El Secretario General de SADOP analiza el DNU, firmado por el presidente Mauricio Macri, que busca favorecer a los empresarios.

ALMIRÓN: “EL DECRETO DE ART BUSCA PROTEGER A LAS EMPRESAS”

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El proceso de flexibilización laboral ha comenzado de la peor manera. En un principio el Poder Ejecutivo buscó eludir el debate en el Congreso y se apuró a modificar el actual régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo. Estos cambios son verdaderamente preocupantes para la clase trabajadora a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (Nº 54/2017, publicado en el Boletín Oficial el 23-01-2017).

 

El proceso de flexibilización laboral ha comenzado de la peor manera. En un principio el Poder Ejecutivo buscó eludir el debate en el Congreso y se apuró a modificar el actual régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo. Estos cambios son verdaderamente preocupantes para la clase trabajadora a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (Nº 54/2017, publicado en el Boletín Oficial el 23-01-2017).

 

La primera de las críticas que debemos subrayar acerca del texto es precisamente su dudosa legalidad. La Constitución Nacional en su art. 99 inciso 3º, al referirse a las atribuciones del Presidente establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…”.

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Cabe preguntarnos entonces: ¿cuáles son esas circunstancias excepcionales, urgentes y extraordinarias que impiden seguir el trámite ordinario que incluyen debate en Comisiones, participación de los sectores involucrados y consultas técnicas?

 

Estimamos que lejos de resolver los problemas cruciales de los trabajadores enfermos, se encamina a poner obstáculos, basados en el mero afán declarado de disminuir la litigiosidad.

 

El decreto vuelve a establecer un papel preponderante a las Comisiones Médicas en un intento de desalentar la iniciación de acciones judiciales por accidentes y enfermedades profesionales cuyas consecuencias no hayan sido cubiertas por las aseguradoras.

 

Uno de los principales cuestionamientos a estas Comisiones Médicas es precisamente un conflicto de intereses, ya que estos profesionales de la salud son retribuidos con aportes de las propias Aseguradoras por aplicación de la Ley 24557.

 

En definitiva, resulta evidente que los objetivos de la urgencia del decreto de ART están orientados más a una protección de las empresas (léase empresarios) que a los trabajadores.

 

El  DNU dispone la posibilidad a favor de las Aseguradoras de extinguir el contrato de seguro por incumplimiento en el pago de dos cuotas; acontecimiento que difícilmente sea conocido por el trabajador que pasará a quedar sin cobertura y a la aventura de reclamar de su propia patronal la protección ante un eventual siniestro.

 

Otro cambio introducido es el método de cálculo del salario base para las indemnizaciones previstas en la Ley 24.557, en la que se modifica por un promedio de las remuneraciones y ya no se menciona aquellas que son alcanzadas por aportes y contribuciones, lo que da la idea que tales obligaciones patronales (pago de aportes y contribuciones de la seguridad social) no son importantes para la política legislativa del Poder Ejecutivo actual.

 

Teniendo en cuenta que, por imperio del procedimiento establecido por la Ley 26.122 es necesaria la revisión del decreto por Comisión Bicameral, esperamos que los legisladores impongan la nulidad. No obstante, no dejamos de tener en cuenta que esto no soluciona los problemas de los trabajadores que siguen adoleciendo de un sistema de salud laboral que pondere la prevención de los riesgos.

 

Necesitamos una norma que genere una mejora en las condiciones de trabajo y actúe previniendo las enfermedades y accidentes.

 

 

Mario Almirón

Secretario General

SADOP – CDN