“Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno.” (Patricia Bullrich)

OTRA ESCALADA REPRESIVA: UN PLAN CONINTES DEL SIGLO XXI

Por Araceli Bellotta

La política represiva iniciada con la detención arbitraria de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, y sus compañeros de la organización Túpac Amaru, continuada con el ingreso de policías a la Universidad de Jujuy y con el desalojo de los trabajadores de PepsiCo, se fue endureciendo a partir del operativo realizado por la Gendarmería Nacional durante la protesta de los mapuches en la provincia de Chubut, que tuvo como resultado la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Por Araceli_Bellotta
El Presente de la Historia
5 septiembre, 2017

La política represiva iniciada con la detención arbitraria de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, y sus compañeros de la organización Túpac Amaru, continuada con el ingreso de policías a la Universidad de Jujuy y con el desalojo de los trabajadores de PepsiCo, se fue endureciendo a partir del operativo realizado por la Gendarmería Nacional durante la protesta de los mapuches en la provincia de Chubut, que tuvo como resultado la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La semana pasada, la policía allanó varios locales de organizaciones sociales en Córdoba buscando a unos “encapuchados” que habrían participado en una marcha en contra del gatillo fácil; la Gendarmería ingresó en una escuela de Moreno, en Buenos Aires, donde padres, alumnos y maestros protestaban por el mal estado del edificio; y el máximo punto alcanzado fue al final de la manifestación por la aparición de Maldonado en la Plaza de Mayo, en la que fuerzas policiales golpearon y detuvieron en forma indiscriminada a 30 personas, muchas de ellas mientras comían en pizzerías a varias cuadras de donde se había realizado el acto y que fueron mantenidas incomunicadas durante todo el fin de semana.

Las autoridades calificaron a los mapuches de “terroristas” y semanas atrás, durante su exposición en el Senado de la Nación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó respecto de la Gendarmería Nacional:

“Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno.”

“Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente y echarle solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad”.

En ese punto, Bullrich exclamó: “¡Me la banco yo! ¿Saben por qué?

“Porque eso siempre es lo que ha pasado en el país”.

En este punto la Ministra dijo la verdad.

La Argentina tiene una larga historia de represión a las protestas populares, de muertes y desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad, que alcanzó su máxima gravedad con la dictadura de 1976-1983.

Uno de esos antecedentes fue el Plan CONINTES puesto en vigencia por el gobierno constitucional de Arturo Frondizi, el 13 de marzo de 1960, dos semanas antes de que se realizaran las primeras elecciones legislativas que debió enfrentar su gobierno.

El Plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES), le asignaba a las Fuerzas Armadas el control directo de la represión del “terrorismo”.

Ese mismo día, el diario Clarín explicó con mucha claridad de qué se trataba:

“El Plan CONINTES rige desde la hora 0 y será aplicado con extremo rigor en su totalidad”.

Aseguraba que las intenciones del gobierno eran que “todos los partidos políticos sigan gozando de amplia libertad para su acción cívica, excepto los grupos y personas moral y materialmente responsables de los actos terroristas que serán sometidos a tribunales militares”.

Aclaraba, luego, que según el gobierno estos grupos “propician la restauración de la dictadura…” —alude al gobierno constitucional de Perón— y “…hay quienes proclaman su aspiración al regreso de los que, con su jefe a la cabeza, huyeron en las jornadas, en el que el régimen corruptor y corrompido se derrumbaba inexorablemente” —refiriéndose al golpe de estado de 1955 a un gobierno que había ganado por el 63,5% de los votos—.

Arturo Frondizi llegó a la presidencia de la Nación en 1958 tras ganar las elecciones luego de un acuerdo con Perón, entonces obligado al exilio y con su partido proscripto.

Frondizi se había comprometido a revisar las medidas económicas adoptadas desde 1955, la anulación de las disposiciones de persecución política, la suspensión de las proscripciones sindicales y políticas, la devolución de la CGT y el reconocimiento legal del Partido Peronista.

El presidente no solo no cumplió con sus compromisos, sino que seis meses después de asumir, el 11 de noviembre de 1958, decretó el estado de sitio por un plazo de treinta días en todo el territorio nacional como respuesta a un conflicto de los trabajadores de YPF que se levantaron en Mendoza para que se anularan los contratos estatales con empresas norteamericanas.

Ese mismo día, la policía realizó detenciones de peronistas, comunistas y algunos integrantes de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), que fueron entre 250 y 1000 personas según las versiones.

El gobierno alegó que tomaba esta decisión para prevenir al país de la subversión y de la anarquía.

Pero cuando se venció el plazo establecido y el presidente amplió el estado de sitio por tiempo indeterminado, quedó claro que el real objetivo era evitar la resistencia a las medidas económicas que anunció pocos días después.

El 29 de diciembre de 1958, Frondizi inició un programa de estabilización económica con un duro ajuste para acceder a las promesas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de otorgar a la Argentina asistencia para equilibrar el déficit de la balanza de pagos.

A cambio de 329 millones de dólares, se eliminaron las tasas de cambio múltiples que regulaban los precios internos, se decretó que los aumentos salariales se realizarían solo por productividad, se anularon las restricciones crediticias al sector privado y se propuso disminuir el déficit fiscal.

Al año siguiente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para privatizar el Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, que afectó la fuente de trabajo de cientos de obreros que se levantaron en contra de la medida y fueron desalojados por las Fuerzas Armadas.

En mayo de 1959, el presidente incorporó a su gabinete al ultraliberal Álvaro Alsogaray como ministro de Economía y Trabajo, quien entonces pronunció la famosa frase “hay que pasar el invierno” como respuesta a la situación económica que registraba un aumento del costo de vida del 272%, mientras que el salario real había disminuido un 35%.

No había ni anarquismo ni subversión.

Lo que sucedía era que se multiplicaban los reclamos de los trabajadores perjudicados por las medidas económicas e impedidos de participar en la política por la proscripción del peronismo y sin defensa gremial porque los sindicatos estaban intervenidos y sus dirigentes encarcelados.

Las protestas incluían huelgas, manifestaciones y sabotajes.

El 17 de marzo de 1960, el diario La Prensa se refirió a los procedimientos realizados por la Policía y la Gendarmería por el Plan CONINTES “en zonas de la Capital Federal y alrededores de la provincia de Buenos Aires, donde fueron secuestrados discos con instrucciones dadas, tiempo atrás, por el tirano prófugo (Perón) a sus adictos, libretos y algunas armas cortas.

Se detuvo también a varias personas adictas al régimen depuesto, entre ellas, afiliados a la Alianza Libertadora Nacionalista”.

Después, informó sobre la detención del “locutor deportivo Luis Sojil en Villa Ballester, y el ex secretario de la CGT durante el último período de la dictadura…” —el gobierno constitucional de Perón— “…Héctor Hugo Di Pietro.

Ambos sospechados de dar apoyo económico a terroristas de filiación peronista”.

El 27 de marzo de 1960 se realizaron las elecciones legislativas de medio término, en las que el gobierno de Frondizi sufrió un duro revés.

La oficialista Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) obtuvo 1.813.454 votos, el 20,44%; la UCRP de Ricardo Balbín logró 2.060.264, el 23,23%, y el voto en blanco del peronismo proscripto alcanzó los 2.233.510, el 25,18%, que sumó la mayor cantidad de sufragios.

AB/

Fuentes:
http://www.lagaceta.com.ar/nota/740326/actualidad/califican-terroristas-grupos-mapuches-chubut.html
http://www.perfil.com/politica/allanan-locales-de-diferentes-organizaciones-sociales-en-cordoba.phtml
http://www.eldestapeweb.com/gendarmeria-intervino-una-escuela-moreno-que-protestaba-n32765
http://www.infobae.com/politica/2017/08/16/tenso-cruce-entre-patricia-bullrich-y-la-oposicion-por-santiago-maldonado-no-voy-a-tirar-a-gendarmes-por-la-ventana/
Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudio e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Plan CONINTES y Resistencia Peronista 1055-1963. Bs. As. 2010.
A %d blogueros les gusta esto: