Conviene distinguir cuáles son las cuestiones y los intereses que realmente están en juego en cada uno de esos hechos.

MAPUCHES, NEGOCIOS Y RAM. CADA UNO EN SU LUGAR.

Por Juan Gabriel Labaké

La muerte de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel en circunstancias aún dudosas y la tragedia del submarino ARA San Juan. influirán en forma decisiva sobre la política a adoptar en el territorio patagónico y nuestra soberanía y derechos sobre el mar que nos rodea.

Por Juan Gabriel Labaké
NAC&POP
05/12/2017

Nuestro país vive una situación muy particular y delicada, signada por tres hechos desgraciados: la muerte violenta de Santiago Maldonado, la similar de Rafael Nahuel, y la tragedia del submarino ARA San Juan.

La muerte de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel en circunstancias aún dudosas influirán en forma decisiva sobre la política a adoptar en el territorio patagónico.

Y la tragedia del submarino ARA San Juan producirá el mismo fenómeno respecto de nuestra soberanía y derechos sobre el mar que nos rodea y que, desde las últimas resoluciones de la CONVEMAR (Convención Sobre los Asuntos del mar, de las Naciones Unidas) se ha extendido exponencialmente hasta abarcar 6.500.000 km2 “nuevos”, entre nuestro derecho de soberanía (sobre 1.700.000 km2) y los derechos de explotación económica exclusiva (sobre otros 4.800.000 km2).

Conviene distinguir cuáles son las cuestiones y los intereses que realmente están en juego en cada uno de esos hechos decisivos que he mencionado.

En la situación creada o destapada por la muerte de Maldonado y Nahuel hay tres aspectos distintos, aunque complementarios:

1.- Uno es el reclamo legítimo de tierras aptas para ser habitadas y cultivadas, no solo de los llamados pueblos originarios o indígenas, sino de todos los argentinos e inmigrantes que deseen poblar y cultivar nuestro extenso, rico y semi-despoblado territorio.

2.- El segundo aspecto es el geopolítico, de enorme trascendencia nacional. Conviene remarcar desde ya que, según los “expertos” de las Naciones Unidas, la Patagonia y la Amazonia son los dos grandes “espacios o territorios vacíos” de Sudamérica, y figuran entre los más importantes y codiciados del mundo.

En ese tablero se inserta la absurda y sospechosa pretensión de RAM de crear una nación mapuche cercenando, para ello, el territorio argentino.

3.- El tercero es el humano o, si se prefiere, el de los derechos humanos, porque hay dos muertes violentas en las que todavía no se ha esclarecido debidamente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Ésa es una cuestión particularmente importante y sensible en un país como el nuestro, que aún tiene abierta las heridas de los años de plomo.

A pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde aquella tragedia, sigue fresco el escenario macabro del terrorismo de dos bandos que, primero, coincidieron en su accionar sedicioso y subversivo e hicieron un movimiento de pinzas para derrocar al gobierno constitucional elegido por el pueblo en 1973, y luego uno de ellos se transformó en la peor y más inhumana carnicería: la del terrorismo de Estado.

Aquellos dos problemas de enorme significación estratégica para nuestro país (el pacífico y legítimo reclamo de tierras para habitar y cultivar, y la violenta y sediciosa campaña que está en marcha para cercenar nuestro territorio y crear en él la Nación Mapuche) han quedado difuminados, semi-ocultos y “ensuciados”, intencionadamente o no, por la tercera cuestión descripta: la muerte violenta de Maldonado y Nahuel, que ha invadido nuestros corazones de angustia y malos presagios.

Hay quienes, desde la derecha liberal, buscan fundamentalmente incrementar sus negocios o negociados inmobiliarios rurales.

Tal avaricia de tierras rurales de los modernos mercaderes del templo la hemos visto reflejada en los argumentos que ofrecen, hoy, ciertos gobernantes nacionales que se quejan de que los mapuches de la RAM “perjudican los negocios inmobiliarios”…

También aparece la misma frase quejosa en los fundamentos del decreto 820/16, del 29-6-16, que reglamenta la ley 26.737.

La ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, más conocida como Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y vigente desde el 29 de diciembre de ese mismo año, tuvo como objetivo central el resguardo y protección de nuestros recursos naturales, teniendo en cuenta la situación y las condiciones geopolíticas de la República Argentina vinculadas con la producción de alimentos.

Por eso limitó la compra de tierras rurales por parte de extranjeros a un máximo del 15% de la superficie de cada provincia.

Pero, según el decreto 820/16 del actual gobierno, esa ley

no previó situaciones que surgen frecuentemente en el tráfico comercial, en la práctica de los negocios y, en definitiva, en su aplicación concreta” (lo que haría necesario) efectuar algunas modificaciones adicionales al Decreto N° 274/12 (que reglamentó la Ley de Tierras)… (que) faciliten y posibiliten las inversiones en el país, se contemplen cuestiones no reguladas, y se aclaren otras que han traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial”.

En definitiva, con ese decreto, el gobierno del Ing. Macri modificó nada menos que una ley de la Nación, para permitir que los extranjeros compren en nuestro país todas las tierras rurales que ambicionan, incluidas las que necesitan y reclaman los indígenas argentinos.

Para “santificar” ese designio antinacional e inhumano, usan de taparrabos la estrafalaria pretensión de la RAM de cercenar nuestro territorio y crear la Nación Mapuche. Con ese pretexto, niegan tierras a todos los mapuches y, de paso, a todos los indígenas argentinos.

Y, por si faltara poco, el gobierno avanza con una pretensión que huele a totalitaria, definida brutalmente por la ministra Patricia Bullrich: La verdad inapelable es la que aducen las fuerzas de seguridad, no la que establecen los fallos de la Justicia.

Por otro lado, cierta izquierda (la tilinga) nunca menciona siquiera el proyecto de la Nación Mapuche que se esconde detrás de la protesta violenta de la RAM, y trata el tema Maldonado descolgado de esa realidad insoslayable, como si fuera sólo un tema más de campaña electoral.

Esa mezcolanza tipo Torre de Babel, o verdadero cambalache discepoliano no nos favorece.

Al contrario, es una carta de triunfo para los liberales de la dependencia que comanda hoy el grupo de CEOs de multinacionales que anida en Balcarce 50.

Tampoco nos favorece adoptar una postura sectaria y maniqueo, con exageraciones y tergiversaciones que transforman un debate de enorme significación estratégica en una riña callejera.

Nuestras exageraciones ayudan al enemigo, porque nos quitan credibilidad.

La realidad es la única verdad

El Movimiento Nacional y Popular, en cambio, es hijo de la verdad, de esa verdad que surge de la realidad.

Y la realidad actual indica que:

Es muy peligroso que los argentinos no respetemos los derechos humanos luego de la horrible tragedia desatada el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón libremente elegido por el pueblo.

Hasta hoy, en las dos muertes que lamentamos no parece que se hayan respetado los derechos humanos de ambas víctimas, hayan sido o no ellas militantes de la RAM.

En todos los países “normales” hay protocolos que deben cumplir, y comúnmente cumplen las fuerzas de seguridad para evitar esos crímenes o “excesos”.

Se recordará que, en Italia, las fuerzas de seguridad vencieron y redujeron a las Brigadas Rojas, respetando esos protocolos humanitarios.

¿Por qué acá reina en cambio la “doctrina Patricia Bullrich” que invita al gatillo fácil?

Cuesta mucho no asociar esa “rareza” con el deseo de instalar el terror y eliminar a todos los “pedigüeños” de tierras, no sólo el accionar sedicioso de la RAM.

La RAM es subversiva, supongamos.

Pero sus integrantes son seres humanos y, por lo tanto, tienen derechos humanos que deben ser respetados por las Fuerzas de Seguridad y por la ministra del ramo.

Maldonado y Nahuel, también, hayan sido o no de la RAM.

El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza:

La posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos; y (ordena) regular la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Pero la realidad es muy distinta.

Según Monseñor Juan José Chaparro, obispo de Bariloche, los mapuches son los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, soportan condiciones de vida muy precaria y sufren indigencia generalizada.

En su reportaje publicado por el diario LA NACIÓN del 30-11-17, ese pastor con olor a oveja agregó:

Todos los gobiernos provinciales y nacionales deben pensar en qué medida han estado colaborando en serio para que se solucione este problema, no sólo con eslóganes y declamaciones, sino estando realmente al servicio de los más pobres, que en este caso es el pueblo mapuche.

Y concluyó:

Yo lo que conozco es una comunidad mapuche que no es RAM.

Yo al RAM no lo conozco.

No les conozco los rostros a los del RAM.

RAM no se identifica con el pueblo mapuche aquí, que es mucho más grande y convive entre nosotros.

Los datos que me han proporcionado gentilmente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI avalan lo dicho por Monseñor Chaparro: casi todo es declamación y eslóganes de los gobiernos.

La citada beatífica norma del artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional fue introducida en la reforma de 1994: hace 23 años.

Recién en 2006 (12 años después) se dictó la ley 26.610 por la que se crea el INAI y se dispone realizar el llamado Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, para saber cuántos indígenas argentinos existen y qué tierras necesitan y reclaman.

Al 25 de setiembre último, el INAI había detectado 1.600 comunidades indígenas.

De ellas, habían solicitado tierras 824 (el 50% en números redondos) por un total de 8.414.124 ha., como “territorios de ocupación tradicional”.

Ello representa aproximadamente el 3,5% del territorio continental argentino.

Interpolando tales datos, se podría calcular que las 1.600 comunidades de indígenas argentinos reclaman/necesitan el 7% del territorio continental.

A su vez, de esas 824 comunidades, sólo 423 terminaron sus trámites y tienen ya su “carpeta técnica”, y 401 aún no lo terminan.

Es decir,

¡23 años después de aquella exigencia constitucional, recién hemos relevado el 50% de las comunidades indígenas, y sólo el 25% de ellas ha terminado dicho trámite burocrático!

Una vez concluido ese relevamiento, el Poder Ejecutivo de turno deberá materializar la entrega de tierras.

Mientras tanto, todo es eslogan y declamación; y los indígenas, sean mapuches, rankulches, wichis, tobas o qoms, seguirán habitando en los barrios más pobres de la Argentina.

Tiene razón Monseñor Chaparro: hay muchos eslóganes y declamaciones, y muy poca justicia.

Un gobierno honesto que realmente desee solucionar en forma humana, legítima y democrática el “problema” de los pueblos indígenas no puede comenzar por reprimir los actos de protesta, sino por cumplir fiel y decentemente el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional.

Porque los indígenas, como sus hermanos de las ciudades, no protestan y cortan calles y rutas, o toman predios por gusto o por maldad, sino por cansancio moral, cuando nadie los escucha y atiende debidamente como seres humanos.

Hace 23 años que los indígenas esperan en vano una respuesta gubernamental.

Eso es más subversivo del orden legal que la toma de un parque nacional o de una ruta.

Cuando se da esa situación, el primer y principal subversivo es el gobierno.

Y si el gobierno pretende que el pueblo argentino crea en su buena fe y lo acompañe en la lucha contra la sedición de RAM, no sólo debe respetar los derechos humanos, sino también demostrar que está encarando en serio y en forma expeditiva la cesión de tierras a los indígenas.

Tan expeditivamente como devaluó a favor de los ricos y de los avispados y “avisados” que compraron dólares a futuro pocos días antes de la mega-devaluación, o que quitó retenciones a favor de los terratenientes, o que blanqueó para favorecer a familiares, amigos, socios y testaferros, o que otorga interminables aumentos de los servicios públicos.

 

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