Son instrumentos utilizados por grandes conglomerados financieros y empresariales del país para esconder riqueza y generar pobreza.

DE ARAMBURU A MACRI : LOS INSTRUMENTOS PARA EL SAQUEO

Por Jorge Francisco Cholvis

Tax Justice Network indica que la fuga de capitales de Argentina asciende a un acumulado de riquezas ocultas en paraísos fiscales superior a los u$s 399 mil millones. Deuda impagable que condena a generaciones sucesivas a hacerse cargo de intereses usurarios impuestos por corporaciones financieras.

 “LA TRAMA JURÍDICA DEL SOMETIMIENTO. INSTRUMENTOS PARA EL SAQUEO” (DE ARAMBURU A MACRI)

Por Jorge Francisco Cholvis

 NAC&POP

27/04/2017

1.    Las duras consecuencias de la restauración neoliberal.

 Con la asunción del gobierno de Macri, se retomó el antiguo modelo económico basado en el endeudamiento externo y la valorización financiera que rápidamente revirtió negativamente las mejoras alcanzadas por el país en los indicadores de deuda pública existentes a diciembre de 2015, dado que había logrado reducir los niveles de endeudamiento a valores históricos: de un 160 % del PBI a un 45 % aprox.

En cambio, en 2016 la Argentina es el país que más se endeudó y esa insostenible deuda sigue creciendo, ya que se incrementó por más de u$s

80.000 millones. En apenas 14 meses el país se endeudó lo mismo que durante la dictadura cívico- militar entre el ´76 y el ´83.

De tal modo, condicionará la agenda económica de cualquier futuro gobierno y lo dejará a merced de las imposiciones de los acreedores externos.

La nueva deuda financia la salida de divisas en el corto plazo; en el primer año del actual gobierno la fuga de capitales aumentó el 72,1 % respecto del año previo; entre diciembre de 2015/noviembre de 2016 se fugaron del país u$s 23.526 millones, y también ello sigue en aumento.

Dólares que se pasan a pesos en una revivida bicicleta financiera para obtener enormes ganancias aprovechando las altas tasas de interés, que después se fugan a empresas off-shore, a guaridas financieras, como son las creadas en los denominados “paraísos fiscales”, donde amparados por la figura jurídica de sociedades que no ejercen actividad industrial ni empresarial, conforman instrumentos de lo que se conoce en el mundo contemporáneo como la versión “salvaje” del capitalismo financiero.

Tax Justice Network indica que la fuga de capitales de Argentina asciende a un acumulado de riquezas ocultas en paraísos fiscales superior a los u$s 399 mil millones.

Deuda impagable que condena a generaciones sucesivas a hacerse cargo de intereses usurarios impuestos por corporaciones financieras.

Es la libre movilidad de capitales con su contracara en el endeudamiento externo, es fuga de divisas y ocultamiento de dinero en los paraísos fiscales que evidencian los “Panamá Papers”.

Por cierto, son instrumentos utilizados por grandes conglomerados financieros y empresariales del país para esconder riqueza y generar pobreza.

Según la Universidad Católica Argentina en 15 meses del gobierno neoliberal y conservador de Macri hay un millón y medio de pobres más en la Argentina.

La economía en 2016 cayó 2,3 % respecto de 2015, cuando había crecido 2,6 puntos sobre 2014.

La inflación de febrero de 2016 según el INDEC alcanzó el 2,5 % (IPC).

La inversión se desplomó 7,7 puntos en el último trimestre de 2016 y finalizó con una baja de 5,5 en el acumulado del año.

Desde enero de 2016 a marzo de 2017, el ingreso de inversiones extranjeras directas totalizó 3.177 millones de dólares, pero la salida de divisas por vía de utilidades y dividendos escaló a u$s 3.318 millones, un balance negativo de u$s 141 millones.

Ello sin contar las pérdidas de divisas por viajes de compras a Chile, Paraguay, Miami y demás tours de argentinos por el mundo entero entre enero y marzo de 2017.

Los resultados están a la vista.

El consumo en marzo volverá a tener resultados negativos.

Se abulta el déficit fiscal, se amplía la deuda externa y se generaron 600.000 nuevos indigentes.

Han cerrado innumerable cantidad de Pymes, la contracción industrial se profundiza e importantes rubros industriales se encuentran afectados por las políticas económicas, con la grave consecuencia de suspensiones y despidos de trabajadores.

Sin duda las políticas de Macri beneficiaron a pocos y perjudican a muchos.

Esta situación de crisis fue generada por las iniciativas que insistentemente se reclamaba durante años desde  los  centros de  la ortodoxia  neoliberal:  la eliminación de  impuestos  a sectores de     altos

ingresos (retenciones al campo y la minería), mega devaluación, se incrementaron los beneficios obtenidos por la actividad bancaria, tarifazo e indiscriminada apertura de las importaciones.

Estas medidas no podrían tener otro resultado que caída de la economía con elevada inflación.

La economía está en recesión con estancamiento y cierre de empresas nacionales.

Es el contraste de la proclamada “pobreza cero” con la dura realidad de la economía.

Para completar este conciso cuadro de situación se deben mencionar a los u$s

20.000 millones que anuncia el Decreto 29/2017, con otras medidas económicas que van agravando la situación que padece el pueblo y ponen en riesgo las riquezas del país.

El endeudamiento público vuelve a ser una cuestión gravísima y condicionará todas las políticas económicas.

Los documentos que trataremos conforman la trama jurídica de sometimiento, y son instrumentos para el saqueo de nuestros recursos naturales, lo cual refleja la esencia de una situación colonial.

Por el carácter ilegal, ilegítimo e impagable del endeudamiento deberá ser encarado e impugnado firmemente, en todos los ámbitos e instancias que sea necesario.

2.    Un aspecto de la trama jurídica de sometimiento.

 Con las políticas encaradas desde el gobierno de Macri se generan condiciones para imponer nuevas formas de endeudamiento.

El Decreto N° 29, del 11 de enero de 2017, autoriza al Ministerio de Finanzas a emitir deuda por hasta un monto que no supere la suma de valor nominal de s$s 20.000.000.000.-, y lo faculta a “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York -Estados Unidos de América- y/o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres -Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue, con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo a dicho decreto.

Pocos días después este gobierno integrado por numerosos Ceos de grupos económicos-financieros concentrados, desde el Ministerio de Finanzas dictó la Resolución N° 5 (25/01/2017) que en sus Anexos comienza a ejecutar la política que faculta expresamente la renuncia a la inmunidad de ejecución.

No nos detendremos a realizar ahora un examen sobre la precisión gramatical de los términos insertos en los documentos mencionados, ni sobre la calidad de su redacción.

Pero si señalaremos desde ya que la direccionalidad del diseño que postulan los Anexos de la Resolución N° 5 del Ministerio de Finanzas, en esencia es una constante en materia de convenios o instrumentos de financiamiento externo, con las adaptaciones propias de los tiempos en que los mismos se celebraron.

Sin duda, con similares políticas se alcanzarán iguales resultados.

Dichos convenios evidencian cómo se va tejiendo la telaraña jurídica y son un ejemplo típico de cómo inciden en la vida de los pueblos y menoscaban la soberanía de los Estados dependientes.

Esas normas y convenios agregan un eslabón más a la cadena de endeudamiento que sufre el país.

Por cierto, hace años se expresó bien que la renuncia a la inmunidad soberana por parte de los poderes constituidos ofende de manera directa e inmediata el principio de la soberanía del pueblo y los derechos y garantías que del mismo surgen1.

Actualmente nos encontramos ante la última expresión del capitalismo salvaje que afecta al desarrollo y existencia de los pueblos.

La prórroga de jurisdicción a foros judiciales extranjeros y a tribunales internacionales acentuada en los tiempos de la globalización financiera como un requerimiento

1 Conf., Arístides Corte y Liliana Constante, “Acerca de la inicua extranjerización de funciones públicas indelegables -a propósito de la prórroga de jurisdicción a favor de los jueces de los inversores extranjeros-”, La Ley, Suplemento diario del 16 de marzo de 2004

fundamental del capital especulativo.

De esa forma privilegia los intereses del capital mundialmente concentrado en pocas personas, por sobre las necesidades básicas insatisfechas de los pueblos que cargan con el peso del endeudamiento.

Hace tiempo Arturo E. Sampay sostuvo que los países dominantes mediante la prórroga de jurisdicción imponen una administración de justicia “ad hoc” a los países dominados, y de tal modo, ante las controversias de intereses en las que son parte la utilizan como instrumentos para apropiarse en gran escala de los recursos naturales de esos países, pues los conflictos que se suscitan “deben ser dilucidados ante los tribunales del exterior que ellos determinan; sin eufemismo hablando: ante sus jueces.

Como es de observar, se trata de una fibra más de las que componen la coyunda con que atan a su yugo a los países dependientes”2.

Históricamente se aplicó el principio de inmunidad soberana absoluta: el Estado sólo podía ser juzgado en los tribunales propios de su organización jurisdiccional doméstica.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial desde los Estados desarrollados gradualmente se fue imponiendo la doctrina de la inmunidad relativa, para así reemplazar el principio de la inmunidad absoluta, en pos de asegurar su penetración económica en los países dependientes.

Para ello distinguen entre actos “iure imperii” -considerados como actos soberanos por lo cual gozan de inmunidad- y actos “iure gestionis” -considerados como actos privados-, y carentes de ese derecho soberano.

Y ese criterio lo aplican especialmente en relación a los “convenios de financiamiento” con los cuales instrumentan el endeudamiento con el que atan a los países en desarrollo.

Lo cual se agrava, ante la actual y servicial actitud de convenir una renuncia explícita a la inmunidad de ejecución.

En tanto que en estos casos está en juego el orden público constitucional dado que no se trata de meros problemas de naturaleza comercial, sino que tienen naturaleza pública y comprometen facultades “ius imperium” del Estado, en base a principios sostenidos por Bernardo de Irigoyen, Carlos Calvo, Luis M. Drago, Carlos Saavedra Lamas, José Nicolás Matienzo, Arturo E. Sampay, entre otros notables juristas de nuestro país que dejaron hitos imborrables en la defensa de nuestro pueblo y que forjaron lo que se conoció como “Doctrina Argentina”, sostenemos que las operaciones de crédito público son actos “iuri imperii”, íntimamente vinculados al principio de soberanía y, por lo tanto, encuadrados en el concepto de la inmunidad de jurisdicción, la que por ser de orden público debe ser irrenunciable.

No podemos dejar de señalar también, que el 3 de febrero de 2012, la Corte Internacional de Justicia en la causa “Alemania vs. Italia (Grecia interviniente)”, sentó que las operaciones de crédito público son actos iure imperii.

Lo analizaremos brevemente.

En las operaciones de crédito público la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales judiciales o arbitrales extranjeros o internacionales y la renuncia a la inmunidad de ejecución confrontan con principios rectores del ordenamiento jurídico nacional, pues afectan el orden público e interés institucional de la Nación Argentina que se encuentra amparado por los arts. 27, 31, 75 incs. 4, 8, 19, 22, 23 y 24, y 116 de la Constitución Nacional, el que fue receptado en casos rectores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación3, ya sea antes de la reforma constitucional de 1994 tales como “Compte c/ Ibarra” de 1936; “Empresa de Navegación y Astillero Bussio” de 1967; y en los fallos que emitió después de ser sancionado el texto constitucional vigente, en los casos “Brunicardi, Adriano c/ Estado Nacional”, en el cual la CSJN entendió a la refinanciación de deuda como un empréstito público erigido en base al poder soberano estatal, es decir, como acto “iure imperii”; o como sostuvo el Alto Tribunal en la última expresión sobre el tema que es el caso “Clarence Corporation” del año  20144, al sostener que   no

2 v., editorial de Realidad Económica, N° 11, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico – IADE, 1972, pág. 12

3 en adelante CSJN.

4 “Clarence Corporation c. Estado Nacional”, Arts. 517/518 CPCC, Exequátur s. Varios”, de fecha 6.3.2014

Pueden ser pasibles de ejecución las sentencias que afecten el orden público constitucional, por ser incompatibles con el bloque federal formado por dichos artículos de la Constitución Nacional.

Lo contrario es desconocer el sistema jerárquico de prelación normativa.

Por ello, es necesario insistir que una renuncia a la prórroga de jurisdicción no conlleva implícitamente a una pérdida de las defensas y excepciones que pueda  plantear el Estado al momento que le exijan el cumplimiento forzado de una sentencia o laudo condenatorio.

Pues es en dicha instancia que ingresa a tallar la inmunidad de ejecución.

Una sentencia que confronte con dicho principio ningún efecto puede causar.

No deben ser consideradas título hábil para erigir el andamiaje del cobro compulsivo por medio de la ejecución forzada.

Las normas de procedimientos del país prevén especialmente que deben concurrir una serie de elementos para la ejecución de sentencias extranjeras, como que no afecte los principios de orden público del derecho argentino, pues el mismo no debe ser materia transable.

Cuando una parte fuere beneficiada con una sentencia ante los tribunales de otro Estado, como fue resuelto por la CSJN en el mencionado pronunciamiento del “caso Clarence”, el que precedido de un preclaro dictamen de la Procuración General de la Nación, recoge la mejor doctrina y jurisprudencia en materia de resguardo del orden público constitucional de la Nación Argentina.

De tal modo, es necesario remarcar que una renuncia a una prórroga de jurisdicción no conlleva implícitamente a una pérdida de las defensas y excepciones que pueda plantear el Estado al momento que le exijan el cumplimiento forzado de la sentencia o laudo condenatorio.

Así fue que en el leading case “Blasson c/ Embajada de la República Eslovaca”, nuestro Alto Tribunal -reconociendo la separación entre inmunidad de ejecución e inmunidad de jurisdicción- sostuvo que “… las medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero, que implica el empleo de la fuerza pública del Estado del foro, afectan gravemente la soberanía e independencia del Estado extranjero, por lo que no cabe, sin más, extender las soluciones sobre inmunidad de jurisdicción a los casos de inmunidad de ejecución”5.

Como vimos, no aplicar dicho criterio confronta con la Doctrina sostenida por quienes bregaron por una interpretación constitucional acorde a normas de la Constitución Nacional, al sostener la defensa de los intereses nacionales y los derechos humanos básicos de nuestro pueblo6.

Es menester tener presente asimismo que la Corte de Casación Francesa en “La Societé NML Capital Ltd. vs. La Republique Argentine”, sentó que los bienes -incluyendo las cuentas bancarias- de las misiones diplomáticas se encuentran amparados por una inmunidad de ejecución especial, cuya renuncia sólo puede ser probada mediante un desistimiento específico, expreso e inequívoco.

Para que ello ocurra se sostiene en el caso la necesidad de que exista una “renuncia” válida en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.

Seguidamente, observaremos cómo se va forjando la trama de sometimiento que está pesando sobre nuestro pueblo, desde que fue derogada la Constitución Nacional de 1949 y durante los distintos períodos posteriores que recorrió la Argentina hasta la actualidad.

Finalmente, llegaremos al el Decreto N° 29, que según veremos es la pieza normativa que como nos advertía Sampay, utilizan los países dominantes para que la justicia “ad hoc” que promueven imponga la dura coyunda sobre los pueblos, y que amenaza actualmente al pueblo argentino.

5 CSJN, 06/10/1999, “Fallos”, 322:2399
6 v., Jorge Francisco Cholvis, “Sampay y la soberanía”, Palabras Liminares a la obra “El Derecho  y la Soberanía  Argentina”,  para  la  Colección  “Obras  Selectas  de  Arturo  E.  Sampay”,  Tomo  X,       Biblioteca
Testimonial del Bicentenario, Editorial Docencia, Buenos Aires, 2012. Edición auspiciada y declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación

3.      Comienzo, etapas y rutas de la trama de sometimiento.

 Pero antes de continuar con el Decreto 29/2017, la Resolución N° 5 del Ministerio de Finanzas y sus Anexos, como hemos anunciado, hemos de hurgar en la historia económica y constitucional para encontrar el inicio de la etapa que conduce a la actual telaraña de sometimiento, como se fue gestando, quienes la impulsaron, y las políticas y diseños técnico- jurídico que fueron utilizando para su concepción y ejecución. Y por cierto, de qué modo se restauran en la actualidad.

3.1      Se instrumenta la presencia del FMI y posibilitan sus condicionamientos.

 Es a partir del golpe de Estado de 1955 con la “Proclama” del 27 de abril de 1956 que derogó la Constitución Nacional de 1949, cuando dan comienzo políticas económicas que postulan al capital extranjero como motor del desarrollo, otorgan prioridad al mercado y marginan al Estado del proceso económico.

Con dicha “Proclama” se abandonan los principios sociales de la Constitución de 1949 y las normas de política económica que la misma contenía en el Capítulo IV, de su Primera Parte.

La proclamada defensa de la democracia que se invocó en ese período de facto encubría un retorno al liberalismo económico.

Debemos señalar, por ende, que la Constitución real es la suma de los factores de poder -tanto internos como externos- que predominan en una sociedad determinada.

El tema constitucional no pasa solo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y participe directo de su institucionalización al más alto rango normativo.

Es ineludible tener presente la correlación que existe entre la Constitución real y la Constitución escrita; y, por otra parte, también se debe observar la afirmación de la justicia que debe  contener la Constitución real atento a las condiciones sociales de producción y cultura.

La adecuación a tales condiciones sociales conforma los criterios para valorar la Constitución real y a la Constitución escrita; y, en consecuencia, que esos criterios vienen a servir de ideales para animar la lucha del pueblo por una Constitución mejor.

En la Argentina en ese tiempo se produce un retroceso restaurador de minoritarios sectores que adquieren predominio en la Constitución real y proscriben por 18 años al proyecto económico, social, político y cultural institucionalizado en la Constitución Nacional de 1949.

El cambio político iba acompañado por una nueva orientación de la política social y un retorno a la ortodoxia económica.

Como sabemos, fue el 26 de abril de 1956 en la reunión de la “Junta Consultiva Nacional” presidida ese día por Álvaro Alsogaray que se aprueba el Plan Prebisch. Significativamente, el día después se lanza el Bando o Proclama derogatorio de la Constitución de 1949 y de vigencia limitada del texto de 18537.

Las profundas transformaciones que se producen en el ámbito de la Constitución real a partir de la derogación de la Constitución Nacional de 1949 y de la restauración de la Constitución histórica de 1853/60, con su modelo agroexportador liberal y el capital externo como motor de la economía, abren las puertas al endeudamiento externo con los instrumentos jurídicos de ocasión que lo fueron llevando a cabo.

7 v. Jorge Francisco Cholvis, “La Constitución y la dependencia”, en “La Constitución y otros temas (dilemas del constitucionalismo argentino)”, Libro II, “Constitución, economía y desarrollo”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, pág. 385 y sgtes.

Por Decreto-ley Nº 7.103, del 19 de abril de 1956 -uno de los firmantes y propulsores era Krieger Vasena, entonces ministro de Hacienda de Aramburu-, el gobierno inicia los trámites para obtener el ingreso de la República Argentina a los organismos financieros internacionales que nacieron a partir de los acuerdos de Bretton Woods.

Mediante el Decreto-ley Nº 15.970 del 31 de agosto de 19568 se dispuso formalmente la adhesión a esas instituciones financieras, asignando carácter de ley nacional al Convenio Constitutivo del F.M.I.

Según se reconoce e invoca en el mencionado plan “la Argentina es el único país de América Latina que no participa de estas instituciones”9.

Fueron entonces dichas autoridades de facto siguiendo las recomendaciones imperativas del Plan Prebisch, las que solicitaron el ingreso de la Argentina al F.M.I y al Banco Mundial.

De tal modo, se adhirió a los Acuerdos de Bretton Woods, que Perón consideraba un engaño10.

Mediante el Decreto-ley 15.970 (31.8.56) se aprobaron los convenios con  el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento; por el Decreto 20.552 (13.11.56) se constituye el Comité Argentino para negociaciones financieras con el exterior; el Decreto-ley 373 (16.1.57) aprueba el valor par de la moneda argentina concertado con el F. M. I., y a través de los decretos-leyes 1.327 (7.2.57), Nº 5.748 (30.5.57), Nº 10.490 (4.9.57) y Nº 10.871 (11.9.57) se ratificaron diversos acuerdos con el Export-Import Bank de Washington.

Durante el curso de la primera década que prosiguió a los Acuerdos de Bretton Woods fue cuando el Fondo sentó las bases del esquema de condicionalidad y a partir de ese momento se operó un cambio total en nuestra política económica, la Nación quedaba rendida ante los intereses financieros orquestados desde esos organismos.

Ello lo denunció entonces Arturo Enrique Sampay11.

Comenzó así la etapa de la historia nacional durante la cual se aplicaron por distintos hombres y equipos políticas económicas similares -con particular intensidad durante los períodos de facto-, con la fundamentación teórica de los impulsores del “liberalismo” de turno, aunque con diversos programas y variantes.

Ello se aprecia claramente con un somero recorrido sobre dichas normas publicadas en el Boletín Oficial, las que además aportan los nombres de conocidos personajes que en esa época y en años posteriores tuvieron notoria actuación tanto durante los golpes de Estado, como en los breves períodos de retorno al orden constitucional  en el marco de democracias limitadas y con la proscripción de amplios sectores políticos del país.

Las políticas económicas que promovió el F.M.I fueron implementadas en  el marco establecido por los estatutos del organismo -en el artículo V, Sección 3ª y artículo XXXb- a través del denominado acuerdo de crédito contingente conocido comúnmente como “stand-by”.

Pero, se subordinaba la conclusión del acuerdo “stand-by” a la realización por parte del gobierno solicitante de un plan económico de estabilización y de ajuste interno inserto en una “Carta de Intención” y en un “Memorando de Entendimiento”, entre el país que solicita el crédito y el F.M.I.

Luego de las mencionadas normas de 1957 que iniciaban las políticas del gobierno de facto, casi dos años después se formalizan con el Fondo y organismos oficiales y privados de los Estados Unidos, acuerdos de créditos destinados a apoyar el Plan de Estabilización que se había adoptado.

En enero de 1958 se firmó el acuerdo “stand-by”, por el cual se aplican oficialmente en

8 “Boletín Oficial”, 12. IX.56
9 v. Capítulo IX, 4, del “Plan”.
10 Conf., Alain Rouquié, “Poder militar y sociedad política en Argentina”, Emece Editores, Buenos Aires, 1981, págs. 131/133; Jorge Francisco Cholvis, “Perón y el F.M.I.”, en “La Constitución y otros temas (Dilemas del constitucionalismo argentino)”, Libro III, “Diversas cuestiones constitucionales”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, págs. 871 y sgtes.
11  Conf., Alberto González Arzac, “Convenciones Constituyentes”, en “Nueva Constitución de la República Argentina”, Editorial Negri, Buenos Aires, 1994, pág. 279.

nuestro país las medidas monetaristas elaboradas por el Fondo, e impuestas a los más diversos países, con poca consideración por sus particularidades autóctonas.

Se debe mencionar que en ese tiempo el gobierno del presidente Arturo H. Illia encaró los problemas de pagos externos sin firmar un acuerdo stand by con el Fondo.

Sólo pidió una autorización de giro para un segundo tramo del crédito condicionado a la aprobación de un programa económico que tenía otorgado el país y era el paso inmediato anterior a un stand by, pero que el gobierno se negó a solicitarlo precisamente para evitar condicionamientos.

Renegoció la deuda con el Club de París que mantenía la Nación sin la intervención del Fondo.

Ante dicha política los sectores domésticos ortodoxos, muchos de ellos vinculados con las finanzas internacionales, estruendosamente levantaron sus voces críticas, y seguramente habrá sido uno de los principales motivos que los llevaron a impulsar y dar el golpe de Estado del 28 de junio de 1966.

Con características similares al suscripto en 1958 por el presidente Arturo Frondizi, el 13 de marzo de 1967 durante el gobierno de facto de Onganía y siendo ministro de economía Krieger Vasena, se firmó un “acuerdo stand by”, que implementó las medidas de política económica que fueron el preludio hacia el “Cordobazo”.

A pesar de lo cual las otras etapas de lo que fue la denominada “Revolución Argentina”, no se alejaron de las políticas que imponían los organismos financieros internacionales.

De tal modo, la Nación se movía al ritmo que le fijaban las “Cartas de Intención” y los “Memorandos de Entendimiento”.

Sobre la base de dichos instrumentos el F.M.I., asumió una función de co-redacción y vigilancia del cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”.

Esta nueva relación que la Argentina institucionalizaba con los organismos financieros internacionales fue lo que a estos “les permitió dar al país sus contundentes recomendaciones”12.

La Argentina por esas vías sufrió una limitación sustancial en el ejercicio de su soberanía con la transferencia de la decisión nacional en la confección y ejecución de los programas económicos, e “ingresa así en la última escala de los países subdesarrollados, en los que la asistencia técnica de los organismos internacionales termina configurando una verdadera intervención  extranjera”13.

En tales condiciones Argentina estuvo impedida de tomar decisiones soberanas sobre la  moneda y políticas económicas, y perdió dicho aspecto esencial de la soberanía.

Qué duda cabe, que los países deben definir en forma autónoma y soberana sus políticas económicas, en especial en los temas monetarios, financieros y crediticios.

Las políticas que nos llevaron a esta situación se continuaron y acentuaron a partir de 1976 con diseños basados en desarrollos teóricos de corte liberal o “neoliberal”, que se expandieron desde los centros del poder económico mundial durante las décadas del setenta y del ochenta.

Con dichas políticas nuestro país se encontró periódicamente recorrido por funcionarios del F.M.I., que desarrollaban la primera etapa de una tarea de relevamiento de datos, para obtener los pormenores de lo sucedido en nuestra política fiscal, monetaria y cambiaria, y otras variables de la economía.

La segunda etapa transcurría en Washington donde se contabilizan los datos y se verificaba si la Argentina había cumplido o no con las pautas acordadas para los períodos en consideración, en el marco del “stand-by” vigente por entonces.

Pero también llegaron los economistas de los bancos acreedores que integraron un “steering commitee” de la Argentina (o Club de acreedores), para iniciar un monitoreo de las cuentas del país, por si esos relevamientos y verificaciones precedentes no fueron suficientes en su concepto, para  que  se  suscribiera  luego  el  “acuerdo”  con  los  bancos  acreedores  del  exterior  sobre refinanciación de la deuda.

12 Luís Alberto Romero, “Breve historia contemporánea de la Argentina”, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, pág. 137.
13 Arturo Jauretche, “El retorno al coloniaje. La segunda década infame: de Prebish a Krieger Vasena”, Ediciones del Mar Dulce, Buenos Aires, 1969, pág. 99.

Posteriormente, ante las reacciones de los sectores afectados por dichas conformidades si el Gobierno de turno no podía dar un estricto cumplimiento a lo comprometido, venía un “waiver” (dispensa o perdón) o nueva oportunidad, y otras declaraciones para dejar justificados los desvíos acordados.

Como última alternativa venía un préstamo puente, lo cual en realidad era la postrer “red de seguridad” a cerrar con el Tesoro de los EEUU, para superar cualquier dificultad en la refinanciación acorde a los intereses de los bancos acreedores.

De tal forma, forzaron la adopción de un conjunto de políticas orientadas a reducir a un mínimo los ámbitos de ejercicio de la soberanía y así acotar el margen de mediación estatal.

Fue un punto de inflexión decisivo en la decadencia de la idea del Estado, así fue que la democracia recuperada en 1983 heredó un Estado desmantelado.

Así fue que aún luego de restablecida la vigencia de la Constitución histórica, en base a dichos instrumentos el F.M.I. -y también el Banco Mundial- asumieron una función de co- redacción y vigilancia del cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”.

Entre los numerosos documentos que suscribiera la Argentina a este respecto, cabe mencionar: “Stand-by” acordado el 28.12.8414; “Memorando sobre Política Económica” enviado al F.M.I. el 11.6.8515; “Memorando adicional de política económica” enviado al FMI con fecha 22.7.8516; Carta dirigida por el Ministro Sourrouille al F.M.I.17; “Memorándum” acordado con el F.M.I.18; “Carta de Intención” al FMI del 20.2.8619 ; “Carta de Intención” del 17 de junio de 198620; Informe que el Ministerio de Economía remitió al FMI difundido el 18.11.8721; Política económica pautada con  el F.M.I. en el marco del “stand-by”22; “Memorando de entendimiento” enviado al F.M.I. en febrero de 198823; “Programa para la recuperación económica y el crecimiento sostenido”, entregado al Banco Mundial24; y “Carta Política de Desarrollo”, suscripta con el Banco Mundial, anunciada de Berlín el 26.9.8825. El “modelo” adquiere su expresión final y más acabada a partir de las políticas económicas que se inician en el período presidencial que comienza en 198926.

Después de realizada la reforma al texto constitucional en 1994 y hasta el 2001, se firmaron seis acuerdos con el Fondo, y tres ampliaciones que acompañaron el programa económico que se ponía en marcha con la presidencia de Carlos Menem.

El modelo encuadraba en términos generales en las recomendaciones del “Consenso de Washington”, funcionales a los intereses estratégicos y comerciales de los EEUU; y el F.M.I. fue uno de los instrumentos para forzar la adopción de esas políticas por los países endeudados, como la Argentina.

El 21 de marzo de 1996, se anunciaba que el F.M.I. aprobará el 21 de abril el nuevo acuerdo stand by que se extenderá hasta fines de 1997.

Como contrapartida, el gobierno nacional asumía el compromiso de cerrar el año con un déficit fiscal no mayor a 2.500 millones de pesos, una inflación del 2 % anual y un crecimiento del PBI del 5 %.

14 “Ámbito Financiero” del 4.1.85.
15 v. “Diario de Sesiones” Senado de la Nación, inserción solicitada por el Senador Rodríguez Saá, el 26 y 27 de septiembre de 1985, pp. 2850/2857.
16 “El Cronista Comercial”, del 23.7.85.
17 “Clarín”, 23.2.86.
18 “Clarín”, 13.1.87.
19 “Diario de Sesiones” Senado de la Nación, del 28 y 29 de agosto de 1986, pp. 2340/2344, inserción solicitada por el Senador Rodríguez Saá.
20 “Diario de Sesiones” Senado de la Nación, inserción solicitada por el Sr. Senador Rodríguez Saá, sesión del 28 y 29 de agosto de 1986, pp. 2344/46; también “Clarín”, del 19.6.86.
21 “El Cronista Comercial”, 19.11.87.
22 “Clarín”, 11.7.87.
23 “El Cronista Comercial”, 25.2.88.
24 “El Cronista Comercial”, 2.9.88.
25 “Clarín”, 26.9.88.
26 Conf., Jorge Francisco Cholvis, “Los acuerdos con el F.M.I. y los derechos humanos básicos”, en “La Constitución y otros temas (Dilemas del constitucionalismo argentino)”, Libro III, “Diversas cuestiones constitucionales”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, págs. 889 y sgtes.

Estos son algunos de los compromisos que Domingo Cavallo dio a conocer durante una conferencia de prensa27.

En el documento, el gobierno se comprometía a obtener resultados en materia de empleo, reducción del gasto público, reforma de obras sociales y de la legislación laboral; también incluía compromisos sobre exportaciones, déficit fiscal, reforma tributaria, fusión o eliminación de organismos del Estado, flexibilidad y renegociación de convenciones de trabajo.

Así fue que en los doce años transcurridos entre 1989 y 2001, Argentina permaneció continuamente bajo programas del F.M.I., a través de cuatro acuerdos stand by -en 1989, 1991, 1996 y 2000, ampliado en enero y agosto de 2001-; y dos convenios de facilidades extendidas -en 1992, aumentado en 1995 y en 1998-.

La fluida relación del gobierno del presidente Menem con el F.M.I., posibilitó que sea el invitado de honor en la Asamblea anual del organismo en septiembre de 1999.

Durante las últimas décadas del siglo XX y salvo breves períodos, a consecuencia de la política iniciada con los instrumentos que se sancionaron por el golpe de Estado de 1955, continuada por la supraconstitucionalidad de facto dictada por otros gobiernos cívico-militares, que instrumentaron sus “Actas”, “Fines” y “Estatutos”28, y la innegable frustración de los sectores populares para hacer efectivo un proyecto de Nación que nos inserte en la realidad socioeconómica del mundo contemporáneo en condiciones adecuadas para generar un desarrollo político y económico acordes a nuestras posibilidades como Nación, fue que se consolidó la presencia que habían logrado los organismos financieros internacionales y poderosos grupos económicos extranjeros y nacionales ligados a ellos, y se transformaran en soportes determinantes de la Constitución real del país, lo cual les abrió el camino para que tomaran abierta posesión de nuestra economía.

Por ello, la Argentina durante años marchó al ritmo que le marcaban desde el exterior las instituciones internacionales de crédito, tal el F.M.I. y el Banco Mundial, como también la banca acreedora extranjera y organismos -gubernamentales y no gubernamentales- de los países altamente desarrollados; y desde el interior por los grupos económicos transnacionales y los que no obstante ser de origen nacional se comportan como aquellos.

El 21 de diciembre de 2000, durante el período presidencial de Fernando de la Rúa se anunció la nueva Carta de Intención del Gobierno Argentino al Fondo Monetario Internacional, y el Memorando de Política Económica, respaldado por el acuerdo de crédito contingente (stand by) aprobado por el F.M.I.

El ministro de Economía José Luis Machinea y el Presidente del Banco Central, anunciaban en un comunicado que el Memorando de Política Económica del 14 de febrero de 2000, presentaba el marco de políticas establecidas por el gobierno de la República Argentina para el período 2000-2002, en respaldo de los cuales oportunamente solicitaron al F.M.I. la aprobación de un acuerdo contingente (stand by) por tres años.

El Memorando de Política Económica de 5 de septiembre de 2000, avanzó en la aplicación de esas políticas.

Anunciaban que las revisiones del programa de política económica se realizaran con el F.M.I. antes del 30 de mayo de 2000, 31 de agosto de 2000, 30 de noviembre de 2000 y 28 de febrero de 200129.

Es sabido el notorio fracaso de dichas políticas y los graves perjuicios que ocasionó al pueblo argentino.

El deterioro de las finanzas públicas, agobiadas por la carga de la deuda y la caída de la recaudación a causa de la continua recesión, precipitó una serie de medidas desesperadas para sostener la convertibilidad y evitar la devaluación, pero no impidieron la explosiva crisis estructural de fines de 2001 y principios del 2002.

Las reacciones populares, a consecuencia de las políticas seguidas son conocidas y sus causas notorias fueron apreciándose con anticipación.

La crisis socio-económica, la declaración del estado de sitio, y las reacciones populares que ello provocó, fueron lo que finalmente impulsó la renuncia de De la Rúa y su salida precipitada de la Casa de Gobierno.

27 edant.clarin.com/diario/96/03/21/fondo.html
28 v. Jorge Francisco Cholvis, “Revisionismo Histórico Constitucional. Proyecto Nacional y Constitución”, Ediciones Fabro, Buenos Aires, 2016, págs. 339 y sgtes.
29 v., www.mecon.gov.ar/cartadeintencion/carta1esp.htm

Cuando todavía retumbaban en la Plaza de Mayo los ecos siniestros de la represión desatada a instancias del gobierno de Fernando de la Rúa del 19 y 20 de diciembre de 2001, se producen rápidos cambios en la conducción ejecutiva de la Nación, y el 24 de diciembre de 2001 luego de asumir la presidencia de la República, Adolfo Rodríguez Saa con una emotiva declaración en el Congreso Nacional comunica el diferimiento de los pagos de los servicios de amortización de capital e intereses de la deuda pública externa, y que se iniciarán negociaciones con los acreedores externos tendientes a reestructurar las obligaciones contraídas.

Pocos días después, el 29 de diciembre el presidente Adolfo Rodríguez Saa debe renunciar al cargo, por falta de apoyo a su propuesta política por parte de los gobernadores De la Sota y Duhalde.

Es en esos azarosos días que se va definiendo la situación política en el marco institucional vigente, asume el Poder Ejecutivo Nacional Eduardo Duhalde (enero/02 a mayo/03), y al mes siguiente dicta el Decreto N° 256, del 6.2.2002, y comienza un nuevo proceso de reestructuración de la deuda pública de la Nación, ante la necesidad de adoptar los recaudos necesarios para reprogramar las obligaciones y pagos de la deuda del gobierno nacional. Considerando que la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 10 de diciembre de 2003, y que la Decisión Administrativa N° 1/2002 respecto a obligaciones de la deuda pública se hallaban condicionadas por la escasez de recursos con que cuenta el Tesoro Nacional, dispuso llevar a cabo el proceso de reprogramación de las obligaciones y pago de la deuda del Gobierno Nacional.

Así fue que por el artículo 1° del Decreto 256 facultó al Ministerio de Economía “a desarrollar las gestiones y acciones necesarias para reestructurar las obligaciones de la deuda del Gobierno Nacional”30.

En tal situación el gobierno argentino firmó el 16 de enero de 2003 una Carta de Intención con el F.M.I., para un acuerdo de reprogramación de vencimientos de la deuda hasta el 31 de agosto de 2003. La Carta de Intención incluía un Memorando de Políticas Económicas del Gobierno para un programa de transición en el 2003 y un Memorando de Entendimiento Técnico.

La protesta social de los días 27 de junio de 2002, y la feroz represión de las fuerzas de seguridad en Avellaneda a los manifestantes “piqueteros”, causó el adelantamiento del llamado a elecciones.

Fue el final del sueño presidencialista del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El Presidente Néstor Kirchner asume la primera magistratura en mayo de 2003, con un reducido porcentaje de votos, pero con firmes convicciones para avanzar en la solución del problema que afectaba al país.

En el acuerdo que se celebra el 20 de septiembre de 2003 entre el gobierno argentino y el F.M.I., se puede leer que los objetivos pasan por “proteger los sectores más vulnerables” y “apoyar el potencial crecimiento de la economía”, y el objetivo de “una reestructuración exitosa de la deuda pública que garantice la sustentabilidad” de la misma.

Para ello, la Carta de Intención solicitaba un acuerdo “stand by” condicionado por 36 meses, entre 2004 y 2006.

La acompañaba un Memorando de Políticas Económicas y Financieras donde se detalla el plan económico para lo que resta de 2003, y para 2004-2006.

De la lectura del acuerdo se aprecia el diseño que el gobierno argentino denominaba “programa de transición”, entre la crisis de fines de 2001 y el momento de la firma; más precisamente desde lo que fue el ingreso de Roberto Lavagna como Ministro en mayo de 2002 en la gestión de Eduardo Duhalde, y la asunción de Néstor Kirchner (mayo a septiembre de 2003).

La Argentina pasaba todavía por días difíciles en agosto de 2004, tras la crisis de fines  de  2001  y  principios de  2002.

30 “Boletín Oficial”, 8/2/2002.

El Director  Gerente  del  F.M.I.,  Rodrigo  Rato  promovía la posibilidad de prorrogar el stand by que vencía en septiembre de 2003 por otro año más, pero imponiendo condiciones más rígidas a la Argentina las que no fueron aceptadas ni por Néstor Kirchner ni por Roberto Lavagna y el equipo económico encabezado por el viceministro Guillermo Nielsen.

Finalmente, el 17 de septiembre de 2004 Kirchner y Lavagna deciden no firmar un nuevo acuerdo con el F.M.I. y se suspende la relación a partir de ese momento.

Posteriormente el presidente Kirchner amplió su anhelo de liberarse de la tutela del F.M.I. al anunciar durante un acto en la Casa Rosada el 15 de septiembre de 2005 la cancelación total de la deuda de la Argentina con ese organismo.

Afirmó en ese acto que la cancelación de la deuda servirá para ganar grados de libertad para la decisión nacional y le permitirá al país no estar obligado a atender las exigencias del F.M.I. a la hora de negociar los acuerdos de refinanciación de los vencimientos de la deuda externa31.

El país se ponía en la senda de  la  soberanía política e  independencia  económica. “La Argentina  abonará anticipadamente al F.M.I. la suma total adeudada de 9.810 millones de dólares”, dijo el presidente con énfasis y contenido júbilo, en un acto al que asistieron todos los ministros, los gobernadores y legisladores, con particular apoyo de los radicales.

El ex Ministro de Economía Roberto Lavagna respaldó con énfasis la noticia: “La Argentina hizo punta en la política de desendeudamiento desde 2002.

Ese es desde mi punto de vista el camino correcto”32.

El 22 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de necesidad y urgencia que había dictado el gobierno para pagar/cancelar el pasivo argentino con el F.M.I.

El resultado de esa votación fue clave: 127  a favor, 67 en contra, 20 abstenciones y 40 ausentes33.

En el Senado las cosas fueron todavía más elocuentes: 43 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.

El 5 de enero de 2006 se efectivizó el pago anticipado del total de la deuda pública con el F.M.I.

Así fue que el vínculo entre el F.M.I. y la Argentina, que tuvo distintos niveles de tensión, cooperación y dependencia financiera, a partir del gobierno de Néstor Kirchner comienza un período de distanciamiento que se extendió por más de diez años.

Tal motivo ocasionó que en mayo de 2012, bajo la presidencia de su directora gerente, la francesa Christine Lagarde, el F.M.I. abandona su sede en Argentina y destina sólo un economista a tiempo completo, establecido en Perú.

Los años finales de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner ofrecen el espectáculo poco frecuente en la política argentina de los últimos años de un gobierno intentando preservar el núcleo de su proyecto originario por encima de las dificultades sobrevinientes.

Ante la necesidad de flexibilizar el frente externo regularizó la relación con el CIADI, y con el Club de París, desarrolló una amplia diversificación de relaciones económicas y comerciales con nuevas contrapartes (la República Popular China, Medio Oriente) e instaló en la agenda de la ONU y en la opinión internacional la posición argentina en el litigio con los fondos buitre34.

Pero, ahora estamos en otra etapa y la impulsa otra concepción que restaura duros tiempos vividos por Argentina.

Luego del pago a los Fondos Buitre por el gobierno de Macri, el F.M.I. comenzó nuevamente a preparar su arribo y los detalles logísticos para el envío de una misión de técnicos, para revisar las cuentas del país.

Fue el inicio de esta nueva etapa. Dirigidos por Roberto Cardarelli visitaron la Argentina entre el 19 y el 29 de septiembre de 2016 con el objetivo de llevar a cabo la primera consulta del Artículo IV, que desde el año 2006 no  se realizaba.

El pago a los fondos buitre, la reinserción en los mercados internacionales de deuda externa y la desregulación del mercado cambiario, son las transformaciones que celebra el F.M.I.

En todo ese tiempo por primera vez, la Argentina y el FMI coinciden en las prioridades que debe asumir la política económica.

31 “La Nación”, 16 de septiembre de 2005.
32              www.lanacion.com.ar/765314-historico-el-pais-saldara-en-un-solo-pago-la-deuda-con-el-fmi
33 http://www.adclegislativo.org.ar/vervotosdiputados.php?iddocumento-52468&distribucion-partido 34 Conf., Carlos M. Vilas, “Política, Estado y clases en el Kirchnerismo: una interpretación”, Realidad Económica N° 305, 1° de enero al 15 de febrero de 2017, pág., 55.

Normalizada dicha relación bilateral se profundizan los “cambios” en esa dirección y la política económica promovida por el F.M.I. e implementada por el gobierno nacional, agrava la problemática de la Argentina.

Actualmente los economistas del F.M.I. vuelven a monitorear las cuentas nacionales y ya se hace notoria su influencia.

Los documentos oficiales del organismo para la Argentina recomiendan profundizar el ajuste, recortar el gasto público, reformar el sistema jubilatorio y la flexibilización laboral.

David Lipton, primer subdirector gerente y representante de EEUU en el F.M.I., durante su visita a Buenos Aires para participar en el Foro Económico organizado en Puerto Madero así lo expuso35.

Son los resultados de su  primera revisión de la economía argentina desde 2006, invocando el marco del Artículo IV de sus Estatutos36.

Recientemente, el Director Ejecutivo del Hemisferio Occidental del F.M.I., Alejandro Werner salió a respaldar las políticas del gobierno nacional e hizo propio el relato macrista de la “pesada herencia”37.

Estas actitudes hacen necesario recordar las alabanzas del Fondo y sus funcionarios a políticas anteriores, tales las que se aplicaron en la década del ´90 del siglo XX, y que fueron postrando la nación.

Para confirmarlo sólo es necesario hacer un recorrido por las hemerotecas y las páginas principales de complacientes periódicos y medios masivos de comunicación que “melosamente” las recibían y trataban.

Actualmente, principales funcionarios del gobierno nacional recorren los salones del F.M.I., son acogidos allí con agrado al verlos postrarse y formular anuncios de que ejecutarán políticas nacidas del organismo, incitados por el recóndito anhelo de disfrutar las interesadas loas y caricias que desde allí se les brindaran, como ocurrió con otros en tiempos pasados.

3.2   Los convenios de crédito, sus tiempos y claudicaciones.

 Como vimos, las profundas transformaciones que se producen a partir de la derogación de la Constitución Nacional de 1949 y la restauración de la Constitución histórica de 1853/60, pusieron en evidencia los cambios operados en el ámbito de la Constitución real y como ello determinaba a la Constitución jurídico-formal. Impulsaron el restablecimiento del modelo agroexportador-liberal y del capital externo como motor de la economía y en ese contexto no dejarían de aparecer en nuestro país las políticas de endeudamiento externo y los instrumentos jurídicos que las llevarían a cabo.

Es otra faz de la trama de sometimiento. Los planes económicos comenzados a ejecutar en ese tiempo evidencian con claridad la restauración impulsada por el gobierno de facto y las primeras operaciones de créditos externos son su consecuencia.

Los convenios o contratos de préstamo que inicialmente se celebraron aparecen con objetivos precisos, ya sea para obras de infraestructura o para solucionar otras necesidades financieras.

Entre ellos, se pueden mencionar a los siguientes que están publicados en el “Boletín Oficial”:

  • Diversos contratos de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en base a un modelo uniforme que daba inicio a los programas de financiamiento externo, tal el Decreto 6673 del 4/8/61 destinado a obras
  • El Decreto 2644, del 3.62, que aprobó un convenio de préstamo suscripto con la Agencia para el Desarrollo Internacional, del gobierno de los Estados Unidos de América (A.I.D.).
35 “Página/12”, 8 de abril de 2017.
36 v., F.M.I., comunicado de prensa, “El Directorio Ejecutivo del F.M.I. concluye la Consulta del Artículo IV en Argentina, del 10 de noviembre de 2016, en https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/11/10/PR16500-
IMF-Executive-Board-Concludes-Article-Consultation-with-Argentina
37 v. “Dialogo a Fondo”, el blog del F.M.I. sobre América Latina.
  • El Decreto 5367, que aprobó el convenio suscripto por Álvaro Alsogaray como Ministro de Economía de la Nación y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo el 4 de mayo de 196238.
  • El Decreto N° 3.291, que aprobó el convenio suscripto el 18/3/63 para un préstamo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.) del gobierno de los Estados Unidos de América para la construcción y mejoramiento de caminos del sistema troncal nacional39; y el Decreto 3.292 por el cual se aprueba otro convenio de préstamo suscripto por el embajador argentino Roberto Alemann el 21/1/63, con la A.I.D. con destino a la construcción de una ruta nacional40.
  • El Decreto N° 4.879, aprueba un convenio suscripto por José A. Martínez de Hoz el 3/6/63, de un contrato de préstamo con la I.D., en consonancia de los objetivos de la “Alianza para el Progreso”41; y el Decreto 4.880, que aprueba un convenio de préstamo celebrado por Martínez de Hoz “para financiar inversiones de alta prioridad en consonancia con las finalidades de la Alianza para el Progreso”42.

Cabe señalar que el argumento de que la toma de deuda es válida cuando se aplica al financiamiento de proyectos -caso de obras públicas y/o de infraestructura- suena coherente, en principio, sin embargo no debe ser aplicable sin tener en cuenta importantes condicionamientos; o sin considerar que el Estado realmente necesita financiar determinados proyectos con deuda, o que el gobierno no pueda financiar dichos proyectos de otra forma que implique ahorrar el costo de intereses y las condicionalidades conexas a los préstamos.

Comencemos a recorrer la normativa dictada durante el período de facto de la denominada “Revolución Argentina”, mediante la “ley” 17.36143, el 21 de julio de 1967 aprobó el Convenio de Crédito suscripto entre los EEUU, el gobierno argentino y el Banco Central.

El Convenio establecía que se deberán tener en cuenta entre otras cosas, la ejecución por parte de la Argentina de los compromisos establecidos en la Carta o cartas de intención presentadas al

F.M.I. en relación con el acuerdo “stand by”44. Durante ese período de facto, por la Ley 17.549,  se

aprueba el “Convenio de Compra de Títulos” y las “Condiciones del Empréstito 7 % – 1967/79”, con la República Federal de Alemania, donde se establece que los títulos y los cupones en cuanto a la forma y contenido, y los derechos y las obligaciones de los Títulos de la República Argentina, del Fideicomisario y de los bancos que intervienen, “en todos los aspectos se regirán por las leyes de la República Federal de Alemania”; Francfort del Meno era la jurisdicción para todas las acciones originadas en cuestiones contempladas en las condiciones fijadas45.

Comienza en ese tiempo a consentirse la prórroga de legislación y jurisdicción que nos imponían desde el exterior. Fue por la Ley 17.790, que autorizó la emisión de bonos externos, y después de invocar que Argentina era miembro con plenas atribuciones del B.I.R.F. y del F.M.I., establecía que el bono a emitir se interpretará conforme a las leyes del Estado de Nueva York-EEUU.como bien advirtió el profesor Rodolfo Capón Filas, pero ni la doctrina jurídica, ni los fallos judiciales, ni el debate político, lo hicieron así y de tal forma se le colocaban a los golpes de Estado las galas de un gobierno constitucional; ver, Jorge Francisco Cholvis, “Revisionismo Histórico Constitucional. Proyecto Nacional y Constitución”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2016, pág., 389.

38 “Boletín Oficial”, 23/6/62. 39 “Boletín Oficial”, 13/5/63. 40 “Boletín Oficial”, 13/5/63. 41 “Boletín Oficial”, 26/6/63. 42 “Boletín Oficial”, 27/6/63.
43 En realidad, a esta normativa anómala correspondería haberla denominado “reglas estatales de facto
44 “Boletín Oficial”, 7/8/67.
45 “Boletín Oficial”, 24/11/67.

Ya aparecen en la operación el “First National City Bank” y el “Morgan Stanley & Co”46. También por las leyes 17.883, con el “Empréstito Externo de la República Argentina”  de colocación de títulos en el Mercado de Capitales de la República Federal de Alemania, en su artículo 13 estableció que en lo que se refiere a su forma y contenido, y los derechos y deberes establecidos en el mismo, “deberá regirse en todos sus aspectos por las leyes de la República Federal de Alemania” y Francfort del Meno será la jurisdicción para todas las operaciones originadas en cuestiones contempladas en su texto47. Lo que se reitera también con la Ley 17.96248.

Del mismo modo, el Decreto N° 4913, que aprobó el convenio para adquirir turbinas hidráulicas para la construcción de la central de El Chocón, estableció que “los pagarés se  regirán e interpretarán, en todos sus aspectos con arreglo a las leyes de Inglaterra”49.

La Ley 18.592, que autoriza la emisión de títulos de la deuda externa para ser colocados en el mercado internacional de capitales, dispuso que “la legislación Suiza se aplicará a la interpretación del texto de los títulos y cupones; y la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la justicia del Canton de Zurich será la competente”50.

Todos estos convenios fueron celebrados durante un período de facto que se autodenominó “Revolución Argentina”.

Es con el Decreto 2.293/70, de Bonos Seriados del Empréstito Externo de la República Argentina, que aprueba el texto del Convenio de Préstamo y el Modelo de Bono a ser suscripto entre la República y un conjunto de Bancos, donde aparece la cláusula por la cual el prestatario (es decir, la República), “no tendrá derecho a invocar o hacer que se invoque en su nombre inmunidad soberana con respecto a la jurisdicción de los tribunales argentinos en relación con cualquier acción emergente o relacionada con sus obligaciones bajo este Convenio o los Bonos”, y que “en la medida en que el Prestatario tenga o pueda tener derecho a inmunidad con respecto a procedimientos legales en cualquier jurisdicción o con respecto a la ejecución o el embargo de sus bienes, por el presente renuncia irrevocablemente a tales derechos con relación a sus obligaciones bajo este Convenio y los Bonos”51.

Durante dicho período de facto, en la etapa de encabezada por el general Roberto Levingston, por la Ley 18.807 se dispuso la emisión de Títulos externos de la República, y “se declaró y garantizaba que ni ella ni sus propiedades gozan de derecho de inmunidad con respecto a procedimientos legales; y que en la medida en que la República o cualquiera de sus propiedades goce, o posteriormente adquiera dicho derecho de inmunidad, por el presente renuncia irrevocablemente a dicho derecho de inmunidad con respecto a sus obligaciones según este convenio y según los títulos o cupones”; también declara que “se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Nueva York”52. Lo cual también reitera la Ley 18.823 (“Boletín Oficial”, 6/11/70), que dispuso otra emisión de Bonos Externos.

En este recorrido encontramos al Decreto 630 que trae al recuerdo  una institución bancaria de triste memoria para los argentinos. Es el que aprobó el contrato de préstamo celebrado el 24 de febrero de 1971, entre “Baring Brothers Co. Limited” y la República Argentina, el cual siguiendo los pasos del histórico precedente que instituyó al primer contrato de endeudamiento externo de la República Argentina consiente la pretensión de la banca imperial, y dispuso que el convenio se regirá e interpretará con la legislación inglesa53.

46 “Boletín Oficial”, 4/7/68.
47 “Boletín Oficial”, 17/9/68.
48 “Boletín Oficial”, 25/11/68.
49 “Boletín Oficial”, 23/9/69, ídem Decreto 1.365, 29/9/70.
50 “Boletín Oficial”, 9/3/70.
51 “Boletín Oficial”, 8/6/70.
52 “Boletín Oficial”, 21.10.70.
53 “Boletín Oficial”, 9/3/71.

Durante ese período de facto comienza a consentirse en nuestro país lo que venían intentando los países de alto desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial.

Por la ley 18.956 del 22/3/71 que autoriza un convenio de préstamo con entidades financieras del exterior destinado al Fondo Especial Zárate-Brazo Largo, se establece que la D.N.V. y el garante (el Banco Nacional de Desarrollo de la República Argentina) “están cada uno en general sujetos a la ley comercial privada”, y “ninguno de ellos o sus respectivas propiedades tienen algún derecho o inmunidad de procesos legales en base a su soberanía; y hasta el grado en que D.N.V. o el garante o cualesquiera de sus propiedades haya sido al presente o en el futuro, adquirido cualquier derecho de inmunidad de dicha naturaleza, por el presente se renuncia expresamente a dicho derecho de inmunidad con respecto a sus obligaciones de acuerdo con este Convenio”.

También dispone que serán “gobernados por y considerados de acuerdo con la ley del Estado de Nueva York; y establecen expresamente la competencia y jurisdicción de los Tribunales Federales de dicho Estado de los EEUU54.

Vayamos al período de la “Revolución Argentina”, presidido por el general Alejandro A. Lanusse.

Podemos observar que por la Ley 19.129 se aprueba un convenio con bancos extranjeros que sostuvo el mismo criterio en cuanto a la legislación extranjera para regir la competencia y jurisdicción55.

Puntualmente Ley 19.132 al disponer la emisión de un Bono de Préstamo de la República Argentina y aprobar el convenio de préstamo con la entidad bancaria de Nueva York “Bankers Trust Company”, referente a la inmunidad soberana estableció: “El Estado declara y garantiza que ni él ni sus bienes tienen derecho alguno de inmunidad con respecto a procedimientos legales y que en la medida en que el Estado o cualquiera de sus bienes goce o pueda gozar en el futuro de cualquiera de dichos derechos de inmunidad, por el presente irrevocablemente renuncia a dicho derecho de inmunidad con respecto a sus obligaciones según este Convenio y según el Bono del Préstamo”; los que se interpretarán y regirán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York (sic)56.

Al sancionarse la Ley 19.177 para la emisión de un título externo de la República Argentina y aprobar un convenio de préstamo del 23 de agosto de 1971 con el “Wells Fargo Bank National Association”, puede observarse que “el Estado está generalmente sujeto al derecho comercial privado y en la medida en que el Estado y cualquiera de sus bienes tenga o en el futuro pueda adquirir cualquier derecho de inmunidad con respecto a procedimientos legales en razón de soberanía, por el presente renuncia irrevocablemente a dicho derecho de inmunidad respecto a sus obligaciones, según este Convenio y Título”; también estableció que serán regidos e interpretados de acuerdo con la ley del Estado de Nueva York y reconoce la competencia y la jurisdicciones de los Tribunales Federales de dicho Estado57. Y la Ley 19.261, que dispuso la emisión de Bonos de Deuda Externa y aprobó el Convenio de Préstamo con el “Croker National Bank San Francisco”, del 27 de septiembre de 1971, continuando con dicha política lo sometió a “las leyes del Reino Unido”58.

 

Aunque pueda ser abrumador, debemos mencionar que la ley 19.711 que aprobó un Convenio de Préstamo con la Sucursal París del “Continental Illinois National Bank and Trust Company de Chicago”, según el cual tanto por el convenio como por los pagarés se asumió que “el Estado por el presente renuncia irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad, ante juicio o procedimientos legales por motivo de inmunidad basada en razones de soberanía o por otras razones que el Estado o sus bienes tengan o pudieren adquirir posteriormente ya sea con

 

54 “Boletín Oficial”, 25/3/71. 55 “Boletín Oficial”, 15/7/71. 56 “Boletín Oficial”, 19/8/71. 57 “Boletín Oficial”,7/10/71.

58 “Boletín Oficial”,19.10.71; id. La ley 19.262, “Boletín Oficial”, 19/10/71; Ley 19.303, “Boletín Oficial”, 21/1/72.

 

respecto a jurisdicción o ejecución”, y se someten a los tribunales del Estado de Illinois, que tengan jurisdicción sobre el Distrito de Cook o en los Tribunales de los Estados Unidos de América que tengan jurisdicción en ese distrito”; también la legislación de dicho Estado será la aplicable59.

 

Al año siguiente Juan D. Perón con una abrumadora mayoría de votos asume la presidencia de la República e impulsa las políticas de fortalecer al Estado en su función promover el desarrollo económico y encuadrar a los distintos sectores de la economía al cumplimiento de tan alto objetivo, instituido en el “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional” puesto en vigencia en diciembre de 1973, y en ese contexto, con el firme marco  de dichas políticas es que se firma el Decreto N° 941 invocando el artículo 1205 del Código Civil Argentino que regía en ese tiempo, y se aprueba el contrato de préstamo con el consorcio de Bancos encabezados por el “Bank of America National Trust and Savings Association”, que “se regirá e interpretará con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América”60; y el Decreto 1641 que dispone la emisión de títulos de la deuda externa para ser colocados en el mercado internacional de capitales durante 197461. Pocos días después se produce su fallecimiento el 1° de julio de 1974 y asume la  presidencia de María E. de Perón.

 

Ya se observaban los cambios que se venían produciendo en la Constitución real, y se había producido la hecatombe que provocaron las concepciones liberal-ortodoxas impulsadas por el Ministro Celestino Rodrigo, que por sus grandes y nefatas consecuencias popularmente se lo conoció como “el Rodrigazo”. Después, en los prolegómenos a ser derrocada por el golpe de Estado en ciernes, y con la firma de sus ministros Emilio Mondelli y José A. Deheza se firma el Decreto 954, del 11.3.76 que daba sustento al contrato con el “First Nacional City  Bank (Citibank)”, con Hierro Patagónico de Sierra Grande Soc. An. – Minera (Hipasam) y el Banco Nacional de Desarrollo como garante y la Prestataria, se los sujeta a la doctrina de actos  privados y comerciales para los actos gubernamentales de crédito externo, se reconoce legislación externa y se renuncia a la inmunidad soberana. De tal modo, dicho decreto establecía que “el pedido de préstamo por la prestataria conforme a este contrato y el otorgamiento, entrega y cumplimiento de este contrato y el pagaré por parte de la prestataria, constituyen actos privados y comerciales antes que actos gubernamentales públicos”, y que el producto del préstamo será usado únicamente para financiar algunos de los gastos de capital privado y comercial de la Prestataria. También señala dicho decreto que ni ella ni ninguno de sus bienes tienen ningún derecho de inmunidad por razón alguna proveniente de juicio o ejecución. Aclaran que en la medida en que la Prestataria o el Garante o cualquiera de sus respectivos bienes tengan o de aquí en adelante puedan adquirir cualquier inmunidad por acciones judiciales y/o ejecución por razones de soberanía, la prestataria y el garante por el presente renuncian irrevocablemente a  dicho derecho; y se someten a los Tribunales Federales de los EEUU con jurisdicción en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York y a los Tribunales del Estado de Nueva York; y serán regidos e interpretados por las leyes dicho Estado62.

 

Pocos días después se iniciaba el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Durante este gobierno cívico-militar producto del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, e impulsados por su Ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, como vimos se suscribieron diversos “convenios” con el F.M.I., pero asimismo se celebran numerosos contratos de crédito externo en los que se incluyen cláusulas que afectan al país no sólo por su diseño económico-financiero, sino que acentúan las políticas de consentir legislación extranjera y renunciar tanto a la soberanía jurisdiccional y a la inmunidad de ejecución.

 

 

59 “Boletín Oficial”, 8/9/72.

60 “Boletín Oficial”, 1.4.74.

61 “Boletín Oficial”, 3.6.74.

62 “Boletín Oficial”, 21/4/76.

 

Con la firma del general Videla y su Ministro Martínez de Hoz, se dicta el Decreto 2.601 se aprobó un Convenio entre el Banco Central de la República Argentina y un consorcio de bancos del exterior encabezados por “The Chase Manhattan Bank (National Association)” (“Chase”) en su calidad de agente, y en el cual se continúa diciendo que “el Banco Central está sujeto al Derecho Civil y Comercial con respecto a las obligaciones emergentes del presente convenio y los Pagarés y los préstamos solicitados por el Banco Central”, y que “constituyen actos privados y comerciales, y no actos gubernamentales o públicos”. Dicho decreto sostiene que “ni el Banco ni sus bienes gozan de derecho de inmunidad alguna ante procedimientos jurídicos, compensación, sentencia o la ejecución de una sentencia o con respecto a sus obligaciones del presente convenio”, y establece que la República está sujeta al derecho civil y comercial con respecto a sus obligaciones emergentes del presente convenio, y las garantías sobre los pagarés y la entrega de sus garantías sobre los pagarés “constituye un acto privado y comercial y no un acto gubernamental o público”. Aparece también la cláusula que impone como caso  de incumplimiento que la República cesara de ser un miembro con plenos derechos  del  FMI; e impide que el Banco Central efectúe una cesión a beneficio de acreedores, o inicie cualquier procedimiento en razón de sus dificultades financieras bajo cualquier ley o estatuto de cualquier jurisdicción sobre reorganización, arreglo, reajuste de deudas, disolución o liquidación,  o consienta que se iniciara contra el Banco Central cualquiera de dichos procedimientos y permaneciera sin desestimarlo durante un período de treinta días. Establece que el convenio se regirá e interpretará de acuerdo a las leyes del Estado de Nueva York; y que “el Banco Central acuerda por el presente que, en la medida que el Banco Central o cualquiera de sus bienes  tenga o pueda adquirir en el futuro, cualquier derecho de inmunidad con respecto a juicio, sentencia, ejecución de una sentencia o embargo, por el presente renuncia irrevocablemente a tal derecho”; y se somete irrevocablemente a los Tribunales del Estado de Nueva York o de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York. Instituyendo otro agravio para una nación soberana, a este Decreto lo acompaña un Anexo en base al cual deberá dictaminar el Procurador General del Tesoro y sostener que “la República está sujeta al derecho civil y comercial con respecto a sus obligaciones según el Convenio y las Garantías de los Pagarés y la entrega de sus Garantías a los Pagarés constituye un acto privado y comercial y no un acto gubernamental o público”63. Poco después el Decreto 2.906 aprobó un Convenio a ser suscripto entre el BCRA y un consorcio de bancos escandinavos con similar redacción64; lo mismo que el Decreto 3.156 con un grupo de bancos japoneses, donde se aclara que el convenio se regirá e interpretará de acuerdo a las leyes de Japón65. Durante ese período de facto y a partir de esa fecha, hasta su finalización se aprueban otros numerosos contratos de préstamo de similares características, todos los cuales se pueden observar en el Boletín Oficial.

Así fue que en las pasadas décadas de reformas estructurales de inspiración neoliberal, impulsadas desde el llamado “Consenso de Washington”, y con el apoyo de los grupos de poder económico internacional articulados a ellas y de las oligarquías locales, forzaron la adopción de un conjunto de políticas orientadas a reducir a un mínimo los ámbitos de ejercicio de la soberanía y así perjudicar el margen de mediación estatal. El desmantelamiento del patrimonio y de las capacidades estatales de decisión soberana fue paralelo a la creación de un entramado jurídico internacional orientado a recortar adicionalmente la capacidad de decisión soberana de los Estados dominados.

 

Durante la restaurada democracia el 10 de diciembre de 1983, se deja sin efecto la supraconstitucionalidad de facto, pero el condicionante externo de la Constitución real mantiene todo su vigor. El 31 de marzo de 1986 el Presidente Alfonsín y su Ministro de  Economía

 

63 “Boletín Oficial”, 17.11.76.

64 “Boletín Oficial”, 29.12.76.

65 “Boletín Oficial”, 29.12.76.

 

Sourrouille suscriben el Decreto 410 por el cual aprobaron las enmiendas a los contratos de crédito a Plazo de 1985, Facilidad de Crédito Comercial y Depósito del mismo año y Crédito a Mediano Plazo, donde consta “que las modificaciones que se aprueban por el presente decreto se ajustan a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional y la Banca acreedora”. Así fue que el gobierno de Alfonsín también suscribió numerosos convenios de préstamos y de consolidación de deudas, o de refinanciación con numerosos países, bancos internacionales y organismos financieros internacionales, en donde se incorporan cláusulas referentes a la elección del derecho aplicable, a la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales no argentinos y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana66. Dada la grave situación de endeudamiento externo del país, y a solicitud de la denominada Asociación de Mujeres para la Acción Radical, por el Decreto 177 se facultó a la Secretaría de Hacienda para aceptar donaciones y/o contribuciones destinadas a coadyuvar a la cancelación de la deuda externa, y a esos efectos se abrió la Cuenta “Ayuda para la Cancelación de la Deuda Externa-Cuenta Recaudación o/ Ministerio de Economía”67. Ello queda como un insuficiente pero emotivo intento para salir de la asfixia externa que padecía nuestro país en esa época.

 

Debemos señalar entonces que en dicho período el F.M.I. y otros organismos internacionales de crédito, los países acreedores y el denominado “club de acreedores”, intervinieron por distintos caminos en la formulación de las políticas económicas, en particular con las misiones especiales, los créditos condicionados y los programas de ajuste. De tal modo, el país por esas vías sufrió un desmedro sustancial en el ejercicio de su soberanía. La dependencia se concretó así en la transferencia de la decisión nacional en la confección de los programas económicos. Resultado de esta política, en los pagarés que debió suscribir el Banco Central como agente financiero de la República Argentina para la refinanciación y consolidación de las obligaciones del Gobierno Nacional y del Banco Central, según pautas que se ajustaban  al contrato de crédito a plazo de 1987 suscripto con la Comunidad Financiera Internacional y que en su parte pertinente entró en vigencia el 15.10.87, el Banco Central se comprometía no solo al pago incondicional del monto del capital en moneda de curso legal en los EEUU, sino que además aceptaba otros condicionamientos: renunciaba a defensas, exenciones de impuestos y/o gravamen, asumía costos y gastos, se consentía la prórroga de jurisdicción y renuncia a inmunidades, se aceptaban las leyes del Estado de Nueva York – EEUU, y por si fuera poco, se concluía que la versión en inglés del pagaré prevalecerá sobre la versión en idioma castellano, y ella “será concluyente en cuanto al significado de cualquiera de su términos y disposiciones”68.

También el posterior gobierno de Carlos S. Menem firmó numerosos  convenios de consolidación de deudas y contratos de préstamo con diversos países y conjunto de bancos internacionales en los que se designó a las leyes del Estado de Nueva York como  derecho aplicable a los contratos suscriptos, por ejemplo Decreto 500, del 25.3.9269; o el Decreto 1588  del

26.7.93 que por su artículo 4° autoriza “para cada uno de los instrumentos relacionados con el Programa, la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales con asiento en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y de tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, debiendo preservarse la inembargabilidad con respecto a: a) los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad,  y

  1. b) los bienes del dominio público ubicados en el territorio de la República Argentina o bienes que le pertenezcan a Argentina y que están ubicados en su territorio y estén destinados a los fines de

 

66 v., “Boletín Oficial”, 9/4/86; Decretos 1978 y Decreto 1980, ambos en “Boletín Oficial”, 22.12.87; y también Decreto 347, “Boletín Oficial”, 29/3/88.

67 “Boletín Oficial”, 11/2/86.

68 Ver Comunicación “A” 1122, del Banco Central de la República Argentina, de fecha de 13 de noviembre 1987, ADLA XLVIII-A-234.

69 “Boletín Oficial”, del 84/92.

 

un servicio público esencial”70. Después, el Decreto 341 autorizó la emisión de títulos de la Deuda Pública denominados “Bonos Externos en Marcos Alemanes” y autorizó la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales ubicados en la ciudad de Francfort Del Meno, República Federal de Alemania, pudiéndose extender la prórroga de jurisdicción a los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York. Asimismo, autorizó a aceptar la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana preservando la inembargabilidad con respecto a los bienes señalados precedentemente71.

No podemos dejar de mencionar que por el Decreto 1021, del 28 de mayo de 1990 se creaba la Comisión para la Estrategia de la Deuda Externa, invocando la necesidad de entablar negociaciones en relación a la deuda externa de la Nación en el que se expresa “que la naturaleza del tema requiere un profundo análisis por sus implicancias sobre diversos aspectos de la economía nacional”, dado que es “necesario formular las grandes líneas estratégicas de las negociaciones a ser realizadas”. Pero, se debe saber que el artículo 2° de dicho decreto estableció que las funciones de Presidente de la misma estarán a cargo del Presidente de la Nación Argentina, Carlos S. Menem, las de Coordinador las ejercerá el Ministro de Economía de la Nación, Antonio Erman González, y estaba integrada también por los siguientes miembros: Eduardo Menem, Domingo Cavallo, Javier González Fraga, Carlos Alberto Carballo, José Luis Manzano, y Álvaro Carlos Alsogaray, Asesor Presidencial. Es decir, quienes precisamente habían impulsado las políticas de endeudamiento que se efectuaron durante la década del noventa del siglo pasado. Por ello se debe entender como una ironía o un agravio a la inteligencia, cuando el artículo 3° expresa que “la Comisión que se crea por el presente tendrá por objeto determinar las grandes líneas en la negociación de la deuda externa de la Nación”72.

Después, durante el gobierno del presidente De la Rúa, continúan las políticas neoliberales y de endeudamiento exterior. El Decreto N° 648, del 16.5.2001 aprueba la operación de canje de deuda para títulos públicos emitidos en pesos y en Dólares Estadounidenses  y autoriza a incluir en los contratos que se suscriban por emisión de títulos de deuda pública, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción73. El Decreto de Necesidad y Urgencia N°1387, poco antes de la explosión de la crisis que ocurriría en el país, además de introducir modificaciones legislativas, compromete al Estado a ceder en garantía a los acreedores de los Préstamos Garantizados los recursos del Impuesto sobre los Créditos y Depósitos Bancarios, y en general todos los recursos que le corresponden al Estado Nacional por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, hasta la suma que resulte necesaria para atender la totalidad de los vencimientos de capital e interés de los Préstamos, en las condiciones que prevén dichos contratos; también instruye al Ministerio de Economía a gestionar recursos internacionales o garantías de organismos internacionales, “con el objeto de realizar operaciones de recompra de deuda a valor de mercado y emitir títulos con garantía total o parcial de pago de los servicios de renta o amortización”. Este DNU fue firmado por De la Rúa, Domingo F. Cavallo, Hernán S. Lombardi, y Patricia Bullrich, entre otros74. Y por el Decreto N° 1646, del 12.12.2001 se aprueba un nuevo Contrato de Fideicomiso y  Contrato de Préstamo garantizado.

 

 

 

70 “Boletín Oficial”, 29/7/93; v. también Decreto 1161, del 15.7.94, “Boletín Oficial”, 21/7/94 y Decreto 649, del 4.6.98, “Boletín Oficial”, 11/6/98.

71 v. también Decreto 119, del 15.2.99, por el cual se autoriza a incluir en los contratos de operaciones de

crédito público correspondientes a la Administración Central, cláusulas para ampliar la prórroga de jurisdicción para mercados con monedas europeas, tales los de la ciudad de Londres, Madrid, Francfort del Meno, Milán, Ginebra, y también a la ciudad de Nueva York-“Boletín Oficial”, 23/2/99.

72 “Boletín Oficial”, 5/6/90.

73 “Boletín Oficial”, 17.5.2001.

 

Como señalamos en el capítulo precedente, cuando todavía retumbaban en la Plaza de Mayo los ecos siniestros de la represión desatada a instancias del gobierno de Fernando de la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001, se producen rápidos cambios en la conducción ejecutiva de la Nación, y el 24 de diciembre de 2001 asume la presidencia de la República, Adolfo Rodríguez Saa y con una emotiva declaración en el Congreso Nacional comunica el diferimiento de los pagos de los servicios de amortización de capital e intereses de la deuda pública externa, y que se iniciarán negociaciones con los acreedores externos tendientes a reestructurar las obligaciones contraídas.

 

Pocos días después, el 29 de diciembre se produce la renuncia de Adolfo Rodríguez Saa, por falta de apoyo a su propuesta política por parte de los gobernadores De la Sota y Duhalde. En esos azarosos días se va definiendo la situación política en el marco institucional vigente, y asume el Poder Ejecutivo Nacional Eduardo Duhalde (enero/02 a mayo/03); al mes siguiente dicta el Decreto N° 256, del 6.2.2002 con el cual comienza un nuevo proceso de reestructuración de la deuda pública de la Nación, ante la necesidad de adoptar los recaudos necesarios para reprogramar las obligaciones y pagos de la deuda del gobierno nacional. Considerando que la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 10 de diciembre de 2003, y que la Decisión Administrativa N° 1/2002 señaló que las obligaciones de la deuda pública se hallaban condicionadas por la escasez de recursos con que contaba el Tesoro Nacional, dispuso llevar a cabo la reprogramación de las obligaciones y pago de la deuda del Gobierno Nacional. Así fue por el artículo 1° del Decreto 256 facultó al Ministerio de Economía “a desarrollar las gestiones y acciones necesarias para reestructurar las obligaciones de la deuda del Gobierno Nacional”75. A partir del mes de mayo de 2002, Lavagna como Ministro de Economía comenzó la etapa de contactos con los tenedores de instrumentos de la deuda pública nacional cuyos pagos se encontraban diferidos

 

Pocos meses después, la protesta social de los días 27 de junio de 2002 y la feroz represión de las fuerzas de seguridad en Avellaneda a los manifestantes “piqueteros”, causó el adelantamiento del llamado a elecciones y el final del sueño presidencialista del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. El Presidente Néstor Kirchner asume la primera magistratura el 25 de mayo de 2003.

 

Mediante el artículo 59 de la Ley N° 25.827, sancionada el 26 de noviembre de 2003, se dispuso el diferimiento de los pagos de la deuda pública del gobierno nacional, contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha, hasta que el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del proceso de reestructuración de la misma; y el artículo 62 autorizó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a reestructurar la deuda pública referida en el artículo 59 de dicha ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo plazo. Este artículo señala que el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados, “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

La Argentina pasaba todavía por días difíciles en agosto de 2004, tras la crisis de fines de 2001 y principios de 2002. La intención del Director Gerente del FMI, Rodrigo Rato era prorrogar el stand by que vencía en septiembre, por otro año más, pero imponiendo condiciones más rígidas a la Argentina que no eran aceptadas ni por Néstor Kirchner ni por Roberto Lavagna y su equipo económico encabezado por el viceministro Guillermo Nielsen.   El 17 de septiembre   de

 

 

 

2004 Néstor Kirchner y Roberto Lavagna como vimos decidieron no firmar un nuevo acuerdo con el F.M.I. y a partir de ese momento se suspenden las relaciones. Kirchner ya había anunciado la reestructuración de la deuda pública en Dubai con una quita de casi el 70 % para los acreedores y no quería renovar el acuerdo con el F.M.I. que había firmado un año antes el ex presidente Eduardo Duhalde. En una negociación sin precedentes había conseguido que los acreedores acepten ese recorte en sus tenencias, a cambio que la Argentina mantenga y reconozca la prórroga de la cesión de la soberanía que estaba incorporada en los instrumentos de deuda renegociados. En declaraciones Nielsen reconoció que no contaban con otras alternativas a la que se tomó.

 

En atención a todo ello, se dicta el Decreto N° 1735 (9.12.04) que por su artículo 1° dispone “la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el art. 59 de la ley N° 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones del presente decreto”; la operación dispuesta se llevaría a cabo mediante el canje de los títulos representativos de la deuda pública allí indicados, por los nuevos instrumentos representativos de deuda que serán emitidos por hasta un valor nominal máximo equivalente a u$s 41.800.000.000.- (art, 2°). Para adoptar tal medida en sus considerandos señala “que frente a las políticas de sobreendeudamiento anteriormente seguidas en materia de manejo de la deuda soberana, se han elaborado los lineamientos para una propuesta de reestructuración de la deuda pública con vencimientos impagos, en función de la imposibilidad del Estado Nacional de atender la misma en sus actuales términos contractuales”; y a fin de consolidar la situación financiera del Estado Nacional y de normalizar las relaciones con los acreedores es necesario implementar la mencionada operación de reestructuración y en tal sentido se ha delineado un conjunto de nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional, diseñados para reducir de manera drástica la combinación del número de bonos, de monedas extranjeras y jurisdicciones legales respecto a los existentes en la deuda a reestructura. Señalan también sus considerandos que “los términos y condiciones de los instrumentos de la deuda pública que se contempla retirar como consecuencia del canje, poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado Nacional, lo cual resulta de práctica habitual en el mercado financiero internacional en materia de endeudamiento de países”. Por lo cual -expresa- “resulta necesario que los nuevos instrumentos de la deuda pública nacional contemplen asimismo cláusulas de prórroga de jurisdicción y de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado Nacional la favor de tribunales extranjeros ubicados en las ciudades de Nueva York – Estados Unidos de América – Londres- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte – Tokio – Japón. Así lo dispone su artículo 3°, con las excepciones que señala en cuanto a la renuncia a inmunidad de ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Fundamenta también la decisión adoptada en que el artículo 16 de la ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o. 1999) faculta al PEN a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

 

Observa Vilas que en 2005 se adoptaron dos medidas que ampliaron significativamente la autonomía decisoria del Estado: una drástica reestructuración y canje de la deuda externa en default desde 2001 y la cancelación por anticipado de la totalidad de la deuda con el F.M.I. “sin embargo, no se eliminaron del ordenamiento legal nacional las normas que habilitaban la prórroga de jurisdicción para las disputas judiciales referidas a asuntos patrimoniales  en  los  que  el  Estado  nacional  interviene  y  tampoco  se  encararon  acciones

 

conducentes a la denuncia de los tratados bilaterales de inversión firmados en la década de 1990, que incluían dicha prórroga”76.

Ante la presión de los Fondos Buitre y la duda o resistencia de algunos bonistas a presentarse al canje, el Gobierno Nacional por la Ley N° 26.017 (sancionada el 9.2.05, denominada también “Ley Cerrojo”) estableció que respecto de los bonistas que no se hubiesen presentado al canje según lo establecido en el Decreto N° 1735/04 el PEN no podrá reabrir el proceso de canje y los mismos “quedarán sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley” (arts. 1 y 2). Además, prohíbe “al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1° de la presente ley” (art. 3°).

Las dificultades y lo complejo de todo el proceso de renegociación que se estaba llevando a cabo, ocasionaron que el 9 de diciembre de 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se “entiende conveniente y necesario habilitar la posibilidad de acceder al mercado doméstico de los Estados Unidos de América”, y se dicta el Decreto 1953 por el cual se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a intervenir en el Proceso de emisión o en la colocación de los títulos públicos nacionales en los mercados financieros internacionales y su posterior administración, en condiciones similares a las mencionadas en el decreto N° 1.735.

 

Dada la complejidad con que avanzaba el proceso de reestructuración el 18 de noviembre de 2009 se sanciona la ley 26.547, que “suspende la vigencia de los arts. 2, 3 y 4 de la ley 26.017 hasta el 31 de diciembre del 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo que ocurra primero” (art. 1°). Señala expresamente su artículo 3° que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores, en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto N° 1735/04”. Por el artículo 5° establece expresamente que “los tenedores de títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1735/04 y sus normas complementarias que deseen participar de la operación de reestructuración que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán renunciar a todos los derechos que le correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive aquellos derechos que hubieren sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa o de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos”. A continuación dicho artículo concluye con esta importante mención: “Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo, un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”.

Pocos meses después, el 26.4.10, se dicta el DNU 56377, por el cual “en el marco jurídico antes explicitado a fin de consolidar la situación financiera del Estado Nacional, y de normalizar las relaciones con los acreedores, el PEN ha considerado conveniente avanzar en un proceso de canje de los títulos públicos que, habiendo sido elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1735/04 y sus normas complementarias, no hubiesen sido presentados al mismo”. Esta nueva etapa había comenzado a partir de la suscripción de una Carta Convenio de fecha 22

 

76 Carlos M. Vilas, “Política, Estado y clases en el kirchnerismo: una interpretación”, Realidad Económica N° 305,  1° de enero al 15 de febrero de 2017, pág., 47.

77 posteriormente ratificado por Resolución de la H. Cámara de Diputados de la Nación, v. “Boletín Oficial”,

6/11/2012.

 

de octubre de 2009 entre el Secretario de Finanzas, en representación del Estado Nacional y representantes de las instituciones Barclays Capital Inc., junto con sus afiliadas Deutsche Bank Securities Inc., junto con sus afiliadas, y Citibank N. A., junto con sus afiliadas, la que fue aprobada mediante la Resolución N° 267 de fecha 23 de octubre de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y con la cual se formalizaba una primera etapa consistente en el análisis financiero, diseño y estructuración de una propuesta para una posible reestructuración de la deuda instrumentada en títulos públicos elegibles para la oferta de canje realizada por la República Argentina en el año 2005, pero no presentados a la misma. Como señalan los considerandos, fue “a partir del trabajo conjunto con las citadas instituciones que se avanzó en la propuesta de canje y, posteriormente, comenzaron los contactos con los tenedores de los referidos instrumentos de la deuda”; y el producto final de dicho trabajo fue la elaboración de una operación de canje que se diseñó tomando como punto de partida la propuesta de canje del año 2005 y cuyos aspectos financieros se entendió que permitirán al Estado Nacional hacer frente, en el mediano y largo plazo, a servicios de deuda más acordes con la capacidad de pago de la República Argentina. Así fue que dispone la reestructuración de la deuda del Estado Nacional (art. 1°), la emisión por hasta las sumas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto (art. 2°), autoriza, conforme resulte pertinente, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción y la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de la jurisdicción que se prorrogue, preservando la inembargabilidad respecto de ciertos bienes (art. 3°); y en artículos siguientes aprueba diversos modelos que figuran en Anexos, y otorga las autorizaciones necesarias a la Secretaría de Finanzas.

 

Las dificultades que se presentaron motivaron que se sancione la Ley 26.886 (11.9.2013) que autoriza al PEN, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto 1735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el Decreto N° 563 de fecha 26 de abril de 2010, y en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector  Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo plazo (art. 1°). Los términos y condiciones financieros no podrían ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto N° 563/10 (art. 2°). Esta ley estableció expresamente que “los tenedores de títulos públicos que fueren elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1735/04 y sus normas complementarias que deseen participar de cualquier operación de reestructuración que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos. Prohíbese a los tenedores de deuda pública que hubieren iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho” (art. 4°). Asimismo, para posibilitar la adhesión suspende la vigencia de los artículos 2, 3 y 4 de la ley 26.017 “hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los Títulos Públicos alcanzados por la referida norma” (art. 7°).

Precisamente, para hacer frente a los fondos buitre y a la actitud adoptada en septiembre de 2014 por el Juez Thomas Griesa, fue que el gobierno nacional respondió en forma inmediata con la “Ley de Pago Soberano”, en concordancia con la “Ley Cerrojo” de 2005. Es que la

 

ley N° 26.98478, en su Título I, y capítulo 1°, “Del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, en ejercicio del poder soberano de la República Argentina declaró  de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina; y, por consiguiente, su aplicación a los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones dispuestas por los decretos 1735/04 y 563/10, a los fines de preservar el cobro por parte de los bonistas interesados (art. 1°). En el artículo siguiente establece que “la presente ley tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010, en salvaguarda del orden público nacional y de los contratos celebrados en el marco de dicha Reestructuración, ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York en el marco de la causa N.M.L. Capital Ltda. et. al v. Republic of Argentina que, tal como han sido dictadas, resultan de imposible cumplimiento, y violatorias tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina como de los derechos de terceros” (art. 2°). Recordemos que Argentina había sido declarada en desacato por el juez Griesa, lo que originó el embargo en el banco New York Mellon las sumas que depositó para el pago de los vencimientos de la deuda argentina. En el Capítulo Segundo, “Del mecanismo para salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010”, dispone una serie de medidas, y en el artículo 7° expresa que “en caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina, sus Tenedores optaren -en forma individual o colectiva- por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos, autorizase a la autoridad de aplicación a: 1. Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje. 2. Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por  legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal”.

 

La “Ley de pago soberano” establece a continuación que “la República Argentina no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción”, inclusive respecto de los bienes que en varios incisos detalla, como ser las reservas y las cuentas del Banco Central, las propiedades de la República Argentina afectadas al cumplimiento de sus funciones diplomáticas y consulares; cualquier bien perteneciente al dominio público de la República Argentina que están comprendidos en las disposiciones de los arts. 2337 y 2340 del Código Civil de la República Argentina79; los que están destinados al suministro de un servicio público esencial; la propiedad destinada o relacionada con el uso militar o bajo control de autoridad militar o agencia de defensa; los objetos culturales pertenecientes al patrimonio histórico, y los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable. En su Título II. Capítulo Único. Del Orden Público de dicha ley, en el art. 12° creaba en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, con la finalidad de investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar. También

 

78 10.9.2014, también llamada de “Pago Soberano”.

79 numeración antes de la sanción del Código Unificado Civil y Comercial.

 

tenía como función “la investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el Grupo de Tareas controlado por aquellos80, dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el H. Congreso de la Nación y su Poder Judicial”.

 

Como última etapa de este largo proceso de reestructuración de deuda, la Ley 27.207, sancionada el 4 de noviembre de 2015, declara de orden público los “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Externa”, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N° A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones, y e incorpora los mismos al ordenamiento jurídico de la República Argentina (arts. 1° y 2°). Dichos principios están contenidos en el Anexo a la ley, y entre ellos podemos mencionar: que un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas; y el que establece que “el principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva”; el principio de sostenibilidad por el cual las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación e endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, y los derechos humanos; el principio de la reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. La Argentina fue el país que había tomado la iniciativa para que se sancionen por la Asamblea General dichos Principios Básicos, y fue acompañada por la enorme mayoría de los países que la integran.

 

 

4.    La Constitución, el endeudamiento y políticas soberanas.

 

La aceptación de la doctrina del F.M.I. acerca de la privatización extranjerizada del crecimiento, la libre transferencia de utilidades al extranjero, la apertura económica como política antiinflacionaria, la capitalización de la deuda y no investigar sobre su legitimidad ni separar la ilegítima, se encontró muy distanciada de los intereses nacionales. Si resultó lamentable la manifiesta intromisión de gobiernos, organismos internacionales de crédito y bancos acreedores en políticas que deben ser resorte exclusivo de la determinación soberana de las autoridades argentinas, más deplorable resultó aún la actitud de funcionarios que han sometido a dichos entes decisiones sobre indelegables actos del Estado Nacional.

 

Un país que aspira a desarrollarse integralmente no puede dejar en manos ajenas el manejo de ciertos engranajes de su mecanismo productivo, si es que no quiere que su economía sea un acoplado de la economía extraña que le manipula esas piezas esenciales. Es claro que la República Argentina no debió renunciar a su soberanía, y debería quedar como triste recuerdo de la historia del pueblo argentino los tiempos en que las “Cartas de Intención”, los “Memorandos de Entendimiento” y los “Acuerdos de Derecho de Giro” (“stand-by”), suscriptos por funcionarios para comprometernos con el F.M.I. y otros organismos internacionales de crédito, se transformaran en un soporte de máximo rango en la conformación de la Constitución real del país, que sometió y

 

80 American Task Force Argentina-ATFA.

 

condicionó a la Constitución jurídica 81. En base a dichos instrumentos el F.M.I. asumió una función de co-redacción y vigilancia del cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”. El país por esas vías sufrió un desmedro sustancial en el ejercicio de su soberanía. La dependencia se concretó en la transferencia de la decisión nacional en la confección de los programas económicos.

El desmantelamiento del patrimonio y de las capacidades estatales de decisión soberana fue paralelo a la creación de un entramado jurídico internacional orientado a recortar adicionalmente la capacidad de decisión soberana de los estados dominados, constituyendo un intervencionismo neocolonial, para numerosos países. La situación que postraba y padecía el nuestro no pudo ser resuelta con la reforma constitucional de 1994, pues las características del proceso político que llevó a su sanción impidieron que el pueblo tuviera participación, y se perdió la oportunidad de recurrir al único medio que habría permitido hacer tambalear a la Constitución real que condicionaba la reforma. Es que el texto constitucional de 1994 nace sin participación popular, y desde su inicio fue impulsado por un acuerdo de “cúpulas” en donde el pueblo estuvo ausente. Lo cual no fue el marco adecuado para legitimar e impulsar una nueva etapa en la vida constitucional de la Nación. Casi se puede decir, que significó un camino similar al que  se transitaba para sancionar o reformar las constituciones en el siglo XIX. Por cierto, dicho proceder impidió que surja un texto avanzado que coadyuve al progreso social, tal como propusieron algunos convencionales constituyentes.

Además, desde los grupos concentrados del poder económico-financiero y hegemónicos medios de comunicación social, se impulsa una interpretación estática del texto de la Constitución para revivir y consolidar la etapa neoliberal iniciada a mediados de la década del 70 la que se acentúa de tal manera en la década del noventa del siglo pasado amparados en la dogmática del texto histórico de 1853 y de los “medios” de política económica que ésta instituyó, los cuales en esencia fueron mantenidos por la reforma constitucional de 1994. De tal modo confrontan con progresivas normas que ella incorporó -tal los artículos nuevos 41, 42 y 75, en sus incs. 2 (párr. 2 y 3), 8, 19, 22, 23, y 24-, y al marginar estos preceptos impulsan la restauración conservadora, que cuestiona la intervención del Estado en la economía y limitan su acción para lograr la efectiva vigencia de los derechos humanos básicos; y por el contrario, la impulsan en su exclusivo beneficio y sostienen que el marco constitucional garantiza el libre desenvolvimiento de los agentes que intervienen en el proceso económico.

 

Los resultados de las políticas “neoliberales” están a la vista. Las graves consecuencias que dejaron al país continuaron en el marco de la reforma parcial  y circunstanciada realizada a la Constitución en 1994, pues al excluir de sus antecedentes a los principios de la Constitución Nacional de 1949 contribuyó a asegurar la aplicación de las políticas que postran a la Nación y alejan la solución a los problemas nacionales, los que se fueron acentuando. Le daban carácter constitucional a los “medios” que el “neoliberalismo” sostuvo en la denominada “Reforma del Estado”, con el régimen de “privatizaciones, desregulación y la reconversión del sector público”. Con ese diseño posibilitan hacer efectivo el legado del golpe de Estado de 1955 al suprimir los “medios” que había instituido al más alto rango normativo la Constitución Nacional de 1949. Así fue que con el marco constitucional sancionado en 1994 producto del “Pacto de Olivos”, acorde a los tiempos de mayor esplendor del neoliberalismo y del “Consenso de Washington” en la última década del siglo XX, se ejecutaron las políticas socio- económicas que conducen directamente a la profunda crisis del 2001/200282. El siglo XXI encontró a la Argentina sumida en una crisis estructural aguda. Es el inapelable veredicto de la experiencia histórica.

 

 

81 v. Jorge Francisco Cholvis, “¿Por qué la Constitución”, INFOJUS, Año II N° 4,Buenos Aires, marzo 2013.

82 v. Jorge Francisco Cholvis, “Revisionismo Histórico Constitucional. Proyecto Nacional y Constitución”, Ediciones Fabro, Buenos Aires, 2016, págs. 567 y sgtes.

 

Con la asunción del Presidente Néstor Kirchner en 2003 se inicia otra etapa en que la República Argentina se despega del F.M.I. y sus condicionamientos. Etapa continuada por Cristina Fernández de Kirchner, con un objetivo común a favor de una intervención activa del Estado en la economía, y efectivizar la transferencia de ingresos a favor de los sectores populares. Sus logros manifiestos fueron una alta política en defensa de los derechos humanos y del derecho a la verdad, el desendeudamiento, morigerar las desigualdades sociales impulsando una justa distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades en educación, abrir fuentes de trabajo y efectivizar los derechos laborales, posibilitar la movilidad social ascendente, recuperar los fondos de los trabajadores que estaban retenidos por las AFJP, lograr la Asignación Universal por Hijo, y entre otros resultados trascendentes, una política de medios de comunicación para todos y con vocación emancipadora impulsar al proyecto de integración latinoamericana. Un modelo de desarrollo social y económico, y de recuperación de valores perdidos, que se contrapone al modelo neoliberal.

 

Así es que se observó la confrontación entre quienes representan dos modelos de carácter económico, social y cultural muy distintos. Sin embargo, al no haber podido ampliar y ahondar el debate político con la visión de conformar un espacio nacional y popular de envergadura, se frustró la tarea de dar continuidad y profundidad a dicho proyecto. Por cierto, también influyó notoriamente la manipulación política orquestada desde la oposición liberal- conservadora, centros académicos de grupos económicos concentrados, como también por numerosas O.N.G. Lo cual fue potenciado por los medios masivos de comunicación y una organizada técnica electrónica de trasmisión de mensajes. No se puede dejar de considerar que en los últimos años de ese período, “Argentina sufrió el acoso permanente de poderes especulativos que utilizaron el dólar para doblegar la moneda nacional, con el fin de provocar devaluaciones y desestabilizar políticamente al gobierno de Cristina Kirchner”83. La consecuencia de todo ello fue que en el último proceso electoral la restauración neoliberal logre alcanzar por una mínima diferencia los puestos de gobierno, y debamos ahora indagar sobre la naturaleza y consecuencias de sus políticas, en particular el endeudamiento y las renuncias a la inmunidad de jurisdicción y ejecución.

Como vimos antes, mediante el Decreto N° 256 de fecha 6 de febrero de 2002 el Poder Ejecutivo nacional facultó al entonces Ministerio de Economía a desarrollar las gestiones y acciones necesarias para reestructurar las obligaciones de la deuda del sector público nacional. De tal forma, comienza un largo y engorroso período durante el cual, en distintas etapas y circunstancias, comienzan los intentos de solucionar al problema del endeudamiento externo. Las leyes N° 25.565, 25.725 y 25.827 de presupuesto de los ejercicios 2002, 2003 dispusieron el diferimiento del pago de las obligaciones resultantes de los títulos representativos de la deuda pública nacional y se autorizó al PEN, a través del Ministerio de Economía y Producción a reestructurarla en los términos del art. 65° de la ley 24.156. Fue a partir del mes de mayo de 2002

-vimos-, que el entonces Ministerio de Economía comenzó la etapa de contactos con  los tenedores de instrumentos de la deuda pública nacional cuyos pagos se encontraban diferidos. La ley N° 25.827 sancionada el 26 de noviembre de 2003, continuó con dicha política de diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional, contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha, hasta que el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del proceso de reestructuración de la misma (art. 59°); y en tal virtud se autorizó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a reestructurar la deuda pública en los términos del artículo 65° de la ley 24.156, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo plazo (art. 62°). Por el Decreto N° 1735/04, se pone en ejecución el nuevo proceso de reestructuración, que continúa con la Ley 26.017 (“Ley Cerrojo”), y alcanza su pico con

 

83 Pedro Biscay, A.P.U. “Agencia Paco Urondo – Periodismo Militante”, 20 de marzo de 2017.

 

la Ley 26.984 de “Pago Soberano”, que fue dictada ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York en el marco de la “Causa N.M.L. Capital Ltda., et. A. v. República Argentina” el 26 de junio de 2014, violatorias tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina, como de los derechos de terceros. Ante dicho accionar de los Fondos Buitre y la resolución del juez Griesa, la Ley 26.984, declaró “de interés público la reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina”; y su art. 7° dispone que “la República Argentina no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción”. Poco después, la ley N° 27.207 declaró de orden público los “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Externa”, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N° A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones, y declara que “forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Entre los principios de dicha resolución cabe destacar el 6° que establece que la “inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados.

 

Un país que aspira a desarrollarse integralmente no puede dejar en manos ajenas el manejo de ciertos engranajes de su mecanismo productivo, si es que no quiere que  su economía sea un acoplado de la economía extraña que le manipula esas piezas esenciales. En consonancia con ello, la intromisión económica a través de teorías y recetas ajenas a nuestra realidad, como también la imposición hegemónica de la teoría del liberalismo económico renacida en estos años, implican la renuncia al manejo de nuestra economía y constituyen un intervencionismo neocolonial y son elemento esencial en la Constitución real que rige en el país.

 

Sin duda, debemos configurar una Nación con capacidad suficiente de decisión nacional, y no una Nación en apariencia que conserva los atributos formales del poder pero no su esencia. Está claro que la República Argentina no debió renunciar a su soberanía, dejando que las cartas de intención, los memorados de entendimientos y los acuerdos de derechos de giro (“stand-by”), suscriptos por funcionarios para comprometernos con el F.M.I. y otros organismos internacionales de crédito, se interpusieran en las decisiones del gobierno nacional. Estos documentos se transformaron así en un soporte de máximo rango en la conformación de la Constitución real del país, que somete y condiciona a la Constitución jurídica. “Los programas de estabilización del FMI se fundamentan en una teoría económica: el equilibrio interno y de pagos externos se logra reduciendo el consumo, adaptándose a las pautas internacionales de comercio y producción y reduciendo el gasto público. En definitiva, se trata de poner al país en las mejores condiciones para el pago de sus obligaciones externas, para extraerles los mayores recursos del saldo de la balanza comercial. Ello trae como consecuencia una baja en el nivel de vida de los grupos de menores ingresos por la disminución de sus consumos y consecuentemente sus demandas; paralelamente, se promueve un aumento de las ganancias de los empresarios agrícolas e industriales que producen para la exportación, y una succión de sus riquezas naturales. La política de ingresos que resulta de los programas del FMI: en esencia, tiene como objetivo la extracción de recursos del país deudor para transferirlos al país acreedor desarrollado, sin el menor examen de las causas de la presunta deuda ni de las consecuencias de su pago”84.

 

 

84 Alfredo Eric Calcagno, “Algunos aspectos de la deuda externa en América Latina con particular referencia a Argentina”, en “Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en América Latina-Hacia un enfoque alternativo”, compilador Eduardo S. Bustelo, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1987, pág. 113.

 

Cada proyecto de Nación asigna un determinado rol al Estado, y es necesario insertar la cuestión en el contexto de una teoría general del Estado contemporáneo. Y en esto el interés nacional exige la independencia del poder político de toda influencia extraña, como también la capacidad de ese poder para ordenar la política económica conforme a una planificación que lleve a la integración y al bienestar del pueblo. En consecuencia, fue y es menester lograr la plenitud de poder nacional como fundamento de una política de desarrollo económico que posibilite un crecimiento equilibrado de los diferentes sectores productivos del país y con el máximo aprovechamiento y capitalización de sus recursos. La influencia negativa de la penetración neocolonial descapitaliza y distorsiona sus estructuras económicas. Argentina, como también el conjunto de los países latinoamericanos, ha pasado a ser una región exportadora neta de recursos reales, y el monto de las remesas al exterior en concepto de regalías, utilidades e intereses de la deuda externa puede ser tomado como un índice adecuado para mensurar el grado de dependencia a que están sometidos nuestros países.

Por todo ello, es imprescindible abogar por la formulación de una teoría general que contemple debidamente los intereses de las naciones subdesarrolladas, y un nuevo nacionalismo habrá de constituir, por tanto, la piedra angular de la doctrina que se propicia para estos países. Para el cumplimiento de las metas sociales, económicas, científico- tecnológicas y culturales, es necesario desarrollar una política consustanciadas con los ineludibles intereses patrios y con una democracia plena de Justicia Social, que responda a los altos intereses del país y de su pueblo, y se inserte en un nuevo Proyecto Nacional de los argentinos.

 

 

5.     Se abandona la solución justa, equitativa y sostenible.

 

Como es de público y notorio, desde la asunción del actual Gobierno Nacional se realizaron tratativas con los denominados “fondos buitres”, o “holdouts”, en las que no ha tenido intervención previa del Congreso de la Nación, único órgano con competencia constitucional para contraer empréstitos sobre el patrimonio de la Nación, o de proceder al arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación (art. 75, incs. 4º y 7º, Constitución Nacional); es más, la normativa vigente vedaba expresamente dichas negociaciones y espurios acuerdos posteriores, como se puede observar en las fechas en que se celebraron los mismos y figuran en Anexo a la Ley 27.249. Los negociadores designados por el PEN han incumplido expresas directivas de las leyes de la Nación, declaradas de interés y orden público, lo que impide que durante la vigencia de estas leyes, se desarrolle actividad alguna de renegociación que confronte con los términos de la deuda externa argentina reestructurada. La circunstancia que en los acuerdos se hubiere supeditado la validez última de dicha negociación a la aprobación “posterior” del Congreso de la Nación, no quiebra ni exime de la antijuridicidad del obrar de dichos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

 

En la causa iniciada por el “Instituto Arturo E. Sampay” (Expte. N° 2752/2016, “Macri y Otros s/ Delitos de acción pública”, que tramita por ante el Juzgado Federal N° 7), el fundado Dictamen que emitió el Fiscal Delgado sostiene que con el acuerdo con los Fondos Buitre “se reinicia un nuevo ciclo de endeudamiento en cabeza de casi las mismas entidades bancarias que en 1976, vía la mega emisión de deuda”. En la causa mencionada “Instituto Arturo E. Sampay” sostuvo que los procesos judiciales llevados adelante por el juez Thomas Griesa son nulos de nulidad absoluta por afectar las disposiciones de los arts. 27 y 116 de la Constitución Nacional, receptados también por la reserva efectuada por el Gobierno Argentino en el instrumento de ratificación del Pacto de San José de Costa Rica firmado el 14/08/1984

 

 

por la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, que expresamente señala que “El Gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno…”. Dicha reserva fue efectuada y tramitada con arreglo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y cuenta con jerarquía constitucional85. El precitado art. 27 dispone que el Gobierno Federal está obligado a afianzar la paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución y el 116 establece que corresponde al Poder Judicial de la República Argentina “el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por los tratados con las naciones extranjeras”.

 

La Ley N° 26.547, de reestructuración de los títulos públicos elegibles para el canje (9 de diciembre de 2009), estableció en su art. 5° “in fine”, que se prohibía “ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieren iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que aquellos que no lo hubieren hecho…”. Posteriormente, la Ley N° 26.886 el 11 de setiembre de 2013 dispuso el proceso de reestructuración de fondos públicos, y en su art. 2° estableció que “…los términos y condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto N° 563/10…”; y a continuación en su art. 4° “in fine”, señaló que se prohíbe “ofrecer a los tenedores de deuda que hubieren iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que aquellos que no lo hubieran hecho…”

Las disposiciones de la Ley 26.984 del 10 de setiembre de 2014, de pago soberano, reestructuración de deuda, según su art. 1°, fue dictada en “…ejercicio del poder soberano de la República Argentina…”, con el eminente objetivo de evitar las garras de los fondos buitre que amenazaban a la Nación y por ello declaró “de interés público la reestructuración de la Deuda Soberana, realizada en los años 2005 y 2010, en salvaguarda del orden público nacional y de los actos y contratos celebrados en el marco de dicha reestructuración, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina…”. En su art. 2° esta ley reafirmaba que “…tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al 100% de los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de Deuda Soberana 2005/2010 (en adelante Títulos Reestructurados), y de los contratos celebrados en el marco de dicha Reestructuración, ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuestas por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, en el marco de la causa “N.M.L. CAPITAL Ltda. vs. Republic of Argentine”, que tal como fueron dictadas, resultan violatoria de la soberanía e inmunidades de la República Argentina como de los derechos de terceros.

 

A estas disposiciones legales deben sumarse logros de política exterior alcanzados por el gobierno constitucional argentino, al impulsar y consagrar en el ámbito de la Asamblea General de la ONU, principios en materia de reestructuración de deudas soberanas, como así también los dictámenes de expertos en deuda pública de los países emergentes, que colocan al caso argentino en la avanzada que sostiene los derechos de dichos países.

 

Fue en virtud de ello que las Naciones Unidas en el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, el 12 de agosto de 2009 (v. A/64/289), en el tema 71 b) del programa provisional, al considerar la “Promoción y protección de los derechos   humanos:

 

 

85 Conf., párr. Segundo del inc. 22 del art. 75, Constitución Nacional.

 

cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales – Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”, en el Informe del Experto Independiente al examinar dicho tema se observa que la deuda soberana contraída en circunstancias cuestionables, ha pasado a ocupar “un lugar preeminente en las reuniones dedicadas a establecer una solución justa, equitativa y sostenible al problema de la deuda de los países en desarrollo” 86. En su Resolución 11/15, el Consejo acogió con satisfacción el informe del Experto. En el mismo, propuso un marco conceptual preliminar para comprender la relación entre deuda externa y los derechos humanos sobre la base de las normas jurídicas internacionales. Ello, a fin de hallar una solución justa y  duradera a la crisis de la deuda, así como la necesidad de que en el tema se incorpore una perspectiva basada en los derechos humanos con miras a garantizar una solución equitativa y sostenible. Lo cual ha sido señalado en numerosos documentos de la ONU y Foros Internacionales. Cabe señalar que “New Economics Foundation”87, califica a la deuda como insostenible “cuando el endeudamiento total de un país hace que le sea imposible atender al servicio de su deuda sin que ello tenga un grave impacto adverso en la capacidad de su gobierno de cumplir sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos, como el suministro de agua potable, alimentación, atención de la salud, vivienda y educación”.

Es que el tema de la deuda no es una cuestión meramente jurídica sino consiste en un concepto más amplio, que abarca consecuencias éticas, sociales, políticas y económicas; y que el hilo conductor y la cuestión de fondo que subyace es el de la Justicia. En cualesquiera circunstancias debe primar la necesidad de garantizar la justicia para todos, y a ese elevado fin las consideraciones de derechos humanos deben necesariamente formar parte de las medidas que se adopten al respecto.

 

Conviene recordar en tal sentido, que los órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos han instado a las instituciones financieras internacionales a que presten más atención a la protección de los derechos humanos en sus políticas de concesión de préstamos, acuerdos crediticios e iniciativas de alivio de la deuda. Por ejemplo, en su Observación General N° 2, relativa al artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que “en las medidas internacionales que se adopten para solucionar la crisis de la deuda habría que tener plenamente en cuenta la necesidad de proteger los derechos económicos, sociales y culturales” 88.

Por tanto, está indicando que los Estados velen por evitar medidas que al cumplir sus obligaciones en relación a los derechos humanos tengan efectos desproporcionados y tomen disposiciones específicas para cerciorarse que todos los grupos sociales, especialmente los más pobres, gocen de igualdad de acceso a los servicios básicos y al

 

 

 

86 v. Informe inicial al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/11/10.

87 “Debt Relief as if People Mattered: As Rigts-based Approach to Debt Sustainability, 2006, págs., 21 y 22

88  Véase también: Observación General N° 4, relativa al derecho a una vivienda adecuada, párr. 19;

Observación General N° 12, relativa al derecho a una alimentación adecuada, párr. 41; Observación General N° 13, relativa al derecho a la educación, párr. 60 y la Observación General N° 14, relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párr. 64; v. Jorge Francisco Cholvis, “Los acuerdos con el F.M.I. y los derechos humanos básicos”, en “La Constitución y otros temas. (Dilemas del constitucionalismo argentino)”, Libro III, “Diversas cuestiones constitucionales”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, pág., 889 y sgtes.

 

goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Para lograrlo, es indispensable efectivizar explícitamente el respeto de la Soberanía Nacional y las prioridades de desarrollo.

Cabe recordar que desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, el artículo 25° de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Esta norma está consagrada de forma vinculante en el artículo

11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que según establece el artículo 75, inc. 22 de nuestra Ley Suprema “tiene jerarquía constitucional”, y los derechos en el mismo incorporados “deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. Esos derechos están consagrados en el conjunto de normas internacionales de derechos humanos e incorporados explícitamente a la Constitución Nacional 89.

Ciertamente, los derechos humanos proporcionan un marco claro y universalmente reconocido en el que puede basarse la formulación de una solución justa, equitativa, sustentable y duradera al problema del endeudamiento exterior;  su incumplimiento lleva a socavar la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

 

No puede caber duda alguna que la razonabilidad del criterio de las leyes antes mencionadas fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la opinión de los analistas más destacados en el ámbito nacional e internacional. En efecto, como bien sostuvo Aldo Ferrer90 no se puede desconocer que los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros; y que ninguno se resuelve por el pago a los buitres. Entonces, ¿cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos de 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. Cuanto mayor sea el desvío a dicho contexto según propone el gobierno actual respecto de ese límite “peor será la calificación que merecen los actuales negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina”91.

 

Después de todos estos argumentos, podemos mencionar sin hesitar que en septiembre de 2015, por iniciativa de la Argentina, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría los nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana92. Con 136 votos a favor y sólo 6 en contra93, dichos principios establecen el marco de acción entre los Estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe ajustarse. Entre otros, la resolución establece que los Estados no deben discriminar entre los acreedores, y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros en estos procesos. Como es claro, los principios buscan limitar a los fondos especulativos y a los acreedores abusivos, frente a las decisiones sobre ordenamiento y pago de deudas soberanas aprobadas por una mayoría considerable de acreedores. Así es que el principio del trato equitativo impone a los estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los  acreedores,  a menos que  la diferencia de  trato esté  justificada conforme  a derecho, sea

 

89 Conf., Jorge Francisco Cholvis, “Los derechos humanos, el derecho al desarrollo y la Constitución”, en “La Constitución y otros temas (Dilemas del constitucionalismo argentino)”, Libro II, “Constitución, economía y desarrollo”, El Cid Editor, Buenos Aires, 2013, págs. 475 y sgtes.

90 v., “La negociación con los buitres”, Página/12, 20 de enero 16.

91 Conf., Aldo Ferrer, texto citado.

92 Resolución A/RES/69/319, del 10 de septiembre de 2015.

93 EE.UU, Israel, Canadá, Alemania, Reino Unido y Japón.

 

razonable y se corresponda a las características del crédito, y se garantice la igualdad entre acreedores. Además, la Resolución señala que los acuerdos aprobados por una mayoría cualificada de acreedores no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros Estados o una minoría de acreedores no representativa, los que deben respetar la decisión de la mayoría. En tal sentido, que duda podía existir que ante la reestructuración impulsada por la Argentina en 2005 y 2010, aprobada por “una mayoría calificada”, el resto de los bonistas “no representativos” (caso, los fondos buitre) deben subordinarse a lo acordado por la mayoría.

 

Una semana después de la votación de la Asamblea General y para hacer efectiva dicha norma en nuestro país, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación y tras la aprobación por la Cámara de Diputados, la Argentina se convirtió en el primer país que la adoptó por la Ley N° 27.207, que declara de orden público los principios básicos de los procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución A/RES/69/319, los que por tanto, forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina.

Con premura propia de quienes mantienen una ligazón colonial se obedeció una directiva del juez Thomas Griesa, y desde el Poder Ejecutivo Nacional se instigó al Congreso de la Nación a que desconozca leyes calificadas por su texto como de interés y orden público, que habían operado efectos y bajo cuya vigencia se realizaron regularmente pagos cancelatorios de vencimientos de intereses y servicios de la deuda externa reestructurada. Fue así que aunque la Argentina promovió los principios de reestructuración soberana, el gobierno de Macri tras los ilegales e ilegítimos acuerdos con los fondos buitre y los pagos que les realizó, el Estado argentino relegó al 93 % de los acreedores que cooperaron en las reestructuraciones de deudas anteriores con los que se acordó una quita de alrededor de casi el 70 %. Para  el pago a los fondos buitre se emitirá deuda por casi u$s 16.000 millones, mientras que para pagar al 93 % la emisión deuda asciende a u$s 30.000 millones. La avaricia de los fondos buitre obtuvo un triunfo no sólo ante la casi totalidad de acreedores que habían acordado la reestructuración de la deuda externa Argentina, sino que colocó a nuestro país en la actual y lamentable imagen del sometimiento colonial.

 

 

6.     Las nuevas políticas de endeudamiento.

 

Las políticas del F.M.I. son efectivizadas e impulsadas ahora en nuestro país por el capital financiero concentrado, y el conjunto de Ceos que desde ámbitos del pensamiento neoliberal sostienen al gobierno de Macri. Y para ello utilizan las concepciones jurídicas y normativas que ellos imponen

Así es que por la ley 27.249 se derogan las leyes 26.017,  26.547,  26.886 y 26.984 y sus normas reglamentarias y complementarias, así como toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente ley (art. 1°); ratifica los acuerdos de cancelación celebrados entre la República Argentina y los tenedores de títulos públicos elegibles (y/o sus representantes), los que como Anexo I, en copia en idioma inglés y su traducción al idioma español, forman parte integrante de la presente ley (art. 5°); dispone la emisión de Bonos del Tesoro de la Nación y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta un valor nominal original de u$s 12.500.000.000. y/o su equivalente en otras monedas (art. 6°); y faculta a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (art. 9°). Finalmente crea en el  ámbito

 

del H. Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación, cuyo objeto principal será el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación (art. 18°).

Es importante tener presente que los acuerdos que ratifica y que  figuran en Anexo I, todos están fechados entre el 31 de enero de 2016 y el 29 de febrero de 2016, es decir antes de la sanción de esta ley, y por lo tanto, durante la vigencia de las leyes que deroga. Además, en ellos figura que la República había emitido con fecha 5 de febrero de 2016, la propuesta que indica todo lo que los bonistas tendrían derecho a recibir94. Pero también cabe señalar que el Acuerdo Marco de Solución entre la República Argentina y Clarex Limited and Fiscella Holdings Ltd., representado por Capital Markets Financial Service Inc., contiene una serie de falsedades como las que figuran en el punto 4. Declaraciones Mutuas y Garantías, que se brindan entre sí los tenedores y la República, que se declaran y garantizan entre sí que cada una de ellas “Tiene total facultad y autoridad para celebrar el presente Acuerdo y cumplir con sus obligaciones en virtud del presente”, dado que como vimos la legislación vigente vedaba expresamente la realización de dichos acuerdos.

 

También, por el mismo motivo, es falso lo que figura a continuación sobre que el acuerdo “no contravendrá ninguna ley aplicable, norma o restricción contractual o cualquier orden de cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre ello”. La ilegalidad de la celebración de dicho acuerdo, está reconocida por quienes lo efectuaron, dado que lo condicionan a la “derogación o restricción de la ley N° 26.017 (La “Ley Cerrojo”) y la ley N° 26.984 (La “Ley de Pago Soberano”).

 

Recorrer dichos textos además de su invalidez, evidencia otras imposiciones leoninas por parte de los Fondos Buitre que participaron en ellos, como el que figura en el Acuerdo Marco de Solución entre la República Argentina y Old Castle Holdings Ltd., de Nassau Bahamas, según el cual “el tenedor acuerda (i) aceptar el Monto de Solución en la fecha de Cierre en total cumplimiento y satisfacción de todos los reclamos (ya sea por capital, interés, interés vencido, honorarios, reembolso de gastos o cualquier otro monto de cualquier descripción) que pueda tener en virtud de o con respecto a los Bonos y cualquier sentencia o laudo arbitral emitido con respecto a los Bonos; (ii) … libre de cualquier gravamen, cargo, reclamo, interés, derechos de terceros y restricciones de cualquier tipo” (sic) .

Por cierto de tal forma se alteró negativamente la composición de la deuda en términos de los tenedores de títulos, la moneda y la legislación. De tal forma se retrocede en los logros alcanzados en materia de desendeudamiento sobre los títulos, la moneda y la legislación, antes del 10 de diciembre de 2015.

El gobierno de Macri firmó la capitulación en el Juzgado de Griesa e inmediatamente comenzó a pagar lo ambicionado por Singer y los Fondos Buitre. Las invocaciones que utilizó para tal sometimiento no se cumplieron porque fueron falsedades: 1° terminar con el mal denominado default. 2° recibir una catarata de inversiones que servirían para mejorar la situación del país. 3° Bajar el riesgo país y por tanto reducir el costo del endeudamiento. Así fue que el negocio de la deuda se reinstaló en gran escala.

 

El diario BAE Negocios calculó que en el 65 % de la deuda record emitida en 2016 tuvo la participación de J.P. Morgan y Deutsche Bank, entidades donde trabajaron el ex Ministro

 

 

94 Ver Declaración complementaria de Michael A. Paskios, socio de la firma legal Cravath, Swaine & Moore LLP, “abogados de la parte demandada la República Argentina”, efectuada bajo juramento el 17 de febrero de 2016 en apoyo de la moción de la República Argentina.

 

de Hacienda Alfonso Prat Gay, y el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, respectivamente95. Aceptar todas las condiciones de los buitres y volver a servirles la mesa con todo esplendor para su festín en el negocio de la deuda a los grandes bancos internacionales (J. P. Morgan, Deutsche Bank, HSBC, Santander, Citi y Credit Suisse), que intervinieron en todas las etapas del proceso de endeudamiento, sólo llevara al mismo resultado: el sometimiento del país y la miseria del pueblo.

 

Poco tiempo después es cuando el Congreso Nacional, según la ley N° 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2017, por su artículo 34 y en conformidad con lo dispuesto por el art. 60° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificatorias, autorizó a los entes que menciona el mismo en planilla anexa a realizar operaciones de crédito público por  los montos, especificaciones y destino del financiamiento de la referida planilla.

 

En los fundamentos de ambos decretos se mencionan expresamente diversos artículos de la ley 24.156 y sus modificaciones (artículos 60 y 65) que no autorizan prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros. También se mencionan en dichos fundamentos la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto, cuyo artículo 53 faculta al poder ejecutivo nacional para someter eventuales controversias con personas extranjeras a tribunales no argentinos. Dicho artículo, en su primer párrafo -introducido por la ley 16.432-, contempla operaciones de crédito público solamente con organismos internacionales económico-financieros, y el segundo párrafo -introducido por la ley 20.548-, la prórroga de jurisdicción en “eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.”

Ahora bien, como sostiene Arístides Corti hace tiempo, el artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional -incorporado por la reforma del año 1994- solo autoriza la prórroga de jurisdicción en el marco de tratados de integración con estados de Latinoamérica y en el caso de tratados con otros estados, mediante doble votación del Congreso de la Nación.  Esta nueva norma constitucional viene a completar los artículos 27 y 116 de la constitución histórica, en cuanto los mismos preveían dicha proscripción de prórroga de jurisdicción desde el año 1853, cláusulas reafirmadas por el instrumento de ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 14 de agosto de 1984 con la siguiente reserva: “El Gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de ‘utilidad pública’ e ‘interés social’, y ni lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa”. Como puede aceptarse dicha delegación y ejecución por el ejecutivo con acuerdos ilegales que afectan gravemente el orden público constitucional argentino  y los derechos humanos básicos de nuestro pueblo.

Con tacha de origen se sanciona el Decreto N° 29/2017 que posibilita la  renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana con relación a los bienes que se detallan en los incisos a) a j) de su art. 1°, entre los cuales están los relativos a las reservas del BCRA; o bienes que pertenezcan al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos por los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación; bienes localizados dentro o fuera del territorio argentino que presten un servicio público esencial; o los utilizados por una misión diplomática, gubernamental o consular de la República Argentina; impuestos y/o regalías adeudadas a la Argentina; los bienes de carácter militar o bajo el control de autoridad militar o agencia de defensa de la República Argentina; los que forman parte de la herencia cultural de la Argentina; y los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable.

 

 

95 Conf., Alfredo Zaiat, “De Rodillas”, Página/12, 2 de abril de 2017.

 

Es conveniente aclarar que los bienes individualizados por el artículo 234 del Código Civil y Comercial de la Nación son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes al dominio público, como ser el mar territorial, aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos; ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables; islas que se formen en el mar territorial; el espacio aéreo supra yacente al territorio y aguas jurisdiccionales; las calles, plazas caminos, canales, puentes; etc. Pero es necesario recalcar que el Decreto N° 29/2017 deja expresamente al margen el principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son los bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal. Dicho artículo establece expresamente que “pertenecen  al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales: (…) b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; (…) e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. Es decir, claramente quedan fuera de la protección del principio de inmunidad soberana por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado.

A los pocos días, mediante la Resolución N° 5 (25/01/2017) el Ministerio de Finanzas, en base a lo establecido por el Decreto mencionado, dispone la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública, cuyas condiciones detalla en el Anexo I, por hasta la suma de  u$s

7.000 millones (art. 1°); designa a BBVA Securities Inc., Citi Group Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J. P. Morgan Securities LLC y Santander Investement Securities Inc., como colocadores conjuntos de los instrumentos públicos; aprueba los modelos de la documentación inherente a la operación de financiamiento, “cuyos ejemplares en idioma inglés y su traducción al español forman parte integrante de la presente medida”, con el siguiente detalle: Anexo II “Memorándum Preliminar de la Oferta” (“Preliminary Offering Memorandum)”, el cual será sustancialmente igual al “Memorándum Final de la Oferta” (“Final Offering Memorandum)”; Anexo III, “Acuerdo de Compra” (“Purchase Agreement)” ; Anexo IV, “Acuerdo de Registración” (“Registration Rights Agreement)”; designa a The Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo, y por los Anexos V y VI aprueba el esquema de Gastos y Honorarios por su intervención; y en el Anexo VII determina “topes” para “los gastos de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios” (sic). Finalmente, establece que la medida “entrará en vigencia a partir del día de su dictado” (fecha de publicación: 26/01/2017).

 

Señalemos que en los Anexos de la citada Resolución N° 5, encontramos no sólo precisiones sobre la mecánica de la operación; sino que en ellos también se destaca información económica y financiera seleccionada sobre la República, desde una nítida concepción acorde a las políticas de la ortodoxia económica, propuesta desde los organismos financieros internacionales y conglomerados financieros, y que son seguidas desde las altas esferas del gobierno. Y por cierto, que dichos “Memorandos”. “Prospectos” y “Acuerdos”, traen a la memoria la muy similar y no lejana trama elaborada desde el F.M.I. y otros organismos internacionales de  crédito, actualmente impulsada por el conglomerado financiero internacional en su etapa de “capitalismo salvaje”. Y así es que nuevamente tenemos presente al F.M.I., con el Informe del Directorio Ejecutivo del 10 de noviembre de 2016, y que en estos días de abril de 2017, altos funcionarios del gobierno nacional participarán en la Asamblea Anual del organismo.

 

Por ello, cabe señalar que se advierte en los Anexos de la Resolución N° 5 (Prospecto Preliminar – Anexo II), que el gobierno nacional asume compromisos sobre las políticas socioeconómicas  que  realizará.  Anuncia  cifras  de  producción  (primaria  y  secundaria); política

 

monetaria; “régimen de sinceramiento fiscal” (es decir blanqueo); deuda del sector público, sistema monetario. Se indica también que “a la fecha de este prospecto el gobierno de Macri ha eliminado gran parte de las restricciones cambiarias”; que ha de reducir subsidios a la energía, gas y transporte, y ya ha anunciado la eliminación de algunos subsidios e importantes ajustes a las tarifas de electricidad, y que “los precios promedio de la electricidad y el gas ya han aumentado y podrían aumentar más”. Que el Banco Central de la República Argentina “ha incrementado sus esfuerzos para reducir el desequilibrio monetario y aumentado las tasas de interés en pesos para compensar la presión inflacionaria”, y controlar el gasto público, entre otras muchos otros condicionantes que sería largo enumerar. Anuncia que “el proyecto de ley (Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) establece que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), incluidas las acciones correspondientes puede ser vendidos para financiar el programa”96.

Pero también en los Anexos se precisa que “la República pagará todo impuesto de sellos, tasa de justicia o impuesto documentario o cualquier impuesto indirecto o a los bienes o impuesto o carga similar, presente o futuro, que se aplique en la Argentina o en cualquiera de sus subdivisiones políticas, o que sea aplicado por una de sus autoridades impositivas respecto a la creación, emisión, formalización, entrega inicial o registro de los Bonos o cualquier otro documento o instrumento mencionado en ellos. La República deberá también mantener indemne a los tenedores respecto de cualquier impuesto de sellos, tasa de justicia o impuesto documentario o cualquier impuesto indirecto o a los bienes, o impuesto o carga similar que resulte de, o que sea pagadero por cualquiera de ellas en la Argentina o en cualquiera de sus subdivisiones políticas o que sea aplicada por cualquiera de sus autoridades impositivas en relación con la ejecución de las obligaciones de la República de conformidad con los Bonos o cualquier otro documento o instrumento mencionado en ellos en caso de cualquier supuesto de incumplimiento del tipo indicado en Supuestos de Incumplimiento” (sic). Pero, además, se advierte que el contrato de Fideicomiso que rige los bonos incluye entre otras cosas, compromisos que limitan la capacidad de la República en varios aspectos, tal el de constituir gravámenes sobre sus activos. Veamos en forma individualizada algunos aspectos relevantes de dichos Anexos.

El Anexo I en donde se refiere a la Ley y Jurisdicción aplicable, dice que “se regirán por la ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y de acuerdo a los términos y condiciones del Convenio de Fideicomiso (“Trust Indenture)” y con relación a la Jurisdicción precisada que sujeto a ciertas excepciones “la República Argentina se someterá irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de cualquier tribunal estadual del Estado de Nueva York o federal en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y de los tribunales de la República Argentina (…) en cualquier juicio, acción o proceso legal contra la República Argentina o sus bienes, activos o ingresos que surja de o relacionado con los Bonos o el incumplimiento o supuesto incumplimiento de Argentina de cualquier obligación bajo los Bonos (un “Proceso Legal Relacionado”). La República Argentina renuncia irrevocable e incondicionalmente, en la máxima medida permitida por la ley, a cualquier defensa que pueda o pudiera interponer en cualquier Proceso Legal Relacionado iniciado ante un Tribunal Específico ya sea por jurisdicción, residencia o domicilio o porque dicho Proceso Legal Relacionado fue iniciado en un foro no conveniente”. A continuación reafirma que sujeto a ciertas limitaciones, “en la medida en que la República Argentina o cualquiera de sus ingresos activos o bienes tengan derecho, en cualquier jurisdicción en que se encuentre cualquier Tribunal Específico, en el que cualquier Proceso Legal Relacionado pueda en cualquier momento iniciarse contra ésta o cualquier de sus ingresos, activos, o bienes, o en cualquier jurisdicción en que se encuentre el Tribunal Específico en el que algún juicio, acción, o proceso legal pueda en cualquier momento

 

96 v., Anexo II.

 

iniciarse con el fin de ejecutar cualquier sentencia emitida en cualquier Proceso Legal Relacionado (una “Sentencia Relacionada”), contra cualquier inmunidad de juicio, de jurisdicción de dicho Tribunal Específico, de compensación, de embargo previo a sentencia, de embargo en ejecución de sentencia, de ejecución de una sentencia o de cualquier otro proceso o recurso legal o judicial, y en la medida en que dicha jurisdicción se haya atribuido dicha inmunidad, la  República Argentina renuncia irrevocablemente a dicha inmunidad (las negritas me pertenecen), en la máxima medida permitida por las leyes de dicha jurisdicción, incluso la Foreing Sovereign Inmmunities Act. De los Estados Unidos de América (la FSIA)”. Se dan un baño de patriotismo y aclaran que dicha renuncia no se extenderá a los bienes señalados en los incs., a) y j) del art. 1° del Decreto 29/17, y constituirá solamente una renuncia limitada y específica a los fines de los Bonos y el Convenio de Fideicomiso y no una renuncia general de inmunidad por parte de la República o una renuncia de inmunidad con respecto a procesos legales no relacionados con los Bonos o el Convenio de Fideicomiso”. Como vimos anteriormente, la inmunidad en cuestión no alcanza a los bienes que individualiza el artículo 236 del Código Unificado Civil y Comercial.

El Anexo II anuncia que -como vimos- el día 9 de noviembre de 2016, el FMI concluyó la misión de consulta del Artículo IV con Argentina y basándose en lo que establece el Convenio Constitutivo del FMI, deja constancia que “mantendrá reuniones bilaterales con los países miembros, generalmente una vez al año”; y que “el personal del FMI realiza una visita al país, reúne información económica y financiera, y analiza las políticas y los sucesos económicos del país con los funcionarios”, para que después el personal del FMI elabore un informe que es presentado al Directorio Ejecutivo.

A continuación dicho Anexo dispone que “los fondos netos de los Bonos de la presente oferta se utilizarán para objetivos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación”, y que “los Bonos serán obligaciones directas, generales, incondicionales y no subordinadas de la República respaldados por el pleno reconocimiento y crédito de la República”. Cuando trata de la Exigibilidad de Responsabilidad Civil, luego de señalar lo evidente que “la República es un Estado soberano”, reitera que “con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, la República se someterá irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de cualquier tribunal del  Estado de Nueva York o cualquier tribunal federal de los Estados Unidos con asiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York, y los tribunales de la República (…) La República renuncia de forma irrevocable e incondicional, con el mayor alcance permitido por la ley, a cualquier objeción que pudiera tener contra Procedimientos Relacionados iniciados en un Tribunal Especificado, ya sea por razón de competencia territorial, residencia o domicilio o en razón de que dichos Procedimientos Relacionados se hubieran iniciado en un foro inconveniente”, y reafirma que “la República renuncia en forma irrevocable a dicha inmunidad con el mayor alcance permitido por las leyes de dicha jurisdicción, con inclusión de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de Estados Unidos de 1976 (United States Foreing Sovereign Inmmunities Act of 1976, (“FSIA”) (y consiente el otorgamiento de cualquier protección o la emisión de cualquier orden judicial en relación de cualquier protección o a la emisión de cualquier orden judicial en relación con cualquier Procedimiento Relacionado o Sentencia Relacionada en la medida permitida por la legislación aplicable, con inclusión de la FSIA)”. También remarca que “en base a la legislación existente, los tribunales de la Argentina ejecutarán dicha sentencia de conformidad con los términos y condiciones de los tratados celebrados entre la Argentina y el país en el que se dictó la sentencia”. También aclara que “este prospecto contiene manifestaciones con proyección de futuro”, que “se basan en los actuales planes, estimaciones y proyectos de la República”; y que “es posible que la recaudación impositiva y los resultados fiscales futuros de la República no sean suficientes para pagar el servicio de la deuda y, por lo tanto, la República deba recurrir, en parte a financiamiento adicional de mercados de capitales nacionales e internacionales a fin de cumplir con futuras obligaciones del servicio de la deuda”.

 

El Anexo III al tratar el tema de la Inmunidad, además de repetir términos de Anexos anteriores, al final -como para que no quede duda alguna- señala sin amedrentarse que “la renuncia a la inmunidad por la República incluida en la cláusula 15 del presente, cláusula 9.7 del Convenio de Fideidomiso y la cláusula 6 (j) del Convenio de Derechos de Registro, y la indemnización y las disposiciones de contribución incluidas en la cláusula 7 del presente no entran en conflicto con la ley o la política de orden público de la Argentina”. Cuando trata la Forma legal, sostienen que “los documentos de la Operación guardan la debida forma legal de conformidad con la legislación de la República para la ejecución de los mismos”. Y al tratar los Requisitos legales expresa que “no es necesario para garantizar la legalidad, validez, exigibilidad o admisibilidad en prueba en la Argentina de los Documentos de la Operación, que los Documentos de la Operación o cualquier otro documento o instrumento en virtud del presente o  de los mismos sea registrado, inscripto o presentado ante alguna autoridad judicial u otra autoridad en la Argentina o que sea protocolizado”. Este Anexo incorpora un párrafo en el cual expresa que “no existe ninguna ley o reglamentación de la República que restrinja la capacidad de la República para efectuar el pago a los Compradores Iniciales, en dólares estadounidenses fuera de la Argentina”; y sobre la Ejecución de Sentencias extranjeras, además de reiterar términos mencionados, reafirma que ella “sería declarada exigible contra la República por  cualquier tribunal de la Argentina, sin reconsideración o nuevo examen de los méritos del caso”, con sujeción a las condiciones que detalla y entre los cuales figura que “la sentencia no debe violar los principios de orden público de la ley argentina” (sic). Pero poco después al referirse al tema “Indemnización y Contribución”, con el mayor grado de cipayismo que se puede alcanzar en esta cuestión, dice que “las disposiciones de indemnización y contribución establecidas en la cláusula 7 del presente no violan la ley ni el orden público de la República Argentina”.

 

Al referirse a la Renuncia a la Inmunidad, vuelve a insistir en lo expuesto y agrega que “la República renuncia por el presente de manera irrevocable con el mayor alcance permitido por la ley, a todo requerimiento y demás disposiciones legales, normas, reglamentaciones o prácticas que requieran o establezcan de algún modo el depósito de una fianza o la entrega en forma directa o indirecta de cualquier otro tipo de garantía como condición para instituir, promover, o concluir cualesquiera acciones o procedimientos que surjan o se relacionen con el presente Convenio, los títulos, el Convenio de Fideicomiso, el Convenio de Derechos de Registro, el Prospecto, la Información del Momento de Venta y el Prospecto”.

 

Abonando lo precedente Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en carácter de asesores legales especiales en los Estados Unidos de América para la República Argentina, expresan su opinión que “el Convenio de Fideicomiso ha sido debidamente suscrito y otorgado por la República, según las leyes del Estado de Nueva York y constituye un acuerdo válido y vinculante de la República y exigible contra ésta. El Convenio de Compra ha sido debidamente suscrito y otorgado por la República, según las leyes del Estado de Nueva York. El Acuerdo sobre Derechos de Registro ha sido debidamente suscrito y otorgado por la República, según las leyes del Estado de Nueva York, y constituye un acuerdo válido y vinculante. Los títulos han sido debidamente suscritos y otorgados por la República según las leyes del Estado de Nueva York”. Y concluyen expresando que “al asumirse la validez conforme a las leyes de la República y conforme las leyes del Estado de Nueva York, en relación con la aceptación de la Jurisdicción, la República, de conformidad con la Cláusula 15 del Convenio de Compra, la Cláusula 6 del Acuerdo sobre Derechos de Registro, la cláusula 9.7 del Convenio de Fideicomiso y el apartado 16 de los Títulos, respectivamente, (i) se ha sometido en forma válida e irrevocable a la jurisdicción en razón de la persona de los tribunales con asiento en el Estado de Nueva York y de los tribunales federales de los Estados Unidos, con asiento en el Distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para cualquier juicio, acción o proceso que se relacione con el Convenio de Fideicomiso o con los Títulos, o que derive de éstos; (ii) en la medida de lo permitido por las leyes aplicables, ha renunciado de forma legítima e irrevocable a objetar todo juicio, acción o proceso, sobre la base

 

del fuero de tal acción, juicio, o proceso, que se inicie en los mencionados tribunales” (sic). Finalmente, señalan que “en la medida que las opiniones que anteceden se vinculan con la validez, efecto vinculante o exigibilidad de cualquier acuerdo u obligación de la República (a) hemos asumido que la República y toda parte de dicho acuerdo u obligación han cumplido con los requerimientos legales correspondientes y necesarios…”.

 

También se debe remarcar los supuestos de incumplimiento de la República que determinan para la aceleración del pago del capital de los Bonos más los intereses devengados, tales como: falta de pago por 30 días; incumplimiento de obligaciones y de cualquier serie de Bonos o el Contrato de Fideicomiso; incumplimiento cruzado (si la república omite pagar deuda externa en estado de cumplimiento cuyo monto total sea de u$s 50.000.000; moratoria (una declaración de la República sobre moratoria); o si la República impugna la validez de cualquiera serie de Bonos. Por en el Anexo III, “Convenio de Compra”, en su punto 3, Declaraciones y Garantías, agrega otra grave claudicación al instituir la obligación de que la República estará sometida a las calificadoras de crédito. Así es que allí se establece que la República “declara y garantiza a cada comprador”: o) F.M.I. La República es miembro del Fondo Monetario Internacional (el “F.M.I.”); y en bb) Calificaciones, señala que “la República no ha recibido notificación alguna de parte de Moody´s Investors Service, Inc. (“Moody´s”) o de Standard & Poor´s Ratings Service (“Standard & Poor´s”), de que alguna de ellas tuviera la intención de disminuir la calificación otorgada a los títulos de deuda de la República a cualquier categoría de calificación igual o inferior a B3 o B, o que estuviera contemplado disminuir la calificación otorgada a los títulos de deuda de la República a cualquier categoría de calificación igual o inferior a B3 o B”. En el punto 5. “Condiciones de las obligaciones de los compradores iniciales”, establece que las de ellos están sujetas al cumplimiento por la República de sus pactos y otras obligaciones en virtud del presente y a las siguientes condiciones adicionales por las que se veda: b) Disminución en la calificación de riesgo. “Con posterioridad a (A) el Momento de Venta o (B) la formalización y otorgamiento del presente Convenio, en caso de que esto último ocurra con anterioridad, la calificación otorgada a los Títulos por Moody´s o Standard and Poor´s no podrá disminuirse hasta una categoría de calificación inferior a B3 o b-, respectivamente”. Por si quedaran dudas, a continuación en el punto c) Calificación, aclara que “La República realizará sus mejores esfuerzos para que los Títulos sean calificados por Moody´s y Standard and Poor´s a la brevedad posible, luego de la formalización y otorgamiento de este Convenio”(sic).

 

Para argumentar la validez de los Bonos expresa el Prospecto que el Procurador General del Tesoro de la República Argentina y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, asesores legales estadounidenses especiales de la República, emitirán una opinión para la República sobre la validez de los Bonos. Sherman & Sterling LLP, asesores legales estadounidenses de los Compradores iniciales enunciados en este prospecto, y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, asesores legales sobre argentina de los Compradores iniciales enunciados en este prospecto, emitirán una opinión para estos sobre la validez de los Bonos. Respecto de las cuestiones de legislación Argentina Cleary Gottlieb & Hamilton LLP se basarán en la opinión del Procurador General del Tesoro de la República Argentina; y Sherman & Sterling LLP se basarán en la opinión de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

 

Señalamos que otra actitud grave de sometimiento al país es cuando se refiere a Distorsiones del Mercado y expresa que “las autoridades de la Argentina, las autoridades federales de los Estados Unidos o del Estado de Nueva York no deben haber declarado una moratoria bancaria. Y por si fuera poco lo precedente dice que “la República conviene que el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina no será de aplicación al presente Convenio ni a los documentos de la Operación”. Esta disposición perdida en el Anexo margina el artículo que debemos recordar expresa que “si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe

 

considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”. Para el gobierno nacional en su claudicante actitud, la Argentina no tiene moneda propia, y siguiendo las políticas impuestas se somete a que sólo existen “dólares”.

 

El Anexo IV “Acuerdo sobre Derechos de Registro. Derecho Aplicable”, reitera conceptos incluidos en los anexos anteriores; y los Anexos V, VI y VII, se refieren -como señalamos antes- a temas de Honorarios y cargos, Información confidencial contenida en el Esquema de Honorarios, Cargos y Límites de Gastos, que no obstante generar otras leoninas obligaciones para el país, su análisis nos aleja del tema de fondo tratado en el presente.

 

En la senda de endeudamiento emprendido por el gobierno de Macri el 5 de abril de 2017, dictó el Decreto N° 23197, que según sus considerandos “en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el ejercicio 2017, se estima que se continuarán realizando colocaciones en los mercados financieros internacionales, incluyendo los de la Confederación Suiza”, y para ello faculta al Ministerio de Finanzas por hasta un monto que no supere la suma de V. N. u$s Ch F 3.000.000.000, “a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en la Confederación Suiza, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”, respecto a los reclamos y con las excepciones de los bienes que detalla98.

La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos, y sólo sirve para financiar la fuga de divisas. Por tanto, cabe concluir que sobran los motivos “por los cuales seguir reclamando el cambio de rumbo de las políticas económicas ortodoxas y neoliberales. Tal el enfoque desregulatorio en materia financiera, la liberalización del flujo de capitales y la pérdida de herramientas de fiscalización en materia cambiaria, sumado a la continua espiral de endeudamiento, a los niveles de inflación, al deterioro de los sectores industriales productivos, a la precarización laboral y al aumento de pobreza”99.

 

 

7.     No son errores, son claudicaciones.

 

Así es que las graves consecuencias de las políticas ejecutadas por el gobierno de Macri que perjudican a los más elementales derechos humanos básicos, no han de ser catalogados como “errores”, sino que son producto de las políticas que anuncia y compromisos que se asumen con el capital financiero concentrado. Es imprescindible denunciar esta etapa durante la cual estos instrumentos del “capitalismo salvaje” manipulan y fijan el valor de la moneda nacional a través de operaciones, y en beneficio exclusivo del capital financiero internacional, con el apoyo de las “calificadoras de crédito” y la difusión de los medios masivos de comunicación que ellos manejan.

Nos gobiernan grupos que apoyaron la dictadura cívico-militar y por ello el mismo modelo económico y su endeudamiento externo. Gobierno de las Ceocracias, las viejas oligarquías travestidas en personas de negocios, mostrados como emprendedores, cuando en realidad han sido los tributarios de todos los saqueos perpetrados contra las riquezas nacionales, desde el fondo de la historia. Desde el siglo XIX han sido quienes se apropiaron de las tierras, en millones de hectáreas, sin títulos ni pagos, sólo siendo contertulios del poder de turno, que desde allí

 

97 “Boletín Oficial”, del 6 de abril de 2017.

98 Que son los mismos identificados en la Ley N° 27.249.

99 Pedro Biscay, “Sobran los motivos”, Página/12, del 8 de abril de 2017-

 

expandieron sus negocios, derrocando gobiernos populares, pactando con dictaduras militares, constituyendo por décadas “la Patria Contratista”, verdaderos lobistas cartelizados del poder100.

 

Los Ceos que antes fueron empleados de los bancos internacionales y ahora son funcionarios del gobierno, aceptan someter al país a complacientes dictámenes de Moody´s y Standard and Poor´s en pos de su política de endeudar al país. Estas autodenominadas “calificadoras de riesgo”, fueron utilizadas y son instrumento del gran capital financiero “globalizado”. Se observa claramente ello, pues a pesar de la calamitosa situación por la que transcurre ahora la Argentina, no le impidió a Moody´s mejorar de estable a positiva la perspectiva de la nota para los bonos argentinos, decisión tomada por su comité de evaluación el 7 de marzo. Moody´s premia al gobierno actual a pesar de que a fines de 2015 proyectaba una baja del PBI de sólo 1 % para el año siguiente, es decir menos de la mitad del derrumbe que finalmente se verificó.

 

Bien se expresó que desde la elección de Macri como presidente, la calificadora movió tres veces hacia arriba sus consideraciones sobre la marcha del plan económico. Al contrario, durante la etapa kirchnerista castigó a los títulos argentinos con las  peores evaluaciones incluso durante los años de crecimiento a tasas chinas. “El acompañamiento militante de Moody´s al primer experimento neoliberal conducido por sus propios dueños, se explica en su carácter de instrumento del establishment financiero, en apoyo al equipo de CEOS que les ha posibilitado ganancias extraordinarias con las emisiones descontroladas de deuda pública, con las libertades concedidas a la entrada y salida de capitales especulativos, con la desregulación de comisiones y tasas bancarias y con la bicicleta que facilita el Banco Central gracias al ancla cambiaria y las altas tasas de interés101.

De tal forma, con el apoyo de grupos económicos internos dominan la fluctuación de la moneda, a través de la utilización de los denominados “mercados de valores” externos, establecidos principalmente en las conocidas plazas de Nueva York, Londres, Tokio, etc. Mercados externos que se mueven con pautas especulativas y acompañando políticas impulsadas por el capital financiero concentrado. El consentir dichas políticas lleva a que el país pierda su capacidad soberana de establecer políticas económico-financieras, y terminan con la burda maniobra instrumentada recientemente por un juez federal de imputar en un rebuscado proceso penal, a quienes sostuvieron las necesarias medidas para una política monetaria soberana. Por ello, instrumentar políticas económicas a través de lo que mandan los “mercados internacionales”, implica también otorgarles el rol de instrumentos para el saqueo.

 

Bernal describe con sumo detalle cómo las normas dictadas por el gobierno de Macri están diseñadas para efectivizar el modelo de endeudamiento y saqueo102. Es el “derecho internacional globalizado” que pretenden imponer los países centrales en las relaciones económicas. Al celebrar actos como los que denunciamos, con sus pesadas implicancias presentes y futuras, directamente se incide en perjuicio del desarrollo institucional, político y económico del país. Con acuerdos de esta naturaleza, se incurre en la renuncia a principios éticos y a la violación de preceptos constitucionales que hacen al régimen republicano de gobierno, y a la soberanía de la Nación. Por cierto, que ello conduce también a marginar los derechos humanos básicos de nuestro pueblo, atento al condicionamiento socioeconómico que postergará la vigencia de dichos derechos. Y dar vigencia plena a los derechos humanos básicos es la cuestión principal del derecho contemporáneo.

 

 

100 Conf., Jorge Rachid, “Sin Mordaza”, 17 de abril de 2017,

101 Conf., David Cufré, “Soberanía económica”, Página/12, del 25 de marzo de 2017.

102 v. Federico Bernal, “La estafa del endeudamiento (saqueo) macrista: odioso, ilegítimo e insostenible”, Boletín OETEC, 28/11/2016 –http://www.oestec.org

 

Con acierto señala Barcesat que el Profesor Asbjorn Eide, autor intelectual de los Pactos Internacionales de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un texto que se publicó en la primer revista de Naciones Unidas sobre derechos humanos del año 92, al tratar el tema del alimento adecuado como derecho humano, postula que los derechos económicos, sociales y culturales no solamente implican para los Estados que los receptan una obligación de no interferir en el goce efectivo de los derechos, como se trata genéricamente en materia de derechos civiles y políticos. En materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hay algo distinto, el Estado tiene que intervenir, el Estado es garante del resultado comprometido en la norma. Por ello, Eide expresa que cuando se adopta por los Estados un Pacto o un texto de derechos económicos, sociales y culturales se está adquiriendo una obligación de resultado y ese resultado es exigible, porque si no fuere exigible no sería derecho, sería un mero discurso político, pero no derecho. Derecho es aquello que puede ser exigido. En tal sentido, sostiene Barcesat que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, coloca a los tratados internacionales de derechos humanos como la hipótesis última de validez de todo el orden jurídico, y potencia el paradigma por un nuevo humanismo. De tal forma, “la Constitución positiva y los tratados internacionales de derechos humanos que consagran la conciencia jurídica universal, son la fuente última y superior de la validez del derecho. Allí reposa su imperatividad”103. Por lo demás, el artículo primero del nuevo Código Unificado Civil y Comercial establece que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son la fuente de validez de todas las disposiciones civiles y comerciales contenidas en el Código, y el artículo 2° del mismo Código precisa que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta “las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos”.

 

Por consiguiente, debemos remarcar que hacer política desde el campo popular necesariamente es situarse allende el simulacro, y para ello profundizar el debate, levantar los valores de la Nación, los derechos de los pueblos y de su identidad. Debe hacerse efectiva la prohibición legal ya existente -por la ley 24.156 y normas vinculadas- en el sentido de no tomar deuda pública para financiar gastos corrientes, norma que se vulnera abiertamente por su operatoria y por su aplicación a la cobertura del Déficit Fiscal. La asunción de deudas sin la debida demostración de la capacidad de repago constituye en realidad, no sólo una manifiesta irresponsabilidad financiera violatoria de los deberes y funciones de  los  funcionarios públicos, sino además, una causal de ilegitimidad en sí misma para el Estado. Que gobiernos irresponsables tomen deuda que no se puede pagar y acreedores financieros -que son especializados en la materia- toman y/o colocan las mismas que saben que la deudora no va a poder pagar, es una actitud irrefutable que asocia a la banca especulativa internacional prestamista con la complicidad de los funcionarios superiores del Estado que la contraen. Intereses y condicionamientos conexos son las células cancerígenas del sistema de deuda impagable que carcome la vida de los pueblos.

 

La competencia y el individualismo inundaron no sólo las políticas económicas, sociales y educativas, sino que se instalaron en el devenir cotidiano. Por cierto, ello fue logrado con una determinante presencia del Estado. El interés en hacer aparecer a los tiempos del neoliberalismo como un período de ausencia del Estado hace a la esencia de su discurso. Sin embargo, para instalar esa política fue necesaria una gran actividad estatal. Es un argumento falaz sostener que el Estado no estuvo presente. Por el contrario, se lo utilizó activamente en el diseño y sostén de las políticas económicas que promovidas desde los grandes centros de decisión internacionales, amparadas en lo interno por sectores económico-financieros locales, los grandes medios de comunicación, y las políticas represivas que se implementaron para marginar a amplios sectores sociales y políticos. La actividad del Estado que se impidió fue otra, es la que debía realizar   en   el   plano   económico-social   en   beneficio   del   pueblo,   para   lograr   superar    el

 

103 Eduardo Barcesat, “Hacer un Nuevo Paradigma en el saber de los juristas”, Procuración del Tesoro de la Nación, Escuela de Abogados del Estado, Clases Magistrales 2014-2015, págs., 95 y 98.

 

condicionamiento socio-económico que impide la vigencia de los más elementales derechos humanos básicos.

Por ende, se puede afirmar que los mentores del neoliberalismo cuando  critican al Estado no se refieren al que utilizó para instalar sus políticas; sino lo que están criticando y tratan de evitar es la necesaria presencia de un Estado activo, dotado de los recursos humanos, técnicos y financieros en defensa de los intereses nacionales y populares. Al Estado que  fije límites a los poderes económicos y financieros que han minado el fundamento democrático de la vida social, como asimismo los derechos y libertades del pueblo. Entonces es indispensable ser precisos y poner de relieve durante el debate político a qué concepto de Estado se  hace referencia. Por nuestra parte bregamos por un Estado “activo” que impulse el progreso de la Justicia que es el sentido esencial de la historia. El otro Estado, al estilo de la centuria pasada, constituye un claro anacronismo histórico.

Estamos, pues, ante uno de los mecanismos de despojo/saqueo, instrumentado desde los países centrales y sus corporaciones financieras, en pugna con el desarrollo autónomo de los países periféricos/dependientes. Los antecedentes normativos que surgen del nuevo derecho internacional de los Derechos Humanos, permiten sostener que la inmunidad de jurisdicción de un Estado es la directriz general y cuenta con la fuerza de una norma de derecho consuetudinario imperativo -ius cogens- ajustado al sistema del Derecho Internacional  Público. No se puede obviar que el sistema de los tratados de derechos humanos, como el “Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales”, que ha sido incorporado con jerarquía constitucional en nuestro país, postula que en la utilización de los recursos se dará debida prioridad a la efectividad de los derechos previstos en el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar a todos la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y la prestación de los servicios esenciales. Por lo tanto, es imprescindible sostener la necesidad de que prevalezcan normas constitucionales que expresamente son de orden público -por ende imperativas y no disponibles por los poderes constituidos-,  por lo que impiden ceder un atributo de soberanía cuál es la función jurisdiccional.

 

Los problemas que crea el subdesarrollo y la dependencia exterior no pueden atribuirse a errores o deficiencias en la aplicación de la política neoliberal, sino a factores estructurales muy conocidos que esta no puede resolver, razón por la cual lo que urge  es erradicar las causas que frenan el progreso económico y el bienestar social de las naciones. Y para ello con activas políticas de estado hay que defender la riqueza nacional e impedir su fuga, aumentar el poder de capitalización de la economía en su conjunto, intensificar la explotación de los recursos naturales, apoyar el acceso a la tierra y a la maquinaria agrícola a quienes desean trabajar en el campo, expandir el mercado interno, impulsar el proceso de industrialización, posibilitar a los sectores trabajadores una mayor participación en la renta nacional y, en fin, poner en vigor leyes y servicios sociales indispensables para la protección de los valores humanos104.

 

Bien señalaba Sampay que la expresión elíptica desarrollo político, tiene como significado la búsqueda del régimen político que sea el más apropiado para impulsar el desarrollo económico de un país en cierta etapa de su evolución histórica. En esencia, pues, el desarrollo político sólo es posible con las estructuras político-institucionales más adecuadas para un acelerado desarrollo económico. Y el desarrollo económico, como se sabe, consiste en establecer las estructuras socio-económicas más aptas para explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política a fin de multiplicar la productividad del trabajo social, para que todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales y culturales de la civilización. Dicho en otros términos: el desarrollo político comprende el conjunto de cuestiones

 

104 Conf., Jorge Francisco Cholvis, “Proyecto Nacional y Constitución. Normas de Política Económica Constitucional”, Revista de Derecho Público, Año II – N° 8, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, agosto 2014, pág. 47.

 

relativas a la instauración de una Constitución justa, pues, en su integridad la Constitución es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución formal)105. El debate sobre la democracia es, en las condiciones actuales, una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. Pero, también se transforma en una polémica respecto de la eficacia de la democracia. Los dilemas de la legitimidad política, como se refieren al rumbo, al sentido que la sociedad habrá de tomar, propician el debate sobre los grandes temas del desarrollo político y económico. La cuestión de la legitimidad política lleva así directamente al tema institucional, y al diseño del que sea mejor para lograr ese desarrollo.

 

En nuestro tiempo la ecuación independencia política formal – dependencia económica real aún continúa expresando la contradicción polar característica de la sociedad internacional contemporánea. La misma subraya la situación de la mayoría de los países que no han alcanzado un desarrollo pleno y define los rasgos esenciales del neocolonialismo. El primero de esos elementos apunta a datos jurídico institucionales que conforman el concepto  de soberanía estatal; el segundo, en cambio, traspasa los velos de la estructura institucional y muestra una situación de subordinación, de falta de verdadera autonomía, que se contrapone al concepto legítimo de soberanía. La falta de independencia económica incide en la pérdida de la independencia política, pues quien controla la economía de un Estado domina también su política nacional e internacional. Por otra parte, dependencia económica y subdesarrollo operan como factores en directa interacción y aseguran la subsistencia de las estructuras que impiden una efectiva vigencia de la soberanía. Ello incide directamente en el  condicionamiento socioeconómico que ocasiona la falta de vigencia en los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afecta a la mayoría de la población.

Actualmente, un restaurado proyecto conservador neoliberal se está ejecutando en la Argentina, y afecta gravemente conquistas logradas a partir de mayo de 2003 y al consiguiente goce efectivo de los derechos humanos básicos. Nuevamente formulamos el interrogante: ¿Puede sostenerse que existe una nueva legitimidad política en Argentina que justifique tal retroceso, aunque la ausencia de un ganador claro y hegemónico en la última elección la acerca más a un empate en el resultado? Este gobierno de grandes grupos empresarios concentrados y sus gerentes de bancos y financieras está implementando sufridas políticas que dejan sin trabajo y ocasionan agudas carencias a los sectores populares: hambre y miseria. Es volver al 2001.

 

Las necesidades y las nuevas situaciones de una sociedad dependiente exigen ser encaradas por nuevos modelos y fórmulas políticas. Para lo cual es indispensable articular el plano teórico con la praxis política. Es imprescindibnle que los sectores del campo popular adviertan la necesidad de readecuar rumbos para retomar la construcción de un proyecto político superador. Sin duda, como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha  por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación. Se debe tener en cuenta que la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos, y que la debilidad se transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo. Llegará entonces una nueva emancipación social, cultural y económica.

Ahora estamos en la segunda década del siglo XXI con el retroceso a cuestas que implicó dejar atrás la etapa iniciada en mayo de 2003. Es tiempo que las distintas expresiones políticas y  sociales  expresen  sus  opiniones  sobre  el marco  constitucional  que  debe  presidir el

 

105 Arturo E. Sampay, “Constitución y pueblo”, págs. 251/255, 2ª  edición, Buenos Aires, 1974.

 

desarrollo político y social del pueblo argentino. Quizás la mayor de las dificultades a vencer, casi insalvable hasta el presente, son las actitudes que llevan al enfrentamiento del campo popular con los dogmatismos de aquellos que porfían imponer ideas abstractas o alejadas de los problemas de nuestra realidad. Es imprescindible erradicar las falsas antinomias o sectarismos estériles, y evitar un nuevo desencuentro en las filas del pueblo. En la senda hacia ese alto objetivo, el accionar de los sectores mayoritarios otorgará la legitimidad y la fuerza requerida para efectivizar las decisiones a fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico autónomo, lo que permitirá obtener los bienes materiales y culturales que todo argentino de bien desea y merece. La difícil tarea será delinear un espacio donde se puedan superar epidérmicas y circunstanciales diferencias, y contribuir así al examen y debate de los más serios problemas nacionales, para lograr el objetivo primordial de instituir y consolidar un Proyecto Nacional, Popular y Democrático acorde con las aspiraciones y necesidades actuales de nuestro Pueblo. Con su necesaria participación protagónica, una Nueva Constitución será el futuro del Proyecto.

 

Castelar, abril de 2017.

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