En días recientes, la discusión se centró en la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que regula el régimen de extinción de dominio

“LA DISPOSICIÓN DE EMBARGOS MULTIMILLONARIOS NO EQUIVALEN A LOS BIENES QUE ESAS PERSONAS TIENEN.”

Comunicado de la Defensa del Diputado nacional, Julio De Vido (FOTO)

El periodismo se encuentra en un estado de crisis, donde evidentemente priman el desconocimiento y la tergiversación de la información por sobre la verdad, la comunicación y el aprendizaje. Razón suficiente para justificar como, el Poder Ejecutivo Nacional se permite legislar materia penal mediante la publicación de decretos de necesidad y urgencia, violando la Constitución Nacional.

Comunicado de prensa

 30 de enero de 2019

La discusión respecto de la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que regula el régimen de extinción de dominio en nuestro país ha tomado por asalto, en días recientes, las páginas de los medios informativos.

Así, luego de las inconsistentes declaraciones elaboradas por la representante de la Oficina Anticorrupción, que sostuvo “…no se si Cristina va a ir presa, pero estoy segura de que va a terminar sin un peso…”, se publicó en el día de ayer la siguiente nota en el diario El Cronista:

https://www.cronista.com/economiapolitica/En-causas-de-corrupcion-ya-hubo-embargos-por-dos-puntos-del-PBI-20190128-0045.html

En dicha nota, el periodista David Cayón expresa que “En causas de corrupción, ya hubo embargos por dos puntos del PBI.

En once expedientes se embargaron u$s 7000 millones a empresarios y políticos.

El 15% de lo que habrá que pagarle al FMI podría financiarse con la extinción de dominio.

Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Baez, Angelo Calcaterra, Hotesur, Cuadernos…”

Ahora bien, como es costumbre, la defensa del Diputado Nacional Julio Miguel De Vido se dispone a aclarar que dicha nota tiene un error fundamental, que se relaciona con pensar que la disposición de embargos multimillonarios y arbitrarios sin ningún tipo de relación con los hechos que se investigan en la causa, equivale a los bienes que esos imputados poseen.

Por esta razón, aún cuando la disparatada disposición de embargos sin sentido pudiese llegar a la totalidad del supuesto PBI al que hace referencia al periodista, lo cierto es que esa suma, ninguna relación tiene con los bienes que pueden llegar a recuperarse, pues no hay relación directa entre el monto del embargo y el capital del que efectivamente disponen los sujetos embargados.

En el caso del Diputado Nacional Julio Miguel De Vido, está de más aclarar que los millonarios embargos impuestos, que el periodista estima en u$s 1500, jamás podrán ser concretados puesto que nuestro defendido posee bienes por un monto sensiblemente menor al mencionado.

Tanto es así que al revocarse el procesamiento dictado por el Juez Claudio Bonadio en la causa conocida como “Gas Licuado” – N°10456/2014, recordemos por basarse en la pericia trucha del Ing. Cohen -, al anularse el millonario embargo dispuesto no hubo bienes que desafectar, puesto que nunca hubo bienes significativos para embargar en primera instancia.

En conclusión, el periodismo se encuentra en un estado de crisis, donde evidentemente priman el desconocimiento y la tergiversación de la información por sobre la verdad, la comunicación y el aprendizaje.

Razón suficiente para justificar como, el Poder Ejecutivo Nacional se permite legislar materia penal mediante la publicación de decretos de necesidad y urgencia, violando la Constitución Nacional.