Motor Económico edita hoy la primer parte de una serie de informes sobre la determinación del Gobierno Nacional de Mauricio Macri de ir por el cierre, decomiso, multas, quites de pautas publicitarias (nacionales, provinciales y municipales) de radios AM/FM y TV en WEB comunitarias, locales, zonales, regionales y universitarias, entre otras.

ALERTA ROJA: EL GOBIERNO IRÁ POR LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Por Héctor Sosa

El plan de ir por una hiperconcentración mediática lo llevan adelante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), equipos técnicos/legales del Grupo Clarín y los ministerios de Comunicación, Cultura y Hacienda. Incluye el decomiso, cierre y clausura de medios.

 

Por Héctor Sosa*

Motor Económico

Parte 1

 

Motor Económico edita hoy la primer parte de una serie de informes sobre la determinación del Gobierno Nacional de Mauricio Macri de ir por el cierre, decomiso, multas, quites de pautas publicitarias (nacionales, provinciales y municipales) de radios AM/FM y TV en WEB comunitarias, locales, zonales, regionales y universitarias, entre otras.

La intención es desmantelar un circuito -con más de 30 años de existencia- de producción, gestión y comunicación propia con sus diversidades e identidades autonómicas, que lo convierte en un enorme espacio de expresión popular, y que la actual gestión lo tuvo en la mira desde que intervino ilegalmente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) surgida a partir de la sanción- por mayoría del Congreso- de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.

La mayoría de los funcionarios que hoy integran el gobierno PRO/UCR siempre transitaron las cómodas y amplias bondades que le ofreció el grupo oligopólico Clarín. Miles de horas en sus canales y radios, a cambio de oponerse a la Ley de Medios, negarse a estatizar Papel Prensa y lograr la eliminación casi 6.700 medios audiovisuales que existen en toda la Argentina según relevó este medio o 10.000 para la “Red de Medios Populares” quienes adjudican el crecimiento de pequeños medios a la la llegada de nuevos soportes tecnológicos.

Nada ha sido improvisado en el campo comunicacional-cultural. En tan sólo 13 meses destruyeron gran parte del AFSCA, fueron por la Ley de Actores y en estos últimos días el Estado puso sus garras sobre el INCAA. Allí, ahora el mando lo tiene un hombre del Grupo Clarín, Nicolás Yocca quien fue designado como Gerente de Administración del organismo.

A artistas, directores, productores, cineastas y numerosas entidades ligadas al campo de la Industria Cultural y Comunicacional, se les arrebata sus autonomías.

¿Las razones?

  1. a) No pueden quedar trabajadores y funcionarios que simpaticen o hayan estado ligados al gobierno anterior. b) Necesitan realizar ajustes de fondo y pasar al campo privado los espacios ganados por un estado presente. C) Quieren evitar erogaciones de las grandes empresas a organismos estatales o autónomos. De este modo, creadores, grupos y equipos de trabajo se quedarían sin producir contendidos por no contar con el apoyo del Estado.

Con la bitácora puesta en esa lógica liberal, ahora (pueden ser días o meses) el Grupo Clarín, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y los ministerios de Comunicación, Cultura y Hacienda van por los espacios comunicacionales construidos con enormes esfuerzos colectivos, son ellos las radios AM/FM y las TV/WEB, nacidas al calor del inició de la democracia en 1983, y que fueron adquiriendo un valor social cada vez más fuerte a partir del voraz proceso de concentración económica que se dinamizó desde 1990. Dieron voz e imagen a quienes no podían contar sus problemas en los emporios de la Industria de la Comunicación.

Durante el gobierno anterior, la ex diputada Silvana Giudici afirmaba:”la Ley de Medios ataca a la libertad de expresión, y se hizo sólo para destruir al grupo Clarín. No entiendo para qué hay miles de medios, que no ven, ni escucha nadie”(2014). Sus dichos no eran por ignorancia. Era una posición política.

La actual integrante de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo que reemplazó al AFSCA, es quien junto a los letrados de Clarín están ordenando formas legales (o no tanto) para destruir a esos miles de medios y miles de puestos de trabajo.

Giudici se encuentra entre los funcionarios que más cámara han tenido en los últimos años en TN, Canal 13 y el Grupo Vila-Manzano de América TV. Lo curioso es que casi nunca habla de sus funciones. La mayoría de sus exposiciones están ligadas a “la corrupción K”.

Vale señalar que la Fundación LED tiene relaciones directas con el Partido Republicano de los Estados Unidos, un sector del Partido Demócrata, con las cámaras patronales de medios de Argentina y América Latina, como son ADEPA y la SIP y con las organizaciones y dirigentes golpistas de Venezuela, entre ellos Leopoldo López y Henrique Capriles.

Quien debería apoyar a miles de pequeñas radios afirmaba hace un mes atrás: “es necesario que en Argentina exista un mercado con competencia, con mejores servicios, y que garantice el libre acceso a la comunicación de todos los ciudadanos, sobre todo luego de la irrupción de Internet en el paradigma de las comunicaciones audiovisuales y las telecomunicaciones. Por ello hay que abrir más el sentido de competir” (se refiere a los medios monopólicos y oligopólicos).

La dirigente de la UCR está recorriendo ahora Argentina promoviendo ideas “innovadoras” como “todos con internet”, lo que no dice, ni dirá es: todos a capacitarse para construir comunicación y medios propios.

¿Y por qué ir sobre los pequeños y medianos medios zonales, barriales y locales?

1) El 70% de ellos tienen pequeñas pautas publicitarias de los municipios o comercios y entidades sociales de sus zonas de influencia. Sólo basta realizar una cuenta simple: si cada medio, de los más de 6.000 existente tienen 10 auspicios (como mínimo) hay dando vueltas 60.000 pequeñas publicidades, ¿qué grupo empresarial no querría para sí estas publicidades?. Ya ocurrió cuando en los ´90 fueron por los pequeños y medianos sistemas de cables locales, al tiempo que irrumpían los diarios zonales (Clarín y La Nación) que veían como los medios locales tenía un paquete publicitario apetecible, especialmente en periodos de crisis económica. El cambio tecnológico/laboral, hizo que la prensa gráfica comenzara a perder peso en esos lugares. Por ello, el objetivo en común del gobierno y los empresarios es ir ahora por los espacios audiovisuales.

2) A instancias de la discusión, debate y aprobación de la nueva LEY de Medios, comienzan a producirse cambios con una dinámica más fuerte en el reconocimiento del valor educativo, social, solidario y comunicacional que lograron radios de mediano y bajo alcance y Tv comunitarias. Bien señala el periodista y especialista en medios, Fernando Torrillate ex integrante del AFSCA: “uno de los hechos más importantes que realizó el Estado durante la vigencia de la Ley fue el fomento y financiamiento para el surgimiento de nuevos medios y el fortalecimiento de los existentes”.

A sabiendas de la riqueza que Argentina produzco en el campo de medios populares, pero teniendo en cuenta las enormes complejidades técnicas para adjudicar licencias, actualizar en términos de capacitación a sus trabajadores y e incorporar nuevos soportes tecnológicos, resultaba altamente difícil lograr un equilibrio que posibilite el funcionamiento de todos los ellos.

Sin embargo, Torrillate precisa que: “una forma que se aplicó para evitar todo tipo de censura y darnos el tiempo para el ordenamiento general del espacio comunicacional del país, fue otorgar ´autorizaciones´ a radios que producían los pueblos originarios, escuelas, universidades, municipalidades y barrios. Ya que los procesos de licencia, eran mucho más complicados, por la gran cantidad de normas y formatos distintos que se aplicaban de acuerdo a la Ley de la Dictadura”.

Andrea Icerra, abogada, periodista y una profesional que evitó numerosos decomisos de equipos afirma:”el gobierno y Clarín hacen lo mismo que hacía Menem y el mismo grupo: arrasan. No tienen ningún interés por el rol social de un medio barrial, conozco a Giudici, es una emisaria del grupo. Trabaja al servicio de impedir el apoyo a los medios comunitarios, universitarios, de clubes u organizaciones. Y ha centrado su tarea en distribuir las pautas publicitarias del gobierno en los grandes medios”.

En relación a ello, vale ver algunos números de las últimas pautas ya dadas:

Grupo Clarín: $ 143.797.764

Grupo Indalo: $ 67.253.208

Grupo Crónica: $ 46.397.628

La Nación: $ 42.914.008

Telefónica: $ 36.356.783

Grupo Uno: $ 34.714.928

Diario Popular: $ 15.414.897

Facebook: $ 12.992.647

Google: $ 11.693.703

Diario La Capital (Mar del Plata): $ 4.348.581

Diario Río Negro: $ 3.017.915

Diario El Día (La Plata): $ 2.799.678

Infobae: $ 2.679.436

 

LUZ ROJA

Y es aquí donde aparece una enorme luz roja para miles de comunicadores de toda la Argentina. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales pertenecientes al PRO/UCR ya tienen la orden estricta de no otorgar ninguna pauta a pequeños y medianos medios. Mientras, el Ministerio de Educación resolvió achicar al mínimo todo presupuesto que vaya dirigido a escuelas o facultades que tengan radios, TV o diarios propios.

Hace apenas un mes salió en el Boletín Oficial una información que tuvo un blindaje de acero. Salvo algunas organizaciones o los propios medios afectados, muy pocos se percataron de la gravedad:

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una Resolución que otorga a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del organismo la facultad de disponer la “clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso”, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, “con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

La Resolución 2064-E/2017 tiene fecha del 31 de marzo. Sin embargo es publicada el jueves 6 de abril, día de paro nacional.

El texto otorga a la mencionada Dirección la posibilidad de decomisar equipos y hasta clausurar emisoras no autorizadas o en infracción, junto con el Poder Judicial y la fuerza pública. Si bien esto es algo que ya el Estado podía hacer, resulta peligroso para el amplio campo de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, pues muchas de sus emisoras no han concluido la parte jurídica, dado el giro pro-empresarial que tomó el ENACOM, y el no respeto a la ley que otorgaba autonomía al AFSCA, por lo tanto, la casi totalidad de las emisoras, vuelve a una situación similar a 20 años atrás.

En estos meses de gobierno conservador/liberal se pudo apreciar que se construyó una “Campaña de Guerra Mediática” hacia el gobierno anterior, los trabajadores, sus organizaciones, los espacios culturales del Estado, las PYMES y dirigentes sociales, gremiales y políticos que tiene como principal objetivo estigmatizar todo lo que sea ORGANIZACIÓN o un ESTADO PRESENTE. Por ello, no debe asombrar que los diarios Clarín y La Nación, volvieran a utilizar términos como “radios truchas”, “radios ilegales”, “no pagan impuestos” y más.

Tampoco deben asombrar, las últimas declaraciones de enero 2017, cuando el flamante ministro de Hacienda, Nicólas Duvjone, manifestó su deseo de modificar el sistema tributario. Para ello pidió informes a la Fundación para Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) desde donde proponen una reforma fiscal e impositiva que, de aplicarse, desfinanciaría diversos fondos. Entre las sugerencias que trae ese manual está la eliminación de la tasa reducida, exenciones del IVA y del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. Este último se cobra a todos los medios que pagan porcentualmente por la facturación publicitaria.

“Dejar sin efecto este impuesto que se abona sobre la publicidad facturada significaría beneficiar fundamentalmente a las corporaciones mediáticas, mientras se nos estaría quitando a los medios de nuestro sector una fuente de ingresos que contribuye a nuestro fortalecimiento”, denuncian en un comunicado el espacio de coordinación Interredes, que agrupa a las distintas redes de medios comunitarios como AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Red PAC, CONTA y Arecia.

En los momentos más complejos de los años 90 a las emisoras barriales que intentaron cerrar, las defendían sus trabajadores y el barrio. Hay muchos ejemplos. Y hoy vuelve a tener validez la enorme necesidad de seguir fortaleciendo la relación de los medios comunitarios con el contexto social que los rodea.

El periodista, comunicador, docente y uno de los impulsores de la construcción de medios locales, Javier Romero, dijo a Motor: “se torna indispensable fortalecer una red de redes. Ahora hay posibilidades técnicas para hacerlo. Si tocan a uno nos tocan a todos. Hemos aprendido en estos años a defender nuestras conquistas. Por ello, debemos estar atentos a todo intento del gobierno de cerrar un canal de expresión. Cerrar un medio es censura. Saben que hay una enorme batalla en el campo cultural-comunicacional, por ello hay que prepararse para una disputa fuerte, dura y de larga duración”.

Cuando se estigmatizan las conquistas sociales como “beneficios”, o el dar espacio a nuevas formas de comunicación como “ataque a la libertad de expresión”, quizás se hace necesario enumerar algunas acciones concretas tomadas en gestiones anteriores del AFSCA, especialmente la última que desarrolló Martín Sabatella.

  • Se adjudicaron 171 licencias a empresas proveedoras de servicios de TV por cable, de las cuales 82 pertenecen a cooperativas.
  • Se crearon 290 radios educativas, pertenecientes a escuelas públicas, centros juveniles e institutos de Educación Superior y universidades.
  • De ese conjunto, 278 corresponden a radios de escuelas públicas, centros juveniles e institutos educativos, mientras que otras 12 FM fueron asignadas a universidades.
  • Se crearon los Consorcios de Universidades del Noroeste y el Sur del Conurbano Bonaerense. En el primer caso, conformado por siete universidades, para lanzar el canal Televisión Universitaria TV (TUTV), y en el segundo por cuatro, para consolidar Unisur TV.

*Se autorizaron 56 emisoras de Comunidades Originarias, en 14 provincias del país. Entre ellas, se autorizó el primer canal de aire de televisión de una comunidad mapuche, Wall Kintun TV, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Vale enumerar algunas de las realizaciones concretas, incluso con errores cometidos, porque la diferencia entre un ESTADO PRESENTE y EL LIBRE MERCADO ULTRALIBERAL es justamente, la posibilidad de crear espacios para equilibrar desigualdades.

Y en éste mundo donde se libran nuevas “guerras” en el campo virtual es imprescindible la defensa de cada uno de nuestros medios, no de forma corporativa, sino con el conjunto de la sociedad. Mover las ideas, y Mover la defensa de nuestra comunicación. Vital para los tiempos que vienen.

 

*Docente. Editor de Motor Económico y de La Nave de la Comunicación.