Paro de nueve días de un sector agropecuario concentrado

MUGEN

Emilio Marin (La Arena)

La Sociedad Rural y la Federación Agraria decretaron el lock out patronal con un sello de clase. Pretenden que el precio de la carne, soja, trigo y maíz tenga el nivel de los mercados externos.

www.laarena.com.ar

editoriales

 

MUGEN LA SOCIEDAD

 RURAL Y LA CRA

Paro de nueve días de un sector agropecuario concentrado

Un frente heterogéneo de productores le declaró

la guerra al gobierno K

 

Desde la cero hora del domingo pasado y hasta las 24 del próximo lunes, tres entidades del campo no envían ganado a las ferias ni comercializan cereales.

 

Su demanda de mayor rentabilidad atenta contra el interés general de la sociedad.

Por Emilio Marín

Como pocas veces en la historia del campo, en esta medida de fuerza se juntaron el agua con el aceite, la Sociedad Rural Argentina con la Federación Agraria Argentina.

 

Es que estas entidades no tienen punto de contacto en sus representaciones de clase.

 

Una fue fundada en 1866 y expresa a los más poderosos terratenientes, cabañeros y exportadores.

 

La otra nació en 1912 en Alcorta, Santa Fe, como obra de chacareros que pedían la rebaja de los arriendos y una modificación de la estructura latifundista.

 

El gobierno de Néstor Kirchner ha hecho el dudoso milagro de juntar esas dos puntas antagónicas del agro, lo que de movida –más allá del análisis fino del paro de esta semana- debe ser valorado como un fracaso o torpeza oficial.

 

Dicho en otros términos, el presidente y sus funcionarios del área no han sido capaces de distinguir entre los productores pequeños y medianos, encolumnados detrás de la FAA, de la capa oligárquica que nutre a la Sociedad Rural y en menor medida a Confederaciones Rurales Argentinas y su rama bonaerense y pampeana, Carbap.

 

Es verdad que el Ejecutivo puede alegar que aún no se ha sentido una falta de abastecimiento del mercado ni que hayan aumentado los precios, de por sí elevados para la capacidad adquisitiva de gran parte de la población.

Pero en política ha tenido un traspié, pues de las cuatro grandes entidades del campo, sólo Coninagro quedó al margen de la medida de fuerza.

 

Por razones políticas y económicas, ese alineamiento opositor era más que previsible en SRA y CRA, cuyos dirigentes han acusado al presidente de imponer la “patria montonera”.

 

Sus titulares al momento del golpe de Estado de 1976, Celedonio Pereda en la Rural y Jorge Rubén Aguado en Carbap, aplaudieron la instauración de la dictadura y le proveyeron numerosos cuadros. Jorge Zorreguieta como secretario de Agricultura y Aguado como gobernador de Buenos Aires fueron ejemplos muy gráficos de esa colaboración.

 

En cambio, Kirchner tenía formas para atender los reclamos de los pequeños y medianos productores agrupados en FAA.

 

Su presidente Eduardo Buzzi clamó en el desierto por líneas crediticias diferenciales, apoyo a sus iniciativas de uso social de la tierra y en contra de la extranjerización, etc.

 

De todas maneras no tiene justificativo que Buzzi y demás dirigentes se hayan acoplado en maniobra de pinzas con la oligarquía como en esta oportunidad.

 

Lo han fundamentado como que con la otra parte no los unía el amor sino el espanto pero la literatura borgeana no puede justificar un contubernio con Luciano Miguens, de la Sociedad Rural; Pedro Apaolaza, de Carbap y Mario Llambías, de CRA.

 

Batalla política

 

El 2006 fue una pulseada política entre el gobierno y la gran burguesía agraria (también  llamada “burguesía terrateniente” en el libro de Jacinto Oddone, de 1930, que documenta cómo se armó la gran propiedad en la provincia de Buenos Aires, desde la ley de enfiteusis, las ventas de Juan Manuel de Rosas y la coronación de la mal llamada “Campaña del Desierto”).

 

No es que el gobierno nacional quisiera introducir siquiera una tímida reforma agraria, como denunciaban las mentes más afiebradas de las reuniones de productores organizadas por CRA a mitad de año. Estos denunciaban que el Estado atacaría la propiedad privada alentando incluso una violenta ola de ocupaciones de tierras.

 

Más simplemente, lo que quería Kirchner era controlar los precios de la carne, por su impacto en la inflación y los bolsillos de los consumidores y ánimo de los electores. Y, por similares razones antiinflacionarias y de caja, el ministerio de Economía conducido por Felisa Miceli decidió mantener el esquema de las retenciones a las exportaciones.

 

Esos impuestos tenían en Miguens, Llambías y Apaolaza el mismo efecto que el de un veterinario persiguiéndolos en el corral para vacunarlos con una larga jeringa.

 

Las organizaciones que decretaron el lock out patronal durante nueve días tienen un sello indeleble de clase. Pretenden que el precio de su carne, soja, trigo y maíz tenga el mismo nivel que el de los mercados externos, sin importarles que por eso el kilo de pan francés salte de 2,50 pesos a 5 o más, ni que el kilo de milanesas pase de 10 a 20 pesos.

 

Coherente con ese punto de vista de grandes propietarios y exportadores, quieren que cesen las retenciones a las ventas al exterior o que disminuyan drásticamente. Cabe recordar que con la devaluación y la elevación de las cotizaciones de los productos primarios en los mercados mundiales, los ingresos por exportaciones subieron en forma ostensible a partir de 2002.

 

El gobierno de Kirchner ha señalado que el paro está motivado en razones políticas e ideológicas. Llambías, de CRA, contestó en el órgano oficial de prensa de su sector que “diga lo que diga el Gobierno, esto no es una medida ideológica ni política. Simplemente se trata de defender un modo de vida. Y reclamar por la vuelta del libre mercado” (“La Nación” 6/12).

 

Con esos conceptos, el ganadero no hizo más que confirmar la crítica pues puso al “libre mercado” como un modo de vida. ¿Si eso no es ideologismo, qué es?

 

Falsos liberales

 

La adhesión de los dirigentes agropecuarios al liberalismo no es una cuestión ideológica abstracta sino que hunde sus raíces en sus negocios, rentabilidad y acumulación. Ellos ven que en las exportaciones se gana un dólar que vale tres pesos y se les nubla la vista, lo quieren todo para ellos, máxime cuando que este año las exportaciones cerrarán con un récord cercano a los 45.000 millones de dólares.

 

No se conforman con que en el norte bonaerense la hectárea para la producción granaria haya saltado de los 4.000 dólares al doble de esa suma y en zonas de invernada la cotización ande por 3.500 dólares, lo que valoriza enormemente esas tierras.

 

Esas cúpulas adhirieron al terrorismo de Estado y posteriormente al modelo neoliberal impulsado por Carlos Menem y sus continuadores. ¿Quién puede creerles ahora cuando manifiestan que “tenemos miedo al retroceso de la democracia que estamos viendo en este país”?

 

En la conferencia de prensa de Miceli, el lunes 4, se refutaron los argumentos de los grandes productores y exportadores con datos que, paradojalmente, en otro sentido también se vuelven en contra de la política oficial.

 

La ministra dio los números según los cuales las retenciones a las exportaciones del campo solamente suponen el 4,3 por ciento del total de la recaudación del Estado en el año. Esto desnuda la pretendida condición de “salvadores de la Patria” con que se auto elogian los ganaderos.

 

El otro argumento gubernamental fue la cuantificación del nivel de ganancias del segmento agropecuario. “Los ingresos, por sobre el promedio del período 93-2001, superan en los últimos tres años, los 33.000 millones de pesos”, contragolpeó la jefa del Palacio de Hacienda, quien también puntualizó que el valor de una hectárea en zona maicera había subido de 3.000 a 10.000 dólares.

 

En tren de polemizar con los convocantes del paro, Miceli les enrostró su falso liberalismo pues dijo que no se quejaron de la intervención del Estado en el subsidio al precio de los combustibles, que implica una transferencia al sector de 7.000 millones de pesos anuales.

 

A ello debe sumarse, según la funcionaria, “el sostenimiento de un tipo de cambio que los beneficia y les transfiere 6.000 millones de pesos anuales”. A ambas sumas agregó los beneficios de la inversión estatal en el Plan Ganadero, la baja del IVA en la urea y otros fertilizantes, el desendeudamiento bancario, etc.

 

Quedó claro que la capa superior de los ganaderos, productores, exportadores, consignatarios y frigoríficos se queja de llena, para decirlo en términos de la calle. Pero esas confesiones ministeriales sobre el nivel de subsidios del fisco a esos productores privados, se vuelve –desde otro ángulo- en contra del gobierno.

 

¿Tantos miles de millones de pesos para ganaderos que se han capitalizado en forma en estos años, y tan pocos recursos para los sectores sociales vulnerables que verdaderamente necesitan inversión, gasto, promoción, créditos y subsidios estatales?