Silenciosamente, se ha tomado por asalto a la Democracia británica.

EL GRAN HERMANO TONY BLAIR

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Por las leyes contra el comportamiento anti-social, la policía puede prohibir a una persona participar en una actividad particular como poner un cartel.

EL GRAN HERMANO TONY BLAIR

 

El periodista Henry Porter explica que el gobierno Laborista (sinónimo de socialdemocracia en Inglaterra) de Blair ha ido desarrollando un paradójico autoritarismo extremo.

 

Sostiene su postura describiendo varias leyes de este gobierno que conculcan las libertades civiles en general, la libertad de prensa en particular y los controles internos del sistema de gobierno. También acusa al funcionario de ataques a la prensa.

 

Con el pretexto de combatir el terrorismo y mantener el orden público, el gobierno de Tony Blair ha ido sistemáticamente quitándole poder al Parlamento y al pueblo británico.

 

El autor retrata un ataque de nueve años a las libertades civiles, que revela el peligro de intercambiar libertad por seguridad, y debe tener a Churchill revolcándose en su tumba.

 

Párrafos Salientes

 

Blair (…) quien llegó al poder nueve años atrás como la personificación del liberalismo democrático, así como del nuevo espíritu optimista en Gran Bretaña, ha mostrado tener una veta autoritaria que no respeta los derechos (de los ciudadanos) y, al parecer, tampoco la independencia de los representantes elegidos en el Parlamento (…)

 

Silenciosamente, se ha tomado por asalto a la Democracia británica.

 

El derecho a protestar libremente (está) afectado por el Decreto sobre el Terrorismo del año 2000, que permite que la policía detenga y registre a las personas en un área designada –que puede ser cualquiera– y por las leyes contra el comportamiento anti-social, que permiten a la policía dictar una orden que le prohiba a alguien participar de una actividad particular; por ejemplo, poner un cartel.

 

El que incumple con estas órdenes, se arriesga a una sentencia de prisión de hasta cinco años.

 

Un nueva ley [El decreto sobre El Crimen Organizado Grave y la Policía, de 2005] dice que nadie puede hacer manifestaciones a menos de un kilómetro de la Plaza del Parlamento si primero no han obtenido un permiso escrito de la Policía Metropolitana.

 

En la práctica, se está dejando fuera del centro de gobierno británico a todos los que tradicionalmente han protestado o marchado para llevar sus reclamos al gobierno sin tener que pedirle permiso a la policía (…)

 

Si [hay] carteles escritos o alguien pronuncia un discurso, inmediatamente se estima que está en infracción a la ley y se lo arresta (…)

 

Dos personas (…) fueron acusadas por leer los nombres de civiles iraquíes muertos en el Cenotaph, el monumento conmemorativo a los caídos en las guerras (…).

 

“Se ha prescindido del derecho al juicio por jurados en casos complicados de fraude, cuando hay temor de que el jurado pueda ser manipulado. El derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito (…) ya no existe.

 

La presunción de inocencia está en jaque, especialmente en la legislación sobre el  comportamiento antisocial , que también permite los rumores como evidencia.

 

El derecho a no ser penado hasta que una corte decida que se ha infringido una ley ya no está en el sistema de órdenes de control, por las cuales se evita que un sospechoso de ser terrorista pueda desplazarse libremente y usar el teléfono e Internet, sin que en etapa alguna se le permita escuchar la evidencia en su contra. Arresto domiciliario en todo menos en el nombre.

 

Su respuesta al problema de la crisis social fue inventar una nueva categoría de restricción llamada Orden Contra el Comportamiento Antisocial, o OCCA (…)

 

En el tribunal magistral –el nivel más bajo de tribunal en Gran Bretaña– se toma una queja sobre un individuo que, se dice, es la fuente de comportamiento antisocial.

 

Las acciones que causan problemas no tienen qué ser ilegales en sí mismas para que se libre una OCCA y el tribunal ordene la cesación de el comportamiento en cuestión [Ese comportamiento] puede no ser más que pasear a un perro, poner música o gritar en la calle.

 

Es importante entender que los estándares de evidencia son mucho más bajos que en una audiencia legal normal porque los rumores, e incluso el chusmerío, son aceptables.

 

Si se decide que una persona infringió una OCCA, él o ella es pasible de cinco años de prisión, independientemente de si el acto es en sí mismo ilegal.

 

En la práctica, se está castigando a las personas por desobedecer al Estado.

 

Uno de los proyectos que Blair tiene en mente es el de implantar nacionalmente una tarjeta de identificación, con datos que van al Registro Nacional de Identidad.

 

Los datos que se planea tener registrados –registrarán y almacenarán detalles muy importantes en la vida de una persona.

 

Cuando una persona se identifica a través de su tarjeta en, digamos, un banco, hospital, farmacia, o compañía de seguros, esos detalles se retienen y pueden ser inspeccionados por, entre otros, la policía, las autoridades impositivas, la Aduana y M.15, el Servicio Británico de Inteligencia en Asuntos Domésticos.

 

Este sistema localizará y rastreará a toda la población adulta. Mírelo junto con el sistema nacional de cámaras que reconocen las patentes de los autos –que está por implementarse en las rutas y grandes ciudades británicas– y entienda que el sistema de tarjetas de identificación, bajo una nueva regulación, también tendrá los datos de la historia clínica de las personas, y se dará cuenta de que el estado será capaz de tener controlado a cualquiera que elija, y de enterarse de las partes más privadas de la vida de una persona.

 

Aun sin las tarjetas, hoy en día en Gran Bretaña, –Cuando se arresta a una persona, se le pueden tomar las huellas dactilares y fotografías, así como una muestra oral de ADN, por la fuerza si es necesario. Y esto es antes de que esa persona haya sido hallada culpable de algún delito, y ya sea ese delito arrojar basura o dispararle a alguien. Y así se respeta el principio de inocencia.

 

La Base de ADN es parte de la presunción de culpabilidad.

 

-Naturalmente, la policía la apoya, porque tiene obvios beneficios para la solución de delitos, pero debería señalársele a todo país que considerara la retención de ADN de personas inocentes, que en Gran Bretaña, 38% de todos los hombres negros están en el banco de datos, mientras que sólo lo está el 10% de los blancos.

 

-Habrá un racismo de base en el sistema hasta que –Dios no lo permita– se tenga una muestra del ADN de todos y se grabe tarjetas de identificación.

 

David Davies, un diputado del parlamento del ala conservadora, sostuvo que –Si hace 15 años, yo hubiera dicho por la radio que un gobierno Laborista limitaría los derechos de juicio por jurado, limitaría –en algunos casos, erradicaría– el habeas corpus, constreñiría los derechos a la libertad de expresión, me hubieran encerrado por loco.

 

A David Heath –el Portavoz de los Demócratas Liberales en Derechos Humanos y Libertades Civiles en el Parlamento– no le convence el uso de la amenaza terrorista que está usando Blair. –La técnica antigua de los gobiernos autoritarios o represores siempre consiste en exagerar la amenaza terrorista para justificar sus acciones, dice. –No soy de los que subestima la amenaza del terrorismo, pero creo que ha sido utilizada para justificar medidas que no tienen relevancia para atacar efectivamente al terrorismo.

 

Bob Marshall –un diputado laborista quien, como un número importante de los que están del lado de Blair en la Casa de los Comunes, está profundamente preocupado por el tono del gobierno– dice de su jefe: -Subyace un autoritarismo inestable que se ha filtrado en el Partido del Trabajo.

 

-No puede haber documentos más deslucidos que el Decreto de Contingencias Civiles de 2004 o el Decreto de Indagaciones de 2005 (…) que extienden vastamente los poderes discrecionales de los funcionarios del Ejecutivo, reduciendo el grado en que deben responder al Parlamento.

 

El Acta de Contingencias Civiles, por ejemplo, permite a un funcionario declarar un estado de emergencia en el cual se puede expropiar activos sin compensación, establecer cortes, prohibir reuniones de personas, y trasladar y detener personas en áreas particulares; todo en la creencia de que una emergencia podría estar por ocurrir.

 

Sólo después de siete días tiene el Parlamento la chance de evaluar la situación. Si el funcionario está equivocado, o ha actuado de mala fe, no puede ser castigado.

 

Una respuesta podría ser que el gobierno investigue sus acciones en base al Decreto de Investigaciones.

 

Pero, entonces, el funcionario puede establecer sus propios tiempos, suprimir evidencia, cerrar la audiencia al público y terminarla sin explicación. Bajo este decreto, los informes de las investigaciones del gobierno se les presentan a los funcionarios, no, como sucedía antes, al Parlamento.

 

Esto encaja muy bien en un patrón en el cual el Poder Ejecutivo demanda más y más poder incontrolado, como así también la propuesta de Charles Clarke (un miembro del gobierno) de que se reglamente la actividad de la prensa.