En un escandaloso acuerdo entre el Estado y el Grupo Concesionario del Oeste que Nuestras Voces revela en exclusiva, el presidente Mauricio Macri acepta indemnizar a sus antiguos socios en las autopistas en 247 millones de dólares por supuestas inversiones hechas desde los ’90.

MACRI PREPARA UN “REGALITO” DE 247 MILLONES DE DÓLARES PARA BENETTON

Por Ari Lijalad

¿El argumento? La pesificación de tarifas en 2001. A futuro, les garantiza una renta en dólares hasta 2030, aumentos abusivos en las tarifas de peaje y renuncia a reclamar por obras incumplidas. Hoy el contrato está en pesos y vence en 2018. Todo parece a medida para que los Benetton -involucrados en el conflicto que originó la desaparición de Santiago Maldonado- compren la empresa que opera el acceso Oeste con beneficios extraordinarios.

Por Ari Lijalad

Nuestras voces

15 de septiembre de 2017

 

En un escandaloso acuerdo entre el Estado y el Grupo Concesionario del Oeste que Nuestras Voces revela en exclusiva, el presidente Mauricio Macri acepta indemnizar a sus antiguos socios en las autopistas en 247 millones de dólares por supuestas inversiones hechas desde los ’90.

¿El argumento?

La pesificación de tarifas en 2001. A futuro, les garantiza una renta en dólares hasta 2030, aumentos abusivos en las tarifas de peaje y renuncia a reclamar por obras incumplidas.

Hoy el contrato está en pesos y vence en 2018.

Todo parece a medida para que los Benetton -involucrados en el conflicto que originó la desaparición de Santiago Maldonado- compren la empresa que opera el acceso Oeste con beneficios extraordinarios.

El Gobierno ya tiene un acuerdo integral con cláusulas leoninas para la renovación de la concesión del acceso Oeste.

La operación incluye a ex socios de la familia Macri y, en breve, se puede sumar la familia Benetton.

Nuestras Voces accedió al acuerdo integral entre el Estado y el Grupo Concesionario Oeste (GCO), hoy controlado por la multinacional española Abertis.

Este documento muestra que el Gobierno de Mauricio Macri beneficia a sus ex socios y les garantiza un ingreso de 247 millones de dólares mientras perjudica al Estado.

Antes de las negociaciones para extender su contrato, la multinacional había demandado a la Argentina por más de 1.700 millones de dólares.

 El funcionario a cargo de las negociaciones trabajó en el estudio de abogados que representa a la empresa.

La trama de este acuerdo revela que la única beneficiaria será GCO-Abertis, socios históricos de la familia Macri en Autopistas del Sol, que también está negociando con el Gobierno la renovación de la concesión del acceso Norte con una compensación de cerca de 500 millones de dólares.

En un juego a varias bandas, Abertis demandó al país en el CIADI apenas asumió Macri, para luego sentarse a negociar la renovación de sus concesiones.

Macri aceptó condiciones abusivas mientras, como reveló Nuestras Voces, desarticuló la defensa del país ante juicios como el que le inicia Abertis.

Mientras tanto, la familia Benetton avanza en su intento por controlar Abertis a través de Atlantia, otro gigante del mundo de la infraestructura.

Benetton

Benetton es el apellido central en torno a la oscura desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Es el mayor propietario individual de tierras del país. Es, obviamente, una familia extranjera.

Los Benetton controlan el 30,25% de Atlantia, una enorme corporación dedicada a autopistas e infraestructuras con sede en Italia.

En mayo de 2017 Atlantia pisó el acelerador para hacerse del control de Abertis, una operación que, de concretarse, va a involucrar más de 16.000 millones de euros.

Por ese entonces, Abertis ya había iniciado el juicio en el CIADI contra Argentina y negociaba la jugosa renovación de los contratos de los accesos Oeste (GCO) y Norte (Autopistas del Sol).

En las últimas horas hubo avances en esta operación y varios medios españoles ya descuentan que el gigante italiano controlará al gigante español.

De concretarse, los Benetton quedarán con el control de las concesiones de GCO y Autopistas del Sol y tendrán muchas ventajas en este negocio.

Mientras Benetton avanza con la compra, los ex socios de los Macri que hoy controlan GCO ganan o ganan ya que, de cerrarse el acuerdo que revela Nuestras Voces, sus ingresos y la valuación de su empresa subirán inmediatamente.

Con este nuevo acuerdo tendrían una renta garantizada en dólares o un nuevo elemento para un otro juicio contra el Estado.

Queremos dólares

Todo el acuerdo gira en torno a un eje: garantizar que GCO-Abertis recupere 247 millones de dólares de supuestas inversiones que hizo en el acceso Oeste desde 1994, cuando Carlos Menem les otorgó la concesión.

Ese monto se lo reconoce el Gobierno de Macri.

El motivo de la no recuperación de la inversión fue la pesificación de las tarifas.

Para recuperar ese dinero en el tiempo que le queda a la concesión, finales de 2018, tendrían que hacer aumentos de tarifas astronómicos.

La solución que acordaron entonces el Gobierno y la empresa es renovar la concesión con cláusulas leoninas, que garanticen ese dinero sin beneficios para el Estado, e incluso con riesgo de nuevas demandas ante organismo internacionales.

Abertis tiene el 48,6% de participación (57,6% de derechos de voto) de Grupo Concesionario del Oeste, la concesionaria encargada de la construcción, mantenimiento, administración y explotación del acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires.

Con 56 kilómetros de longitud, es uno de los más importantes corredores viales de Argentina, con una Intensidad Media diaria (IMD) de 78.744 vehículos en 2016.

La concesión finaliza en 2018”, informan desde la empresa.

Otra parte de GCO la controla IJM Corporation Berhad, una corporación de origen malayo dedicada a construcciones e infraestructura.

La Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene el 21,56% de GCO.

Abertis también controla Autopistas del Sol, que gestiona el acceso Norte.

Según sus balances, GCO y Autopistas del Sol comparten sus gerencias y algunas de sus jefaturas.

 Los Macri eran hasta hace poco socios en Autopistas del Sol.

El periodista Alejandro Bercovich reveló la maniobra por la cuál Macri dispuso un aumento extraordinario de tarifas para luego vender su participación a un precio inflado, cuestión que fue judicializada.

Ya entonces se sospechaba que toda esta operación estaba enmarcada en el acuerdo de renovación de la concesión con condiciones gravosas para el Estado.

Hoy, los documentos que publica Nuestras Voces lo prueban.

Cláusulas leoninas

La concesión del acceso Oeste en manos de GCO-Abertis vence el 31 de diciembre de 2018.

El Gobierno de Macri les reconoce una inversión de exactamente 272.621.570 dólares, que en términos netos resultan 247 millones de dólares.

Si tuvieran que recuperar ese monto con aumentos de tarifas antes de finalizado el 2018 las subas serían siderales.

La salida que acordaron es la extensión del contrato con condiciones que garanticen que la empresa embolse esos 247 millones de dólares.

El nuevo contrato prevé durar hasta el 31 de diciembre del 2030, con aumentos de tarifas sistemáticos.

El primer dato fundamental: el acta vuelve a dolarizar la Tasa Interna de Retorno (TIR, que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión). Esto fue descartado en 2006, cuando se renegoció la concesión de GCO y el entonces presidente Néstor Kirchner estableció en el decreto 298/2006 que la TIR sería calculada en pesos.

El nuevo acuerdo dice que se reduce la TIR del 13,06% original a un 8%, pero en dólares.

¿Cómo se garantiza una tasa de retorno en dólares cuando la empresa va a facturar en pesos que están en constante devaluación?

La TIR original en dólares fue en el contexto del uno a uno. Ahora, lo único que va a permitir son aumentos sistemáticos de tarifas y, llegado el caso, nuevos juicios por incumplimientos de parte del Estado.

Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste by nuestrasvocesok on Scribd

Es más: el contrato establece que en caso de que se tuviera que dar de baja la concesión por cualquier causa, incluso razones interés público, el Estado tiene que pagarle a la empresa una compensación en dólares. La empresa gana o gana.

Según el acta acuerdo, Abertis-GCO y sus accionistas quedan obligados a desistir de cualquier juicio contra el Estado tanto dentro como fuera del país. Abertis gestiona 8.500 kilómetros de autopistas en 14 países, pero sólo tiene un juicio en el CIADI. Es contra Argentina y reclama 1.793 millones de dólares.

Esta cláusula, sin embargo, tiene varias trampas.

Por un lado, el punto 15.6 del acta dice que el desistimiento de juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado.

A su vez, menciona que ante cualquier cambio, por mínimo que sea, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local e internacional sus derechos preexistentes”.

Según varias fuentes especializadas en la redacción de este tipo de acuerdos, esta letra deja abierta la posibilidad de juicios deliberadamente.

En un comunicado de prensa, la empresa informó: “Abertis acuerda con Argentina nuevas inversiones en la red de GCO a cambio de la extensión de la duración de la concesión (…)

El acuerdo supone un reconocimiento de los reequilibrios pendientes y contempla un plan de inversión adicional para mejorar esta red vial por un importe de 250 millones de dólares”.

Sin embargo, hay tres datos que no incluyeron.

Uno, el monto de 247 millones de dólares que el Gobierno aceptó que tienen que recuperar.

Dos, que el acta de acuerdo las inversiones figuran en pesos, no en dólares.

El acta menciona un Plan de Inversiones de más de 3.960 millones de pesos, lo que, al cambio actual, da 227 millones de dólares.

Es decir, el acuerdo establece una tasa interna de retorno en dólares pero inversiones en pesos.

Por último, en los informes a sus accionistas sostiene que esta inversión “se financiará con los ingresos futuros de la concesión”.

Otra de las cláusulas leoninas establece que se libera de responsabilidad a Abertis-GCO por los incumplimientos de las inversiones que no hizo en todos estos años, “los que -según el acta- encuentran causa en la reducción de ingresos” producto de la crisis 2001 y la pesificación de tarifas.

También se cierran todos los expedientes de multas en su contra.

El acuerdo para renovar la concesión del acceso Oeste con GCO ya tiene dictamen de la Procuración del Tesoro.

Los pasos siguientes son su aprobación por parte de la Sindicatura General de la Nación, donde Macri acaba de renovar toda la cúpula.

Lo sigue una Audiencia Pública y luego tiene que firmarlo los Ministros de Transporte y Hacienda, y el propio Macri con un decreto.

Conflicto de interés (otra vez)

En otro punto, el acta establece que “los cambios legislativos, regulatorios y/o jurisprudenciales que afecten significativamente el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión serán tenidos en cuenta en el Plan Económico Financiero a los fines de la readecuación de dicho equilibrio”.

En otras palabras, una cláusula de inmutabilidad a toda costa que, según especialistas consultados por Nuestras Voces, es una típica cláusula redactada por el abogado de la empresa que, en este caso, aceptó el Gobierno de Macri.

El acta la firman GCO y Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Este funcionario trabajó en el estudio Marval, O´Farrel & Mairal, uno de los principales estudios de la city porteña, especializado justamente en asesoramiento a grandes empresas y juicios en el CIADI.

Es el estudio que representa a Abertis en las negociaciones para renovar las concesiones a sus subsidiarias GCA y Autopistas del Sol.

Es decir, el funcionario negocia con sus ex empleadores.

Abertis también anunció las negociaciones para renovar la concesión de Autopistas del Sol en el acceso Norte, que vence recién en 2020.

Según el portal abogados.com.ar, este acuerdo se firmó el 18 de agosto pasado.

Comprende la extensión de la concesión hasta el 2030 y una compensación de aproximadamente 500 millones de dólares por las supuestas pérdidas de la empresa a partir del 2001 y la pesificación de tarifas.

De esta negociación también participan el estudio Marval, O´Farrel & Mairal y su ex empleado Stoddart.

Todo indica que las condiciones son tan leoninas como en el caso de GCO.

Un largo camino

Abertis informó a sus accionistas que los negocios en Argentina le reportaron, en el primer semestre de 2017, 110 millones de Euros en ingresos y 32 millones de Euros en EBITDA, sigla en inglés significan Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization (Utilidad

Antes   de   Intereses   Impuestos Depreciaciones   y   Amortizaciones).

Esto representó un crecimiento del 29,5% en los ingresos y un 18,7% en las ganancias. La razón, según Abertis,  “principalmente gracias a un aumento de tarifas del 36,8% durante el periodo.

Son los aumentos que otorgó Macri antes de vender su participación en Autopistas del Sol.

Tampoco le fue mal a GCO, la subsidiaria que va por la renovación del acceso Oeste.

En 2016 reportó una ganancia de 164 millones de pesos.

Las concesiones viales datan de la década del 90.

Como la gran mayoría de las inversiones extranjeras quedaron protegidas por los tratados bilaterales firmados por Menem.

Tras la implosión económica de 2001 y la pesificación de las tarifas, estos tratados fueron la herramienta para que las grandes corporaciones internacionales demandaran a la Argentina ante el CIADI y otros organismo dedicados a estos conflictos.

La Argentina ostenta el triste record de denuncias ante el CIADI.

Pese a esto, tal como reveló Nuestras Voces, el Gobierno de Macri desarmó la defensa del Estado en estos juicios

El 15 de julio de 1994 Menem firmó el decreto 1167 que otorgó las concesiones de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri.

El acceso Norte quedó para Autopistas del Sol, un consorcio del que participaba la familia Macri; el Oeste para el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), consorcio comandado por Benito Roggio que pasó años más tarde al control de la española Abertis; la Ricchieri para AEC SA.

El plazo original de las concesiones era 22 años y ocho meses, es decir, hasta el 2017.

Los contratos tenían una tarifa básica en dólares y se actualizaban por el Indice de Precios al Consumidor de Estados Unidos.

Reinaba el uno a uno.

En el caso de GCO, en 1995 ya hubo una primera adecuación del contrato, a la que le siguieron otras en 1996 y el 2000.

Tras el fin de la convertibilidad todo cambió.

El 6 de enero de 2002 el Congreso sancionó la Ley de Emergencia 25.561, que pesificó las tarifas y le dio facultades al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos de obras y servicios públicos.

En el caso de GCO, que tenía una tarifa dolarizada, esto desequilibró su ecuación financiera.

En 2005, ya en el Gobierno de Kirchner, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) llegó a un nuevo acuerdo con GCO, que estableció una recomposición parcial del contrato originario y planteó una segunda instancia de revisión para el 2006.

El 15 de marzo de 2006 el propio Kirchner ratificó este nuevo acuerdo por el decreto 298/2006.

En primer lugar, este nuevo acuerdo estableció que la moneda era el peso.

De hecho, el acuerdo estableció textualmente que “el CONCESIONARIO renuncia a exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión del ACCESO OESTE con una Tasa Interna de Retorno calculada en dólares”.

Ahora, por el contrario, el Gobierno de Macri le vuelve a garantizar una rentabilidad en dólares.

Otro cambio sustancial con el contrato originario era que para los aumentos de tarifas se tomarían índices locales y no estadounidenses.

La cláusula 13 de este acuerdo establecía que GCO no iniciaría ninguna demanda contra la Argentina por las consecuencias de la Ley de Emergencia.

La empresa no cumplió: apenas asumido Macri, demandó al país ante el CIADI para luego avanzar en el acuerdo para renovar sus concesiones que hoy publica Nuestras Voces.

Este acuerdo estipulaba una nueva instancia de revisión para el 2006 que no se concretó y se fue prorrogando.

A poco más de dos meses de su asunción, Macri firmó el decreto 367/2016 y ordenó a la renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos, entre ellos el de GCO del acceso Oeste.

Ahora se conocen sus condiciones.

La posición del Gobierno de Macri es clara: más que defender el interés del Estado reconoce sistemáticamente las razones de las empresas y cede ante los pedidos de sus ex socios.

AL/

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