD.”

 

Reproducimos algunos conceptos emitidos en el actual Juicio, por el Fiscal:

 

“Una vez, durante 16 meses, el General de Brigada, José Efraín Ríos Montt, se autoproclamó Jefe de Estado, deshizo la Junta Militar que lo había llevado al poder y nombró a Héctor Mario López Fuentes como Jefe del Estado Mayor Presidencial y a José Mauricio Rodríguez Sánchez al frente de la inteligencia.  En 1982 cuando Ríos Montt llegó al poder el Congreso de Guatemala fue disuelto, se invalidó la Constitución de la República y se desconocieron las elecciones populares realizadas apenas dos semanas antes del golpe de Estado. Se redactó una proclama que constituyó el Estatuto Fundamental de Gobierno y se dictaron decretos –  leyes para imponer un orden dictatorial al país, implementándose un sistema de justicia con Tribunales de Fuero Especial, con jueces que no tenían rostro y dictaban resoluciones desde el anonimato”.

 

Las acusaciones  de la Fiscalía, intentan explicar cómo se manejó el país durante los años en que los militares fueron gobierno. Ríos Montt también ha escuchado las acusaciones en contra de su Jefe de Inteligencia  Rodríguez Sánchez, todas muy parecidas a las que se tienen en su expediente y que expresan: “Eran personas que gobernaban arbitrariamente desde el Ejército, Señor Juez”. Se  ha  presentado un listado interminable de masacres y asesinatos ocurridos en más de 57 comunidades ubicadas en la Región Ixil,  Departamento de Quiché, al noroeste de Guatemala. El Fiscal López fundamentó su acusación con 128 testimonios recopilados en el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.  De uno de los documentos presentados, la Fiscalía también citó un  párrafo que  establecía  que  era  necesario  “realizar el mayor  esfuerzo para lograr la misión encomendada a su Sección de Asuntos Civiles, que debía intensificar la ladinización de los ixiles, de manera que desaparezcan como subgrupo cultural ajeno a nuestra manera nacional de ser”.

 

Habrá que ver cómo termina este Juicio, aunque resulta  increíblemente incompleto al juzgar sólo a un dictador y a su Jefe de Inteligencia.  La pregunta es ¿no tienen responsabilidades todos los integrantes de la Cadena de Comando restante y no cometieron los mismos delitos sus antecesores y sus predecesores? Por algo se empieza…  Así lo dice la experiencia argentina en pleno y eficaz desarrollo.

 

El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por su  Ministro de Defensa, General Óscar Mejía  (Ríos Montt sobreviviría para fundar un partido político,  el FRG).  Mejía permitió un regreso controlado de la democracia en Guatemala, comenzando con una elección en julio de 1984 para que una Asamblea Constituyente redactara una Constitución Democrática que se presentó el 30 de mayo de 1985. 

 

El Licenciado Vinicio Cerezo,  ganó la primera elección sostenida bajo la nueva Constitución con casi el 70% de los votos, y tomó posesión del cargo el 14 de enero de 1986.  Sin embargo la violencia de la represión militar continuó como si nada hubiera ocurrido.  Recién a fines de 1996,  luego de  que Álvaro  Arzú ganara la Presidencia y efectuara una primera purga en el Ejército,  pudo firmarse un Acuerdo de Paz con la guerrilla con lo que se dio  fin a 36  años  de  guerra  

 

Cabe la reflexión de que si al término del conflicto E/O la Doctrina de la Seguridad Nacional había perdido vigencia y su razón de ser, sus consecuencias militares en el conflicto debieron cesar, pero el racismo continuó al servicio de una sociedad que aceptaba la imagen del indio como un salvaje, y continuó  haciendo uso de la violencia contra las comunidades  aborígenes.  En lugar de hacer como México, que  incorporó a este grupo más amplio a la idea de nación,  Guatemala se definió como un estado de blancos y éstos,  se consideraron superiores.  Sin embargo, durante el breve periodo  democrático de 1944 a 1954, los indígenas habían consolidado su posición como campesinos y demostraron que podían ser los autores de su propia historia, comenzando a incorporarse a la vida   política y económica del país.   Pero en  la imaginación  de los blancos había un permanente miedo de que si los “indios” obtenían poder, se  levantarían  contra ellos

 

Esta situación había logrado que a partir de los años 70, los aborígenes comenzaran a incorporarse al conflicto armado.  La  respuesta del Estado fue la llamada Masacre de  Panzós  en 1978.

 

Más tarde, en 1980, cuando un grupo de aborígenes ocuparon la embajada española  como un acto pacífico de protesta, la masacre resultante,  donde fueron asesinados entre otros el embajador español y el padre de Rigoberta Menchú  (Premio NOBEL DE LA PAZ), fue un punto de quiebre.  Las élites locales culparon al embajador español Cajal de ponerse del lado de la gente equivocada  considerándolo  un traidor a su raza.  Era la única manera en la que podían  explicar lo que pasó sin entrar en conflicto con su imagen. Cuando perdieron prestigio internacional ya no tenían más que perder  y continuaron la matanza.   Las actitudes criminalmente racistas de los mandos del  Ejército   contribuyeron a la ejecución del genocidio.  ¿Por qué aún cuando la amenaza de la guerrilla desapareció el gobierno continuó  masacrando a los indígenas? Fue porque la élite política y militar quería darles una  lección a los aborígenes para que nunca más se les ocurriera  pensar en sublevarse contra el inicuo régimen de explotación impuesto.   La estructura del estado racista continuó intacta y no hubo ningún cambio legislativo real, ni en el sistema de justicia, ni en la  estructura económica, que continuaron funcionando con la misma lógica de  exclusión y discriminación hasta hace poco tiempo. Se verá que logra el presente Juicio.

 

RECOPILACION DE INFORMACION ELABORADA POR LA  PROF. ELSA BRUZZONE  Y   EL   CNL  (R)  JOSÉ LUIS GARCÍA – CEMIDA