“El país ha acumulado amargas experiencias sobre el manejo desordenado de las riquezas naturales que forman parte del patrimonio del Estado." (Hipólito Yrigoyen)

1929 HIPÓLITO YRIGOYEN CREA EL INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO.

Don Hipólito tomó numerosas medidas enfocadas a la intervención del Estado como factor de la economía en sectores estratégicos como el petróleo (YPF), los ferrocarriles (Ferrocarriles del Estado), la aviación con el desarrollo de la Base Aérea Militar del Palomar y la Fábrica de Aviones de Córdoba, entre otras.

NAC&POP

29/12/20o6

La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo debe utilizar para el desarrollo de las industrial nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”.

Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo.

La Ley de Hidrocarburos –que databa de 1967- solamente permitía exportar excedentes, siempre que se disponga de reservas suficientes, se obtenga un precio correcto y que nos encontremos autoabastecidos; en el caso del gas natural, donde el 40 % de los habitantes no accede a sus redes, no existen dudas de que no lo estamos y, con respecto al petróleo, el horizontes de reservas siempre ha sido bajo, por lo cual es limitado el autoabastecimiento.

La Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Irigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; lo incluye Arturo Sampay, un destacado constitucionalista, quien junto al Presidente de la Convención –y también Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, número dos o uno bis del peronismo y el entonces, casi seguro sucesor de Perón, el Coronel Domingo Mercante.

La firma del convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires presidida por el yrigoyenista Ricardo Rojas e YPF a cargo de Enrique Mosconi de 1929, creando el Instituto del Petróleo, fue aprobado por el Presidente Yrigoyen, quien en el decreto respectivo señaló: “Con la creación del Instituto del Petróleo, los ingenieros civiles e industriales podrán especializarse en materia petrolífera para actuar con eficiencia en el desempeño de cargos técnicos directivos relacionados con la minería e industrialización del petróleo”.

Los egresados del Instituto enorgullecieron a la Nación.

Con la privatización de YPF el Instituto fue privado de sus recursos y depende de los cursos que realice.

Esta frustración educativa debe sumarse al desmantelamiento del Laboratorio que Y.P.F. poseía en Florencia Varela, el más importante de Sudamérica y uno de los más afamados en mundo.

UN GOLPE CON OLOR A PETRÓLEO

– 6 DE SEPTIEMBRE DE 1930 –

El 6 de septiembre de 1930 se perpetraba el primer golpe de Estado de nuestra historia en contra del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen quien había alcanzado la presidencia de la nación por segunda vez.

El Presidente Yrigoyen, perteneciente a la Unión Cívica Radical, es considerado como el primer presidente Nacional y Popular de la Argentina, ya que fue el primero en ser electo por el voto masculino universal, secreto y obligatorio (habiendo sido el mismo quien presionara al Presidente Saenz Peña para la sanción de esta ley).

A su vez, Don Hipólito tomó numerosas medidas enfocadas a la intervención del Estado como factor de la economía en sectores estratégicos como el petróleo (YPF), los ferrocarriles (Ferrocarriles del Estado), la aviación con el desarrollo de la Base Aérea Militar del Palomar y la Fábrica de Aviones de Córdoba, entre otras.

Compartimos a continuación una reseña de la Revista Fortune (EE.UU.) Marzo de 1931. Nº 3, v. III, p. 132, sobre el golpe de estado llevado a cabo por el General Félix Uriburu en contra del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen: – “La última revolución derrocó a Yrigoyen, un cruzado fanático contra todo lo yanqui, incluyendo las compañías de petróleo.

Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó el 22 por ciento de todas las ventas.

Su derrocamiento fortalece la posición de la Standard Oil en la Argentina.”

Es de destacar ante estos eventos, que el 17 de febrero de 1930 se había logrado una baja sustantiva en los precios de los combustibles, gracias a la acción realizada por la YPF estatal dirigida por el General Enrique Mosconi en contra de los trusts (Standard Oil y Royal Dutch Shell), alcanzando así YPF una participación en el orden del 30% del mercado (cuando hacía 8 años su participación en el mismo era ínfima).

Frente a este golpe de Estado es fundamental tener en cuenta la fecha del 7 de septiembre de 1930.

En ese día debían realizarse las elecciones en Mendoza y San Juan, teniendo el yrigoyenismo grandes probabilidades de ganar 6 senadores, con lo que se hubiese roto la mayoría conservadora en la Cámara alta, posibilitando así la aprobación de la Ley de nacionalización del petróleo.

En esos tiempos, así como en los actuales, era necesario para la lucha por la defensa del petróleo refrendar una Ley concebida y ejecutada de forma nacional.

Esta anhelada Ley tiene como cabeza el pedido de los generales industrialistas Enrique Mosconi desde el cargo máximo de YPF y su compañero Alonso Baldrich, primero como director del yacimiento de YPF en Comodoro Rivadavia y luego desde las tribunas de “Alianza Continental”, organización patriótica en defensa del petróleo argentino.

En su mensaje al Congreso Nacional del 22 octubre de 1929, Yrigoyen solicita la aprobación de la Ley en cuestión con las siguientes palabras:

“El país ha acumulado amargas experiencias sobre el manejo desordenado de las riquezas naturales que forman parte del patrimonio del Estado.

Basta recordar lo acontecido con la tierra pública, cuya historia desastrosa mantiene una acusación ilevantable sobre los gobiernos del pasado, y que fuera enajenada a precios viles sin plan ni concierto –sustrayéndola a sus convenientes destinos económicos para hacerla servir de base a los extraordinarios enriquecimientos privados que se obtuvieron a expensas de la fortuna nacional-, para sentir la aspiración fervorosa y el propósito inquebrantable de que no sea igualmente malograda la segunda gran riqueza con que los mandatos de la divina providencia han querido favorecer a nuestra tierra privilegiada. (…)

A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios de petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización.” en “El pensamiento escrito de Yrigoyen” de Gabriel del Mazo, Cuaderno N°2 de FORJA.

Esta ley había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en 1927 pero en los años sucesivos su tratamiento definitivo en la Cámara de Senadores fue bloqueado.

De haberse aprobado, hubiera asegurado la exploración, explotación y transporte monopólicos para el Estado.

Lamentablemente pero no casualmente, sólo un día antes de las elecciones que le hubieran permitido al bloque radical en el Senado conseguir la mayoría necesaria para nacionalizar el petróleo, tuvo lugar el mencionado golpe de Estado.

Es por esto que no pocos historiadores han escrito que el golpe del 6 de septiembre de 1930 “tiene olor a petróleo”.

Respecto del mismo, don Raúl Scalabrini Ortiz comenta en su libro “Política Británica en el Río de la Plata” que “el 9 de septiembre de 1930, Irigoyen fué derrocado por una revolución.

Todos supimos, quizá demasiado rápido, que esa revolución fué animada por los intereses de la Standard Oil.”

Otra razón del ‘disgusto’ de las petroleras extranjeras se debe a la decisiva intervención de YPF en el mercado petrolero el 1° de agosto de 1930.

En esa fecha la petrolera nacional tomó el control de la mayor parte del mercado y realizó una baja sustancial en los precios de los combustibles, obligando a los trusts a reducir sus ganancias.

El golpe que derrocaría a Yrigoyen sucedería apenas 36 días después de ese hecho.

Vale mencionar que el golpe del 6 de septiembre de 1930 contó con la complicidad de un sector de la UCR, “los galeritas” de Alvear, y con el apoyo de, prácticamente, la totalidad del arco político opositor: socialistas, demócratas, conservadores, liberales, etc., no muy diferente de la “Junta Consultiva Nacional” del gobierno de facto de septiembre, esta vez de 1955.

Después del golpe

Cuatro días después de producido el golpe ordenado desde los centros imperiales, el 10 de septiembre de 1930 Enrique Mosconi renunció al directorio de YPF por su negativa a trabajar con el gobierno de facto.

Durante este gobierno ejercido por Uriburu, las empresas petroleras privadas prácticamente duplicaron la producción, mientras que YPF creció menos del 10 %.

Además se importaron surtidores de nafta para los vehículos, siendo que en la YPF de Yrigoyen y Mosconi se producían en Argentina.

Incluso, los decretos que delimitaban zonas de explotación exclusivas para YPF en Salta, fueron objetados por la empresa estadounidense Standard Oil, quién querello al gobierno provincial y finalmente consiguió que la Corte Suprema los declarara inconstitucionales en 1931, medida sobre la cual Hipólito Yrigoyen manifestó su enérgica protesta desde su presidio en la isla Martín García.

Durante las presidencias fraudulentas de la década infame se continuó con la política petrolera antinacional del gobierno de facto, esta sería denunciada desde las tribunas de FORJA, auténticos radicales en oposición a la claudicación alvearista de los principios de emancipación.

Afortunadamente la batalla por la defensa del petróleo argentino logró, entre otras, estas grandes conquistas:

El punto máximo fue el cumplimiento del viejo anhelo yrigoyenista con la sanción de la Constitución Nacional de 1949, cuyo Artículo 40, obra del ilustre Arturo Sampay reza: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación”, en el marco de una política hidrocarburífera soberana ejecutada por el Gral. Perón.

Años más tarde, en 1963, durante la breve presidencia de Arturo Illia, se decretó la anulación de los contratos de la presidencia de Frondizi con las petroleras extranjeras declarándolos “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”.

Recientemente, en 2012, se recuperó el 51% de las acciones de YPF para el Estado Nacional, medida histórica impulsada por la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que puso fin al vaciamiento que le siguió a la nefasta privatización de nuestra querida YPF durante el neoliberalismo de los años 90.

Aquella empresa que fuese la primera petrolera estatal del mundo hoy se encuentra en poder mayoritario del Estado, hasta 2015 crecía notablemente y tendría un futuro de grandeza infinita si se sancionara aquella Ley ambicionada por “el peludo” Yrigoyen y se siguiera la máxima del General Baldrich: –“En todas partes se cree como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales, y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales; y que lo que se necesita es la organización interna del propio capital.”