LAS 4 PROVINCIAS MÁS TRANSPARENTES

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En un plano de igualdad se encuentran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut y San Luis, considerándolas las de más transparencia en el sistema de selección de jueces

LAS 4 PROVINCIAS MÁS TRANSPARENTES

EN LA SELECCIÓN DE JUECES

 

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La Nación y el Pueblo

 

Un informe de cinco organizaciones no gubernamentales, destacan la participación de la comunidad a través de impugnaciones a los candidatos, que pueden defenderse en audiencia pública.

 

También la fundamentación de las decisiones y la existencia de un Registro Público de Aspirantes.

 

El proyecto “Transparencia y Democracia de los Poderes Judiciales de la Argentina”, fue elaborado por Participación Ciudadana de Tierra del Fuego; Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho —PRADE— de Santiago del Estero; Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales —ANDHES—, de Tucumán y Jujuy; Reforma de la Justicia y Convocatoria Neuquina de esa provincia y Fundación Alternativa Popular de Río Negro.

 

En un plano de igualdad se encuentran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Chubut y San Luis, considerándolas las de más transparencia en el sistema de selección de jueces.

 

La situación de privilegio adquiere más relevancia porque el estudio está plagado de malas calificaciones para la mayoría de los distritos: el 54% no fundamenta la decisión de quien resulta electo y el 77% no establece registros de postulantes que permitan a la población conocer quiénes son los candidatos a ocupar determinados cargos.

 

Las mismas consideraron la labor que incluye tanto el mecanismo para elegir los miembros del Superior Tribunal de Justicia como los jueces inferiores.

 

Un fragmento del análisis, informa que “En San Luis la comunidad puede participar impugnando a los candidatos, los cuales deben defenderse en una audiencia pública”.

 

Darío Abdala, director ejecutivo de ANDHES, remarcó que la clasificación de las jurisdicciones se hizo desde el punto de vista normativo. “En las seis provincias que cada una de las organizaciones tiene sede nos manejamos con datos concretos, en el resto nos basamos en buscar la normativa vigente en páginas de internet legislativas locales y también nacionales”, explicó en diálogo telefónico con este matutino.

 

“De cada una se extrajo —agregó— la normativa vigente y qué grado de institucionalización hay en la publicidad de los actos de Justicia”. Abdala reconoció que esa parte de la tarea no fue nada fácil porque sólo el 29% de los distritos usa internet como herramienta de publicidad y dentro de ese exclusivo lote de 7 provincias se encuentra San Luis, de la cual se valoró también la existencia del Registro Público de Aspirantes y la fundamentación de las decisiones a la hora de elegir los candidatos al cargo de juez.

 

Consultado el ministro de Justicia de la Provincia de San Luis, Angel Ruiz , expresó “Es una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción. Son ONG preocupadas por el funcionamiento de la Justicia y que no tienen connotación política alguna”.

 

El informe echa por tierra algunos pedidos de intervención de la Justicia que se estaban barajando en la Cámara de Senadores de la Nación, todos impulsados por dirigentes de la oposición política. “Esto significa que en la provincia, los principios republicanos que tienen que ver con la división de poderes y demás funcionan a pleno”.Este sistema que es novedoso —añadió— pone a San Luis como una provincia que tiene una calidad institucional superior en la designación de magistrados”.

 

La forma de selección en San Luis

 

El Consejo de la Magistratura es el organismo que efectúa la convocatoria para ocupar los cargos de jueces inferiores, de cámara y defensores.

 

Está conformado por un integrante del STJ, un representante de los abogados y otro de los magistrados y funcionarios de cada una de las tres circunscripciones judiciales, dos diputados y un funcionario del Poder Ejecutivo Provincial.

 

Quienes se presentan deben concursar, es decir pasar una evaluación escrita y si la aprueban sortear el oral. De allí surge si el candidato es apto o no y a partir de allí se generan las ternas, que se elevan al Gobierno para su designación.

 

En cambio, los nombres de los aspirantes para procurador general y los miembros del Superior Tribunal son propuestos por el Ejecutivo.

 

Se difunden sus antecedentes, se abre el período de tachas e impugnaciones en el que cualquier ciudadano puede hacer objeciones y en audiencia pública el postulante debe defenderse. Si sale airoso, su nombramiento se somete a votación en la Legislatura.