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GOBIERNO BOLIVIANO DEFIENDE NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

José Pinto Olivares

 
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 Andres Soliz Rada y Presidente EvoMorales al nacionalizar los hidrocarburos

Gentileza de Horacio Cesarini hcesarini@cableparts.com.ar

CAUSA POPULAR

La Izquierda Nacional Latinoamericana

GOBIERNO BOLIVIANO DEFIENDE NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

 

Oposición censura al Ministro, Evo Morales lo ratifica

 

Por José Pinto Olivares

ALAI AMLATNA 24/08/2006, La Paz.- El miércoles 23 de agosto, los partidos de oposición de derecha juntaron sus votos y actuaron conjuntamente para imponer la censura en la Cámara de Senadores contra Andrés Solís Rada, ministro de hidrocarburos, impulsor y conductor del proceso de nacionalización de dichos recursos naturales.

La decisión senatorial, tomada en ausencia de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, quienes se retiraron de la sesión para no avalarla, ha sido corolario de una pulseta de los partidos tradicionales, que abrieron varios frentes contra algunas de las

autoridades del gobierno y se realiza justamente en la víspera del viaje de Alvaro García Linera, Vicepresidente boliviano, al Brasil para tratar con el presidente brasileño las diferencias en las negociaciones con la estatal Petrobrás.

Solís Rada, intelectual comprometido con las causas populares, de amplia trayectoria en las luchas por la recuperación de la democracia e incuestionable por su solidez ética, ha sido censurado con el argumento de no haber tomado decisiones relativas al titular de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y un contrato que habría tenido algunas fallas de orden administrativo y que se encuentra en proceso de investigación por la Contraloría General.

Intereses en juego

La decisión ha sido política y como ha señalado un parlamentario masista –les han ganado solamente un round en el intento de desestabilizar el proceso de cambios.

No se puede desligar la censura de los intereses de las empresas transnacionales en debilitar el proceso de nacionalización de los recursos naturales, a ello se suman otros grupos de poder como los terratenientes que desean impedir la reversión de tierras improductivas o ilegalmente obtenidas en desmedro de la población campesina, y también otros intentos para imponer desde la minoría opositora que las decisiones de la asamblea constituyente sean tomadas por los dos tercios de sus integrantes.

Política también ha sido la respuesta de Evo Morales al ratificar a su ministro en el puesto, asegurando que –el complot petrolero contra el proceso de nacionalización e industrialización de los hidrocarburos no pasará. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al compañero Andrés Solíz Rada que no está solo, está con el pueblo, está con el gobierno, está con su Presidente, el compañero queda ratificado y siempre será ratificado para que siga llevando adelante este proceso de nacionalización e industrialización, expresó el presidente.

Lo paradójico de la censura es que los propios voceros de la oposición reconocen los valores y la calidad del ministro, quedando claro que sus intenciones han estado dirigidas a debilitar al gobierno.

Sin embargo, las particularidades de los procedimientos en este caso, allanan la decisión presidencial de ratificar a Solíz Rada porque, a diferencia de otros países, la censura de un ministro no obliga a una renuncia irrevocable, evitando la consumación de la voluntad de los partidos de oposición.

Capacidades de respuesta

La reacción del presidente ha sido la esperada y probablemente habrá manifestaciones de apoyo a su decisión. Su principal capacidad de respuesta, radica en la movilización de la población y los movimientos sociales que pueden recuperar el ímpetu y defender a su gobierno.

Evo Morales ha llamado al pueblo a que se mantenga vigilante sobre la nacionalización de los hidrocarburos, agregando que esta política es innegociable.

Los partidos neoliberales no cuentan con esa capacidad, su carencia de militancia les obliga a continuar actuando con base en su respaldo mediático y su mayoría en la Cámara de Senadores.

Difícilmente la oposición podrá convocar siquiera a unas centenas de la población, salvo que decida jugar todas sus cartas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con los riesgos que le podría significar, si es que el MAS promueve una respuesta de sus bases campesinas y de los sectores pobres que lo convirtieron en la primera fuerza política en el departamento cruceño.

La expectativa se mantendrá y podrá profundizarse, en tanto la oposición de derecha considere que todavía tiene –fichas por mover, aunque no parece contar con muchas. Es que, ahora, prácticamente, no cuenta con –peones en el campo popular.

SECTORES REACCIONARIOS DE BOLIVIA PRETENDEN PARAR LA NACIONALIZACIÓN

Cuando una Nación retoma la propiedad del Subsuelo, cuando las regalías

suben del 18 al 50%, cuando la renta que recibe el Estado aumenta al 82% (la más alta de Sudamérica después de Venezuela), cuando todas las concesiones se reconvierten en empresas mixtas con mayoría estatal y mayoría en el directorio, cuando renace la gestión del gas y petróleo con YPFB, que había sido denostada y puesta en el altillo de los recuerdos (como su modelo, aunque la YPF argentina fuera entregada con sigla y todo), y cuando, más allá de opiniones exquisitas, la mayoría del pueblo vive la fiesta de la alegría y del jolgorio porque tiene dirigentes nacionales dignos, los sectores de la derecha económica que vivieron entregando los recursos naturales bolivianos parecen despertarse para luchar contra este proceso en marcha de la nacionalización.

La reunión de la Asamblea Constituyente , donde la mayoría la tienen hombres y partidos que acompañan la política recuperadora del gobierno, pone más nerviosos a los sectores minoritarios, viendo cómo cada vez más se alejan del poder, de un poder reconvertido en servidor de la voluntad popular y no de la voluntad de las empresas petroleras.

Siempre hay algún motivo por el que se disimula la intención principal y en

este caso se actuó condenando un error en la aceptación de un contrato que

realizara la renaciente YPFB. Los argentinos conocemos bien el sistema de

golpear las políticas de fondo criticando hechos formales.

Pero el complot salió mal a los partidos antinacionalizadores. Tan es así,

que ahora, tardíamente, se ven obligados a presentar una Ley de

Nacionalización del Gas y del Petróleo (que no se necesita porque el

gobierno ya dictó el Decreto Soberano) para disfrazar el pedido de la misma bancada de diputados para un proyecto de ley pretendiendo todo lo contrario:  la anulación de las normas de nacionalización.

Los objetivos de detener el proceso nacionalizador y de echar del gobierno

al prestigioso ministro de Hidrocarburos, el doctor Andrés Soliz Rada,

salieron como un tiro por la culata. La respuesta nacional de Evo Morales no tardó mucho en darse:

a) Frente a la medida de censura de los legisladores, el presidente Morales

ratificó inmediatamente a Soliz Rada como ministro del área.

b) El viernes 24 Bolivia nacionalizó el Parque Nacional y Área de Manejo

Integrado Medidí, en el Departamento (provincia) de La Paz , en el marco del Plan de Recuperación y Protección de las Reservas Forestales. En el Parque Medidí, a pesar de ser parque nacional, tenían permisos de exploración las petroleras Repsol y Petrobrás, ambas complicadas en el negocio de la exportación del gas boliviano. Obviamente, el permiso y concesión hidrocarburíferas de estas empresas quedaron sin efecto.

c) La nacionalización de la riqueza forestal, que limita la explotación

hidrocarburífera, se ha extendido a 20 áreas de recuperación, en especial en

áreas de frontera cercana al Perú, donde desde ese país actuaban empresas

sobre los recursos naturales bolivianos.

d) La Justicia , de hecho, adhirió a la política nacionalizadora cuando la

Fiscalía nacional allanó la empresa Repsol (Andina) para hacerse de la información que no facilitaba, también respecto de otros contratos de

-exportación de gas de Bolivia. El hecho es que si bien el pedido de

prisión de los funcionarios principales de Repsol y Petrobrás en Bolivia no

ha sido otorgado plenamente, el juez dictó la prisión domiciliaria,

demostrando que ahora las petroleras no las tienen todas consigo.

Hay dos respuestas al poder petrolero extranjero: allanarse y hacer lo que

siempre hicieron, o resistir con mayor decisión, con medidas coherentes y

con mucha inteligencia, acompañando la voluntad popular. Esto es lo que está haciendo el gobierno boliviano, al que debemos apoyar, aún con nuestros más humildes medios.

NOTAS Y DOCUMENTOS

Dan arresto domiciliario a síndico de Andina-Repsol

  Por El Mundo*

La nota describe la nueva estafa gasífera realizada por Repsol y Petrobrás

contra la población boliviana. La denuncia de la Fiscalía y la Justicia

boliviana fue ampliamente respaldada por el ministro de Hidrocarburos,

Andrés Soliz Rada.

El síndico de la compañía petrolera Andina-Repsol, Saúl Carlos Encinas

Miranda, guardará arresto domiciliario sin custodia con libertad irrestricta

sólo para asistir a su fuente de trabajo, además del compromiso de

presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de

evitar su fuga para no obstaculizar el proceso investigativo de un

presunto contrato lesivo al país, entre la firma Andina y la brasileña

Petrobrás, por un monto cercano a los 200 millones de dólares.

Así dio a conocer su conclusión el juez de turno de este sábado, Jimmy López Rojas, en la audiencia cautelar realizada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde los representantes del Ministerio Público encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, solicitaron al juez López la detención preventiva del imputado (es decir acusado) Encinas Miranda, por participar en la firma del señalado contrato que causó daño al Estado boliviano.

Sin embargo, el juez López Rojas, luego de escuchar la audiencia de las

partes que presentaron sus respectivos cargos y descargos documentados entre las 17:30 y 18:30 de ayer, encontró que el síndico por el Estado, Saúl

Encinas, no había participado en la firma del contrato lesivo el 30 de

octubre de 2002, que fue la causal de la imputación, sino que había

ingresado en su calidad de fiscalizador (síndico) a Andina el año 2003.

Y por ello, pese a la apelación del fiscal Centenaro Cardozo quien insistió

en la detención preventiva del síndico-fiscalizador de la petrolera por no

haber denunciado el daño económico al país cuando se exportaba gas al Brasil por un precio menor (entre 1,12 y 1,25 dólar el millar de BTU) a lo

establecido en el mercado internacional, el juez López Rojas determinó dejar en libertad al acusado aplicando las medidas sustitutivas señaladas.

De esa manera fue decidida una de las instancias del proceso de

investigación del acuerdo entre Andina-Repsol y Petrobrás, que fue

calificado como lesivo al Estado boliviano por parte del Ministerio Público,

que a través de sus representantes, señaló ayer en la audiencia cautelar,

que ninguno de los ejecutivos de Andina se encontraba en la empresa el día

del allanamiento que fue el viernes, cuando secuestraron documentación para verificar y acumular pruebas sobre la presunta estafa al país que

desencadenó los operativos del Ministerio Público desde el viernes último.

DATOS DE LA DENUNCIA

Este último mes el actual síndico de la petrolera Andina (Repsol), Gabriel

Camacho Cuéllar, denunció la existencia de un contrato «lesivo» al país por

161 millones de dólares desde 2002.

OPERATIVO

El viernes último cerca del mediodía seis fiscales del Ministerio Público,

encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, allanaron las oficinas de

la firma petrolera Andina-Repsol, secuestrando documentación para comprobar la denuncia de estafa al país, y determinaron la aprehensión del síndico Saúl Encinas.

IRREGULAR

La Fiscalía señaló que el día del allanamiento ninguno de los ejecutivos fue

visto en instalaciones de la petrolera Andina, y que de acuerdo al extracto

de migración, se había comprobado que habían salido del país.

FISCALÍA ASEGURA CONTAR CON INDICIOS SUFICIENTES PARA PROCESAR A PETROLERA

Todos los argumentos esgrimidos, señaló la Fiscalía , permiten al Ministerio Público tener la certeza que los firmantes del acta 08/2002 y el Contrato de Volatilidad de Precio de Gas, actuaron en conjunto de manera dolosa para perjudicar al Estado boliviano y obtener jugosos beneficios económicos en desmedro del país.

Ello habría demostrado, según el Ministerio Público, que los acusados

adecuaron sus conductas al tipo penal previsto y sancionado en el artículo

335 con relación a los artículos 346 y 13; toda vez que los administradores

y síndicos de la empresa petrolera Andina SA, tenían la obligación de velar

y cuidar los intereses de todos sus representados, pero se asociaron con

pseudo representantes legales de Petrobrás, y –actuando de manera engañosa y fraudulenta para provocar el error de todos los bolivianos… les permitió no sólo labrar un contrato amañado, sino, mantenerlo a espaldas de los dueños naturales del producto para sacar provecho de tal situación, señaló con énfasis el Ministerio Público en su imputación, que será presentada este fin de semana.

Sin embargo, continuó el Ministerio Público, no sólo son responsables

penales los que dieron vida al contrato irregular, sino también todos los

directores de Andina que estuvieron aprobando de manera constante la

vigencia del falso contrato en diferentes Actas de Reunión de Directorio de

Andina SA; –tal es el caso de los directores Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt… (ver I Textual), los cuales no sólo respaldaban el ilegal contrato, sino que estuvieron en las reuniones de directorio que

avalan las Actas 5 del 29 de octubre 2003, 2 del 18 de marzo 2004, 3 del 06

de mayo 2004, Acta 5 del 16 de junio de 2004, 6 del 16 de julio 2004 y Acta 8 del 21 de septiembre de 2004.

Finalmente la Fiscalía dijo que todas las «bondades» del Contrato de

Volatilidad que había permitido conseguir vender mayor volumen de gas a

Petrobrás, olvidaron que dichas ventas estaban dentro de lo programado en el Contrato real y verdadero celebrado entre el Estado Boliviano a través de

YPFB y Petrobrás SA; extremos que –nos permiten sostener con absoluta

convicción que participaron y prolongaron el engaño a los bolivianos para saquear el país y beneficiar a las empresas transnacionales del petróleo, y por consiguiente la conducta de todos y cada uno de ellos se ajusta al tipo penal ya descrito líneas arriba, concluyeron los fiscales.

TESTIMONIO I: IMPUTACIÓN

En la investigación que practica el Ministerio Público, dentro del caso

signado con el número Proceso Fiscalía 01/2006, iniciado a denuncia del

señor Herman Gabriel Camacho Cuéllar, en su condición de director de la

empresa petrolera Andina SA, y el señor ministro de Hidrocarburos y Energía de la Nación boliviana, contra los responsables del daño económico al Estado de Bolivia y la sociedad en su conjunto, por la suscripción del contrato de Reducción de Volatilidad de Precios de Gas Natural celebrado entre los «representantes legales» de Petrobrás SA, y la empresa petrolera Andina SA, se desprende que contra los investigados Rubén Patritti Leiva (presidente), José María Moreno Villaluenga (vicepresidente), Oscar Orona (director secretario), Ernesto López Anadon (director vocal), Hugo Tormo Albino (director vocal), Alfredo Leigue Urenda (director vocal), Enrique Herrera (director vocal), Cristian Joffre (síndico titular), Jorge Piñeiro (sindico titular), Antonio Luiz Silva de Menezes, Luis Rodolfo Landim Machado, Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt, Francisco Moreno Schnietz, Mario Moreno Rivero, Juan Carlos Aguilar Perales, Saul Encinas Miranda, Selenita Céspedes Saucedo, Luis Ignacio Guzmán Suárez, Hugo Tormo Albino, Gonzalo López Fanjul, Julio Gavito Omaña, Pedro Sánchez Capomagi, Ernesto López Anadon, Daniel Horacio Bustos, Miguel Angel Vukelic Fernández y otros, existen sobrados indicios de que pueden ser autores y partícipes del delito tipificado como Estafa Agravada, tipo penal, que es de orden público y sancionado con privación de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y que también pueden ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación en la comisión de los delitos investigados.

TESTIMONIO II: IMPUTACIÓN

El 16 de agosto de 1996, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y

Petrobrás SA celebraron el contrato de venta de Gas por 30 millones de

metros cúbicos por día como máximo, vigente hasta el 2019 y con un precio establecido inicialmente a 0.9075 dólares americanos, y ajustable de acuerdo al precio internacional del petróleo.

Desde la celebración del contrato Petrobrás SA-YPFB, el precio del petróleo estuvo en alzada y obviamente el valor del gas vendido a Brasil tuvo un considerable incremento, tal como lo refleja la tabla internacional de precios que se adjunta.

El 28 de octubre de 2002, el directorio de Andina SA, reflejado en el Acta

08/2002, acordó de forma unánime aprobar el Acuerdo de Reducción de

Volatilidad de precios con Petrobrás.

El Acta referida se aprobó el 30 de octubre de 2002, se firma el Contrato de Volatilidad del Precio del Gas entre los Representantes Legales de Petrobrás, Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado con el Gerente General de Andina José María Moreno Villaluenga.

En el contrato se fija el precio del siguiente modo:

a) para el tercer trimestre del año 2002, dólar 1,15 el millar de BTU;

a)  a) para el cuarto trimestre 2002, dólar 1,125 el millar de BTU;

b)  b) para los años 2003 y 2004, dólar 1,125 el millar de BTU, más el

índice de inflación de EEUU.

En el acta 08/2002 del 28 de octubre, menciona como presidente a Rubén

Patritti Leiva, sin embargo, éste había dejado de ser por haberse revocado

el Poder que tenía para fungir como tal, y estaba en su lugar Eduardo Rucci

Tur y José María Moreno Villaluenga, tal como acusa el Instrumento 271/2001, además no se encontraba en Santa Cruz – Bolivia, tal como refiere el informe de Migración.

TESTIMONIO III: IMPUTACIÓN

Para celebrar el Contrato de Volatilidad de precio del Gas, no se hizo

ningún estudio técnico que refiera la tendencia de baja del precio del

petróleo y por ende del gas; por el contrario el precio estaba en constante

alzada y las proyecciones internacionales así lo reflejaban por el momento

de confrontación armada que vivía el mundo en los centros de mayor

producción del petróleo.

En la fecha que se celebró el contrato se fijó un precio de u$s 1,15 el millar de BTU, para el primer trimestre en forma retroactiva, pese a que el precio del gas era en ese momento de u$s 1,6474 por MMBTU.

El Escenario que utilizó Andina para negociar el Contrato de Volatilidad,

establecía –presión de precios a la baja y posibles acciones de Petrobrás

en el «GSA»; estos fundamentos eran falsos e irreales.

La firma del Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, tuvo un alto costo económico desde el primer día de la firma del leonino contrato, tal es así que Bolivia ha devuelto a Petrobrás a través de Andina por el contrato mencionado decenas de millones de dólares americanos .

Por último, el Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, estaba sujeto a la

más alta «confidencialidad», esto indudablemente para asegurar el engaño al pueblo boliviano .

Andina había suscrito con YPFB el Contrato Back to Back al igual que los otros proveedores de gas, con el único y claro objeto que YPFB cumpla con su compromiso de venta de gas a Petrobrás SA.

En el Contrato Back to Back , claramente se señalaba que la relación vinculante era entre YPFB y Petrobrás, no teniendo Petrobrás relación vinculante con Andina en sucalidad de proveedor.

De ello se deduce que Andina actuó de forma desleal y a espaldas de YPFB en perjuicio de los bolivianos.

*Diario El Mundo, La Paz, Bolivia. 27-08-2006.