La retórica de la modernización nos habla de una revolución educativa para la inserción en el siglo XXI, y nos propone una anacrónica universidad del siglo XIX.

LA CONTRARREFORMA UNIVERSITARIA

Por Sebastian Torres (FOTO)
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Ese proyecto se orienta a la privatización de la enseñanza y la investigación, un preciado bien para los intereses del mercado, presente en la agenda neoliberal desde la década del 90. Esta reforma, conocida mundialmente como Plan Bologna (y Proyecto Tuning para América Latina), fue impulsada por la Comunidad Económica Europea y hoy sus efectos son claramente visibles: el desmantelamiento de las más antiguas y prestigiosas universidades públicas de Europa.

Por Sebastián Torres*

NAC&POP

19/11/2016

El recorte presupuestario no es el único plan que existe para las universidades argentinas.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba ha convocado a una asamblea universitaria para este sábado 19, donde se propone modificar sus estatutos a partir de dos reformas que atentan contra los principios públicos y democráticos del sistema de educación superior: una modificación del mecanismo de elección del futuro rector que favorecerá de manera alevosa a la actual gestión, y la incorporación de miembros de la “sociedad” al consejo superior.

En esta reforma el rector se apropia de un antiguo proyecto de elección directa de las autoridades, defendido por docentes, estudiantes y egresados que han trabajado por la democratización de la universidad –y al que curiosamente su grupo político se opuso durante años– pero introduciendo una modificación crucial: elimina la ponderación por facultades, de lo que resulta que solo cuatro de ellas entre un número actual de quince (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, que suman más de la mitad de la población universitaria) podrán decidir quién gobierna la universidad, relegando a muchas unidades académicas al ostracismo político y científico.

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Por supuesto, las principales autoridades de la actual gestión proceden de esas facultades que se alzarán con un poder absoluto de decisión, dándole la espalda a una importante parte de la comunidad universitaria, que reclama un debate más amplio sobre el tema.

Además, se pretende alterar la proporción de votos de la asamblea universitaria para volver a modificar el sistema electoral, adueñándose no sólo de la decisión sobre quién gobernará la universidad sino también de la futura voluntad del conjunto de la comunidad: para cualquier futura modificación del sistema electoral será necesario contar con una mayoría agravada (2/3 de la asamblea) y no simple como hasta ahora.

Si esto prosperase, sería un verdadero golpe institucional que dejará sin sentido continuar hablando de autogobierno.

El proyecto incluye, finalmente, la incorporación al consejo superior de miembros de la “sociedad”, esto es, representantes del sector privado que podrán participar en las decisiones académicas sobre planes de estudio, concursos docentes, programas de vinculación social, convenios, políticas de extensión, etc., pudiendo llegar a convertir a la universidad en una empresa educativa formadora de precarizados recursos humanos para el mercado.

Una desvirtuación de la universidad comprometida con el bien común, la libertad académica, la crítica pública, la autonomía científica y el desarrollo social.
Pero el objetivo no es sólo crear las condiciones que permitan a quienes conducen actualmente la UNC perpetuarse en el poder, sino también asegurar un control absoluto en el futuro para la implementación de una transformación general del sistema académico –ya en marcha, acordado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación–.

Ese proyecto se orienta a la privatización de la enseñanza y la investigación, un preciado bien para los intereses del mercado, presente en la agenda neoliberal desde la década del 90.

Esta reforma, conocida mundialmente como Plan Bologna (y Proyecto Tuning para América Latina), fue impulsada por la Comunidad Económica Europea y hoy sus efectos son claramente visibles: el desmantelamiento de las más antiguas y prestigiosas universidades públicas de Europa.

A poco tiempo de cumplirse cien años de la Reforma Universitaria de 1918, marca fundacional de la democratización pedagógica en Latinoamérica y legado por el que la universidad argentina es reconocida en el mundo entero, el proyecto oficial nos retrotrae a una universidad prerreformista: concentra un enorme poder en las tradicionales facultades profesionalistas, desconoce la pluralidad de los saberes que se imparten y sobre los que se investiga, vulnera los derechos políticos de todos los miembros de la comunidad universitaria, crea condiciones para una precarización del trabajo docente y la formación de los estudiantes, entrega la autonomía institucional y académica a la injerencia directa e indirecta de los grupos económicos concentrados.

La contribución histórica de nuestras universidades para el desarrollo del país fue posible porque son públicas, gratuitas y de una alta calidad, pero también porque son democráticas; la magnitud y gravedad de esta imposición de reforma estructural desmantelaría esa condición, en consonancia con el proyecto macrista de una transformación general de las universidades públicas.

El recorte presupuestario tiene preocupantes efectos inmediatos; acompañado de una reforma institucional de estas características, conlleva gravísimas consecuencias difíciles de revertir para el futuro de nuestras universidades y nuestra sociedad.

La retórica de la modernización nos habla de una revolución educativa para la inserción en el siglo XXI, pero nos propone una anacrónica universidad del siglo XIX.

El Manifiesto Liminar del movimiento reformista se ha vuelto tristemente actual.

De tener éxito esta reforma, los universitarios de Córdoba ya no podremos decir como los jóvenes del 18: “desde hoy contamos en el país con una vergüenza menos y una libertad más”.

A un pretendido derecho “sobre” la universidad, que no posee nadie, ni siquiera quienes circunstancialmente la gobiernan, hay que contestar activamente con la defensa del “derecho de universidad”, al servicio de quienes enseñan y aprenden, en el camino de una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

 

* Docente y consejero de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).