El pasado viernes 29 de septiembre, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual desarrolló la primera audiencia de este año. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad de Lanús

LA CONVERGENCIA DIGITAL EN LA ASAMBLEA DE LA COMUNICACIÓN EN UNLA

Por Wanda Fraiman

Wanda Fraiman (FOTO) da cuenta de los intercambios generados en el marco de la audiencia pública celebrada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde uno de los temas principales fue la concentración de la información.

 

 

Por Wanda Fraiman*

Página 12/La Ventana

05 de octubre de 2017

 

 

AUDIENCIA DE LA DEFENSORÍA

 

El pasado viernes 29 de septiembre, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual desarrolló la primera audiencia de este año. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad de Lanús y participaron más de cincuenta actores sociales, entre medios comunitarios, radios escolares, comunidades de pueblos originarios, organismos públicos, equipos de investigación académica y sindicatos de trabajadores, en cuyas exposiciones la cuestión de la circulación informativa fue una constante.

Esto se evidenció en aquellas intervenciones que relataron la estigmatización que padecen ciertas comunidades étnicas y religiosas, a raíz de un tratamiento mediático que las relaciona con hechos delictivos, y, al mismo tiempo, en la sub representación que viven otros grupos poblacionales, que no logran constituirse en sujetos de la información. También se observó en las menciones acerca de las modificaciones normativas introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2015, entre las que se destacó la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCa), organismo creado por la ley 26.522 y que tenía, como una de sus funciones primordiales, la definición de la lista anual de “eventos de trascendente interés público”, para ser transmitidos a través de los medios audiovisuales.

Otros de los ejes de las exposiciones fueron la falta de constitución del nuevo Consejo asesor, la eliminación de espacios para la formación y reflexión sobre cuestiones de género en los medios públicos, la demora en la resolución de las convocatorias del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) y el pago de las cuotas que aún se encuentran pendientes. Situaciones todas ellas que también ponen en crisis la producción y circulación de contenidos diversos.

Un punto relevante en lo relacionado con la información resultó la mención a los cambios que el Ejecutivo realizó la semana pasada –por medio de un decreto de necesidad y urgencia– de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y que ese mismo viernes entraba en vigencia. Esas modificaciones plantearon una acentuación de la gubernamentalización de la norma, cuestión que ya había contado con abundantes críticas en su debate parlamentario, por incluir solamente a un representante (político) por provincia en el organismo de aplicación y sin considerar en su constitución al mundo académico, siendo que este sector cuenta con una inapelable tradición en la elaboración de conocimiento sistematizado de la población de nuestro país y sobre sus necesidades con respecto a la información estatal.

La reflexión acerca de la circulación informativa no es una discusión abstracta sobre la letra de ley. El acceso a la información es un derecho fundamental, tanto individual como colectivo, que puede ser de vital importancia en coyunturas particulares. Pensemos solamente en cómo la presencia de un discurso unívoco, o bien la ausencia de una abanico de opiniones e informaciones, pueden modificar la concepción individual y la movilización pública en el reclamo de justicia ante un caso brutal de femicidio, en la criminalización de la protesta social, y en situaciones de violencia institucional como la represión en la vía pública y la desaparición forzada de una persona. También en la exigencia de explicaciones públicas por modificaciones sustanciales en la educación estatal, como ha ocurrido recientemente, y que derivó en las tomas estudiantiles de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las audiencias públicas de la Defensoría son un ámbito primordial para el ejercicio del derecho a la comunicación, porque se constituyen en instancias en las cuales los actores menos poderosos del sistema de medios pueden exponer directamente ante el Estado sus observaciones y reclamos.

Si bien los encuentros no tienen limitaciones en cuanto al asunto sobre el cual intervenir, cada audiencia tiene un eje temático propuesto por la Defensoría. En esta ocasión, la convocatoria fue “el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes sobre derecho a la comunicación y convergencia”.

El acento puesto en la convergencia resulta esencial para pensar la circulación informativa en la actualidad, porque no se trata solamente de un proceso tecnológico sino también el producto y la condición de posibilidad de una gran variedad de prácticas sociales. Si este nos conduce a una concentración cada vez más acentuada de la información, finalmente nos encontraremos con una sola respuesta para muchas de nuestras preguntas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? No lo sabemos, pero seguro que en un pueblo de Entre Ríos, no.

 

 

  • Magister en Investigación en Ciencias Sociales, docente e investigadora (UBA). Integrante del Observatorio de Derechos y Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales – UBA).
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