Pesadilla en cuatro actos. Primero dice en la campaña electoral que no va a tocar a los jubilados. Ipso facto, lo primero que hace cuando gana es mandar una ley que les saca cien mil millones de pesos por año a los susodichos.

MEA CULPA

Por Luis Bruschtein

Después de saquearlos, dice en un discurso que la prioridad principal de su gobierno son los jubilados a los que acaba de estafar. Y después de decir que son su principal desvelo, va a felicitar a los policías que les rompieron la cabeza. La misma cara en los cuatro actos como si todo fuera lo mismo. Y la sociedad –que es protagonista, víctima y testigo– recibe además esa onda de impacto de locura o cinismo, de actuación sobre hechos salvajes.

Por Luis Bruschtein

Página 12/ EL PAÍS

23 de diciembre de 2017

Panorama político

Imagen: Gonzalo Martinez

 

Pesadilla en cuatro actos. Primero dice en la campaña electoral que no va a tocar a los jubilados. Ipso facto, lo primero que hace cuando gana es mandar una ley que les saca cien mil millones de pesos por año a los susodichos. Después de saquearlos, dice en un discurso que la prioridad principal de su gobierno son los jubilados a los que acaba de estafar. Y después de decir que son su principal desvelo, va a felicitar a los policías que les rompieron la cabeza. La misma cara en los cuatro actos como si todo fuera lo mismo. Y la sociedad –que es protagonista, víctima y testigo– recibe además esa onda de impacto de locura o cinismo, de actuación sobre hechos salvajes. La acción es una mezcla entre la simulación y la actuación de un rico que ha crecido en el dogma de que su enriquecimiento personal beneficia a los que empobrece. El cinismo, tan disociado de lo que pasa, es difícil de sostener si no se apoya además sobre una estructura de creencias.

Otra pesadilla y también en varios actos: satura los alrededores del Congreso con una parafernalia represiva porque un supuesto informe de inteligencia dice que hay 1200 subversivos dispuestos a ocuparlo. El despliegue es una provocación a los manifestantes que hacen uso de su derecho constitucional a defender su bolsillo.

Segundo acto: hay una manifestación que en ningún momento trata de tomar el Parlamento, pero que es reprimida como si fueran las invasiones inglesas. Decenas de manifestantes, entre ellos mujeres y ancianos son apaleados, gaseados, fusilados con munición de goma y detenidos. Siete diputados fueron vapuleados con impunidad. Los diputados oficialistas se burlaron y justificaron los golpes que recibieron sus colegas de la oposición. Al diputado oficialista Eduardo Amadeo le pareció “perfecto” que apaleen a sus colegas, y la diputada Elisa Carrió les aconsejó en forma socarrona que “no se abalancen” contra la Gendarmería si no quieren salir golpeados.

Escena sobre la escena: todos los medios oficialistas publicaron en sus portadas fotos de manifestantes tirando piedras. Sólo PáginaI12 mostró la parafernalia represiva en su tapa. Todos los medios oficialistas se esforzaron por instalar el debate sobre la violencia y evitaron el de la represión.

Tercer acto: el diputado oficialista Martín Lousteau se topa con manifestantes del Banco Provincia perjudicados por la norma jubilatoria. Lo abuchean y empujan, pero no lo lastiman. Ipso facto, cuestión de privilegio en la Cámara y el oficialismo exige que todos los diputados repudien el escrache a su colega y pícaramente le piden a Amadeo que se retracte de sus palabras violentas contra la diputada Mayra Mendoza.

La sociedad percibió la confusión que quiere crear el gobierno cada vez que hay una protesta. Quizás fue apenas un hilván deshilachado en el entramado que tejen los medios oficialistas y el discurso equívoco del gobierno. Pero ese despunte de sospecha, ese velo de dudas sobre el discurso oficial traspasó por primera vez el blindaje mediático porque los perjuicios concretos de la norma jubilatoria tienen alcance masivo. Nadie queda exento. Se pudo comprobar en la masividad de las concentraciones del jueves y el lunes con grandes aportes sindicales. Pero se evidenció más en el cacerolazo del lunes, porque fue espontáneo, masivo y porque se produjo en todos los barrios de la ciudad, inclusive en aquellos donde el oficialismo gana con mucha diferencia, como Caballito, Barrio Norte, Colegiales o Núñez. Las movilizaciones y los cacerolazos se produjeron en todo el país. Fueron millones de personas que expresaron su rechazo a la ley que impulsó el gobierno.

Como en todas las protestas que se han producido bajo el gobierno de Macri, el oficialismo trató de desviar el malestar y la atención, desenfocarlo de su reforma previsional y de la represión y enfocarlo en la violencia de los manifestantes. Lo mismo hizo con la represión a los mapuches en el sur. Siempre hace así también para justificar la violencia que despliega para reprimir. Y obliga a la oposición –que va a ser el blanco de esa violencia represiva– a reconocer que esa amenaza existe. El despliegue de los medios y la sobreactuación del escrache a Lousteau buscó ese efecto. El oficialismo busca que haya coincidencia en repudiar la violencia de la protesta (que viene de arrastre con el episodio Lousteau). La violencia de la represión solamente es repudiada por la oposición y por lo tanto tiene menos valor. Pero si confluyen la oposición y el oficialismo en la condena a la violencia de la protesta, el mensaje a la sociedad es esa condena y la subsecuente justificación de la violencia represiva. No es una cuestión de intercambiar figuritas: “si no repudiás esto, yo no repudio aquello”. En el contexto de la campaña mediática y ese discurso equívoco, el repudio de la oposición al escrache magnificado sin que el oficialismo repudie a la represión, termina por hacerle el juego y justificar la salvajada represiva. No se trata de justificar ninguna forma de violencia. Por el contrario, repudiar un solo hecho nada más, se proyecta hacia la sociedad como la justificación de los demás hechos de violencia.

Los diputados del oficialismo en ningún momento repudiaron los discursos violentos contra dirigentes peronistas y kirchneristas, nunca repudiaron la persecución judicial sin pruebas y el encarcelamiento irregular de opositores, nunca denunciaron la campaña de aprietes y ahogos económicos a los medios críticos. Y por supuesto, menos repudiaron las prácticas extorsivas contra los gobernadores para conseguir su respaldo al saqueo de los jubilados y los niños pobres cuyas madres perciben la Asignación Universal por Hijo. No repudiaron la forma en que fueron apaleados los manifestantes hasta extender la violencia a toda la manifestación. Ni siquiera repudiaron las palizas que recibieron los diputados de la oposición cuando cruzaban desde el edificio anexo al Congreso para participar en los debates.

Toda esta operación tiene también sus rasgos enloquecedores. Primero toman una medida violenta contra el sector más vulnerable de la sociedad, como es la reforma previsional. Y después, encima, les rompen la cabeza a los jubilados y a tutti quanti cuando van a protestar. Y encima, encima de todo eso, después exigen que ellos pidan disculpas, como en el caso Lousteau. De pronto, las víctimas aparecen como los victimarios. Los que fueron primero mentidos, después saqueados y después apaleados tienen que pedir disculpas por haber protestado.

Este gobierno no tiene matices. Es prácticamente imposible establecer reglas de juego comunes para evitar la espiral de violencia que está provocando. Pone como ejemplo del diálogo a la extorsión a los gobernadores. Está integrado por personas que nunca en su vida participaron en una protesta social porque siempre estuvieron del otro lado. Obvio que la única forma que tienen para relacionarse con ella es con represión. Lo primero que hizo fue gastar una fortuna comprando a Israel equipo para reprimir que parece salido de la Guerra de las Galaxias. Y está convencido de que cuanto más hagan para enriquecerse ellos, más favorecen a los que empobrece su enriquecimiento.

No es un horizonte tranquilizador, porque la violencia siempre es una desgracia para los sectores populares, siempre son los que sufren sus embates y coletazos. Pero en el proceso de rechazo a la reforma previsional, en las marchas, y cacerolazos, en los debates parlamentarios que esta vez fueron seguidos con interés por muchas personas a través de las redes y la televisión, en ese proceso que puede tener aún  más derivaciones con la proximidad de las fiestas, se produjo por primera vez un fenómeno decisivo.

La principal fuente de hegemonía del oficialismo reside en dos elementos: uno es la división de la oposición. Y el otro es el blindaje mediático que lo protege y embellece en un descarado ejercicio del fotoshop informativo y la manipulación. La masividad de la protesta del jueves en la calle indujo a un proceso de unidad dentro del recinto de Diputados que impidió el quórum. Y el oficialismo empezó a dudar de sus propios votos, y tuvo que postergar el debate.

El inesperado cacerolazo del lunes fue un síntoma de que por primera vez gran parte de la sociedad había perforado esa fuente de poder oficialista que es su blindaje mediático. Y surgió la posibilidad de actos de unidad opositora en los hechos frente a las iniciativas regresivas del gobierno conservador. Hechos de unidad puntual, sin necesidad de grandes acuerdos programáticos. Son apenas el despunte de un camino. La profundización de cada una de esas variables implica la posibilidad de dejar atrás la espiral de violencia que se insinúa en el horizonte. Estos dos años que han pasado marcaron el ascenso de la estrella del gobierno macrista. Paso a paso, este fin de año puede haber marcado el inicio de una inversión del ciclo aun cuando hayan podido aprobar la reforma que impulsaban.

 

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