En América Latina vivimos una ola de gobiernos enrolados en una nueva ideología llamada “autoritarismo cool” que no es más que retazos de discursos reciclados

DE LA DOCTRINA IRURZUN A LA DOCTRINA CHOCOBAR: AUTORITARISMO COOL

En nuestro país, el autoritarismo cool que gobierna la Nación y los principales centros urbanos, decidió –con la ayuda inestimable de un sector importante del poder judicial- adoptar un derecho penal del enemigo autóctono, mediante la institucionalización de supuestas doctrinas político-jurídicas que destruyen el Estado de Derecho, con el objetivo de neutralizar a los supuestos enemigos sociales de esta etapa histórica.

 

Por OCIVI

Observatorio contra la inseguridad y la violencia institucional

6 febrero, 2018

 

AUTORITARISMO COOL: DE LA DOCTRINA IRURZÚN A LA DOCTRINA CHOCOBAR

Mucho se ha escrito en estos últimos años sobre el concepto de “enemigo” de la sociedad en referencia a ciertos “delincuentes demasiado peligrosos” y su tratamiento a través del derecho penal. Esta discusión fue avalada por dos grandes juristas alemanes como Carl Smith, y en nuestros días Günther Jakobs, que desde distintas bases ideológicas y en distintos tiempos históricos, coinciden en que hay que darle un tratamiento especial a determinadas personas. Conocido hoy como “derecho penal del enemigo”, se trata de una posición política-jurídica que entiende que determinados sujetos, por su peligrosidad en abstracto, y dejando en un segundo plano los actos cometidos, deben dejar de ser consideradas personas para ser tratadas como enemigos.

En un párrafo, el profesor Jakobs entierra de un plumazo el sistema de garantías del derecho penal liberal: “Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos”.

Sin embargo, resulta imposible incorporar el concepto de “enemigo” en el Derecho Penal, salvo que se pretenda el aniquilamiento del Estado de Derecho y su reemplazo por su versión absolutista y totalitaria.

En América Latina vivimos una ola de gobiernos enrolados en una nueva ideología llamada “autoritarismo cool” que no es más que retazos de discursos reciclados de la doctrina de la seguridad nacional (ahora ciudadana), que carece de respaldo académico, y se enorgullece de ello. Su técnica responde a una investigación de mercado, que vende el poder punitivo como una mercancía. En la medida en que se verifica que la promoción emocional de impulsos vindicativos tiene éxito comercial, se la perfecciona.

En nuestro país, el autoritarismo cool que gobierna la Nación y los principales centros urbanos, decidió –con la ayuda inestimable de un sector importante del poder judicial- adoptar un derecho penal del enemigo autóctono, mediante la institucionalización de supuestas doctrinas político-jurídicas que destruyen el Estado de Derecho, con el objetivo de neutralizar a los supuestos enemigos sociales de esta etapa histórica.

Así, vio la luz la doctrina Irurzún, mediante la cual es licito abusar de la prisión preventiva respecto a los imputados que fueron funcionarios en gobiernos anteriores, de los cuales se presume que mantienen lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal que pueden ser usados para en perjuicio de la investigación penal, limitando de este modo las excarcelaciones al máximo. Una aclaración: Esta doctrina no es aplicable a funcionarios actuales, imputados por delitos, ya que de estos se presume lo contrario, es decir que al estar en la actualidad en el ejercicio del poder, no podrían mantener vínculos funcionales que perjudiquen la investigación.

No contentos con esto, surge ahora la “Doctrina Chocobar”, que no es otra cosa que institucionalizar y legitimar desde las más altas esferas del poder, el abuso policial y el gatillo fácil.

Según la doctrina Chocobar, las personas de bajo recursos que hayan cometido, estén cometiendo, vayan a cometer un delito o por el solo hecho de estar donde no deben, haciendo lo que no corresponde (a criterio del Estado, por supuesto) deben ser aniquiladas sin derecho de defensa ni juicio previo, de manera sumaria, por cualquier miembro de las fuerza de seguridad, esté de servicio o no, uniformado o no. Estas ejecuciones, según el presidente y funcionarios del gabinete, no solamente serían perfectamente tolerable en un Estado de Derecho, sino que deben ser fomentadas y premiadas en razón de que al enemigo ni justicia ni garantías ni nada.

Ambas doctrinas son netamente ideológicas y buscan ejercer un control social férreo mediante el ejercicio desbocado del poder punitivo. El sociólogo francés Loïc Wacquant advirtió hace algunos años lo que vivimos actualmente al denunciar que los mismos que ayer militaban en favor del Estado mínimo en lo que se refiere a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor más Estado para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social. A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal. El objetivo de esa política es calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos. El irresistible ascenso del Estado penal traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago.

Por último, resulta preocupante que gran parte de la sociedad acepte y acompañe este tipo de políticas y crea que son el camino para resolver los graves problemas de seguridad que nos aquejan. Se equivocan. Estas propuestas, además de ser contrarias a la constitución y a un Estado democrático, no logran que el delito disminuya, sino más bien lo contrario, ya que aumentan los índices de violencia urbana y las tazas de homicidios. Tampoco sirven como prevención, ya que los delincuentes no se amedrentan sino que salen mejor armados, generando tiroteos y balas perdidas que hieren o matan a más personas, cuando el objetivo es el opuesto.

Se ponen en riesgo también la integridad física y la vida del personal policial, quien se ve obligado a usar su arma sin preguntar, porque son las nuevas reglas de juego en la calle, quiera o no quiera. Sin mencionar los problemas legales que lo esperan ahora o en el futuro. Pero sobre todo, la ciudadanía debe entender que cuando se degrada el Estado de Derecho, las consecuencias no serán padecidas solamente por los denominados “enemigos” sino por todos. Experiencias históricas sobran, incluso en nuestro propio país.

Doctrina Irurzún, doctrina Chocobar ¿Cuál será la próxima doctrina de mano dura que nos tendrá preparada el gobierno para cuando la desocupación y la inflación se vuelvan definitivamente intolerables?

Solo Duran Barba sabe.