Asistimos en este siglo XXI a un duro debate en el que confrontan dos corrientes: quienes desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea

LA CONSTITUCIÓN DE 1949, EL ESTADO Y EL PROYECTO NACIONAL

Por Jorge Francisco Cholvis

Impulsan un clima ideológico proclive al sostén de políticas neoliberales y al predominio de fuerzas conservadoras en pos de intereses minoritarios y oligárquicos; y, por otro lado, quienes impulsan el progreso social y la plena dignidad humana para las grandes mayorías de la población. Dos modelos o proyectos en pugna. Confrontación que existe en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.

 

 

Por Jorge Francisco Cholvis

Revista ESCENARIOS para un nuevo contrato social.

UPCN, Año 17 – N° 45, abril 2019.

  1. El Proyecto Nacional y la Constitución.

Asistimos en este siglo XXI a un duro debate en el que confrontan dos corrientes: quienes desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea impulsando un clima ideológico proclive al sostén de políticas neoliberales y al predominio de fuerzas conservadoras en pos de intereses minoritarios y oligárquicos; y, por otro lado, quienes impulsan el progreso social y la plena dignidad humana para las grandes mayorías de la población. Dos modelos o proyectos en pugna. Confrontación que existe en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.

No  hay  una  política  de  fines,  de  objetivos  nacionales,  sin  un  conocimiento cierto del pasado. Conocimiento de la realidad que es imprescindible a un planteo de futuro. La falsificación  ha  perseguido  precisamente  esta  finalidad:  que  a  través  de  la  desfiguración  del pasado carezcamos de la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Así fue  que  en  nuestro  proceso  constitucional,  la  denominada  ―Constitución  Nacional  de  1949‖ sufrió   tanto   el   ocultamiento,   como   la   falsificación   de   sus   fines   y  de   los   medios   que institucionalizó para lograr sus altos objetivos. Y aún se ocultan sus principios básicos. No es verdad que sus principios básicos están superados por el tiempo transcurrido desde su sanción hace  70  años;  se  oculta  que  los  padres  del  neoliberalismo  surgen  de  los  años  cincuenta  o sesenta del  siglo pasado  y fueron los que ideológicamente  confrontaron  con sus principios  y mentores de quienes impulsaron su derogación. En la séptima década del siglo XX germinaron sus frutos con las concepciones de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el posterior Consenso de  Washington,  que  dieron  letra  y  apoyo  político  al  capital  financiero  globalizado  que  se impone en este siglo XXI sobre naciones y pueblos. Esas políticas es sabido que se potenciaron con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el plan económico de Martínez de Hoz del 2 de  abril  de  ese  año.  En  concreto,  nos  encontramos  ante  una  nueva  restauración  oligárquico- conservadora,  que  pretende  una  vez  más  insertar  a  la  Argentina  en  un  mundo  global  como suministrador  de  commodities,  con  un  reducido  sector  empresario  asociados  a  las  grandes transnacionales, y un funcionariado formado y forjado en el mundo de las finanzas  que generará formas marginales de inserción en la gran timba financiera global1.

Es deber de los juristas comprometidos con los intereses patrios explicar la veracidad de los conceptos y las tendencias dominantes que sobre ellos se imponen, y ayudar así a la toma de conciencia de las mayorías sobre los acontecimientos y la situación imperante en el acontecer cotidiano, como de las etapas precedentes en el tiempo histórico. Y resaltar el rol que le corresponde al jurista, que como decía Sampay “es un impulsor del progreso de la Justicia”. Bien sostenía que el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, y que en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor, contra la obstinación oligárquica en resistir la transformación de la Constitución. El progreso de la Justicia es el sentido esencial de la historia. Transitar los caminos de la historia hasta la realidad contemporánea en el análisis constitucional fue originariamente método y mérito de Sampay.

Un proyecto social y político identifica al conjunto de actividades  orientadas a obtener un resultado que satisfaga las necesidades urgentes de la comunidad, y elevar la calidad de vida de la población. Basándonos en el contenido lo conceptuamos como nacional, popular, democrático y federal. Es el proyecto más importante dado que influye en todo un país. Los programas sociales o públicos deben apuntar precisamente a mejorar la calidad de vida del pueblo. Es marcar un camino, emitir señales claras y concretas de cuál debe ser la dirección de un Estado y de un Gobierno. Un proyecto de estas características necesariamente debe estar en conexión con la Constitución. Al lograr ser consagrado por el pueblo, la Constitución se ha de ajustar al mismo. Sin dudas, es el futuro del proyecto.

Por cierto, a la Constitución no se la debe enfocar solo como un instrumento jurídico, sino que se la tiene que entender como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación sustentado en una ideología y en determinadas relaciones de fuerzas. En esencia es un proyecto de país institucionalizado al más alto rango normativo definido y apoyado por los más amplios sectores de la población. El tema constitucional no pasa solo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y participe directo de su institucionalización al más alto rango normativo. Una Constitución no es sino su consecuencia, y el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia.

En su integridad la Constitución es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitucional real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución jurídico-formal). Desde el momento en que se recuperó la noción de la realidad conceptual de la Constitución, frente a la ideología que presentaba a la Constitución escrita abarcando la realidad global de la Constitución, quedaron claramente conceptuadas la infraestructura sociológica y la sobreestructura jurídica de la Constitución. Y como a estos dos aspectos de una misma realidad se los llamó Constitución, hubo que diferenciarlos con nombres complementarios: al primero se lo llamó Constitución real y al segundo Constitución escrita o jurídico-formal. En ella se determinan los objetivos y medios para lograr la Justicia política o Social como finalidad de la Constitución. La definición de los temas de alta política del Estado se debe encontrar en el texto de la Constitución.

Es indispensable afirmar la Justicia que debe contener la Constitución real, atento a las condiciones sociales de producción y cultura, y la adecuación de la Constitución escrita a tales condiciones sociales; ello conforma los criterios para valorar a la Constitución real y a la Constitución escrita y, esos criterios, asimismo, servirán para animar a la lucha del pueblo por una Constitución mejor. La Constitución es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demarca la órbita de las diversas magistraturas gubernativas.

Como explicaba Sampay, las naciones son estructuras  colectivas vitales, pero que a diferencia de las individuales, no están sometidas a los inexorables términos del proceso de desarrollo, decrepitud y muerte biológicos, sino que según sea la excelencia o carencia de su previsión y voluntad, crecen o decrecen, se expanden o se contraen,  progresan o decaen hasta sucumbir.

Cada proyecto de Nación asigna un determinado rol al Estado y en consecuencia es necesario insertar la cuestión en el contexto de una Teoría  general del Estado contemporáneo. Y en primer lugar, el interés nacional exige la independencia del poder político de toda influencia extraña, como también que se encuentre suficientemente facultado para ordenar la política económica conforme a una planificación que lleve a la integración y al bienestar del pueblo. Para el cumplimiento de las  metas sociales, económicas, científico-tecnológicas y culturales, es necesario desarrollar una política consustanciada con los ineludibles intereses patrios y con una democracia plena de justicia social que responda a los altos intereses del país y de su pueblo, y se inserte en un nuevo Proyecto Nacional de los argentinos.

  1. La Constitución histórica y la política económica constitucional.

Para identificar qué significó la Constitución Nacional de 1949 en términos de régimen constitucional y si existió algún cambio de paradigma con este texto constitucional, debemos hacer una somera referencia a la Constitución Histórica de 1853. Se puede pensar que la generación de intelectuales y hombres públicos que promueven la Constitución de 1853, sobre la base de la realidad inmanente en su tiempo histórico, vivió e interpretó lo que consideraban los medios adecuados para las necesidades de aquellos tiempos a fin de impulsar el progreso material y social. Sampay expresaba que la Constitución de 1853 articula  las  instituciones  jurídico-políticas  destinadas  a  promover  el  desarrollo capitalista liberal del país 2, y que en consecuencia, la Constitución de 1853 fue dictada por nuestra burguesía liberal del siglo XIX, compuesta por propietarios e intelectuales que en el ejercicio de las libertades económicas veían, los primeros, el medio para incrementar sus negocios, y los segundos, el medio para promover el progreso social. O sea, entendían que la Argentina con dicha Constitución desarrollaría una producción moderna al incorporarse de lleno al tráfico del capitalismo europeo, que a la sazón estaba todavía en su breve fase de capitalismo integrado por múltiples y libres empresas que competían entre sí 3, y garantizó las libertades que el capitalismo europeo exigió para radicarse y desenvolverse en los países periféricos 4.

Es por todo ello se puede afirmar que también para el pensamiento liberal del siglo XIX, en la parte dogmática de la Constitución se establecieron normas que se refieren a una política económica constitucional. En su texto quedaron instituidos los medios que los constituyentes consideraron adecuados para las necesidades de aquellos tiempos, pues creyeron  que  habrían  de  impulsar  el  progreso  material  y  social  del  país.  Si  se pudieron entender como expresión de las necesidades de aquella época, se encuentran en contraste con las nuevas exigencias del presente.

El constitucionalismo liberal del siglo XIX tuvo en cuenta como predominante materia económica el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, sin permitir interferencias del Estado. En dicho tiempo el sistema capitalista se encontraba en su faz concurrencial de desarrollo y aún no había ingresado en la etapa monopólica de capitalismo organizado o imperial, lo que ocurre en las últimas décadas del siglo XIX. Los medios que para fomentar el progreso eran apoyados por los constituyentes de dicho siglo acorde a las circunstancias de ese tiempo histórico exteriorizan principios de la teoría económica liberal. De tal modo, la Constitución Nacional de 1853/60 incluyó dicho  esquema y un sistema completo de política económica que lo refleja, puesto que en consonancia con la teoría liberal sus normas dejan los fenómenos de la producción, la distribución y el consumo de la riqueza sujetos al libre juego de los factores económicos.

Sin embargo, después de sancionada la Constitución Histórica nuestro país aún no pudo entrar de lleno al tráfico del capitalismo concurrencial europeo, que era el expediente concebido inicialmente por los revolucionarios de Mayo y formalizado por la Constitución años después para impulsar ese desarrollo. En notable síntesis, Sampay expresó los motivos por los que el texto constitucional de 1853 no pudo aplicarse de inmediato ni íntegramente5. Así fue que en el siglo XIX durante la década del ‗80, después de la crisis europea de 1873, cuando el país de lleno y con ímpetu se lanzaba a forjar su desarrollo incorporándose al tráfico del capitalismo europeo, este capitalismo competidor ya es un capitalismo organizado con carácter imperialista6, sus empresas en lugar de concurrir a los países atrasados para competir entre sí, ahora unificadas en grandes consorcios, se apoderan de los países para explotarlos con exclusividad, imponiéndoles con sus inversiones industriales  y sus  empréstitos  dirigidos,  una  producción  suplementaria  y subordinada  a la producción del área metropolitana. Los sustanciales cambios que ocurrieron a fines de ese siglo XIX en el sistema económico mundial y el esquema de distribución de la tierra que se aplicó en nuestro país, impidieron poner en plena producción nuestra riqueza agropecuaria y fortalecer un mercado interno que potenciara nuestro desarrollo industrial, y caben señalarlos como causa principal de la crisis socioeconómica y política que comenzó a evidenciarse ya entrado el siglo XX.

La Argentina, ya no pudo servirse de un capitalismo competidor para plasmar un desarrollo autónomo, explotando sus recursos para establecer la infraestructura de una producción moderna y fue el inicio del avance vertiginoso de  la semicolonia privilegiada7. A partir de ello el país penetra claramente en la etapa capitalista y concibe su destino portuario como apéndice brillante de una Europa en plena expansión económica y cultural. La prosperidad económica de la última parte de ese siglo no redundó en el desarrollo de  los  bordes   urbanos   ni   de   las   regiones   rurales   o   interiores   de   la   Argentina8. De tal modo, la Constitución de 1853, al consentir libertades económicas y garantías excepcionales al capital externo, fue la puerta por la cual se introducen los grandes conglomerados  económicos  transnacionales,  lo  que  generó  en  nuestro  país  un desarrollo mutilado, parcial, dependiente y complementario, subordinado a las economías desarrolladas predominantes.

Las normas de política económica constitucional que se incorporaron a la Constitución resultado de la teoría económica liberal, entonces dejaron el proceso económico sujeto a la suerte de las pretendidas leyes naturales de la economía y el Estado quedaba marginado en dicho proceso y sin tener una presencia activa en pos del progreso económico y social. Está visto que dicha política conllevó a la concentración del poder económico, lo que es la negación de la misma libertad económica que se invoca. Por esto, esa libertad que es la que hoy se encuentra cuestionada, no puede mantenerse en el mismo plano que otras libertades esenciales del hombre. Por el contrario, ella merece no pocas restricciones en pos del progreso social. Ante el grave conflicto estructural que en nuestro tiempo sufren los países lo que está en litigio es el principio fundamental del liberalismo.

  1. Cambio de paradigma constitucional.

Para  saber  que  significó  la  Constitución  Nacional  de  1949  no  es  suficiente transcribir  su  texto,  aún  en  sus  partes  más  determinantes.  Es  indispensable  conocer  cómo surgió, qué finalidad tuvo, cuál fue su logro, el porqué de su derogación y las consecuencias que  ello  ocasionó.  En  el  año  1943  la  Argentina  se  debatía  ante  un  gobierno  impopular  y desacreditado. El cuadro de las deformaciones del desarrollo argentino ponía en evidencia una injusta distribución territorial de la riqueza producida, lo que convertía al resto del país en un apéndice de Buenos Aires; pero también existía una injusta distribución del producto nacional entre los distintos sectores que aportaban al mismo, que dejaba a la gran mayoría del pueblo argentino ―dependiente de la alta burguesía criolla; importantes áreas de producción de bienes-frigoríficos, transporte ferroviario y marítimo, teléfonos, plantas de combustibles- y la comercialización de los mismos -bancos, comercio internacional, etc.-, se encontraban total o casi totalmente en manos de empresas extranjeras, lo que constituía al país en dependiente de los poderes foráneos‖ 9.

Al  asumir  la  presidencia  de  la  Nación,  Perón  sostenía  que  ―el  concepto moderno de una nación  democrática en marcha,  impone, en primer término, la distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce‖; y poco tiempo después, llegando al fondo del problema aporta la vía para su solución: ―Para ello debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que  hasta  el  presente  el  beneficio  de  esta  riqueza  haya  ido  a  parar  a  manos  de  cuatro monopolios,  mientras  los  argentinos  no  han  podido  disfrutar  siquiera  de  un  mínimo  de  esa riqueza‖ 10.   Esa   política   enfrentó   al   condicionamiento   socioeconómico,   que   es   lo   que fundamentalmente impide la vigencia de los más elementales derechos humanos básicos, como ser el trabajo, la salud, la vivienda, y la educación. Son esas bases económicas las que le han de dar vigencia real a esos derechos.

En el periodo constitucional que se inicia en 1946 el gobierno nacional sostuvo las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.   Se sancionó la ―Declaración de los Derechos del Trabajador‖, como también otros derechos sociales con rango legislativo, y se aumentó el salario real de los trabajadores y la distribución del ingreso favoreció notablemente a amplios sectores de la población; se dictó el Acta por la que en Tucumán se formula la ―Declaración de la Independencia Económica‖, y – entre  muchas  otras  medidas-  el  23  de  septiembre  de  1947  fue  sancionada  la  ley  del  voto femenino que incorporaba a la mujer al proceso electoral.

Poco después de asumir la presidencia, Perón anunció el 21 de junio de 1946 ante la Asamblea Legislativa el ―Plan de Gobierno. 1947-1951‖, y sostuvo ―que la Argentina quiere ser un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano‖; y que ―nuestro  plan‖  considera  que  en  esta  etapa  hay  que  multiplicar  la  riqueza  y  repartirla convenientemente,  porque  ―sin  bases  económicas  no  puede  existir  bienestar  social;  es necesario crear esas bases económicas‖ 11. Llegando al fondo del problema el ―Plan‖ sostenía que ―para ello debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está totalmente desorganizada‖ 12. Así fue que durante el período 1946-1955 se plasmó una divisoria de aguas en el desarrollo económico, social y político del país. El modelo oligárquico agro-exportador quedaba atrás y se fortaleció la industrialización.

Por todo ello, en sus discursos Perón advertía sobre la necesidad de impulsar una reforma constitucional. En el que expresó ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo de 1948, sostuvo que ―la reforma de la Constitución Nacional es una necesidad impuesta por la época  y  la  consecuencia  de  una  mayor  perfectibilidad  orgánica  institucional‖ 13.  El  5  de diciembre de 1948 se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, en las cuales el peronismo obtuvo un holgado triunfo. Con ese resultado se aprecia que el programa propuesto  para  reformar  la  Constitución  Nacional  había  logrado  el  apoyo  de  la  amplia mayoría del pueblo.

El 11 de enero de 1949 en la residencia presidencial de Olivos, el Presidente Perón expuso a los convencionales del Partido Peronista el significado de las reformas propuestas, y expresó que la antigua fórmula de la libertad, igualdad y fraternidad tenía que ser cambiada por la de libertad, justicia y solidaridad. Para ello las banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, que consagró el texto constitucional de 1949. Se ingresaba a los tiempos de la democracia social. En la sesión especial de la Convención Nacional constituyente del 27 de enero de 1949, Perón enfáticamente señaló  que ―la evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos cambian y desnaturalizan el sentido  de  la  legislación  dictada  por  los  hombres  de  una  década  determinada‖,  y  entonces ―cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina o al estancamiento14. Fueron ideas  y principios que motivaron al texto de la novel Constitución.

De tal modo, la Constitución Nacional de 1949 además de propender a hacer efectivo el predominio político de los sectores populares e incorporar los derechos sociales    – del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y cultura-, tendía a estatizar los  centros  de  acumulación  y de  distribución  del  ahorro  nacional,  las  fuentes  de  materiales energéticos, los servicios públicos esenciales y el comercio exterior. Le asignaba a todos los bienes de producción el fin primordial de contribuir al bienestar del pueblo, y prescribía que al Estado le corresponde fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar y aumentar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La nueva Constitución sostuvo Sampay se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares,  y  lograr  un  desarrollo  autónomo  y  armónico  de  la  economía,  ―que  conceda  el bienestar moderno a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba, pues, a consumar en la Argentina la revolución social requerida por el mundo contemporáneo‖.

En la redacción definitiva de la Constitución de 1949 se puede observar el pensamiento y acción de Arturo Enrique Sampay que efectuó una precisa reseña de nociones fundamentales  que  son  la  esencia  de  la  Constitución,  y  delineó  la  orientación  filosófico- política  y  la  fisonomía  técnico-jurídica  de  la  misma.  No  se  puede  dejar  de  tener  presente entonces  que  el  texto  de  la  Constitución  Nacional  de  1949,  instituyó    nuevas  normas  de política  económica  constitucional,  las  que  especialmente  se  establecieron  en  el  Capítulo Cuarto  de  la  Primera  Parte,  titulado  ―La  función  social  de  la  propiedad,  el  capital  y  la actividad económica‖.

  1. Resolver las causas estructurales que frenan el desarrollo.

Es sabido que dicho texto fue derogado por una Proclama del golpe de Estado que en 1955 dio comienzo a la supraconstitucionalidad de facto, y al largo período de crisis constitucional que transitó la Nación. Por cierto, también son conocidas las graves consecuencias que ello dejó para nuestro Pueblo.

La  relación  estrecha  que  guardaban  con  el  orden  constitucional  los  planes económicos  que  se  pondrían  en  marcha  en  el  país  a  finales  de  1955  determinó  que  se transformara en una cuestión vital el retorno a la Constitución de 1853/60, y a esos efectos derogar de la Constitución Nacional de 1949 para suprimir las normas de política económica constitucional que ésta había institucionalizado al más elevado rango normativo. Aún durante las distintas interrupciones posteriores del orden constitucional que sufrió el país, y en las que la Constitución 1853/60 quedó abiertamente relegada con relación a la normativa supralegal que en ellos se impuso, en todos aquellos preceptos que se oponían a las ―directivas‖, ―fines‖ u ―objetivos‖ de los gobiernos de facto, se declaró la intangibilidad de la política económica constitucional sancionada en 1853/60; y por ende, las normas que se refieren a la estructura económico-social se mantuvieron sin cambio.

La esencia de dicha supraconstitucionalidad de facto consistió en que abrogaba o convertía en letra muerta a las normas insertas en la parte orgánica de la Constitución que hacen a la organización del gobierno a través de la representación democrática y las reemplazaban con órdenes imperativas que instituía un gobierno autocrático y concentrado con el carácter de órgano supremo de la Nación, pero declaraban la intangibilidad de las normas económico-sociales de la parte dogmática. Con esa normativa, no sólo incapacitaban al pueblo para decidir acerca de tópicos atingentes a la Constitución real del país, en especial sobre el fin que la comunidad debe perseguir, sino que impedían también el  cambio  y la modificación  de los  modos  tradicionales de producción  y distribución    que conviene emprender cuando se quiere aumentar la cantidad y calidad de los bienes  a consumir, pues para efectuar la justicia hay que acrecentar esos bienes a fin de que sean suficientes para todos.

No se puede ignorar que el esquema que se sancionó en 1853/60  durante el siglo XX sufrió las consecuencias de los grandes cambios acaecidos en el país y en el mundo que  motivaron  una  interpretación  dinámica  de  su  texto.  Tampoco  se  puede  negar  que  la política económica constitucional que contiene dicha dogmática constitucional no se adapta a nuestra realidad y es insuficiente, pues los medios que instituye no son aptos para eliminar los factores  estructurales  que  generan  el  atraso  y  acentúan  la  dependencia  exterior.  Por  dichas políticas  que  en  diferentes  tiempos  y  gobiernos  aplicaron,  nuestro  país  no  ha  explotado integralmente  sus  recursos  naturales  y  humanos  conforme  a  sus  posibilidades  y  según  la técnica moderna de producción. Por ende, otorgar a dichos ―medios‖ carácter de inmutables se opone al crecimiento económico y al bienestar del Pueblo.

Sin embargo, desde los grupos concentrados del poder económico-financiero y hegemónicos de medios de comunicación social, promueven una interpretación estática del texto constitucional para revivir la etapa neoliberal iniciada a mediados de la década del 70 del siglo pasado, amparados en que la dogmática del texto histórico de 1853 en sus normas de política económica constitucional fueron mantenidas en su esencia por la reforma constitucional de 1994 y la confrontan con progresivas normas que la misma incorporó -por ejemplo, en los artículos nuevos 41, 42 y 75, en sus incs. 2 (párr. 2 y 3), 8, 18, 19, 22, 23, y 24-, por lo que al marginar estos preceptos sostienen en su beneficio la idea que por disposiciones terminantes el marco constitucional garantiza el libre desenvolvimiento de los agentes que intervienen en el proceso económico. La promoción de la restauración conservadora cuestiona la intervención del Estado en la economía y lo limita en la acción a realizar en el mundo contemporáneo. Como se observa actualmente.

Transcurridos  más  de  30  años  desde  la  reforma  parcial  y  circunstanciada realizada a la Constitución histórica en 1994, y dado la situación actual en que se encuentra el país y su pueblo con el neoliberalismo redivivo, podemos observar que su texto no coadyuvó a  resolver  las  causas  estructurales  que  frenaron  el  progreso  socio-económico,  y  queda  en evidencia el celo que expresan los grandes conglomerados económico-financieros para que las normas  de  política  económica  constitucional  insertas  en  el  texto  histórico  de  1853  se mantengan inmodificables. De tal forma le dan asidero constitucional a los ―medios‖ que el―neoliberalismo‖ sostiene  y el régimen de ―privatizaciones, desregulación y la reconversión del sector público‖ que ejecutaron durante la última década del siglo pasado. Se posibilita de tal manera hacer efectivo el legado del golpe de Estado de 1955 al suprimir los ―medios‖ que había instituido al más alto rango normativo el texto constitucional de 1949.

Transcurrió así una larga etapa de la historia nacional durante la cual,  en gran parte de la segunda mitad del siglo XX, y aún con la reforma constitucional de 1994, se aplicaron por distintos hombres y equipos políticas económicas similares utilizando el fundamento teórico de los promotores del neoliberalismo de turno, aunque con diversos programas y variantes, hasta que la crisis socioeconómica estalló en los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Ya nos estamos acercando a una situación similar o de más graves consecuencias. El descomunal endeudamiento y la fuga de capitales son el nefasto corolario de las políticas vigentes. Dado el retroceso que implicó dejar atrás la etapa socio política iniciada en 2003, es imprescindible potenciar el debate por un nuevo Proyecto, con la participación protagónica del pueblo y sus distintas expresiones, para dejar atrás esta etapa ignominiosa que estamos padeciendo.

Importantes conquistas democráticas y populares fueron jurídicamente anuladas en poco tiempo. No es una fragilidad circunstancial sino que -como bien sostenía Sampay- es una consecuencia que surge del plano de la Constitución real; o sea, la estructura de poder que actualmente predomina en nuestro sistema político en beneficio de los grandes grupos concentrados del poder económico y del capital financiero globalizado. Para ello, subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual con desparpajo promueven una interpretación maliciosa de objetivos tanto individuales como colectivos que unen al ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática de la Constitución escrita vigente.

Este actual plan de colonización de nuestro país concretado en el marco de la Constitución vigente desde 1994, forma parte de una ofensiva general en nuestra región suramericana. El siglo XXI dio nacimiento a nuevas figuras de golpes de Estado, y son conocidos los casos de Paraguay, Honduras, y Brasil. Se viene desplegando una sistemática utilización institucional como instrumento para la marginación de derechos y el  despojo. Se pervierte el servicio de justicia hasta convertirlo en instrumento de la persecución  política a los opositores. Nuevamente existe la nefasta práctica de la prisión por causas políticas. Se utilizan los decretos de necesidad y urgencia para anular leyes que asignaban derechos, y restringían monopolios de la comunicación pública. Se utiliza fuera de las pautas constitucionales el veto presidencial como instrumento para confrontar con el Congreso e impedir normas que -por ejemplo- garanticen el goce de servicios públicos indispensables de la población. Se emplea la extorsión como forma de ataque a sindicatos, partidos políticos y organizaciones que rechazan el rumbo político adoptado. El denominado law fare se transformó en un arma de manipulación jurídica y desnaturalización del estado de derecho. Las fake news actúan como complemento. Por ello, bien se puede afirmar que existe un derrumbe institucional.

  1. Conceptos para una alternativa política de carácter nacional y popular.

Para la solución de todo lo esencial en el área de la economía, como lo es, por ejemplo, la distribución del ingreso, el régimen de tenencia y explotación de la tierra, el comercio exterior, el proceso de la industrialización, la formación del capital, el financiamiento externo y la integración económica de la región, son necesarios los cambios de estructura que posibiliten terminar con la dependencia exterior, mejorar la estructura productiva, y concluir con la extranjerización de la economía con sus consecuentes remesas de utilidades y a los vaivenes de las estrategias globales de sus casas matrices. Es imprescindible la elaboración de una teoría económica para los países subdesarrollados, acorde a sus realidades y en defensa de sus recursos y desarrollo de sus pueblos.

Y para sostenerla, es necesario reconstruir una alternativa política  de carácter nacional y popular, como camino a la liberación nacional. Y a esos efectos el nuevo paradigma de desarrollo supone la centralidad de los pueblos como sujetos históricos. Para ello, es necesario remarcar la importancia de dar el debate sobre la necesidad de reconstruir un Estado fuerte, eficaz y eficiente, garante de una vida digna para nuestro pueblo. Es imprescindible debatir el rol del Estado que fue desdibujado y atacado desde los centros del poder económico concentrado. Es indispensable incorporar a ese debate principios básicos acorde a la concepción filosófico-política y diseño técnico-jurídico de la Constitución de 1949. Por lo cual, hemos de ingresar a considerar principios básicos que han de tenerse  como conceptos esenciales para su logro. Pero antes debemos señalar previamente algunos conceptos que enmarcan el desarrollo constitucional del país.

Si se efectúa un descriptivo análisis de los distintos textos de las constituciones escritas que fueron sancionadas en el mundo, se logra ingresar al ámbito de las genealogías y generaciones constitucionales. La genealogía de las constituciones permite encontrar la filiación de un texto constitucional matriz, que nutre la clase o condición del linaje de las constituciones que del mismo surgieron; y dicho criterio puede intervenir como una rama auxiliar de la historia constitucional al facilitar el estudio de las constituciones. Las líneas genealógicas se pueden dividir inicialmente en dos grandes ramas: las que surgen en América y sus características que definen un sistema republicano, federal, y  presidencialista; y las sancionadas en Europa, donde predomina un régimen directorial, unitario e inicialmente monárquico. Las generaciones constitucionales son como un corte horizontal en la historia del conjunto de las constituciones de una época, que comprende sus rasgos distintivos y comunes: el tiempo en que surgieron, las corrientes del pensamiento de quienes las impulsaron, su formación ideológica y también la coincidencia y similar concepto asignado en los fines y medios que instituyen. Observar cronológicamente sus textos permite ubicarlas en el tiempo histórico. Así tenemos las que fueron sancionadas en los años finales del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, las de mediados del siglo XIX, las que fueron sancionadas antes y después de las guerras mundiales ocurridas en el siglo XX, y las más cercanas a nuestra realidad contemporánea. De tal forma, los períodos constitucionales con sus características propias, evidencian la época de su sanción y vigencia; o sea, denota el período histórico en que una nación la institucionalizó al más alto rango normativo.

La Argentina, que tiene sus constituciones insertas en la genealogía constitucional americana —republicana, federal y presidencialista—, tuvo tres modelos o generaciones constitucionales. La sancionada a mediados del siglo XIX que estableció el esquema liberal y agroexportador, la segunda fue la etapa justicialista que instituyó la Constitución  Nacional  de  1949,  y la  última  sancionada en  1994  acorde  a  la  realidad del―neoliberalismo‖  imperante,  y de  las  ideas  lanzadas  por  el  ―Consenso  de  Washington‖  que predominaron  en  ese  tiempo.  Ahora,  coronando  la  lucha  política  que  debe  dar  el  pueblo argentino para concluir esta lamentable situación que se encuentra padeciendo debemos ir por un cuarto modelo de Constitución, que logre institucionalizar el proyecto nacional, popular y democrático  imprescindible  llevar  a  cabo  en  este  siglo  XXI.  Elaborar  un  ―revisionismo histórico constitucional‖, nos ayudará a lograr ese alto objetivo 15.

Pero  además,  entendemos  necesario  considerar  y  señalar  que  en  nuestro caso   la   composición   social   del   país,   permite   caracterizarlo   como   multiestructural   o polisegmentario,  lo  cual  le  imprime  al  esquema  político  y  al  proceso  de  transformación peculiaridades muy pronunciadas. Entendemos con Sampay que los países de este tipo exigen, para promover un proceso de cambio, la concertación de  complejas coaliciones de sectores sociales,  y  su  tipo  de  ―desarrollo  político‖  se  conforma  según  cual  fuere  el  sector  que conduzca la coalición. Si dirigen esa alianza los representantes de los sectores nacionales y populares, el régimen político tenderá a promover un desarrollo autónomo de la economía y este  régimen  con  el  transcurso  del  tiempo  terminará  siendo  una  democracia  real.  En  caso contrario, si esa alianza es conducida —conscientemente o no— con la mira puesta en la defensa de intereses opuestos a los de la nación y su pueblo, ese proyecto concluirá favoreciendo a una oligarquía franca, no habrá beneficiado a los vastos sectores populares y terminará bipolarizando extremadamente el antagonismo social, lo que puede llevar un estado de beligerancia interno.

5.1  La independencia económica y las políticas de Estado.

En nuestro tiempo la ecuación independencia política  formal – dependencia económica real aún continúa expresando la contradicción polar característica de la sociedad internacional contemporánea. La misma subraya la situación de la mayoría de los países que no han alcanzado un desarrollo pleno y define los rasgos esenciales del neocolonialismo. El primero de esos elementos apunta a datos jurídico institucionales que conforman el concepto de soberanía estatal; el segundo, en cambio, traspasa los velos de la estructura institucional y muestra una situación de subordinación, de falta de verdadera autonomía, que se contrapone al concepto legítimo de soberanía. La falta de independencia económica incide en la pérdida de la independencia política, pues quien controla la economía de un Estado domina también su política nacional e internacional. Por otra parte, dependencia económica y subdesarrollo operan como factores en directa interacción y aseguran la subsistencia de las estructuras que impiden una efectiva vigencia de la soberanía. Ello incide directamente en el condicionamiento socioeconómico que ocasiona la falta de vigencia en los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afecta a la mayoría de la población.

Incorporar el concepto de independencia económica al campo de una Teoría del Estado que interprete las circunstancias propias de nuestros países, enriquecerá con una nueva dimensión la concepción tradicional de soberanía. Para los países de alto desarrollo fue una  cuestión  superflua  adoptar  una  individualización  del  atributo  de  la  independencia económica.  Para  ellos,  independencia  política  e  independencia  económica  son  conceptos equivalentes que conforman el ―autogobierno‖. Son dichos países los que ejercen el control político  y  económico  de  los  pueblos  sometidos  y  por  esta  razón,  dentro  de  la  concepción tradicional, la soberanía se define exclusivamente por sus elementos político-institucionales. Confrontando   ese   concepto   con   la   realidad   de   los   países   que   padecen   la   antinomia independencia política formal – dependencia económica real, la definición tradicional revela inmediatamente  su  carácter  abstracto  y  su  falta  de  adecuación  para  reflejar  una  correcta relación entre la forma jurídica de la soberanía y el contenido económico-social en que ella se expresa.

5.2  La soberanía y la Teoría del Estado.

El concepto de soberanía como atributo de un Estado sólo se puede analizar en profundidad si se tiene presente que la esencia de ella está determinada en última instancia por su estructura económico-social. El contenido de la soberanía se encuentra regido por las condiciones concretas en que un estado determinado se exterioriza como tal, y en las actuales condiciones del mundo la noción de independencia económica surge como un dato indispensable para integrar el concepto de soberanía. Parece ocioso insistir en la íntima vinculación que existe entre el desarrollo de los países y la defensa del principio de independencia económica. Este no es un argumento pueril, es un objetivo esencial.

El modelo correspondiente a la concepción tradicional de soberanía es el Estado integrado en lo político y en lo económico. Allí la estructura político-jurídica y la económica convergen en el plano de la nación. El modelo de los países que no han logrado aún o no gozan la independencia económica, es el del Estado no integrado. En este caso, la estructura política aparece formalmente realizada en el marco nacional, pero la estructura económica no se encuentra integrada en la nación, sino que lo hace con la economía de la potencia regente; o sea, sujeta por los factores externos del poder económico que prevalecen. La intervención de los estados dominantes sobre los países sometidos se efectúa principalmente a través del control de sus economías.

El estado que no ha alcanzado un desarrollo pleno conserva los atributos formales del autogobierno, pero las decisiones efectivas le son dictadas desde el exterior. La pérdida del dominio sobre los comandos de la vida económica hace que todo el concepto de autogobierno quede subvertido. En el antiguo sistema colonial, el país colonizador imponía desde afuera sus instituciones y su supremacía al país sojuzgado. En esta etapa globalizada las potencias que prevalecen a escala mundial, y los poderosos fondos de inversión expresión del capitalismo financiero globalizado, ejercen la situación de predominio por distintas vías y variados instrumentos en el marco de la Constitución real de los países sometidos. De tal modo, ejercen su poder desde adentro, a través de las mismas instituciones establecidas en el país dependiente y direccionan sus políticas económicas.

Muchos de los argumentos que esgrimen los poderosos sectores económico- financieros globalizados, responden al objetivo de eliminar cualquier restricción o intervención del Estado en desmedro del flujo global de capitales. Se debe ser consciente que según como se resuelva el dilema entre un Estado fuerte, democrático, y al  servicio del pueblo; y un Estado débil o cooptado por los intereses de la globalización financiera depende el destino de la Patria y de actuales y futuras generaciones. En la senda hacia la emancipación, es prioritaria la lucha por la independencia económica, política y social. En su momento la Constitución deberá incorporar los instrumentos jurídicos aptos para realizarla. Y entre los instrumentos de las transformaciones sociales, no cabe duda, habrá de ser principal y determinante, un Estado dotado de recursos humanos, técnicos y financieros, que refleje y efectivice los intereses mayoritarios de la Nación. En esta política la misión del Estado deberá ser la de constituirse en palanca transformadora del cambio y del desarrollo del país y ello sólo ocurre cuando el poder político está al servicio de la comunidad, pues el Estado no tiene virtudes intrínsecas que lo hacen apto y eficaz en cualquier circunstancia.

  1. El rol del Estado en el desarrollo nacional.

Las ramas fundamentales de la industria y la infraestructura deben contar con la presencia de un Estado activo para impulsar el desarrollo económico con arreglo a los intereses de la comunidad. No se puede dejar al solo arbitrio de grandes corporaciones trasnacionales la siderurgia, la química pesada, la energía nuclear, el petróleo, la energía eléctrica, el transporte ferroviario y otros campos de actividad de importancia vital. Pues en las naciones en donde los sectores clave de la economía de un país se encuentran en poder del capital externo, se frena inevitablemente el incremento de las fuentes internas de acumulación y de financiación del desarrollo económico. Mientras los grandes conglomerados económicos extranjeros tengan absoluta libertad para ejercer sus actividades, o aunque se encuentren en igualdad  de  condiciones  con  el  capital  privado  nacional,  cooperativo  o  estatal,  por     la superioridad que la empresa transnacional tiene en capital y dotación técnica, más su dominio sobre la comercialización y los mecanismos de fijación de precios, continuarán subordinando nuestro desarrollo económico a sus intereses. Pretender imponer un sistema de mercado libre o  la  pretensión  de  instrumentar  una  indiscriminada  ―apertura  económica”,  representa  tanto como  desguarnecer  de  toda  defensa  a  los  grupos  económicos  nacionales,  especialmente  los industriales, dado que no se puede concebir que éstos logren progresar  o aun sobrevivir en competencia con las gigantescas empresas transnacionales.

Por ello, en el marco de un Proyecto Nacional debe contemplarse la existencia de una armónica economía mixta: estatal, privada y cooperativa. Se debe romper la falsa antinomia entre el Estado y la actividad privada. La empresa pública tiene una importante misión que cumplir y no se halla en colisión con la empresa privada, sino que, por el contrario, la complementa y favorece su desarrollo. Cuando el Estado tiene una presencia activa en la gestión y control de los resortes esenciales de la economía, la empresa pública le ofrece a la empresa privada un marco de extensos contornos, tanto para la venta de su producción, como para su abastecimiento. Y a esos efectos el Estado debe participar en la promoción y el control de las industrias claves para el desarrollo.

Un desarrollo armónico, sin estrangulamientos, necesita las inversiones del Estado en la industria y en la infraestructura, y ésta es una de las condiciones primordiales para el crecimiento y la prosperidad de la empresa privada, por la dilatación del mercado y los efectos acumulativos que multiplican la actividad de todas las ramas de la economía. La empresa pública estimula los progresos de la técnica y puede asimilar los adelantos extranjeros sin caer en el colonialismo tecnológico que imponen las empresas foráneas. Y el desarrollo de la tecnología favorece incuestionablemente a la empresa privada. Muchas empresas argentinas, sobre todo las medianas y pequeñas, son víctimas de los grupos concentrados transnacionales, por lo cual la empresa pública, al oponerse a ello protege a las empresas nacionales. Por cierto, concretar un desarrollo equilibrado y armónico de la Nación requiere diseñar preceptos acerca de un nuevo federalismo que lo hagan realmente efectivo.

Son razones que justifican la función del Estado como promotor y director de procesos económico-sociales transformadores, y deben encontrarse debidamente incorporados en la propia Constitución. Por ello, en ésta se deben insertar principios sobre la función que el Estado debe realizar ante un nuevo diseño del sistema económico, delineando los órganos a los que se atribuyen tales funciones, sus competencias y límites, y postulando los fines generales de transformación, no de pura gestión del orden existente.

Incorporar a la Constitución principios referentes a la política económica del Estado, significa estatuir normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental de su estructura y funcionamiento en la actividad económica, para alcanzar el progreso económico y social. La jerarquía que de tal forma se le otorga a dichas normas significa que tales principios se definen como elementos básicos de la convivencia en la comunidad, enderezadas a aumentar el bienestar general, procurar la seguridad económica de los ciudadanos y salvaguardar los intereses generales de la economía. La Constitución debe contener principios que expresen la función del Estado ante la ordenación del sistema económico.

  1. Los temas de alta política y el Estado.

El ser humano va colmando su ansia natural de justicia en la medida que aumentan su cultura y la producción de los bienes que satisfacen sus necesidades. El bienestar público se obtiene por los cambios de bienes y servicios de cosas destinadas a producir bienes cuyo consumo comporta tal bienestar. Así es que hay bienestar público o Justicia,  cuando cada miembro de la comunidad dispone de los bienes necesarios para estar en condiciones de desarrollarse libre e integralmente; de lograr la felicidad natural. Es que la suprema finalidad de la Justicia es conseguir acordando los cambios, la suficiencia de los referidos bienes para todos.

En   defensa   de   la   situación   de   predominio   de   los   países   altamente desarrollados  se  impuso  una  doctrina  económica  hecha  dogma:  la  denominada  ―economía libre‖.  Ella  en  esencia  significó  que  la  actividad  económica  de  los  países  subdesarrollados quedaba  exenta  de  la  interferencia  del  poder  político,  para  de  esta  manera  conceder  el gobierno de la economía a los intereses económicos de los países de alto desarrollo y a los sectores internos vinculados a aquellos intereses.

Así   fue   que   en   las   pasadas   décadas   de   reformas   estructurales   de inspiración  neoliberal,  impulsadas  desde  el  llamado  ―Consenso  de  Washington‖,  y  con  el apoyo de los grupos de poder económico internacional articulados a ellas y de las oligarquías locales, forzaron la adopción de un conjunto de políticas orientadas a reducir a un mínimo los ámbitos  de  ejercicio  de  la  soberanía  y  así  perjudicar  el  margen  de  mediación  estatal.  El desmantelamiento  del  patrimonio  y  de  las  capacidades  estatales  de  decisión  soberana  fue paralelo   a   la   creación   de   un   entramado   jurídico   internacional   orientado   a   recortar adicionalmente la capacidad de decisión soberana de los Estados dominados.

La competencia y el individualismo inundaron no sólo las políticas económicas, sociales y educativas, sino que se instalaron en el devenir cotidiano.  Sin embargo, debemos señalar que ello fue logrado imponiendo una determinante presencia del Estado. Se debe remarcar que el interés en hacer aparecer a los tiempos del neoliberalismo como un período de ausencia del Estado hace a la esencia de su discurso. Sin embargo, para instalar esa política fue necesaria una gran actividad estatal. Es un argumento falaz sostener que el Estado no estuvo presente. Por el contrario, se lo utilizó activamente en el diseño y sostén de las políticas económicas que venían promovidas desde los grandes centros de decisión internacionales, amparadas en lo interno por sectores económico-financieros locales, los grandes medios de comunicación, y las políticas represivas que se implementaron para marginar a amplios sectores sociales y políticos.

La actividad del Estado que se impidió fue otra, es la que debía realizar en el plano económico-social en beneficio del pueblo, para lograr superar el condicionamiento socio-económico que impide la vigencia de los más elementales derechos humanos básicos. Es la actividad estatal instituida por la Constitución Nacional de 1949, con su concepción filosófico-política y diseño técnico-jurídico la que se debe rescatar para lograr un país soberano y con pleno goce de los derechos humanos básicos por la población. Fue en dicha Constitución que se institucionalizaron al más elevado rango normativo los medios e instrumentos adecuados para la función del Estado con dicho objetivo. Por ello, la conceptuamos como raíz y futuro para el Pueblo Argentino.

Por ende, se puede afirmar que los mentores del neoliberalismo cuando critican al Estado no se refieren al que utilizó para instalar sus políticas; sino lo que están criticando y tratan de evitar es la necesaria presencia de un Estado activo, dotado de los recursos humanos, técnicos y financieros en defensa de los intereses nacionales y populares. Al  Estado  que  fije  límites  a  los  poderes  económicos  y  financieros  que  han  minado   el fundamento democrático de la vida social, como asimismo los derechos y libertades del pueblo. Entonces es indispensable ser precisos y poner de relieve durante el debate político a qué  concepto  de  Estado  se  hace  referencia.  Por  nuestra  parte  bregamos  por  un Estado ―activo‖ que impulse el progreso de la Justicia que es el sentido esencial de la historia. El otro  Estado,  constituye  un  claro  anacronismo  histórico.  Se  debe  precisar  sin  demora  el proyecto  que  le  proporcione  a  un  Estado  eficaz  los  resortes  institucionales  básicos  para impulsar el desarrollo económico nacional, sin perjuicio de dejar señalado el amplio campo que se le debe reservar a la iniciativa privada no monopólica.

Actualmente,   el   restaurado   proyecto   neoliberal   conservador   se   está ejecutando  en  su  más  cruda  y  nefasta  concepción,  y  cual  grave  metástasis   está  afectando gravemente la vida del pueblo argentino. Perón siempre se negó a formar parte del FMI y fue a  partir  del  golpe  de  Estado  de  la  autodenominada  ―Revolución  Libertadora‖,  que  el  31  de agosto de 1956 la Argentina ingresó a dicho organismo.

Es  claro  que  la  República  Argentina  no  debió  renunciar  a  su  soberanía,  y deberían haber quedado como triste recuerdo de la historia del pueblo argentino los tiempos en que las cartas de intención, los memorandos de entendimiento y los acuerdos de derecho de giro  (―stand-by‖),  suscriptos  por  funcionarios  para  comprometernos  con  el  FMI  y  otros organismos internacionales de crédito, se interpongan en las decisiones del gobierno nacional. Estos documentos -que reaparecen en nuestro tiempo contemporáneo- se transformaron así en un  soporte  de  máximo  rango  en  la  conformación  de  la  Constitución  real  del  país,  que sometió  y  condicionó  a  la  Constitución  jurídico-formal.  En  base  a  dichos  instrumentos  el FMI  asumió  una  función  de  co-redacción  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  los  programas económicos de ―ajuste‖.

De  tal  modo,  también  el  país  por  esas  vías  sufrió  y  sufre  un  desmedro sustancial en el ejercicio de su soberanía. La dependencia se concreta así en la transferencia de  la  decisión  nacional  en  la  confección  de  los  programas  económicos.  Los  resultados estadísticos   de   las   políticas   ―neoliberales‖   están   a   la   vista,   como   también   las   graves consecuencias que dejaron.

Por  ello,  debemos  tener  presente  los  conceptos  que  expresó  Perón  en  ―El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional‖: debemos configurar una Nación con capacidad suficiente  de  decisión  nacional  y  no  una  Nación  en  apariencia  que  conserva  los  atributos formales  del  poder  pero  no  su  esencia.  Por  cierto,  en  su  Mensaje  se  encuentran  aún  ideas fuerzas para una actualización política y doctrinaria acorde a los tiempos que corren.

  1. Los necesarios cambios estructurales.

Por tanto, para concluir con tal modelo que conlleva a la injusticia social es de  ineludible  cumplimiento  practicar  una  serie  de  cambios  de  estructuras  económico- sociales,  orientadas  por  expresas  normas  de  política  económica  que  han  de  encontrarse insertas en un nuevo texto constitucional. No se comprende una política de desarrollo socio- económico, que implica el franco desplazamiento de las antiguas estructuras, si no se dota al Estado   de   poderes   efectivos   para   ejecutar   una   política   de   cambios   estructurales   que contemplen  exclusivamente  el  interés  nacional.  Está  comprobado  que  ello  no  puede  ser logrado por las invocadas reglas del mercado, y que la ―teoría del derrame‖ que promocionan es un engaño. Sin duda, se ha demostrado falsa e irreal.

Un país que aspira a desarrollarse integralmente no puede dejar en manos ajenas el manejo de ciertos engranajes de su mecanismo productivo, si es que no quiere que su economía sea un acoplado de la economía extraña que le manipula esas piezas esenciales. En consonancia con ello, la intromisión económica a través de teorías y recetas ajenas a nuestra realidad como también la imposición hegemónica de la teoría del liberalismo económico, llevaron a nuestro país luego de ser derogada la Constitución Nacional de 1949, a suscribir―cartas  de  intención‖  y  otros  documentos  con  organismos  financieros  internacionales  que implicaron   la   renuncia    al   manejo   de   nuestra   economía    y   que    constituyeron   un intervencionismo neocolonial.

Es de toda necesidad fijar con pautas precisas el Proyecto Nacional que reclama el país e inscribirlo en una nueva Constitución que organice el predominio político de los estamentos mayoritarios, y ordene la actividad y el uso de los bienes con miras  a establecer la Justicia. Una nueva política económica constitucional debe reflejar a través de normas claras, absolutas y unívocas los nuevos medios económicos que nos permitan alcanzar un desarrollo económico independiente, sostenido y armónico. Economía y política no están separadas. Un proyecto de país tiene objetivos políticos, y a través de la política económica designa los instrumentos o medios requeridos para alcanzar su meta, a la vez que va postulando nuevas bases para dotarlo de permanencia.

La definición de los temas de alta política del Estado se debe encontrar en el texto de la Constitución, pues sabemos ésta no es simplemente un documento jurídico sino también  el  más  elevado  documento  político.  Bien  se  puede  expresar  que  el  derecho  es  el lenguaje del poder, cuya palabra clave es la Constitución. En ésta se han de proclamar los más importantes objetivos del Estado. Precisamente, es la propia esencia de la Constitución la que hace  que  en  su  texto  se  deban  establecer  esos  magnos  instrumentos.  Es  la  Constitución entonces,  como  también  lo  expresaba  Sampay,  la  que  ―fija  los  medios  preferidos  por  un Estado  concreto  para  alcanzar  su  fin‖ 16.  Todos  los  pueblos  tienen  el  derecho  a  la  auto determinación y en virtud de él establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Es que la Constitución es un conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes u órganos del Estado y establecen las obligaciones y derechos de los habitantes y ciudadanos disponiendo el contenido social y político que debe animarla. Sabido es que la Constitución también es una declaración programática de principios y aspiraciones en la que no sólo se regula lo que ya es, sino que se afirma una vocación de lo que debe ser orientadora de los gobernantes y educadora de los gobernados. Es la función docente de la Constitución. Por cierto, se sostiene -y así lo entendemos- que es la Ley Fundamental que pesa tanto sobre los poderes constituidos como sobre todos los individuos. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por los poderes constituidos.

  1. El desarrollo político y la legitimidad.

Es la misma evolución cultural, económica y social la que impulsa desde el interior de los pueblos a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el político institucional, y es sabido que el sentido más amplio y profundo de la participación del hombre  en  la  vida  de  una  nación  políticamente  organizada,  se  traduce  en  la  soberanía  del pueblo y en su derecho a ser artífice de su propio destino y ―soberano de su propia suerte‖. El debate sobre la democracia en las circunstancias  actuales es una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. El tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad Argentina.

La  totalidad  de  los  actos  humanos  se  objetivan  en  instituciones  sistémicas que conforman lo que se llama ―estado de derecho‖. La ley recibe su fuerza moral del hecho de  estar  ordenada  al  bien  común.  La  lengua  griega  clásica  tiene  la  voz  nomikós  para significar legalidad, esto es, la condición de un acto social cuya ejecución se atiene a la ley del Estado, y la expresión nómimos para designar legitimidad, vale decir, la conformidad de un acto social con lo justo natural. No puede ser legítimo gobernar sin considerar si se lo hace justa o injustamente. La legitimidad se concreta cuando la acción del legislador se ordena a la efectuación de la virtud  de la justicia.  La legalidad de origen  implica cumplir con métodos preceptivos para la designación de quienes ejerzan las funciones de gobierno. La legitimidad de  ejercicio  comprende  el  dictado  de  legislación  y  otros  actos  de  gobierno  que  tiendan  a efectivizar el fin último de la Constitución. La justicia objetiva es el valor que legitima a la Constitución. La legitimidad auxilia el desenvolvimiento del orden vigente en un momento dado de la comunidad, del Estado y es la justificación del poder. La acción constitucional es legítima cuando concuerda con el fin verdadero que se fijó la comunidad política, e ilegítima cuando apunta a un fin falso.

Bien señalaba Sampay que la expresión elíptica desarrollo político, tiene como significado la búsqueda del régimen político que sea el más apropiado para impulsar el desarrollo económico de un país en cierta etapa de su evolución histórica. En esencia, pues, el desarrollo político sólo es posible con las estructuras político-institucionales más adecuadas para un acelerado desarrollo económico. Y el desarrollo económico, como se sabe, consiste en establecer las estructuras socio-económicas más aptas para explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política a fin de multiplicar la productividad del trabajo social, para que todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales y culturales de la civilización. Dicho en otros términos: el  desarrollo político comprende el conjunto de cuestiones relativas a la instauración de una Constitución justa, pues, en su integridad la Constitución -como vimos- es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución formal). Por tanto, no alcanza con realizar un análisis predominantemente jurídico de las causas que se producen en la infraestructura sociológica de la Constitución y que se corporizan en la inestabilidad de la Constitución escrita, pues al hacerlo de tal modo se aleja el examen de las causas económico-sociales que llevan a la crisis de nuestro sistema institucional.

Importantes conquistas democráticas y populares fueron anuladas en poco tiempo. No es una fragilidad circunstancial sino que -como bien sostenía Sampay- es una consecuencia que surge del plano de la Constitución real; o sea, la estructura de poder que actualmente prima en nuestro sistema político en beneficio precisamente de los factores de poder que predominan en la Constitución real. Subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual promueven una interpretación maliciosa de objetivos tanto individuales como colectivos que unen al ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática de la Constitución escrita o jurídico formal vigente.

Las declaraciones de derechos que no van acompañadas por medios, métodos y garantías necesarios para realizarlos tienen como consecuencia directa que esos derechos concebidos para que fueran los del Hombre, los de todo hombre no sean más que derechos que el individuo goza según su posición y función en los mecanismos de la economía. Una Constitución que en este siglo no tuviera en cuenta las conquistas sociales que se han incorporado en numerosas constituciones, como en resoluciones y diferentes textos de las Naciones Unidas y otras organizaciones continentales que conforman principios internacionales sobre Derechos Humanos, sería en nuestra época un verdadero anacronismo. Pero una Constitución que se limitara a describir esas conquistas sin establecer medios, métodos y garantías para su debido cumplimiento será una mera formalización teórica sin muchas posibilidades para la vigencia efectiva de dichos derechos.

El debate sobre la democracia es, en las condiciones actuales, una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. Pero, también se transforma en una polémica respecto de la eficacia de la democracia. Los dilemas de la legitimidad política, como se refieren al rumbo, al sentido que la sociedad habrá de tomar, propician el debate sobre los grandes temas del desarrollo político y económico. La cuestión de la legitimidad política lleva así directamente al tema institucional, y al diseño del que sea mejor para lograr ese desarrollo.

Si convenimos entre los argentinos que la República reclama la vigencia de una democracia social tendremos que sancionar una Constitución acorde con esa realidad. Nadie puede negar que nuestro país necesite consolidar un proyecto de Nación. Que éste, más que escribirse, debe efectuarse, una vez logradas las coincidencias mínimas. Que éstas se deben obtener con la anuencia de los diversos sectores de la vida nacional, y que la convocatoria ineludible de un Proyecto Nacional, con la discusión libre de quienes conforman la Nación, es un presupuesto fundamental para el éxito de nuestra democracia.

La unidad de nuestro pueblo sólo será efectiva si se basa en una auténtica coincidencia de ideas y realizaciones para emerger como Nación plena. En tal sentido, será de toda necesidad fijar los lineamientos de un nuevo Proyecto Nacional y luego inscribirlos en una moderna Constitución escrita que estructure el predominio político que logren los estamentos mayoritarios, y ordene la actividad y el uso de los bienes con miras a establecer la Justicia. Es preciso el planteo franco de nuevas bases que hagan posible la transformación nacional. En síntesis, el país reclama nuevos instrumentos jurídicos para una política económico-social avanzada. La reforma de la parte dogmática con un nuevo diseño, en diferentes capítulos establecerá el nuevo orden público constitucional y los fines que al más elevado rango normativo instituirá nuestro país. Por cierto, deberá dar amplia cabida a los derechos sociales, como también tendrá que explicitar nuevos contenidos para los derechos clásicos de libertad, igualdad y propiedad. Pero es necesario tener en cuenta que para ponerlos efectivamente en funcionamiento será menester modelar una nueva política económica que coadyuve al efectivo goce de dichos derecho.

  1. Una nueva arquitectura constitucional.

Como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación. Es indispensable impulsar la política económica heroica para hacer efectivos los derechos humanos básicos.

Marginar al pueblo del debate sobre una nueva Constitución no sólo evidencia desconocimiento sobre el tema constitucional, sino que también encubre la intención de apartarlo en la definición de los fines y medios que ha de sostener en este tiempo contemporáneo; en especial sobre las normas de política económica constitucional para superar el condicionamiento socioeconómico que veda la vigencia y goce de esenciales derechos básicos que hacen a la plena dignidad humana. Proyectos de vida que van impulsando el progreso social y a la Justica en su máxima expresión: La Justicia Social.

Definir e impulsar un proyecto político para superar esta etapa que transcurre en Argentina, sin duda posibilitará avanzar hacia el Proyecto Nacional de los argentinos  para el siglo XXI. El debate coyuntural nos posibilitará alcanzar un nuevo diseño estructural. Una nueva Constitución será el futuro de dicho proyecto.

No nos cabe duda alguna que como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación. Se debe tener en cuenta que la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos, y que la debilidad se transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo. Sólo un proyecto político superador que priorice el interés público, colectivo y nacional, posibilitará alcanzar la emancipación social, cultural y económica.

Pero, por supuesto, no hemos de creer que en abstracto o dogmáticamente, a través de la sola reforma o cambio de la Constitución escrita o jurídico-formal se conseguirá remediar los problemas que padece nuestro país. Insistimos, que es imprescindible concretar la necesaria y vigorosa alternativa de un poder político que dé impulso sostenido a una definitiva modificación de las estructuras reales del poder, que -según afirma la conocida tesis de Lasalle- son la base efectiva que otorga perdurabilidad a la Constitución real que soporta el país, con dependencia económica e injusticia social. Ello es la verdadera valla que no puede superar todavía una nueva Constitución jurídico-formal con el sentido indicado.

No nos debe preocupar que cuando se traten estos grandes temas se   generen ―agudas controversias‖ o se llegue a ―crear tensiones en la sociedad‖. Toda Constitución que sostenga   cambios   de   estructuras   en   dirección   al   progreso   de   la   justicia,   entrará ineludiblemente   en   conflicto   con   los   beneficiarios   de   los   privilegios   que   esa   nueva Constitución suprime. Más concretamente, siempre una Constitución hecha con el propósito de  redimir  al  país  y  afianzar  el  progreso  social  habrá  de  confrontar  con  quienes  pretenden evitar que ello ocurra. Por el contrario, una nueva Constitución que no entrara en conflicto con los  intereses  internos  y  externos  afectados  por  dicha  alternativa  no  sería  para  emancipar  al pueblo argentino, sino para reforzar la dependencia.

Los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación, lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su comunidad. Pero, para su debida ejecución no alcanza con la inteligencia, compromisos y conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y social que comprenda a todos los sectores populares. La invariabilidad de las categorías filosóficas, sociales, y constitucionales, es una idea ya hace mucho sobrepasada.

El desafío histórico nos plantea como necesidad de nuestro tiempo conceptualizar, organizar e institucionalizar al más alto rango normativo los objetivos e instrumentos que posibiliten superar los problemas socioeconómicos y políticos que dejaron a nuestro país en condición de subdesarrollo y con las carencias sufridas por su pueblo. En la actualidad se torna inminente la necesidad de precisar a nivel constitucional dichos principios, especialmente en materia económica y social, y lograr una Patria para todos, justa, libre y soberana. Por todo ello, proponemos a las ideas expuestas en el presente para ser debatidas como bases institucionales de una futura Constitución, con la imprescindible finalidad de superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos humanos básicos 17.

Sampay estimulaba y auguraba que en una nueva Constitución los sectores populares   han   de   instituir   ―un   gobierno   democrático   con   atribuciones   necesarias   para planificar  la  utilización  de  todos  los  recursos  del  país,  con  la  finalidad  de  promover  un desarrollo independiente y potente de la economía nacional, sin lo cual no hay posibilidad de efectuar la justicia‖. Esto es, realizar el fin natural de la comunidad, que la Constitución debe estructurar para que todos y cada uno de sus miembros puedan perfeccionarse íntegramente conforme a la dignidad humana.

Es necesario construir una trinchera de ideas para confrontar con quienes impulsan políticas para someter a los pueblos. Un espacio para forjar el pensamiento y la acción necesarios para un Proyecto Nacional, Popular y Democrático, en el marco de la Patria Grande. La tarea es abrir y profundizar el debate; diseñar rutas conceptuales y metodológicas, como paso indispensable para la formulación del proyecto de liberación nacional y social. Trasmitir el saber emancipatorio: sembrar la teoría y diseñar la metodología apta para hacerlo realidad. Avancemos definitivamente por la senda hacia la Patria Grande, en estas tierras de la América del Sur. Una nueva Constitución Nacional habrá de ser el instrumento de alto rango normativo que institucionalice el Proyecto Nacional, Popular, Democrático, Integrado y Federal, y concrete el objetivo ineludible de transformar las estructuras caducas que impiden el desarrollo político, económico, social y cultural de la República.

 

Castelar, 5 de marzo de 2019.

 

REFERENCIAS

1 Conf., Omar Alfredo Auton, “En la misma huella”, Escenarios, Año 16 – N° 44, diciembre 2018, pág., 51 y sgtes.

2 Conf., Arturo E. Sampay, Las Constituciones de la Argentina. 1810/1972, Eudeba, 1975, pág. 58/59.

3 Arturo Enrique Sampay, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, 1973, pág., 102.

4 Lo referente a la Constitución de 1853 y Alberdi lo desarrollamos en Jorge Francisco  Cholvis,  La Constitución  y  otros temas  (Dilemas del  constitucionalismo  argentino),  Libro  I  Capítulo  12,  Sampay  y la formación constitucional argentina, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, págs. 275 y sgtes.  http://www.e- libro.net/libros/?idautor=255149   .

5  Conf., Arturo E. Sampay, Las Constituciones de la Argentina. 1810-1972, Eudeba, 1975, pág. 62.

6  Conf., Arturo E. Sampay, ob. cit., pág., 64.

7  Conf., Juan Pablo Oliver,  La Constitución  del Capital  Extranjero, ―Revisión‖, año  II, N° 17, agosto 1965, págs. 5/6.

8  James, R., Scobie, Buenos Aires, del centro a los barrios. 1870-1910, Solar-Hachette, Buenos Aires, 1977,

9  Carlos Tagle Achával, Derecho Constitucional, tomo II, 1ª parte, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1978, pág. 381.

10  v. ―Plan de Gobierno, 1947-1951, Tomo I, Presidencia de la Nación-Secretaría Técnica, Buenos Aires, 1946, p.21.

11 Plan de Gobierno. 1947-1951‖, Tomo I, Presidencia de la Nación-Secretaría Técnica, Buenos Aires, 1946, págs. 13/ 20.

12 v. ―Plan de Gobierno. 1947-1951‖, ob. cit., pág. 21. Para ampliar estos temas véase, Jorge Francisco Cholvis,

La Constitución y otros temas (Dilemas del constitucionalismo argentino), Libro I, Constitución y proyecto nacional, Capítulos 10 y 11, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013 http://www.e-libro.net/libros/?idautor=255149

13 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, tomo I,  pág. 17;  v. ―Clarín‖, 2 de mayo  de 1948.

14 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente – Año 1949, tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 27.

15 Véase, Jorge Francisco Cholvis, “Revisionismo Histórico Constitucional. Proyecto Nacional y Constitución”, Ediciones Fabro, Buenos Aires, 2015; y Jorge Francisco Cholvis, “Los Derechos, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional”, Colección de Cuadernos, Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), 25 de octubre de 2017.

16 Véase,  Arturo E. Sampay, ―Introducción a la Teoría del Estado, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1961, pág., 373 y sgts.

17 En la Ponencia titulada “Hacia una nueva Constitución: Motivos y Pautas. Por qué el debate debe comenzar ahora”,  que  presentamos  en  el  II  Congreso  de  Filosofía  y  Geopolítica  ―Néstor  Kirchner‖,  realizado  en  la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), los días 23 y 24 de noviembre de 2018, señalamos diversos preceptos para ser debatidos y desarrollados en títulos, capítulos y secciones para una nueva arquitectura constitucional y que consideramos bases esenciales del Proyecto Nacional. Ciertamente, del debate surgirán otros como resultado de la creatividad popular y de las circunstancias socio-políticas que lo motiven; véase, Boletín del ―Instituto de Investigaciones Políticas y Proyectos Públicos‖ del Círculo de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional (ICIMISS), del 2 de diciembre de 2018.  .