Autoridades de DDHH, abajo firmantes, expresan decepción y preocupación ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificando a las resoluciones de la CIDH como de no cumplimiento obligatorio.

LA CORTE DEBILITA LA PROTECCIÓN INTERAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Consideramos que esta decisión constituye un retroceso gravísimo, que coloca a la Argentina fuera del sistema interamericano de DDHH que permite garantizar la protección efectiva de los DDHH en la región.

 

Autoridades de DDHH, abajo firmantes, expresan decepción y preocupación ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificando a las resoluciones de la CIDH como de no cumplimiento obligatorio.

 

Consideramos que esta decisión constituye un retroceso gravísimo, que coloca a la Argentina fuera del sistema interamericano de DDHH que permite garantizar la protección efectiva de los DDHH en la región.

 

Además lo resuelto por la Suprema Corte, “borra con el codo lo que firmaron con la mano” el propio Tribunal Supremo hace un tiempo, generando una bochornosa y peligrosa  contradicción que atenta a la seguridad jurídica, tantas veces esgrimida por los mismos protagonistas, como ideario de calidad institucional.

 

Se suma el maltrato a la propia lógica de la Constitución reformada en el año 94, que incorpora las convenciones y tratados internacionales con jerarquía constitucional y por lo tanto el carácter vinculante de los mismos al derecho interno.

 

Esta medida, que huele más a un fallo de época, donde de un modo sistemático se relativizan los grandes avances en Materia de DDHH producidos en la conciencia de la humanidad y que tuvieron un ejemplar y eficaz desarrollo en nuestro Pais constituyendo un sólido pilar de calidad y profundidad democrática, nos plantea interrogantes de que con resoluciones de este tipo y contenido, se resiente e hiere las redes jurídicas del Estado de Derecho de protección integral de los Derechos Humanos.

 

Justo en tiempos que en la Argentina, asistimos a preocupantes novedades de consumación de vulneración de derechos, como la reducción del índice que establece los aumentos jubilatorios establecidos en la ley de movilidad jubilatoria, que golpea a un sector ya afectado por la reducción de la cobertura de medicamentos y la disminución de recursos para fortalecer las políticas de combate efectivo a la Violencia de Género, uno de los temas centrales que desafían la agenda institucional de DDHH en la Patria y el mundo.

 

Lilia Marien Marchesini

Ministra DDHH – Misiones

 

Hugo Raúl Figueroa

Secretario DDHH – Santiago del Estero

 

Erika Brunoto

Secretaria DDHH – Tucumán

 

Juan Carlos Goya

Secretario DDHH – Chaco

 

Horacio Pietragalla

Secretario de DDHH – Santa Cruz

 

Antonio Curciarello

Secretario DDHH – La Pampa

 

Delfor “Pocho” Brizuela

Secretario de DDHH – La Rioja

 

Matias Germano

Secretario de DDHH – Entre Rios

 

Chochi Vazquez

Subsecretario de DDHH- Misiones

 

Silvia Robles

Subsecretaria de Memoria-Verdad y Justicia – Chaco

 

Graciela Leyes

Subsecretaria DDHH integrales – Misiones

 

Hernán Velárdez Vaca

Director de DDHH – Catamarca

 

Julio Garcia

Subsecretario de Promoción de DDHH – Chaco

 

Alicia Comelli

Subsecretaria de DDHH -Neuquén

 

Sergio Mingrino

Secretario DDHH – Tierra del Fuego

 

……….

LA CORTE DEBILITA LA PROTECCIÓN INTERAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS

CONSIDERÓ QUE LOS FALLOS DE LA CIDH NO PUEDEN REVOCAR SUS SENTENCIAS

El máximo tribunal consideró que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden revertir sus fallos y dejó en un limbo el carácter vinculante de esas resoluciones. La posición fijada por la Corte podría tener implicancia en futuros reclamos, como el análisis sobre la detención de Milagro Sala.

 

14 de febrero de 2017

Pagina12 | El país

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(Imagen: Leandro Teysseire)

La Corte Suprema de Justicia resolvió que un fallo de un tribunal internacional no puede revertir una de sus sentencias y afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es una “cuarta instancia” revisora para el país. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron la resolución y afirmaron que “deja a las víctimas de violaciones de los derechos humanos desprotegidas ante poderes judiciales que han sido y son incapaces de dar respuestas”.

El fallo se da en el marco de la causa “Fontevecchia y otros c/República Argentina”, en la que se analizaba la condena por daños y perjuicios contra la Editorial Perfil tras una denuncia del expresidente Carlos Menem.

El 25 de septiembre de 2001, la Corte confirmó un fallo que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Menem por lesiones a su “derecho a la intimidad” debido a una nota de la revista Noticias que mencionaba la existencia de un hijo no matrimonial del exmandatario. Luego de un reclamo ante el Sistema Interamericano, en el año 2011 la CIDH dictó por unanimidad una resolución contra la Argentina y ordenó revocar esa sentencia al señalar que “no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios cuando la prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público”.

En el acuerdo de hoy, el máximo tribunal desestimó la presentación de la Cancillería por la cual se solicitaba que, como consecuencia de esa resolución de la CIDH, se dejara sin efecto la sentencia de 2001. “Si la Corte tuviese que revocar su propia sentencia firme, estaría perdiendo su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino, en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional”, sostiene el fallo.

Los jueces aclararon que eso “no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la CIDH” y dijeron que se encuentra “fuera de discusión que las sentencias dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio por éste”, aunque aclararon que esa obligatoriedad es “dentro del marco de las potestades remediales” de los fallos de la CIDH, algo que quedaría a discreción de la propia Corte Suprema en cada caso.

El fallo fue aprobado con el voto mayoritario de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (éste último según su propio voto). El único que votó en disidencia fue el ministro Juan Carlos Maqueda, quien mantuvo la postura fijada en otros casos según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994 las sentencias de la CIDH dictadas en causas en las que la Argentina es parte “deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Desde el CELS denunciaron que la Corte “decidió desenganchar al país del derecho internacional de los derechos humanos”. En una serie de tuits como primera respuesta al fallo, el organismo afirmó que la decisión deja a las víctimas que acuden al Sistema Interamericano de DDHH “sin una herramienta clave para exigir justicia y reparación”.

El CELS agregó que con el fallo la Corte Suprema “se ubica como el único poder del Estado al que no se le pueden revisar sus decisiones”, al tiempo que afirmó que la resolución no fija parámetros sobre cómo el máximo tribunal entenderá si un fallo de la CIDH tiene consecuencias o no.

“En un contexto mundial en el que se necesita fortalecer las instancias de protección de derechos, la Corte decidió lo contrario”, concluyó el organismo de derechos humanos. La posición fijada por la Corte podría tener implicancia en futuros reclamos, como podría ser el análisis sobre la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, que ya fue cuestionada ante el Sistema Interamericano.