Cacetta y Rovito (FOTO) fueron salpicados con acusaciones injustificadas de corrupción desde un medio masivo, una práctica deleznable: Si tienen algo que vayan a la justicia.

PARA LOS QUE QUIERAN ENTENDER EL PROBLEMA DEL CINE

Por Fernando Peña

La reacción de la comunidad audiovisual está justificada también por la cuestión de la “convergencia” porque efectivamente es algo que se conoce poco, que está sucediendo y se está regulando y en ese proceso las empresas que hoy pagan al Enacom el canon que alimenta al cine argentino -pero también al teatro y a la música- podría dejar de pagarlo mediante el simple trámite de cambiar de rubro aunque en la práctica se dediquen a lo mismo.

Por Fernando Peña
NAC&POP
18/04/2017
Gentileza de Eva Piwowarski y Julio Fernandez Baraibar

La impresionante reacción de la comunidad audiovisual ante la opereta mediática de Feinman-Fantino y la sincronizada expulsión de Alejandro Cacetta del INCAA provocó en el gobierno varias reacciones interesantes.

Marcos Peña posteó un texto en el que pretende llevar tranquilidad al sector pero para hacerlo da como ejemplos el Bafici, Tecnópolis, el CCK y el Teatro San Martín, todos los cuales sufrieron lo suyo bajo la gestión Pro.

Tampoco resulta muy tranquilizador el respaldo del presidente Macri a la actuación de su ministro Avellutto porque ese respaldo se expresó con una frase que naturaliza una vez más la persecución ideológica (Cacetta “no quiso enfrentar a la segundas líneas, que son kirchneristas”).

En todos los casos se insiste en que la reacción de las entidades fue una sobreactuación y que no hay ninguna intención de cambiar la ley de cine que crea el Fondo de Fomento administrado por el INCAA.

Ayer se difundió además una nota de José Crettaz en La Nación que se equivoca en algunos datos importantes (como la fecha de la fundación del Instituto) lo que echa una sombra de duda sobre el resto de su información.

Crettaz viene escribiendo con entusiasmo sobre la “convergencia digital”, tema sobre el que parece mejor informado y que apenas roza en su nota de ayer.

Personalmente creo que la reacción está justificada por varias cosas, empezando por el modo en que Cacetta y Rovito fueron salpicados con acusaciones de corrupción desde un medio masivo, una práctica deleznable que en los últimos años aparece naturalizada de manera alarmante en varios frentes.

Ya no hace falta, como me enseñaron de chico, probar una acusación sino que basta con formularla enfáticamente para que el acusado sea juzgado y hasta castigado, todo de manera apócrifa pero muy concreta para el perjudicado.

Para mejorar su credibilidad, el ministro Avellutto podría haber por lo menos condenado esa práctica, que es indeseable en cualquier contexto político.

No lo hizo y tampoco lo hizo Ralph Haiek, que compartió con Cacetta las responsabilidades de su gestión y sin embargo resultó premiado con la confianza del ministro, lo que es por lo menos contradictorio salvo que Haiek tuviese grandes diferencias con Cacetta que hasta ahora no se divulgaron.

La reacción de la comunidad audiovisual también está justificada por la cuestión de la “convergencia” porque efectivamente es algo que se conoce poco, que está sucediendo y se está regulando y en ese proceso las empresas que hoy pagan al Enacom el canon que alimenta al cine argentino -pero también al teatro y a la música- podría dejar de pagarlo mediante el simple trámite de cambiar de rubro aunque en la práctica se dediquen a lo mismo.

Las entidades que representan a los trabajadores audiovisuales harán bien en estar unidas y mantenerse atentas a que un cambio sutil de función (por ejemplo, “transmisión de datos” en lugar del ahora vetusto “radioteledifusión”) no deje a las empresas fuera del gravamen.

Esa maniobra no necesita cambiar la ley de cine sino sólo dejarla como está, que es justamente lo que promete el oficialismo.

 

Lo ideal sería actualizarla para incluir las consecuencias tecnológicas de la “convergencia” y los nuevos modos de comercialización y consumo audiovisual, algo que Crettaz pone en su nota pero en condicional porque realmente depende de la movilización y participación de las entidades.

Finalmente, la reacción también se justifica por el contexto.

No hace falta ser kirchnerista para advertir que este gobierno es favorable a la eliminación de retenciones, impuestos y costos a los grandes grupos económicos.

Es una política legítima, que se suele identificar con la derecha y con la que también es legítimo no acordar e incluso resisitir.

Ponerse del lado de los empresarios en este caso sería más coherente con esa política que con el declamado afán de “transparencia”, bandera que una inmensa mayoría compartimos pero que nunca termina de levantar realmente ningún campeón.

Y si en definitiva todos los que reaccionamos estuviésemos equivocados y hubiésemos sobreactuado la reacción, no sería realmente más grave que la sobreactuación del grupo Clarín cuando para combatir a la Ley de Medios decía cosas como “TN puede desaparecer” cuando lo que desapareció en cambio fue la Ley de Medios.

De ella sólo quedan en pie los gravámenes a las empresas de radioteledifusión porque todavía no se pueden hacer reformas impositivas por DNU.

Es gracias a esa tenue circunstancia que hoy sigue existiendo un cine argentino.

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