Cuando debería haberse iniciado el ciclo lectivo en la provincia, Arias falló a favor de los docentes.

SOBRE EL “JURY” A LUIS ARIAS, EL “JUEZ DEL PUEBLO”

El juez platense Luis Arias es desde hace varios meses uno de los magistrados más cuestionados tanto por el Gobierno nacional que dirige Mauricio Macri como por el bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal.  Arias en los casos de desalojos, fue acusado de intervenir donde ya actuaba la justicia penal, frenando desalojos frente a los cuales no existía ninguna alternativa habitacional para cientos de familias.

Por Carlos de los Santos
NAC&POP
5 de agosto de 2018

Desde su postura crítica respecto a los tarifazos, hasta su “respaldo” a los docentes en medio de los conflictos que mantienen con el Ejecutivo provincial.

Cuando debería haberse iniciado el ciclo lectivo en la provincia, Arias falló a favor de los docentes.

Por aquellos primeros días de marzo, la Justicia había hecho lugar a la impugnación interpuesta por los sindicatos a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que buscaba obligar a los maestros a abstenerse de participar del paro nacional de 48 horas dispuesto por CTERA.

Aquella resolución del juez en lo contencioso administrativo admitía “la medida cautelar solicitada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (S.U.T.E.B.A.) y la Federación de Educadores Bonaerenses ´Domingo Faustino Sarmiento´ (F.E.B), ordenando cautelarmente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a que se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho a huelga de los trabajadores afiliados a las entidades actoras, hallándose limitado el ámbito de las facultades acordadas al Ministerio de Trabajo por el art 23 inc. 4 la Ley 13.757, a formas voluntarias de autocomposición del conflicto tal como lo prevé el art. 16 de la Ley 13.552”.

Como señalaba Irina Hauser, el juez Luis Arias, acusado por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, era apartado preventivamente por 90 días.

El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió por unanimidad suspender en forma preventiva al juez en lo contencioso administrativo Luis Arias para llevar adelante su juicio político por supuesto mal desempeño.

Sería así juzgado por 21 cargos, la mayoría de ellos vinculados con sus fallos judiciales y en particular con decisiones destinadas a proteger los derechos humanos.

Durante el debate de los integrantes del jury, que duró cerca de tres horas, se impuso el concepto de que las resoluciones de Arias y sus explicaciones en medios de comunicación responden a que tiene aspiraciones políticas.

Pero, por lo que se podía apreciar en las 250 páginas que derivan en su suspensión no se advierte la relación entre el resguardo de derechos y la supuesta actuación política.

Son decisiones que implican la implementación de determinadas políticas en casos de, por ejemplo, incumplimientos del Estado, pero no se advierte la política partidaria.

La acusación corre por cuenta del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, ex secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal y los diez jurados presentes apoyaron su avance.
La suspensión duraría hasta que termine el proceso de enjuiciamiento, aunque el jurado estableció un plazo de apartamiento preventivo de 90 días en el que Arias recibirá 40 por ciento menos de su sueldo.

El oficialismo lo tenía en la mira por una larga lista de decisiones que este juez tomó en temas de alta sensibilidad:

1/ frenó el DNU de Mauricio Macri que ordenaba la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que había sido creada para aplicar la Ley de Medios
2/falló contra el tarifazo de la luz
3/fallo en favor del reclamo docente, la paritaria y el derecho a huelga, entre otros asuntos de los últimos tiempos.

Los 21 cargos formulados en su contra se agrupan en tres temas: aluden a decisiones adoptadas en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.

Arias es juez del fuero contencioso administrativo, que es el que se ocupa de casos que pueden involucrar de un modo u otro al Estado.

En numerosas acusaciones en su contra lo que sucede es que hay fiscales penales que disputan con él la actuación.

Las figuras planteadas para cuestionarlo son “prevaricato (fallar contra derecho), abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El jurado que estableció la suspensión tiene once integrantes.

El único ausente fue diputado Pablo Garate, del Frente Renovador.

Los otros cuatro legisladores presentes eran el senador Jorge D’Onofrio de esa misma fuerza, Roberto Costa (Cambiemos), Héctor Vitale (Bloque Peronista) y el diputado Marcelo Feliu (Cumplir). Los abogados conjueces de la Corte local que asistieron son Fabián Ramón González, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz.

La presidenta es la jueza suprema bonaerense Hilda Kogan.

Todos firmaron la resolución que dispone la suspensión de Arias y abrir la etapa de enjuiciamiento, que comenzara con presentación de pruebas.

La mayoría de los casos fueron denuncias o cuestionamientos de fiscales penales.

En el expediente de las inundaciones, donde Arias tramitó un habeas data, la pulseada fue con el fiscal Jorge Paolini ya que el juez le indicó que no era él quien debía hacer la estimación del número de víctimas de la inundación, ya que su competencia es penal, como acusador.

La Corte bonaerense, además, ratificó la competencia de Arias en el tema y finalmente su sentencia, que estableció que el número de víctimas era de 89, por lo menos 20 más que el número que había dado el gobierno de Daniel Scioli (hubo muertes por la inundación contabilizadas como naturales, y hasta cuerpos enterrados con un mismo nombre), lo que fue confirmado por la Cámara Contencioso administrativo.

Aún así Arias fue imputado penalmente por abuso de autoridad y el pedida su remoción.

En el capítulo de los cargos por el papel de Arias en los casos de desalojos, también fue acusado de intervenir donde ya actuaba la justicia penal, frenando desalojos frente a los cuales no existía ninguna alternativa habitacional para cientos de familias.

No hubo otra autoridad judicial que ponderar los intereses en juego en los desalojos forzosos.

Los casos en cuestión (desalojo de 950 familias en Abasto, por ejemplo) fueron en base a una “ley de acceso justo al hábitat” que prohibía desalojos, que ya desde antes solo podían ser medidas excepcionales.

Y el otro grupo de causas está relacionado con intervenciones de Arias para asegurar el derecho a la salud de personas privadas de la libertad.

Para el Procurador ese derecho está garantizado por los jueces penales.

Sin embargo en el caso “Dimicroff” Arias autorizó el traslado de un preso que tenía una infección generalizada consecuencia de una amputación y no recibía atención.

El juez optó por garantizar un recurso rápido y efectivo.

Pero es acusado porque se considera que invadió jurisdicción penal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ayer ante el jurado con un escrito en el que pide ser admitido como “amicus curiae”, o sea un tercero amigo del tribunal que puede aportar elementos al caso.

En su escrito dice que “las causales alegadas por el Procurador General” se “refieren a la intervención del juez Luis Arias en procesos judiciales que buscaban asegurar derechos humanos fundamentales, ante acciones u omisiones de autoridades provinciales, y en función de herramientas procesales definidas para asegurar, al menos, un recurso judicial efectivo”.

“Se vislumbra en la acusación –agrega el texto– una crítica encubierta de la función judicial activa en protección de derechos humanos…”

También se presentó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en un escrito donde llama a “Reflexionar sobre el avance del poder político sobre el poder judicial, repudiando el no cumplimiento de respeto al a división de poderes constitucionales”.

La CTA y otras organizaciones expusieron su apoyo al juez también.

En la primer jornada hubo dos datos preocupantes.

El primero que fue la defensa había presentado el 1 de agosto un escrito muy fundado para que se declare previo y especial pronunciamiento diversas cuestiones.

Primero la prescripción, porque son cargos viejísimos.

Arias tiene 17 años como juez en funciones, más 4 años que tuvo que esperar asumir, por negativa del poder político de aquel entonces, Carlos Ruckauf como gobernador y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Los cargos son una auditoría de toda la gestión de Arias como juez y lógicamente los plazos están prescriptos.

Pero además la mayoría de los cargos tienen que ver con el contenido de mis decisiones judiciales que forma parte de la independencia de los jueves y no puede ser juzgadas.

Hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones de competencia, de conflicto con los jueces penales por desalojos masivos, personas privadas de su libertad que no necesitan prueba.

Son supuestas irregularidades surgidas a partir de una sentencia.

Es un absurdo porque para eso están las Cámaras o la Corte para corregir los supuestos errores de una sentencia.

Sino cada vez que hay conflicto de competencias los jueces tendrían que ser sometidos a jury.

Lo presentaron el miércoles 1º de agosto y el mismo día le dieron traslado al

Procurador y el jueves 2 de agosto a la mañana resolvieron la cuestión.

Ni siquiera pudieron leer las 40 páginas que presento la defensa.

¿ Cómo hizo el Procurador y el jurado integrado por 10 miembros para leer todo?

No se sabe.

Lo rechazaron por unanimidad y comenzaron con las audiencias.

Esto significa desde el punto de vista político que han tenido una orden expresa de que la Audiencia se realice lo antes posible y no se postergue más.

Un dato particular es que el Procurador de la Provincia de Bs As encabeza la acusación.

Se trata de alguien que está a cargo de todas las fiscalías y defensorías de la provincia.

Tiene una responsabilidad enorme en una provincia donde vive más del 40 % de la población del país.

Es raro que un fiscal disponga de todo su tiempo para llevar adelante la acusación de un juez sin delegarlo en un funcionario de menor jerarquía.
Entonces, y porque se ponía nervioso cuando las cosas no le salían como pretendía, cuando no podía encontrar ninguna irregularidad a través de los testigos que propusieron, el Procurador General Julio Conte Grand lleva este jury adelante para ofrecer la cabeza servida en bandeja de Luis Arias a la Gobernadora.

Tal como pretendió la anterior presidenta de la Corte Hilda Kogan, una aliada incondicional de Cambiemos que impulsaba permanentemente el jury.

Hablo de la madre de Alejandro Catterberg el dueño de Poliarquía y ex consultor de Alfonsín.

Ella fue una militante radical y ahora una aliada de Cambiemos.

Al salir ella el jury lo llevo Conte Grand, seguramente, a pedido de la Gobernadora.

Lo positivo es que declararon todos los testigos opuestos por la acusación y no surgió ninguna irregularidad.

Por el contrario lo que surge es el cumplimiento de las decisiones del juzgado contencioso administrativo al que pertenece Arias.

Este fuero fue creado por la Constitución de 1994 que incorporaba los tratados internacionales de derechos humanos y sociales y abrió un camino para el juzgamiento de la administración por sus eventuales omisiones en materia de derechos sociales.

El problema es que nadie cumple las decisiones de este fuero y hay mucha resistencia a su funcionamiento.

Todos los testimonios fueron favorables salvo el de un fiscal, Paolini, que estuvo a cargo de los delitos cometidos por la inundación de La Plata.

Eliminaron su fiscalía y tiene una situación complicada frente a su jefe el Procurador que lo propuso como testigo.

Otro tema preocupante es que los miembros del jurado han realizado preguntas de un modo inquisitivo y parcial, tendiente a perjudicar a Luis Arias:

Los miembros de los Colegios de Abogados, Paz y Tisani violaron su deber de imparcialidad.

Las preguntas las debe hacer el Procurador y el Tribunal sólo debe hacer preguntas aclaratorias sobre algo que no se entendió pero no de un modo inquisitivo como sucedió.

Otro dato es que no dejaron ingresar a la prensa.

Unos periodistas tuvieron que acreditarse como público para poder ingresar.

No quieren que la sociedad conozca este debate donde se piensa un modelo de justicia represivo contra un modelo de justicia defensora de los derechos sociales.

Tampoco pudo ingresar público por las dimensiones pequeñas del recinto.

Le pidieron al jurado que lo hiciera en la planta baja donde está el salón Eva Perón donde podía haber habido asistencia de público como lo indica la ley 13661 de enjuiciamiento.

La ciudadanía tiene derecho a saber lo que allí está sucediendo.

Estas son las consideraciones generales.

Luego hay otras cuestiones puntuales de cada una de las acusaciones incluyendo algunas burocráticas.

Las audiencias continuan.

Invitamos a que la gente participe porque es muy importante que estén y presencien este jury.

CdelS/