La confirmación del modelo y el aumento de las tarifas de gas naturall.

EL PROGRESISMO COSMÉTICO

Fernando Pino Solanas, Felix Herrero, ,Gustavo A. Calleja y José Rigane

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Moisés Lebensohn:-La libertad no está oprimida sólo por las dictaduras, sino también por el privilegio económico.

ARGENPRESS

Buenos Aires, República Argentina

Sábado 14 de abril de 2007

 

La confirmación del modelo y el aumento de las tarifas de gas natural

EL PROGRESISMO COSMÉTICO

 

Por Fernando Pino Solanas, Felix Herrero,

Gustavo A. Calleja y José Rigane,

 

 

 

Un servicio público se instituye, no de acuerdo

con su capacidad de autofinanciación, sino de

acuerdo con la necesidad social que lo reclama.

Julio V. Canessa

 

La libertad no está oprimida sólo por

las dictaduras, sino también por el

privilegio económico.

Moisés Lebensohn

 

Introducción

 

En medio de la conmoción social causada por el asesinato de un maestro que, junto a sus pares, ejercía pacíficamente el derecho constitucional de peticionar el mejoramiento de su misérrimo salario, por la acción salvaje de la policía neuquina cumpliendo las órdenes del Gobernador Jorge Sobich, el PEN ha anunciado importantes incrementos en las tarifas de gas natural de la distribuidora Gas Natural BAN, cuyo capital social pertenece mayoritariamente a capitales privados españoles estrechamente ligados a Repsol-YPF SA.

 

Es descontado que el “premio” a las restantes empresas vendrá a breve plazo. Inmoral, es lo menos que se puede decir del procedimiento gubernamental señalado.

 

Ello ha sucedido dentro de un evidente malestar social, cuyo origen principal se ubica en la creciente inflación, que el PEN no puede controlar a pesar de la destrucción administrativa y social de una de las pocas instituciones creíbles de la Nación: el INDEC.

 

Ello, sin olvidar los inaceptables grados de desocupación y pobreza existentes.

 

Los mayores reclamos de los maestros se suceden en provincias que disfrutan de cuantiosos ingresos originados en la explotación de los hidrocarburos, de los que han sido injustamente despojados los compatriotas residentes en los estados no petroleros, que participaron en su descubrimientos y desarrollo.

 

El ejemplo más evidente lo constituyen las provincias de Neuquén, Salta y Santa Cruz que, además, perciben ingresos coparticipables aportados mayoritariamente por bonaerenses y porteños.

 

Existen en las provincias conflictivas, denominadores comunes que deben ser señalados; uno es el ocultamiento del destino de los fondos administrados y el otro las respuestas, cada vez más duras, con que se enfrenta a las justas propuestas sociales: la represión violenta por parte de la policía o la Gendarmería o grupos de matones, las causas judiciales fabricadas contra los principales dirigentes y el silenciamiento de los medios opositores o el direccionamiento discrecional de la propaganda oficial, son las herramientas más utilizadas.

 

No es casualidad tampoco que el gremio, que junto a los docentes ha enfrentado con gran combatividad la mayor persecución desde la gestión Menem, sean los petroleros, más allá de la claudicación de las actuales dirigencias sindicales.

 

Los trabajadores son quienes entienden con mayor claridad la crisis neoliberal en que se encuentra la Argentina.

 

Los maestros comprenden perfectamente que la educación es arma clave para evitar el uso de la pobreza y la ignorancia por parte de bastardos intereses políticos, como los utilizados por los Kirchner, los Sobich y los Romero.

 

El aumento tarifario

 

La sanción en enero de 2002 de la actual Ley de Emergencia Pública tuvo aspectos positivos, tales como la derogación de la Convertibilidad -salvando la vigencia de la prohibición de indexar, jamás respetada por los petroleros y otros grupos oligopólicos- la devolución al BCRA de la potestad de dirigir la política monetaria, la pesificación y el congelamiento de las tarifas y el otorgamiento de amplias facultades al PEN para analizar y modificar las condiciones (ámbitos de actuación, organización estructural, tarifas, etc.) en que se desenvolvían las empresas privatizadas.

 

Esta última tarea comenzó en la gestión Duhalde, abarcando todas las privatizadas y facilitando la participación de las organizaciones defensoras de los consumidores.

 

El Ministro Lavagna, en los inicios de su actuación, modificó la Ley citada para poder incrementar las tarifas, dejando de lado el resto -es decir lo más importante- por ejemplo, crear empresas estatales o mixtas, reunificar todas las gasíferas y las transportadoras de energía, anular contratos por incumplimientos reiterados, etc.

 

Lavagna es coherente, cuando reitera actualmente que los usuarios más pudientes, para él los del gas natural, están siendo subvencionados por los más pobres, quienes consumen garrafas de gas licuado (GLP).

 

Este pensamiento ha sido adoptado por la gran mayoría de los industriales nacionales y los economistas del establishment.

 

Para nosotros está profundamente equivocado, pues solamente el 5 % de los consumidores de gas natural pertenecen al segmento de mayores ingresos y en cambio el 70 % de quienes utilizan GLP pertenecen a los sectores medios y bajos.

 

Además, es malintencionada la comparación, porque no está barato el gas natural, sino extraordinariamente caro el GLP, que se rige por el precio internacional ratificado por la Ley Regulatoria del GLP Nº 26.020, originada e impulsada por el Presidente Kirchner.

 

El costo interno real del gas natural no supera en ningún caso los U$S 0,40 por MM/BTU, así como el costo de una garrafa de “teóricos” 10 Kg. no pasa los $ 5,00 puesta en mostrador. Reiteramos que estos datos son perfectamente auditables, siendo esta una afirmación tradicional del MORENO, que no fue escuchada jamás por el PEN.

 

La Presidencia de Kirchner, insólitamente, cercenó en forma ilegítima lo dispuesto por la Ley, excluyendo a las privatizadas no reguladas entre las cuales, lógicamente, estaban incluidas las concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos, es decir las petroleras multinacionales YPF, Pan American Energy, Total, Pérez Companc (hoy Petrobrás), Tecpetrol, Pluspetrol, Vintage Oil, Chevron-Texaco, etc.

 

Es válido recordar que este tema fue planteado por el MORENO a los máximos responsables de la Secretaría de Energía en los comienzos de su gestión.

 

Obviamente, no fuimos escuchados.

 

Además, el actual gobierno expulsó a las organizaciones de usuarios de las comisiones de análisis, y dio por finalizado el asesoramiento de FLACSO ante el esbozo de su primer informe: no se ajustaba a los deseos gubernamentales.

 

Se creó una unidad renegociadora (UNIREN) manejada teóricamente por los Ministerios de Planificación Federal y Economía, pero que, finalmente, quedó en la órbita del primero de los nombrados.

 

Este organismo, trabajando en el mayor de los secretos, es el que ha determinado los aumentos que padeceremos.

 

Todos los argentinos desconocemos cuáles son los verdaderos costos de las empresas, por ejemplo, cuál es la incidencia y el monto de las tercerizaciones, cómo han sido considerados los costos financieros y cuál ha sido la aplicación de los préstamos obtenidos, cuáles son los pagos a sus casas matrices, y por asesoramiento, etc.

 

No debemos olvidar las numerosas declaraciones de los funcionarios, referidas al desestimiento obligatorio por parte de las empresas de las acciones iniciadas ante el CIADI, como condición previa a la aprobación de cualquier aumento tarifario. A la fecha, las acciones siguen su curso y los resultados han sido generalmente desfavorables para la Argentina.

 

Tampoco se conoce la denuncia por parte del PEN de los acuerdos binacionales que permiten la actuación del citado tribunal dependiente del Bco. Mundial; cada año vemos cómo son renovados automáticamente.

 

Hasta la fecha, solamente los usuarios no domésticos habían sufrido fuertes aumentos de tarifas, con sensible sobrecarga sobre el costo de vida.

 

El incremento actual es el primero que afecta a los usuarios domésticos en forma directa, pues analizando una factura puede observarse que aparecen como adicionales conceptos impositivos ya incluidos en los costos tarifarios, a saber: IIBB Cargo Fijo, IIBB Distribución Consumo e IIBB Transporte Consumo.

 

En primer lugar debemos señalar que es otro hecho más que confirma la compenetración de la actual gestión con los lineamientos neoliberales impuestos por Carlos Menem, que en su momento contó con el apoyo irrestricto del entonces Gobernador Néstor Kirchner.

 

No se retoma el concepto solidario de considerar a los servicios públicos esenciales en relación directa con las necesidades de los usuarios, permitiéndoles la accesibilidad y la permanencia en los mismos; persiste el criterio de pensar primero en la rentabilidad de las empresas y, consecuentemente, aquel usuario cautivo que no tiene recursos está excluido del sistema.

 

En otras palabras, se toma la energía como una mercadería y no como un bien social.

 

Se acentúa el criterio de perjudicar a quienes menos tienen, que son, por definición, quienes menos consumen. Así surge de considerar la incidencia del aumento del Cargo Fijo.

 

Asimismo, no surge que se haya eliminado el Consumo Mínimo, que les permite a las empresas cobrar por lo que no venden, como si el Cargo Fijo no las compensara suficientemente por los costos de leer los medidores, procesar la información, emitir la factura, remitirla y cobrarla.

 

De igual modo, el desconocimiento de la legislación vigente, que es sometida a los caprichos de los funcionarios, muestra que se siguen arrastrando los peores vicios del menemismo.

 

La retroactividad es manifiestamente violatoria de las disposiciones del Código Civil, pues las leyes rigen desde la fecha de su publicación en el BO; nadie puede ser castigado por decisiones que tomó -en este caso, consumir más- por desconocer un dato fundamental que podría haber generado en él otra conducta.

 

Casi con seguridad, la Justicia pondrá las cosas en su lugar.

 

Las manifestaciones de DEUCO, señalando que las facturas poseen efecto cancelatorio, y que en las mismas no se ha hecho reserva al respecto por parte de las distribuidoras, avalan nuestra posición.

 

La insistencia en el criterio de que las empresas financien con tarifas -cobradas anticipadamente- las inversiones a realizar, es un despojo económico que no existe en ningún lugar del mundo, ni en ninguna otra actividad ajena al sector privatizado de nuestro país.

 

Muestra un favoritismo tal en beneficio de una de las partes y en detrimento de la otra -por además, cautiva- que coloca a los contratos en la mira de la nulidad expresamente señalada en el Código Civil; éste fue uno de los argumentos utilizados en el Decreto Nº 744/63 del Presidente Illia, cuando anuló los contratos petroleros firmados entre 1958 y 1963.

 

La Ley Regulatoria de la Industria del Gas Nº 24.076, ha quedado vigente solamente para favorecer a las empresas; en efecto, mediante procedimientos nada claros se ha validado la irregular audiencia pública del 2005 y no se ha esperado la expresa aprobación del Congreso Nacional.

 

Recordemos, además, que los estudios de costos que en su momento se hicieron públicos, muestran una falencia que los descalifica: el costo del gas en boca de pozo aparece como venido del cielo, pues nadie ha analizado la distribución de los costos compartidos entre el petróleo y el gas, que son productos asociados; solamente el 2 % de los pozos productivos existentes son sólo de producción excluyente.

 

Sobre la base de los argumentos expuestos, el MORENO manifiesta su más enérgica oposición al aumento dispuesto por el PEN. Hechos como el analizado, obligan a persistir en la necesidad de proceder a la reestructuración integral del sector energético.

 

El progresismo cosmético de los funcionarios se contrapone con las medidas adoptadas y constituye una afrenta para todos los argentinos.

 

 

Fernando Pino Solanas

Presidente

Gustavo A. Calleja, José Rigane, Félix Herrero

Vicepresidentes

 MORENO