La Coalición por una Comunicación Democrática recuerda el mandato constitucional sobre las garantías para el debido ejercicio de la libertad de expresión.

UN MODELO FUERA DE LA LEY

Coalición por una Comunicación Democrática

La actual gestión ha asaltado por decreto la autoridad regulatoria de las comunicaciones; actúa con celeridad para otorgar espectro a los amigos y para clausurar pequeñas emisoras, pero lleva más de un año y medio debatiendo en secreto una futura ley a espaldas del Congreso.

COALICION

11 abril, 2017

Declaración de la Coalición por una Comunicación Democrática

UN MODELO CON REPRESIÓN Y FUERA DE LA LEY

 El desalojo compulsivo de docentes que intentaban levantar un aula itinerante frente al Congreso de la Nación para informar a la población sobre sus reclamos constituye un acto de censura y un ataque contra la libertad de expresión por parte de un gobierno que dice invocar la ley pero se aparta de ella.

La actual gestión ha asaltado por decreto la autoridad regulatoria de las comunicaciones; actúa con celeridad para otorgar espectro a los amigos y para clausurar pequeñas emisoras, pero lleva más de un año y medio debatiendo en secreto una futura ley a espaldas del Congreso.

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Frente a estos hechos, la Coalición por una Comunicación Democrática recuerda el mandato constitucional sobre las garantías para el debido ejercicio de la libertad de expresión y la obligación del Estado de abstenerse de impedir por medios directos o indirectos la búsqueda, recepción o difusión de ideas y opiniones sin obstáculos de ningún tipo.

La Constitución Nacional, los Pactos y Tratados Internacionales son claros en cuanto a que la libertad de expresión protege tanto al orador de la esquina (como es el caso de los docentes reprimidos) como a los medios silenciados por la concentración mediática o impedidos del acceso a facilidades esenciales como las frecuencias radioeléctricas.

Tal es el caso de las emisoras cuyo cierre denunció la CCD en su comunicado [1] del 13 de marzo último, situación que se agrava ahora mediante la Resolución 2064-E/2017 por la que se establece un procedimiento sumarísimo para “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa/y o comiso (sic) según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

Tal disposición se aparta claramente de lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 26.522 (en vigencia) que dice: Emisoras ilegales.

 Hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización de espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión.

En caso de encontrarse la emisora en condiciones de haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición para el dictado del acto administrativo.

El loteo comercial del espectro radioeléctrico sin un marco jurídico que ofrezca las garantías constitucionales necesarias puede causar graves daños a la libertad de expresión en la Argentina.

La CCD responsabiliza al gobierno de Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por la falta de normalización del espectro radioeléctrico y el dictado arbitrario de decretos y resoluciones que colisionan con leyes en vigencia y afectan derechos personales y colectivos.

El clima de intimidación se extiende también a medios y periodistas que, en un acto de autocensura, omiten llamar a la represión por su nombre -como sucedió con los docentes- o que estigmatizan la protesta social mientras permanece sin sanción definitiva la ley de Publicidad Oficial.

En consecuencia reclamamos que cese la persecución a la libre expresión del pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, por medios electrónicos o cualquier otro procedimiento), que se ofrezcan garantías de debido proceso a los radiodifusores tal como manda la ley, que se promueva y proteja el espacio audiovisual nacional y los contenidos argentinos, se cumpla con los fondos de promoción de medios sociales y comunitarios (FOMECA) y se respeten los mecanismos democráticos para la sanción de leyes con la debida intervención del Congreso de la Nación.

Coalición por una Comunicación Democrática
11 de abril de 2017.

[1] “Legalizar las FM en lugar de perseguir y clausurar”, Comunicado CCD, 13/03/17:

 

LEGALIZAR LAS FM EN LUGAR DE PERSEGUIR Y CLAUSURAR

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COALICION

13 marzo, 2017

La Coalición por una Comunicación Democrática alerta sobre el proceder represivo y de amedrentamiento llevado adelante por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) —con auxilio de Gendarmería en algunos casos— a diversas radios de Frecuencia Modulada registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes.

En estos operativos, realizados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, a algunas emisoras se les decomisaron equipos y se las clausuró sin intimaciones previas.

Tales hechos se agravan por acciones legales que suponen, en los hechos, un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión.

El pasado 7 de marzo, Radiodifusores de Formosa señalaron en su Declaración que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, puedan ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

El argumento de los procedimientos llevados a cabo en Formosa contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, alude a improbables interferencias al aeropuerto de Resistencia, Chaco.

Adicionalmente, dos camionetas del ENACOM recorrieron toda la ciudad de Formosa y aledaños en supuestas maniobras de verificación técnica.

Adherimos al comunicado de la Asociación de Radiodifusores Formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.

La ilegalidad de fondo está causada por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, al asumir en 2015, usurpó las facultades naturales del Congreso de la Nación y legisló por Decreto, para favorecer los negocios de los grandes grupos multimediáticos privados.

Los operativos del ENACOM también se realizaron en Chaco, Corrientes y en una emisora de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en algunos casos con avasallamiento de derechos otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigentes.

También merece nuestro repudio un peculiar operativo fiscal contra emisoras radiales —con amenazas de clausura incluidas—, realizado a fines de enero de 2017 por la Intendencia de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

Cabe señalar que un presunto recupero de deudas o regularización fiscal no puede en modo alguno violar el derecho federal y constitucional a la libertad de expresión, excepto que sea ordenado por autoridad judicial competente.

Ante la existencia de una multiplicidad de emisoras censadas por el ex AFSCA en 2011, y dada la imposibilidad de medios comerciales y sin fines de lucro de obtener su licencia, resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país.

La Coalición por una Comunicación Democrática sostiene que el derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

 Coalición por una Comunicación Democrática

13 de marzo de 2017

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