PIDEN LA DETENCIÓN DE EX INTEGRANTES DE LA POLICÍA DE PINOCHET POR GENOCIDIO

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7 ex integrantes de la Policía secreta de Pinochet, acusados de participar en la muerte del diplomatico español Carmelo Soria en 1976

PIDEN LA DETENCIÓN DE EX INTEGRANTES DE LA POLICÍA DE PINOCHET POR GENOCIDIO

 

Un juez español procesó y ordenó la captura de siete ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) acusados de participar en el asesinato de un diplomático. El magistrado sostuvo que en Chile no se juzgó a los responsables.

 

La Justicia de España procesó y ordenó la detención por genocidio, asesinato y detención ilegal de siete ex integrantes de la DINA, la Policía secreta de Augusto Pinochet, acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976.

 

Según informaron fuentes judiciales citadas por las agencias EFE y DPA, el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete.

 

La decisión se basa en un argumento ya utilizado por algunos tribunales: el juez sostuvo que en Chile la persecución por estos delitos “no ha sido efectiva”.

 

Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y entre ellos está el jefe del organismo, Manuel Contreras, sobre quien pesan ya varias condenas.

 

La lista se completa con el jefe de la Brigada, Guillermo Humberto Salinas Torres; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe; el teniente René Patricio Quiloth Palma, y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, junto a Michael Vernon Townley Welch, éste de nacionalidad estadounidense.

 

Con la resolución, el juez Ruz hizo lugar a un pedido que la fiscalía hizo en mayo, y argumentó que la persecución en Chile “no ha sido efectiva” porque el proceso se cerró por una amnistía que “no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente”.

 

El español Carmelo Soria era un diplomático de la ONU que trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Chile, y fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en Santiago de Chile cuando se dirigía a su casa.

 

Según Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde “fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas” y le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile.

 

Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. “Pobre Chile…” fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar.

 

El cuerpo de Soria fue tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos fraguaron una nota, que metieron en un bolsillo, para simular que Soria se había suicidado por infidelidades de su esposa.

 

El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista se había declarado a favor de la jurisdicción local como competente para investigar estos delitos.

 

Según el magistrado Ruz, Contreras Sepúlveda, como jefe de la DINA, entidad que “sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet”, fue quien ordenó a Salinas Torres “de forma directa” el secuestro y asesinato de Soria.

 

El fallo se refiere a la DINA como un “instrumento de represión política de la dictadura militar”, iniciada en septiembre de 1973.

 

En el detalle del operativo, el juez señala que varios de los procesados habían hecho seguimientos para conocer las costumbres de Soria, y que el día del secuestro, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tráfico, detuvieron a Soria y lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley, “que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas”.

 

La causa se inició a partir de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.

 

 

Fuente: Contrainjerencia