Resulta sospechoso que Facebook Argentina haya censurado a un portal de noticias de la Democracia "protegiendo" la imagen de Maria Eugenia Vidal y "Cambiemos" contra toda crítica.

FLAGRANTE CENSURA DE FACEBOOK CONTRA “CHORIPAN Y VINO” PORTAL PERIODÍSTICO DE ACAPI

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión ; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus  opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La censura por parte de FACEBOOK constituye una violación a la Libertad de Expresión a los ciudadanos de la República Argentina que quieran acceder al portal inhibido.

NAC&POP

12/03/2019

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO.- PLANTEA
INCONSTITUCIONALIDAD. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.-

Sr. Juez:

Elizabet Claudia Vega Gron, D.N.I. N° 32831914, por derecho propio y
en mi carácter de administradora de la página de Facebook denominada
“Choripan Y Vino” con domicilio real en la calle Domingo Martinto 1357,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con el patrocinio jurídico de los Dres.
Federico Paruolo, abogado inscripto con el T° 87 F° 811 del CPACF, con
domicilio electrónico 23-31856026-9 y de Sosa Ramiro abogado inscripto al
tomo 117 folio 692 (CUIT 20-30608776-3) constituyendo domicilio legal sito
en la calle Rodriguez Peña 408 5 H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO:

En legal tiempo y forma, vengo a promover Acción rápida y expedita
de Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y artículos
concordantes de los instrumentos internacionales sobre los Derechos
Humanos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina) contra
Facebook Argentina S.R.L., con domicilio denunciando sito en la Av. L. N.
Alem 1110, Piso 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto
de solicitar a V.S. ordene el restablecimiento de la página “Choripán y vino”
que fuera dada de baja (por tercera vez) por la mencionada red social el
pasado 04/01/2016, por los motivos que se detallaran a lo largo del presente.
Solicito la habilitación de feria judicial en virtud de lo que manifestare
al punto III del presente escrito.

En este mismo acto vengo a solicitar medida cautelar innominada con
el objeto de que VS ordene el restablecimiento de la página censurada, lo que
implica la recuperación de todas las personas que mediante “like” (es decir  mediante el clic de un botón que los hace “suscriptores” de la pagina)
oportunamente se encontraban adheridas Choripan y Vino.

II.- ADMISIBILIDAD DE LA VÍA INTENTADA.-

La acción de amparo que se promueve resulta admisible de acuerdo
a las exigencias normativas en la materia toda vez que, en el caso de marras,
se verifican los tres supuestos establecidos por el art. 43 de nuestra
Constitución Nacional.

Asimismo no existe un remedio judicial más idóneo que permita
garantizar la protección constitucional que brinda el Amparo toda vez que es
el único instrumento expedito y rápido que puede lograr impedir que se
cercenen derechos inherentes a los seres humanos.

En relación al plazo para interponer el amparo, vale considerar que
tal como sostiene Rivas, "la reforma constitucional obliga a tramitar el amparo en forma expedita, y ello significa que no está sujeto a condicionamientos de modo que, el art. 2º de la ley 16.986, y con ello, el plazo de caducidad contemplado en el inciso e), se derrumba estrepitosamente …desde el momento en que la Constitución no hace ninguna salvedad al respecto y un amparo expedito no se compadece con un lapso tan exiguo como el referido por aquel inciso. 1 "

En esta lógica, según la Real Academia Española, la primera acepción de la palabra expedito es "desembarazado, libre de todo estorbo,"lo
que implica que no resulta válido someterlo a condiciones o modalidades
formales o procesales que puedan desnaturalizar o limitar el instituto
garantista.

En virtud de ello, ya en 1997, durante el XIX Congreso Nacional de
Derecho Procesal, realizado en la Provincia de Corrientes se concluyó que los
plazos y requisitos estipulados por la Ley N° 16.986 y sus semejantes
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires resultan derogadas atento la
incompatibilidad manifiesta con el art. 43 de la Constitución, dado que no pueden preveer más requisitos de procedencia que los expresamente
estipulados en él.

1 (Pág. 423. Gozaini, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional: Amparo; Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002.)

En este orden de ideas, y tal como lo señala el Dr. Bidart Campos, el
art. 43 resulta ser directamente operativo y se basta a sí mismo 2 .

Así las cosas, y aún en el caso de que se pretenda considerar vigente las previsiones de la Ley N°16.986, vale considerar que la presente acción de amparo fue debidamente interpuesta dentro del plazo legal de quince días.

Por otra parte, vale destacar que la determinación de la eventual invalidez del acto no requiere mayor amplitud de debate y prueba ya que el tema de autos requiere contrastar la actividad de Facebook al momento de eliminar dos veces la página “Choripan y vino” y por ultimo suspender al actividad de una tercera para luego darla de baja, con la Constitución y sus principios fundamentales y las Convenciones, Pactos o Declaraciones en materia de Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento interno en el art. 75.22 de la Carta Magna.

III.- HABILITACION DE FERIA.

Entiendo que es conducente la medida extraordinaria de habilitación
de feria, toda vez que la situación de hecho actual entraña para esta parte un
riesgo cierto e inminente de ver frustrado el derecho a la libertad de expresión
y el derecho al acceso a la información, puesto que como me explayare en el
apartado “hechos” cada vez que se ha cerrado la pagina que administro y la
cual cree, pierdo seguidores es decir la posibilidad de expresarme y que mis
ideas sean recibidas se ven reducidas considerablemente, vasta a tal fin solo
constatar que al primer cierre de la pagina contaba con 250.000 seguidores, al
segundo con 25.000 y al cierre actual con 8.000 es decir en tres cierres perdí
contacto con más de 240.000 personas las que se informaban mediante mi
pagina y de muchas de las cuales yo recibía información de la cual me nutria, es decir se ven violados tanto mi derecho a la libertad de expresión, como mi
derecho al acceso a la información, así como el derecho colectivo de acceso a
la información.

2 (pag. 385 Bidart Campos, Germán, manual de la Costitución reformada, T. II, ediar, Buenos Aires, 1998

Cabe mencionar que cada día que sufro la censura se están violando
mis derechos y que por ese motivo dilatar a la finalización de la feria judicial la vía intentada implicaría prácticamente la desnaturalización total del derecho que invoco y que pretendo de Vs una tutela efectiva.

La violación a mi derecho a la libertad de expresión ya ocurrió desde el
momento en el cual me censuraron, sin causa siquiera, la pagina en la cual
expresaba mis ideas.

Este derecho es automático y su violación también es “automática”, es decir se censura y con ello se impide tanto la libertad de expresión como el acceso a la información.

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, la
libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés
general.

También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación
de garantías democráticas.

En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos.

Sólo para tener una idea, el Informe sobre Libertad en la Red 2015,
elaborado por Freedom House en 65 países, nos demuestra que las
principales causas de censura online son: las críticas a las autoridades,
corrupción, oposición política, movilización de causas públicas, asuntos LGTBI, entre otros (conforme informe de publico acceso
https://freedomhouse.org/publicaciones).

Con lo dicho entiendo que la demora en dar curso a lo solicitado
implicaría la continuación de la violación de los derechos aquí invocados.

IV.- LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INCOAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO.-

Toda vez que la accionada impide mi acceso a la página de la cual soy
administradora entiendo que legitimación, tal como explica Marienhooff es “en general (…) la aptitud de ser parte en un determinado proceso o asunto
judicial.

Y tal aptitud se determina por la posición en que se encuentre el actor
respecto de la pretensión que da lugar al proceso o asunto, entendiendo aquí
por pretensión lo que el actor pide que le sea reconocido
jurisdiccionalmente…

Sólo las personas que se encuentran en determinada relación con la pretensión pueden ser parte en el proceso en que la misma se deduce” 3 , y conforme surge de lo manifestado infra, me considero con la debida legitimación para accionar.

La prueba que acredita mi legitimación activa para realizar la siguiente
la constituye diversos print de pantalla donde consta que soy administradora.

En virtud de lo expuesto considero que la prueba que aporto en “ANEXO I” resulta suficiente para acreditar la legitimación activa de esta parte, empero si VS la considerara insuficiente, como medida probatoria ofrezco:

a) Constancia de premio entregado a mi persona por la Agrupación
Oesterheld a la pagina “Choripan y vino”, premio otorgado como
reconocimiento a la prensa independiente, que me fuera entregado a mi
persona, del cual acompaño copia y pongo a disposición el original.

b) Aporto en soporte digital en “ANEXO II” video filmaciones de la
entrega del mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento
referido.

c) se requiera a FACEBOOCK Argentina S.R.L. que informe si constan
en sus registros el alta de pagina con el nombre “Choripan y Vino”, si la
misma fue suspendida y luego cancelada, si ello ocurrió y en qué fecha.

3 MARIENHOFF, Miguel; “La legitimación en las acciones contra el Estado (Acción popular.Interés simple. Interés difuso. Acto administrativo discrecional)”, en L.L. 1986-C-899.-

Por último y toda vez que los print de pantalla son del sistema de la
demandada, solicito se me exima de acompañar copias de los mismos puesto
que la accionada tiene acceso a ellos mediante su propio sistema.

IV HECHOS

En el mes de Diciembre del 2016 abrí, junto con otras personas, una
página denominada “Choripán y vino” en la red social Facebook.

El espacio tenía como objetivo difundir noticias relacionadas a la política actual de nuestro país, como ser la implementación de políticas públicas, información respecto a sucesos coyunturales y opiniones respecto de los personajes políticos de mayor relevancia en el gobierno de entonces y el actual.

Como cualquier expresión de ideas respecto de la dirección de un país,
este medio no era imparcial, sino que se presentó desde sus comienzos como
un espacio ideológicamente afín al kirchnerismoy sumamente crítico con las
políticas públicas que se llevaban a cabo en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, entonces dirigido por el actual presidente Mauricio Macri.

Así, en el espacio se publicaban las políticas públicas que yo
consideraba acertadas y las que no, abriéndose de ese modo un espacio de
opinión en el cual además de difundir mis ideas político-partidarias, también
podía informarme, nutrirme del debate generado, de la información que otras
personas adherentes a la página publicaban.

El grupo estaba conformado inicialmente por aproximadamente 30
personas.

El día 04 de agosto de 2016 Facebook Argentina S.R.L. inhibió la
visibilización de dicho espacio en la red social mencionada, lo que implicaba
que yo podía ingresar a la página pero que los restantes miembros o
seguidores no podían verla ni ver las publicaciones.

A los pocos días cierran definitivamente la página, lo que implica la pérdida de toda la información publicada, asi como la imposibilidad de los seguidores de poder tener contacto con nosotros y viceversa; sin embargo el cierre no impide que se creen nuevas páginas, pero como mencione, con la consecuente pérdida de toda la información y de los lectores.

Posteriormente, procedí a la apertura de una nueva página con el
mismo nombre e idéntico objetivo.

No obstante, el cierre del espacio generó una merma del grupo de seguidores y participantes, en tanto la gente que se había adherido inicialmente desconocía esta situación y no existe medio alguno para informarlo más que mediante la apertura de una nueva página.

Estos hechos se repitieron en tres ocasiones, logrando así que “Choripán y vino” disminuyera a un cuarto el número de seguidores, perdiera
visibilidad y fuera en cada ocasión más dificultosa la tarea de reconstruir el
espacio.

En lo que respecta a esta presentación, debo destacar que el día 31 de
diciembre de 2016 Facebook censuró nuevamente el grupo de debate con el
fundamento de que el mismo infringía las normas de la comunidad de
Facebook.

Se omitió en tal oportunidad mencionar qué norma se estaba infringiendo, no se detalló qué comentario o publicación podía contrariar la reglamentación y tampoco se posibilitó enmendar el daño con la eliminación de dicha noticia.

Únicamente se me habilitó el acceso a un formulario mediante el cual podía “apelar” la decisión de Facebook Argentina S.R.L., sin embargo, tan pronto como intenté hacer uso de dicho recurso, el formulario llevaba una fórmula que indicaba que ya se había utilizado esa alternativa.

En suma, revisar dicha decisión era meramente ficcional porque en la práctica no estaba habilitado el procedimiento.

Todo ello ocurrió luego que en la pagina fuera subida una imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde se realizaba una crítica a su gestión a cargo de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refiere un claro acto de censura por razones políticas, fundadas en la relación comercial que existe entre el Gobierno Nacional y Facebook Argentina S.R.L. (que se hizo pública por diversas investigaciones periodísticas como ser la de INFOBAE
de fecha 23 de agosto de 2016); así mismo la primer censura ocurrió en vísperas al denominado “ruidazo” que se organizaba por redes sociales en contra de la política tarifaria del gobierno, en Agosto de 2016; la segunda ocurrió durante la convocatoria a la llamada “marcha federal” que también se organizaba por redes sociales e iba dirigida a cuestionar las políticas del gobierno de la actual administración, esto en septiembre de 2016.

Todo lo mencionado anteriormente da cuenta de una clara persecución a la pagina que yo administro por razones políticas, fundadas en la relación comercial con el Gobierno Nacional, con el único objetivo de censurar cualquier tipo de opinión que resulte “perjudicial” a los intereses de quienes hoy tienen a su cargo el manejo del estado nacional.

Actualmente ya fue cerrada la página, así como se hiciera en las
anteriores oportunidades.

Es por tal motivo que interpongo la presente acción.

El cierre de la página restringe mi libertad de expresión, al tiempo que
coarta mi derecho a la información –en tanto me nutro de la información
volcada por otras personas seguidoras del espacio- y el del resto de la
comunidad que utiliza dicha página para conocer mi opinión política.

Esta situación me obliga a acudir a la justicia en procura de la defensa
de mi derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, por
los fundamentos que serán dados a continuación.

No resulta menor que la primer pagina que fue censurada contaba con un total de 250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) seguidores, es decir 250.000 ciudadanos que se informaban mediante las publicaciones que mi pagina hacia, la segunda página censurada contaba con 75.000 (SETANTA Y CINCO MIL) seguidores y la ultima con 25.000 (VEINTICINCO MIL) seguidores., conforme surge de las capturas de pantalla que se acompañan a la presente como prueba, en “ANEXO III”.

Por último, y no menor, debo remarcar que jamás hemos violado la
política interna de FACEBOOK.

También debo hacer mención a Vs. que alguien que desconozco ha
creado una página con el mismo nombre, extrañamente Facebook se lo permite, y claramente el objetivo de dicha pagina es generar confusión con
nuestros seguidores y llevarlos al error de ingresar a dicha pagina copiada,
tampoco es menor que esa publicación jamás fue dada de baja por Facebook
pese a los diversos reclamos realizados.

V.- DERECHOS AFECTADOS

El caso que nos convoca resulta una clara afectación a la libertad de
expresión.

Sin embargo, referirse a la libertad de expresión no es tan sencillo,
sino que requiere de una precisa definición y distinción de los caracteres que
la configuran.

Para ello, haré uso de las palabras vertidas por la Relatoría para la libertad de expresión, en su informe anual del año 2009, en el que se dejó sentado que “la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una
dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a
procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e
informaciones ajenos y a estar bien informada”

Teniendo en cuenta esta doble dimensión, se ha explicado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen.

Es así, que trabajaré ambas faces de un mismo derecho por separado,
denominando “Libertad de expresión” a la faz individual, al derecho a difundir
ideas y pensamientos que la Carta Magna me garantiza a mí individualmente
como sujeto de derechos.

Por otro lado denominaré “Derecho a la información” al aspecto colectivo de este derecho, es decir al derecho constitucional a recibir información de distinto tipo.

Derecho que Facebook Argentina S.R.L. no sólo me cercenó a mí al impedirme recibir las opiniones y la información que otros usuarios de la red social me compartían, sino que también se le imposibilitó el goce del mismo a todos aquellos seguidores de la página que leían a diario las novedades por mí publicadas y las opiniones que allí vertía.

Finalmente, debo destacar que en cualquiera de sus formas, la libertad
de expresión es un derecho que requiere una protección especial y activa por
parte de los estados y que la garantización del ejercicio de este derecho no
supone meramente la no intervención.

Para explicar este punto, me remitiré a las palabras del Dr. Víctor Abramovich en oportunidad de presentarse como amicuscuriae en la causa Nro. G.439. XLIX-Rex-caratulada “Grupo Clarín c/ Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad s/ recurso extraordinario”:

“Si observamos la evolución de la jurisprudencia sobre igualdad en el sistema interamericano, concluiremos que el SIDH demanda a los Estados un rol más activo y menos neutral, como garantes no sólo del reconocimiento de los derechos, sino también de la posibilidad real de ejercerlos.

En ese sentido, la perspectiva histórica sobre la jurisprudencia del SIDH marca una evolución desde un concepto de igualdad formal, hacia un concepto de igualdad sustantivo que se comienza a consolidar en la etapa actual del fin de las transiciones a la democracia, cuando la temática de la discriminación estructural se presenta con más fuerza en el tipo de casos y asuntos considerados por el SIDH.

Una noción de igualdad sustantiva, que demanda del Estado
un rol activo para generar equilibrios sociales, la protección especial de
ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales de
discriminación.

Esta última noción presupone un Estado que abandone su neutralidad y que cuente con herramientas de diagnóstico de la situación social para saber qué grupos o sectores deben recibir en un momento histórico determinado medidas urgentes y especiales de protección” (el destacado me pertenece). 4

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V. 1. FAZ INDIVIDUAL DEL DERECHO INVOCADO. LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en
otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.
En particular me interesa destacar la formulación que del derecho
elabora la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 19
y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 y la
interpretación que de estos articulados se ha efectuado. Veamos.
En la primera convención referida se declaró expresamente que “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.”. Se advierte de la redacción una
amplia cobertura irrestricta a todo tipo de divulgación de ideas y opiniones.
Similar redacción se presenta en la Convención Americana, que
establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.”

4 Disponible en
http://www.unla.edu.ar/documentos/centros/derechos_humanos/amicus_unla.pdf

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Párrafo siguiente, los Estados se introdujeron en el terreno de la
censura, previendo expresamente que “El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la
reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.”
Como si ello fuera poco, para evitar cualquier confusión respecto de
qué importa una censura previa, en su inciso 3° se estipuló “No se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Finalmente el artículo 29 establece como norma de interpretación de la
Convención que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c)
excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o
limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza."
Pese a la claridad del articulado, que supone que cualquier
interpretación de dicha redacción debe ser en favor de la libertad de expresión
y nunca de su restricción o supresión, la CIDH en su Opinión Consultiva Nro.
5/85 se vio obligada a explayarse respecto a la interpretación válida,
oportunidad en la que señaló que “En su dimensión individual, la libertad de

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expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o
escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a
utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y
hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.”(el destacado me
pertenece).
Lo anterior no significa que toda restricción a los medios de
comunicación o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente
contraria a la Convención. Sin embargo, la restricción al derecho no puede
configurarse como censura previa, sino como responsabilidad ulterior. En este
sentido, la Convención (y la Comisión al interpretarla en el documento citado)
es clara al establecer en el artículo 13.2 las “restricciones” válidas a la libertad
de expresión, constituidas por una regulación legal de aquellas conductas que
constituyen causal de responsabilidad según el citado artículo. Esa
determinación de responsabilidad es la única restricción al derecho invocado
válido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.
Así, en la Opinión Consultiva mencionada se determinó “Es en el
sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad
por el abuso de la libertad de expresión como se usará en adelante respecto
de este artículo la expresión ´restricción´”.
Y párrafo siguiente destacó que “la Convención define a través de qué
medios pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de
expresión. Estipula, en primer lugar, la prohibición de la censura previa la cual
es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados
por el artículo 13… En esta materia toda medida preventiva significa,
inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la
Convención” (Opinión Consultiva Nro. 5/85, párr.38, destacado propio).
En sintonía con esta regulación se redactó la Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión, en cuyo preámbulo se dejó sentado que la
protección de este derecho, aún en su faz individual, tenía una relación directa
con la consolidación y el desarrollo de la democracia. Ello, desde el
convencimiento de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y

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opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso
democrático.
Así, considero de suma relevancia para el caso recordar los primeros
dos principios de la Declaración, que suponen “ La libertad de expresión, en
todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable,
inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la
existencia misma de una sociedad democrática.” (principioNro 1).
Y que “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir
información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas
deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir
información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (principio Nro. 2).
Se advierte entonces de la normativa internacional citada en los
párrafos precedentes que la protección a mi derecho individual a expresar mi
opinión esta ampliamente protegida, no es susceptible de censurarse bajo
ningún medio, formal o indirecto.
Ahora bien, el cierre de la página “Choripán y vino” en donde yo
volcaba mis opiniones respecto de la política nacional, es una censura previa y
en tanto tal, es también una restricción ilegítima al derecho invocado. Como si
ello fuera poco, la multiplicidad de restricciones ilegítimas ocasionó un efecto
multiplicador del impacto de dicha acción sobre mi derecho a expresarme
libremente, en tanto cada vez fue más dificultoso alcanzar el número de
seguidores que leían a diario lo que yo volcaba en dicho espacio social y,
como se dijo anteriormente, la protección a la libertad de expresión también
supone o incluye la preservación del mayor público posible, tal y como lo
determinó la Comisión Interamericana en la Opinión Consultiva antes citada.
Finalmente, huelga destacar que en el informe del año 2000 de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en aquel momento a cargo

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de Santiago Cantón, se refirió al efecto que produce la discriminación de
ciertos sectores de la población en el fortalecimiento de las democracias y
explicó que “es deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades a
todas las personas para recibir, buscar e impartir información por cualquier
medio de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo de medidas
que discriminen a un individuo o grupo de personas en su participación
igualitaria y plena de la vida política, económica y social de su país. Este
derecho garantiza una voz informada para todas las personas, condición
indispensable para la subsistencia de la democracia” 5
Dadas estas premisas, creo estar en condiciones de afirmar que no hay
modo de sostener que se garantiza el derecho a la comunicación de modo
universal si se lo considera una libertad negativa, protegida exclusivamente
por obligaciones vinculadas a la abstención de censura por parte de los
Estados.

V.2. FAZ COLECTIVA. DERECHO A LA INFORMACIÓN

Con el surgimiento de los Estado- Nación, post revoluciones en Inglaterra
(1688) y Francia (1789) se plasma el reclamo público por la libertad de
prensa. A partir de entonces, se presenta en la historia internacional un
aumento de la participación de la sociedad civil en el debate público.
Posteriormente, a través de diversos cambios producidos a lo largo de la
primera mitad del sigloXX -creación de asociaciones de periodistas, consejos
profesionales y otras instancias de evaluación ética de la actividad
informativa- la información se consagró como un derecho universal.

El inicio de esta etapa está marcado por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948,que reconoce en su artículo 19 el Derecho a la
Información:

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2002.

Disponible en http://www.cidh.org/relatoria/ showarticle.asp?artID=138&lID=2

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus  opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

De esta manera se llega a un estadío novedoso para las sociedades
modernas en el cual la información deja de ser potestad del Estado, de los
empresarios periodísticos o, inclusive, de los propios periodistas, para
convertirse en un derecho humano, cuyo titular es el público 6 .

A nivel regional, el Derecho a la Información fue reconocido por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el carácter
universal del Derecho a la Información y, como se dijo, condena cualquier tipo
de restricción a su ejercicio, tantodirecta como indirecta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de reafirmar esta concepción, considera que la libertad de expresión debe poderse ejercer tanto en su faz individual –el derecho de cada persona a utilizar cualquier medio apropiado  para difundir sus opiniones- como en su faz social, satisfaciendo la necesidad de todos los ciudadanos de recibir información y opiniones diversas.

Por esta razón, el máximo tribunal regional entiende que “no sería
lícito” limitar las posibilidades de expresión a través de la censura previa y la
CIDH en su Opinión Consultiva Nro. 5/85 señaló que

“Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales”.

Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y
expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por
6 “Ciudadanía(s) y derecho(s)a la comunicación”Diego de Charras, Luis Lozano y Diego Rossi, pag. 33  cualquier… procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente

Queda claro, entonces que la dimensión colectiva de la libertad de
expresión es un medio para intercambiar ideas e informaciones entre los seres
humanos.

Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.

En esta línea se dijo que “Para el ciudadano común tiene tanta
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que
disponen otros como el derecho a difundir la propia.

Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente.” (Opinión Consultiva 5/85, punto 33)

Desde este entendimiento, entonces la vulneración a mi libre expresión
supone inescindiblemente la vulneración al derecho a la información de todos
los ciudadanos y especialmente de aquellos seguidores de la página en la que
yo difundía mis ideas.

Esta cara y contracara propia del derecho que aquí invoco resuena
sobre el modelo político constitucional, es decir, sobre el sistema democrático.

Sin ir más lejos, en la Convención Antecedentes e Interpretación de la
Declaración de Principios, en la que se pretendió explicar cómo debían
entenderse los principios volcados en la Declaración sobre los Principios de
Libertad de Expresión, citada en el acápite III.1. de esta presentación, se
destacó lo siguiente:

Respecto del principio número 1, se expuso que

“[L]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.

Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente
informada.

Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.

La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma”.

Asimismo, se detalló en referencia al segundo principio convenido que

“Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las
mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el
más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto
[…]

Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que
se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse
libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”.

Como se advierte, Facebook Argentina S.R.L. no sólo restringe mi
derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, sino que
también vulnera el derecho del pueblo argentino como colectivo interesado en
la información respecto a las políticas públicas del estado, a la formación de
opinión libre y, en última instancia, a la elección democrática, libre e
igualitaria.

Tan relevante resulta la faz colectiva del derecho invocado que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 reconoce el
derecho a la libertad de expresión al igual que la convención, pero a su vez
impone a los Estado la adopción de las medidas necesarias para el efectivo
cumplimiento del derecho.

Reitero: un tratado internacional suscripto por el Estado Argentino lo
exhorta a desempeñar un rol activo, promoviendo y garantizando la diversidad de voces la construcción de medios públicos independientes, como en este caso lo es un foro abierto a la comunidad.

Debo destacar, por último, que el campo audiovisual se ha revolucionado con la digitalización de los contenidos, por lo tanto las Opiniones Consultivas o fallos que otrora se dictaron en torno a los medios televisivos o de radio, hoy por hoy deben adaptarse a los medios informáticos.

El avance tecnológico y el surgimiento de nuevas formas de comunicación no
puede ser óbice para desconocer los principios básicos de un derecho tan
elemental como el que aquí traigo a colación.

Máxime si se considera que  estas nuevas plataformas promueven el surgimiento horizontal y vertical de identidades colectivas con un acceso prácticamente universal que facilita el intercambio de información y genera una cantidad insospechada de nuevos servicios digitales.

El fortalecimiento de la democracia a través de una ciudadaníalibre y
emancipatoria será obra de los ciudadanos en múltiples espacios: Internet ha
sido sostén de creativas y múltiples redes sociales,con incidencia en la
generación de agendas, compartir contenidos,debatir cuestiones públicas o
movilizar colectivos sociales, por lo que deviene sumamente necesario
proteger estos nuevos medios de comunicación con la misma rigurosidad que
los estándares internacionales previstos para los medios convencionales.

V.3.-ACTUALIDAD DE LA LESION A LOS DERECHOS
CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y  EN LOS TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS

Que la actualidad de la lesión viene no solo dada por el hecho de
haber inhibido la visualización del portal. Sino que esta actitud prolonga los
efectos de la lesión a los derechos fundamentales en el tiempo, es decir que
tiene aptitud para renovarse periódicamente,  y hasta que no cese la
operatividad de tal medida, la lesión seguirá afectando las garantías
fundamentales que hacen como ciudadano a los habitantes de la república y
su participación en el control republicano.

Así la jurisprudencia sostuvo que “…no se produce la caducidad de
la acción deamparo…si la conducta lesiva del organismo implicado se sigue
prolongando en el tiempo, o tiene aptitud para renovarse periódicamente pues ante esa situación se da un incumplimiento continuado que traslada sus efectos hacia el futuro…” (“Gezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social s/amparo”; Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala I, sentencia del 12-10-1995).

II), ello no significa que, a través del juego armónico de lo preceptuado  en los arts. 1° y 2°, inc. e) de la ley 16986, se descarten de plano las particularidades de cada caso (cf. Sala I, "in re" "La Segunda ART", del 20 de junio 2000 y "Milling SA ya citado).

Más allá que los requisitos de admisibilidad formal deben ser
apreciados con estrictez, "en caso de dudas sobre el inicio del plazo de
caducidad, parece conveniente atenerse a lo que sea más propicio
para los reclamantes, si éstos han actuado con una celeridad
razonable, de acuerdo con las particularidades de cada caso,
pudiendo incluso llegar a excluirse, a su respecto, la aplicación del
art. 2, inc. e) de la ley 16986 (conf. Sagúes, Néstor Pedro, "Derecho
Procesal Constitucional, Acción de", 2a. ed., Buenos Aires, 2988, p. 266, ver también del mismo autor "

El plazo de caducidad de la ley deamparoante la reforma constitucional" JA del 5/4/00, comentario al plenario " Capizzno de Gialdi, en Morillo, Augusto Mario y Vallefín, Carlos A " ElamparoRégimen Procesal", 3a. Ed. La Plata 1998, p. 44, Sala I, en fallos "La Segunda ART", y "Miling SA", antes cit.).

Las particularidades de la situación analizada en autos
autorizan en la especie a apartar el rigor formal que la aplicación del
plazo de caducidad de la acción deamparoestablecido en el art. 2,
inc. e) de la ley deamparosupone, y a considerar, por ende, la
interposición de la acción tempestiva.

Ello es así, pues en autos se acusó al demandado de omitir las
publicaciones reglamentariamente por él establecida en relación los
decretos administrativos y parlamentarios en su sitio de Internet;
observándose la reiteración de esa conducta omisiva hasta el
presente…”  (“CIPPECy otro c. Honorable Cámara de Senadores del
Congreso de la Nación s/amparo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso administrativo Federal, sala III”)

“Que en efecto, corresponde señalar en primer lugar, que no surge
de autos que la demandada le haya hecho saber a la actora, de modo fehaciente, la modificación de las prestaciones asistenciales a que
tenía derecho, en su condición de afiliada.

No existe, entonces, fecha cierta a partir de la cual pueda computarse el plazo establecido por el art. 2°inc. e) de la ley 16.986 ni, por tanto, razón para declarar que la demanda fue interpuesta extemporáneamente.

Es cierto, no obstante, que podría afirmarse –como en definitiva lo ha
considerado la cámara- que de hecho la demandada suspendió las
prestaciones que brindaba y que fue a partir del conocimiento de esta
circunstancia que la actora, dentro del plazo antes señalado, debió demandar.

Pero frente a ello puede sostenerse que el escollo que importa el citado
artículo no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia
una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad,
originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al
momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho
único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad
jurídica ni un hecho Consentido tácitamente, ni de aquellos que en
virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias. (C.S.J.N.
“Tartaroglu de Neto, Leonor c/ IOS s/amparo” Sentencia del 25/09/2001).

“El art. 2°, inc. e) de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad
de presentar la demanda deamparo dentro de los 15 días hábiles a partir de la
fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo
insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad
continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de
recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y
también en el tiempo siguiente” (Disidencia parcial del Dr. Eduardo
MolinéO'Connor en “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de
Cinematografía s/ amparo” T.318 F.1154).

Lo expuesto nos ilustra sobre las posturas sostenidas por los órganos
superiores del fuero, como también de la misma Corte Suprema, sobre la
caducidad de la acción deamparo , cuestiones que deben ser tenidas en
cuenta al momento de evaluar sobre la procedencia y/o admisibilidad de la
presente.

V.S. deberá tener en cuenta que la actualidad de la acción y su
vigencia no son extemporáneas, en tanto que, los efectos del hecho
originador se siguen manifestando afectando al conjunto de la sociedad y
lesionando sus derechos fundamentales, por lo que de las particularidades de
este caso  y siendo que el hecho originador tiene aptitud para renovarse
periódicamente, por lo que se renueva periódicamente la lesión al derecho de
libertad de expresión, debido a que cualquier persona que quisiese entrar al
portal o cualquier tipo de publicación que intente realizarse, se verá impedida.

Es por lo expuesto que para la situación descripta se debe dejar sin
efecto el plazo perentorio del inc. e) del art. 2 de la ley 16.986, claro está,
para llegado el caso que estime que haya plazo, en tanto que esta parte
entiende que no lo hay cuanto por las características mencionadas de los
efectos del hecho originador, son y serán siempre de actualidad en tanto se
siga perpetuando la palmaria violación a la Libertad de Expresión a los
ciudadanos de la República Argentina que quieran acceder al portal inhibido.

Llegado el caso de que V.S. no acoja los argumentos esgrimidos
sobre la no vigencia del plazo de caducidad, o que no coincida en la
interpretación de la renovación continua del acto y por lo tanto del plazo de
caducidad.

Es que solicito se declare inconstitucional el plazo establecido en el
artículo 2 inc. e) de la ley 16.986, por ser el mismo requisito sustancial para la
admisión del amparo, es decir, no meramente formal, y ser contrario a los
establecido posteriormente en la Constitución Nacional reformada en 1994 la
cual en su artículo 43 establece cuales son los requisitos de admisibilidad de la
acción deamparo, siendo aplicable al caso, lo establecido por el voto
mayoritario en“Gezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social s/amparo”;
(CámNaCiv y ComFed, Sala I, 12-10-1995) del voto del Doctor Perez Delgado,
el cual sostiene la postura de la no vigencia del plazo de caducidad
establecido por el decreto-ley 16.986 frente a la reforma constitucional de
1994.

V.4. OBLIGATORIEDAD DE CONFRONTAR LA NORMATIVA INTERNA CON EL PLEXO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-

El artículo 31 desde los cimientos del Estado ya disponía que “[e]sta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
Nación.”

Por otra parte, en el art. 102 se hacía referencia expresa al Derecho de Gentes marcando, incluso, las bases de la jurisdicción universal.

Más allá de los innumerables debates doctrinarios y jurisprudenciales en torno a la aplicación de las normas de derecho internacional sean convencionales o consuetudinarias, el art. 75.22 incorporó en 1994 estos tratados al derecho interno otorgándoles jerarquía constitucional y poniendo fin a todas las dudas.-

Así, pocas dudas caben que, de acuerdo a nuestro ordenamiento
interno, existe la obligación de incorporar principios de interpretación
normativos acordes a los estándares del corpus normativo de Derechos
Humanos compatibilizando la totalidad de nuestro cuerpo normativo con los
principios constitucionales y convencionales, tratando de asegurar armonía
normativa.

En este punto es conveniente recordar el voto razonado del Dr. Sergio
García Ramírez en el Caso Tibi vs Ecuador de septiembre del 2004 en el que
se comenzó a bosquejar la obligación de realizar un control de
convencionalidad al mismo tiempo que se contrasta la Constitución Nacional
con las normas de menor rango.

En este sentido, se debe tender a que los tribunales nacionales procuren encauzar la actividad del poder público y otros agentes sociales al
orden o los principios del Estado de Derecho en una sociedad democrática.

Por ende, resulta valedero recordar el considerando 5° del voto supra
consignado, ya que “[h]ay que insistir en que los propios Estados, garantes
del sistema interamericano de derechos humanos, son al mismo tiempo piezas
esenciales de ese sistema, al que concurren a través de una voluntad política
y jurídica que constituye la mejor prenda de la eficacia verdadera del régimen internacional de protección de los derechos humanos, sustentado en la
eficacia del régimen interno de protección de esos derechos.”

Asimismo, en el considerando 8° agrega que “[n]o obstante esta paulatina aparición de temas diferentes a los transitados… en el conjunto de casos sometidos a la Corte persisten algunos de carácter “tradicional”.

No sólo no han declinado o se han ausentado, como hubiera sido deseable y parecido natural, sino han cobrado nuevas expresiones o han mantenido una presencia cuya constancia pone de manifiesto la necesidad… de revisar el estado de estas cuestiones en el orden interno para ajustarlo, de una vez, a los “estándares” internacionales.

El tribunal internacional cumple su parte en la mejor medida a su alcance
cuando identifica las grandes cuestiones dentro de los litigios de que conoce o
las opiniones que emite y produce la doctrina jurisdiccional que figura en sus
consideraciones.

La siguiente etapa corre a cargo de la jurisdicción nacional,
no sólo por la competencia legal que tiene, sino -sobre todo- por la
capacidad real que posee para abarcar todos los problemas que se suscitan en
el ámbito interno.”

Vale aclarar que cuando nos referimos a estándares internacionales en
materia de derechos humanos, debemos tener en cuenta que ellos son, ni
más ni menos, que la cristalización de propósitos, principios o reglas incluidas
en nuestra constitución desde la fundación de nuestro Estado.

Es esta cuestión la que torna indispensable el debido control
convencional y constitucional a fin de que la letra de los derechos no se
convierta en una mera declaración de deseos invocada en los ámbitos
académicos mientras que una empresa multinacional puede cercenar, sin ton
ni son, el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información de los
ciudadanos.

Cabe destacar que, desde 2001, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha considerado que esta confrontación del derecho interno con el
derecho convencional no se limita a normas inferiores, como resulta ser el
caso, sino en relación a todo el ordenamiento jurídico tal como se entendió en
el caso “La Última Tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile en donde se sostuvo que “la responsabilidad internacional del Estado puede
generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste,
independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.

Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la
responsabilidad internacional del Estado.

En el presente caso ésta se generó en virtud de que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción cinematográfica y, por lo tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”.

Por lo expuesto, y siendo que el Estado Nacional (mediante el
poder ejecutivo) no toma medida alguna para garantizar los
derechos aquí invocados, corresponde a Vs, en representación del
Poder Judicial y como ultimo garante de la Constitución Nacional,
velar por esos derecho.

VI SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.

Atento el tenor de la norma puesta a considerar solicitamos el dictado de las siguientes medidas cautelares:

a) Una medida cautelar que obligue a Faceboock Argentina S.R.L.
a habilitar la pagina de mi autoría, y prohíba el nuevo bloqueo de la misma
hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir durante la sustanciación
del presente proceso.

Todo ello teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias en caso de ser aplicadas, y con la exclusiva finalidad de resguardar derechos fundamentales que, de no ser tutelados en forma inmediata, serán de imposible reparación ulterior.

b) Una medida cautelar que obligue a Faceboock Argentina S.R.L.
a habilitar las tres paginas oportunamente censuradas y mediante su sistema
a unificar todos los seguidores que las mentadas paginas tenían en una sola,
ello a los efectos de garantizar a las personas que se informaban mediante
dichas paginas a tener un acceso real y efectivo a la información.

Es procedente la concesión de la medidas cautelares peticionadas en el presente, pues “la sola omisión de dar participación al usuario, en la forma
indicada, configura el perjuicio que, en las condiciones enunciadas, satisface
adecuadamente el requisito de ‘actualidad’ y ‘certidumbre’ de un daño que no
podría subsanarse con el dictado de una sentencia que hiciera lugar a la
pretensión del actor.”

Destacamos que la adopción de las cautelares que se peticiona tiene
por objeto resguardar derechos fundamentales directamente relacionados con
el objeto procesal, de donde surge que la verosimilitud del derecho viene dada
las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y porque el accionar
de la firma Facebook S.R.L. determina un estado de suspensión de derechos
que resulta absolutamente prohibida por dichas normas.

La premura y urgencia que se pone de manifiesto, se hace aún más
notable si tenemos en cuenta que es necesaria la adopción de medidas
positivas para que los derechos constitucionalmente garantizados y los
emanados de los Tratados y Convenciones incorporados a nuestro
ordenamiento por el Art. 75.22 de la misma norma, se hagan efectivos.

Asimismo, fundamos el derecho de la medida peticionada en los
artículos 195, 232, 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y
los derechos y garantías que en los considerandos previos han sido citados.

Asimismo, solicito se me exima de otorgar contracautela dada mi
condición de ciudadano y la disparidad de fuerzas entre una firma que, si bien
extrañamente tiene una subsidiaria en Argentina que se ha conformado con
un capital social de tan solo 40.000 pesos, es de público y notorio que la firma
FACEBOOCK posee un valor superior a los mil millones de dólares.-

En suma la verosimilitud en el derecho se verifica por dos extremos, el
primero por la calidad que revisto de administradora de la pagina que fuera
censurada (en virtud de lo cual se viola mi derecho a la libertad de expresión)
y por el otro lado

El peligro en la demora se verifica toda vez que no solo es recurrente la
conducta de la firma demandada, sino que al violarse los estándares internacionales mencionados arriba, cada día de censura deviene en un daño
irreversible tanto para quien da la información como para quien la recibe.

Por lo expuesto solicito se otorgue las medidas solicitadas.

VII.- PRUEBA.-

Como medidas probatorias, ofrezco las siguientes, separando las
medidas que se solicitan a efectos de probar lo dicho en el amparo y las que
solicitan en el marco de la medida cautelar, para el caso que VS considere que
es menester realizarlas.

IIV. a. Amparo:

Como medidas probatorias para el recurso de amparo solicito:

1) INFORMATIVA.

Se libre oficio a FACEBOOK ARGENTINA S.R.L., a efectos que informe, conforme la base de datos en su poder:

Fecha de alta de la fanpage denominada “Choripan y Vino”.

Que usuario dio de alta la mencionada pagina.

Fecha de baja por parte de FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

Cantidad de usuarios, de personas suscriptas, de personas que visibilizaron la pagina, desde su alta hasta su cierre.

Motivo por el cual se dio la baja de las publicaciones y luego de la pagina en su totalidad, tanto de “Choripan y Vino”.

Si hubo “denuncias” por contenido inapropiado, quienes fueron los
autores de dicha denuncias, contenido de la denuncia y procedimiento
realizado para su verificación.

Se libre oficio a ACAPI (Asociación de Comunicadores Argentinos
por Internet) con sede en a efectos que informe sobre la existencia de la
página “Choripan y Vino” y sobre si esta parte resultaba ser administradora de
la misma, en caso afirmativo que indique que tipo de publicaciones se realizaban, en particular si las mismas eran de contenido informativo,
humorístico o personales.

2) PERICIAL CONTABLE.

Se ordene pericia contable a efectos de informar si FACEBOOK
ARGENTINA S.R.L ha recibido pagos y en que concepto, de parte del
Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) PERICIAL INFORMATICA EN SUBSIDIO.

De forma subsidiaria, y para el caso que la accionada no informara
lo peticionado al punto 1 de este acápite, solicito se ordene pericia informática
a efectos de verificar en los servidores de la firma lo peticionado supra al
punto 1.

4) DOCUMENTAL EN PODER DE TERCEROS.

Para el caso que la accionada confirme que recibe pagos de algún
organismo público, que acompañe toda la documentación que obre en su
poder al respecto.

5) DOCUMENTAL:

Acompaño en ANEXO I Capturas que dan cuenta de la legitimación activa de esta parte.

Acompaño en ANEXO II Video filmaciones de la entrega del
mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento referido.

Acompaño en ANEXO III Capturas de pantalla.

Acompaño en ANEXO IV Constancia de mediación solicitada por esta parte siendo requerido FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

VII.b. CAUTELAR.

1) DOCUMENTAL:

Acompaño en ANEXO I Capturas que dan cuenta de la legitimación activa de esta parte.

Acompaño en ANEXO II Video filmaciones de la entrega del
mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento referido.

Acompaño en ANEXO III Capturas de pantalla.

Acompaño en ANEXO IV Constancia de mediación solicitada por esta parte siendo requerido FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

VIII.- INTRODUCE CUESTIÓN FEDERAL.-

Atento las cuestiones ventiladas en autos y teniendo en cuenta