Claves del jury al juez Arias: Quiénes lo denuncian y cómo será el Tribunal encargado de juzgarlo

JUZGAN AL JUEZ ARIAS QUE FRENO EL TARIFAZO Y FALLO A FAVOR DE LOS MAESTROS

El titular del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, conocido mediáticamente por haber fallado en contra de los aumentos y a favor de los gremios docentes, está en la mira de la Justicia por tres denuncias hechas en su contra; dos vinculadas a su participación en la causa por la inundación del 2 de abril, y una -del diputado ultracarriotista Guillermo Castello- que apunta contra sus inclinaciones políticas.

Por M.S.
El Teclado

El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias habló con El Teclado y explicó cuáles son las denuncias que se alzan en su contra, que culminarán con un jury de enjuiciamiento.

Se trata de tres denuncias: una autodenuncia de Arias, otra de la ex procuradora María del Carmen Falbo y la última de Guillermo Castello, un carriotista de primera hora que presentó hace pocas semanas un proyecto para declarar la educación como un “servicio público esencial”.

Arias se autodenunció algunos meses después de la inundación.

“En su momento hubo un conflicto de competencias, cuando el juez Guillermo Atencio me plantea un conflicto: decía que él era competente para determinar el número de víctimas de la inundación.

Lo cual es un absurdo, él es un juez penal y su función es determinar la existencia de un delito y su condena”, explica Arias a esta agencia.

Según el magistrado, Atencio y el fiscal especializado en delitos complejos, Jorge Paolini, “eran funcionales a los intereses del poder Ejecutivo de la provincia”, por ese entonces gobernada por Daniel Scioli.

Con ese conflicto en vistas, la Suprema Corte debía resolver a quién le tocaba dilucidar la cantidad de víctimas fatales.

En ese momento, Arias denunció en una conferencia de prensa que con este choque de fueros, el Ejecutivo intentaba “ganar tiempo” para que no se investigue.

La Corte bonaerense tardó veinte días en decidir que, efectivamente, calcular la cantidad de víctimas era competencia del fuero Contencioso Administrativo.

“Yo recibí la causa el viernes 5 de abril de 2013 y el lunes 8 ya estábamos dando la primer víctima no oficializada, Juan Carlos García.

Trabajamos con una celeridad impresionante, yo ya había ordenado rastrillajes y muchas medidas dispuestas se frustraron por estos veinte días que la Corte tuvo el expediente”, comenta Arias.

También hubo un cruce con el fiscal Paolini, que por entonces anunciaba un listado de víctimas paralelo, más cerca de los números del gobierno que de la cantidad de víctimas oficializadas más tarde por Arias.

“Cuando la Corte resuelve que era mi competencia, rechazando el planteo de Atencio, le mando un oficio al fiscal Paolini diciéndole que se abstenga de oficializar el número de víctimas, porque además él es un fiscal: es parte en el proceso, acusa por un delito, cosa que nunca hizo”, indica Arias.

“Parece que para la ex procuradora Falbo, este oficio que le mandé a Paolini era un delito. Y le manda al fiscal (Marcelo) Romero a instruir una acción penal. Romero dice que sí, que efectivamente yo había cometido un delito.

Esa decisión judicial, que no puede ser nunca una irregularidad ni un delito -salvo que se compruebe que hubo cohecho, o dinero de por medio, un prevaricato, etcétera-, fue consentida por Paolini”, aclara Arias.

La denuncia se realizó por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Cuando el diario El Día publicó, el 27 de junio de 2015, “Un fiscal pide el desafuero del juez Arias”, el magistrado se preocupó: Romero iba a pedir el desafuero a la procuradora de la Suprema Corte, “la misma que lo instó a él a denunciarme.”

“Iba a decir que me correspondía el desafuero”, explica Arias.

Para abortar una posible escalada mediática y judicial, el juez se denunció a sí mismo ante el jurado.

Ya había tenido un jury por la inundación, impulsado por los ex legisladores sciolistas Alberto Di Fazio y el ahora Defensor del Pueblo Guido Lorenzino.

El jurado de ese jury se había expedido por unanimidad afirmando que no había habido ninguna irregularidad.

Querían juzgarlo, en definitiva, por el mismo hecho.

Se sorteó un jurado -integrado por tres legisladores y tres abogados de la matrícula, que reúnan los requisitos para ser juez de la Corte- y la causa no se movió.

Algunos legisladores terminaron su mandato, volvieron a sortear esos tres integrantes y recién entonces aparece una de la ex procuradora Falbo, “con una catarata de supuestas irregularidades mías en diversos juicios”.

Esa denuncia está firmada de la propia Falbo, pero se presenta después de su renuncia con la firma del subprocurador Juan Ángel de Oliveira -actualmente en cargo-.

“Lo sorprendente aquí es que en vez de asignar un nuevo jurado me lo acumulan con la denuncia que yo mismo había hecho.

¿Por qué?

Porque habían logrado un jurado que les era conveniente y no querían integrar otro”, asegura Arias.

Según la ley, por cada denuncia se realiza un tribunal de enjuiciamiento a magistrados.

Aquí se acumuló.

Para Arias, “intentan juntar motivos y ponerlos todos en un mismo Tribunal”.

Por último está la denuncia de Castello.

El diputado lo acusa de haber firmado una solicitada en marzo de este año, que salió en varios medios de comunicación y pedía por “la unidad en defensa de la democracia”.

La habían firmado, entre otros, el Indio Solari, Milagro Sala, Fernando Espinoza y Raúl Zaffaroni.

Castello consideró que Arias tuvo “una posición facciosa” al firmar esa solicitada por la democracia (“Como si los firmantes creyeran que está en peligro, reviste naturaleza radicalmente política y remite unívocamente a una pertenencia política partidaria”, expresó el diputado).

Así se acumulan sobre Arias estas tres denuncias: Una -la primera- fue iniciada por él mismo para que se investigue su actuación durante la inundación del 2 de abril (y por la que nunca llegaron a juzgarlo, ya que no sortearon nuevo tribunal); otra, la denuncia de Falbo -en la que según advirtió el nuevo procurador, Julio Conte Grand, la Procuración continuará trabajando y presentando acusación-; y la del diputado de Cambiemos.

PERFIL DE UN JUEZ DEL PUEBLO.

Arias cumple funciones desde hace 13 años en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata, como titular del Juzgado Nº 1.

Se hizo conocido por dictar fallos de corte progresista, contra los aumentos tarifarios y a favor de los gremios docentes.

En 2011 le embargó el sueldo a Francisco “Barba” Gutiérrez, intendente de Quilmes, por incumplir con la realización de algunas obras públicas; y a Daniel Arroyo, por entonces ministro de Desarrollo Social de la gestión Scioli, por no cumplir con la ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de la Niñez.

Muchas de sus medidas fueron revocadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Antes fue abogado particular, trabajó con intendentes y funcionarios.

EL DESCARGO DEL JUEZ JUSTO.

“Siempre fui coherente con lo que decidí.

Tanto en un gobierno como en otro”, asegura el juez Arias a esta agencia y su archivo en los últimos años lo demuestra: falló en contra de los aumentos tarifarios (de varios servicios) tanto en el 2012 con Scioli al gobierno como ahora, con María Eugenia Vidal.

“Nunca nadie me torció la pluma.

Ni mis amigos, ni mis parientes, ni nadie.

Siempre decidí de acuerdo a mi conciencia y a mi ideología -que le puede gustar a algunos o no, pero eso es lo que hice-.

Desde esa perspectiva estoy absolutamente tranquilo, si quieren buscarle el pelo al huevo que lo hagan”, agrega.

Según Arias, todas estas causas volvieron a impulsarse con la asunción de la ministra de la Suprema Corte Hilda Kogan.

“Es una militante radical, reconocidamente militante.

Ella es una jueza militante: Tanto que Cambiemos habla de los jueces militantes se debería indagar un poco más en esta jueza”, pide el juez.

El magistrado también apunta contra el procurador general Conte Grand: “Él es ex funcionario y militante de Cambiemos”, asegura.

Por su parte, el titular de Ministerio Público Fiscal bonaerense ya advirtió que ya está preparando su acusación.

“Está la decisión política tomada”, termina Arias, quien parece convencido de que, de alguna u otra manera, el Ejecutivo y la Justicia lograrán separarlo de su cargo.

Si así ocurre, dice, no descarta empezar a participar activamente en política.

QUIÉNES JUZGARÁN A ARIAS.

Por estas denuncias ya se conformó el jurado.

Lo integrarán la presidenta de la Suprema Corte Hilda Kogan, Fabián Ramón González, Osvaldo Enrique Pisani y José Alberto Apaz (abogados que reúnen requisitos para ser jurados).

Además lo integrarán Héctor Luis Vitale, senador bonaerense del bloque Peronista; Roberto Raúl Costa, presidente del bloque de senadores Cambiemos; Marcelo Feliu, diputado del FpV-PJ; y Jorge Alberto D’Onofrio, titular del bloque massista en el Senado. [ET]