El proyecto que representa Juan Guaidó no sólo se propone desguazar la estructura de protección social, sino también controlar y desnacionalizar la petrolera estatal.

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA VA POR LA PETROLERA ESTATAL (PDVSA)

Por Felipe Yapur

El artículo 34 se concentra en el objetivo del plan golpista, el control de la petrolera estatal Pdvsa. En ese sentido, el gobierno provisional debería conformar una junta de administración ad-hoc, que podría estar integrada por especialistas extranjeros que, según afirma el estatuto, deberían mejorar el rendimiento de la empresa y, sobre todo, abrir Pdvsa a la inversión extranjera o, como se dice vulgarmente, privatizarla de hecho.

Por Felipe Yapur

Desde Caracas

Página 12/ EL MUNDO

08 de febrero de 2019

¿Qué hay detrás del estatuto aprobado por la Asamblea?

El proyecto que representa Juan Guaidó no sólo se propone desguazar la estructura de protección social, sino también controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana: la petrolera estatal.

Vista de la sede principal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Caracas.

Imagen: EFE

El proceso destituyente en Venezuela tiene algunos puntos de contacto entre las viejas dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta.

Por caso, el martes pasado la Asamblea Nacional que preside el autoproclamado Juan Guaidó aprobó una norma que lleva el rimbombante título de “Estatuto que rige la transición para la defensa y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

En su articulado se vislumbra el proyecto que representa Guaidó, que no sólo se propone desguazar la estructura de protección social sino, y sobre todo, controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana, la petrolera estatal Pdvsa.

El estatuto aprobado por la Asamblea tiene cierta similitud con el antiguo estatuto del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, redactado por los jerarcas de la dictadura cívico militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

La diferencia radica en que Guaidó y los suyos todavía no concretaron el golpe aunque actúen como si ya lo hubiesen logrado dictando de leyes que carecen de valor legal luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara a la Asamblea Nacional en desacato.

No las pueden aplicar pero desnudan su objetivo golpista.

La oposición, haciendo una lectura antojadiza de la Constitución vigente, no solo justifica la autoproclamación de Guaidó como “presidente ‘encargado’” sino que flexibiliza el plazo de 30 días que le impone la Carta Magna para convocar a elecciones.

Si se cumpliese el artículo 233 de la Constitución, que tanto declama la oposición, el tiempo que tiene Guaidó para llamar a nuevas elecciones presidenciales vencería el próximo 23 de febrero.

Sin embargo, el “estatuto” aprobado establece que ese período comienza a correr una vez que Maduro abandone el cargo y se retire del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central.

Por lo tanto, hasta que eso no ocurra, los 30 días no comienzan a correr y Guaidó puede seguir jugando a ser presidente interino.

Por si acaso y para que tenga una apariencia legal, los diputados opositores de la Asamblea Nacional reinterpretaron el artículo 26, que ahora contempla que si Nicolás Maduro no abandona el gobierno o, como afirma el artículo, no se produzcan “las condiciones necesarias”, la AN ascenderá a Guadó.

Esto es, pasará de “presidente encargado” a presidente provisional, momento a partir del cual los famosos plazos del artículo 233 comienzan a desvanecerse.

El mandato constitucional de Maduro vence recién en 2025 por lo que Guaidó podría seguir siendo un presidente virtual por tiempo indefinido al solo efecto de mantener el esquema de ataque permanente al Ejecutivo bolivariano.

Ahora bien, si Guaidó fuera designado por sus pares como presidente provisional tendrá como tarea prioritaria la conformación de “un gobierno de unidad nacional”, que tendrá que llamar a elecciones para que se complete el mandato que hoy ejerce Maduro.

Eso sí, ese eventual gobierno de unidad tendría 12 meses para llamar a “elecciones libres”, aunque el texto deja abierta la posibilidad que ese plazo se alargara.

Al mismo tiempo, la redacción del artículo 29 es tan ambigua como peligrosa. Los diputados opositores consideran, en base a ese artículo, que un eventual gobierno provisional “podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República”.

El artículo advierte además que esa solicitud de ayuda debería ser autorizada por la Asamblea Nacional, según lo exige la Constitución que el estatuto interpreta y modifica.

Sin embargo, al no especificar qué tipo de ayuda podría reclamar Gaudió queda abierta la posibilidad de una eventual colaboración militar extranjera y así justificar una invasión.

El artículo 34 se concentra en el objetivo del plan golpista, el control de la petrolera estatal Pdvsa.

En ese sentido, el gobierno provisional debería conformar una junta de administración ad-hoc, que podría estar integrada por especialistas extranjeros que, según afirma el estatuto, deberían mejorar el rendimiento de la empresa y, sobre todo, abrir Pdvsa a la inversión extranjera o, como se dice vulgarmente, privatizarla de hecho.

El estatuto se pergeñó con tanta impunidad que la oposición se permite afirmar que en todas las disposiciones que se dicten en el caso de Pdvsa “prevalecerá sobre cualesquiera otras normas aplicables y orientará la interpretación de cualesquiera otras formalidades requeridas en el ordenamiento jurídico venezolano”.

Por lo tanto, cuando Guaidó y los suyos hablan de transitoriedad cada vez queda más claro que esa condición no tiene plazos y que se propone tomar el control económico de Venezuela.

EL GOLPE POR LOS RECURSOS

EL BANCO DE INGLATERRA EMBARGÓ EL ORO DE VENEZUELA

Infonews

07 de Febrero

No era solamente el petróleo, ni los minerales, ni el esquema geopolítico.

El diputado británico Chris Williamson criticó la decisión del Banco de Inglaterra de embargar el oro de Venezuela, negando su entrega a la Administración del presidente Nicolás Maduro.

El golpe por los recursos: el Banco de Inglaterra embargó el oro de Venezuela

Hace pocas horas, y pasando las cosas en limpio, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que lo ocurrido en el país caribeño en los últimos días fue literalmente un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, planificado desde Colombia y EEUU para ejecutarse entre los últimos días de enero y principios de febrero.

“Poderes fácticos de Colombia y EEUU soportaban las acciones asesinas y golpistas de (Oswaldo) García Palomo, que tuvo actividades intensas en octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019 (…) confesó que tenía tres días para el golpe militar el 27 de enero, o el 31 de enero, o el 3 de febrero”, explicó Rodríguez.

El coronel Oswaldo García Palomo fue detenido el 30 de enero tras ser acusado por el Gobierno venezolano de estar implicado en un intento de magnicidio contra Maduro el 4 de agosto de 2018 en un acto público en el oeste de Caracas.

Rodríguez presentó un video en el que García Palomo confiesa los planes del golpe y brinda detalles sobre lugares que se pensaban atacar en una de las tres fechas propuestas.

Maduro acusó al expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) y la oposición venezolana del intento de magnicidio.

En este contexto, el botín del golpe sería el petróleo, las riquezas naturales, el mirador geopolítico que ofrece el estratégico lugar que ocupa Venezuela en el mapa, y un aditamento que estaba fuera de los esquemas previos: el oro en Gran Bretaña. 

El diputado británico, Chris Williamson, criticó la decisión del Banco de Inglaterra -BoE- de embargar el oro de Venezuela, negando su entrega a la Administración del presidente Nicolás Maduro.

“Esos activos pertenecen a una nación soberana y que el BoE los embargue supone infringir todas las formas posibles de responsabilidad democrática”, denunció.

Williamson se unió a la manifestación por el retorno del conjunto de reservas, con un valor estimado de unos 1.200 millones de libras (unos 1.500 millones de dólares), que había sido convocada para la hora inglesa del almuerzo por la Campaña en Solidaridad con Venezuela (VSC).

“Lo que hemos visto en Venezuela es indignante y que el BoE entre en liza de una forma tan parcializada es completamente inaceptable”, agregó el político.

La cancillería británica ha confirmado que el banco emisor estatal retiene una“importante cantidad de oro de Venezuela bajo contrato” y que el “presidente interino (Juan) Guaidó” aludió a dichas reservas en una carta que remitió a la primera ministra, Theresa May, el pasado 26 de enero.

“Es una decisión del BoE, no del Gobierno…, pero no hay duda de que al tomar la decisión tendrá en cuenta que muchos países del mundo están cuestionando la legitimidad de Nicolás Maduro y reconociendo a Juan Guaidó”, declaró en el Parlamento el secretario de Estado para las Américas, sir Alan Duncan, el pasado 28.

“Sugerir que Maduro no fue elegido democráticamente es erróneo y me consterna que el Gobierno británico esté efectivamente actuando como el perrito faldero de Donald Trump”, denunció en una entrevista con Sputnik.

Advirtió que sólo un “puñado de las 195 naciones del planeta han reconocido a Guaidó”.

“Lo que Reino Unido debería hacer es pedir al BoE que devuelva el dinero a su propietario correcto, el Gobierno de Venezuela, y convocar a todas las facciones a una mesa de diálogo para llegar a una solución”, urgió.

Williamson teme que la situación desencadene en una “sangrienta guerra civil, con cientos de miles de víctimas”.

Considera que el envío de ayuda humanitaria solicitada por la oposición venezolana es una acción “diseñada a incrementar la presión y provocar el cambio de régimen” en Caracas.

“La ONU no ha aceptado la aseveración de Guaidó y Reino Unido debería exigir la apertura de conversaciones”, instó.

La Cámara de los Comunes debatió la cuestión venezolana el pasado 28 de enero y este 7 de febrero. (Sputnik).