El escandaloso affaire del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo no debe apartarnos del examen del proceso de reorientación de la política nacional y nuestro rápido regreso al estatus semicolonial.

CORRUPCIÓN

Por Enrique Lacolla

La corrupción siempre ha acompañado a la política y a la economía como la sombra al cuerpo. No es ninguna novedad. La cuestión reside en los niveles que alcanza y en saber si los organismos del estado encargados de al menos limitarla, si es que no pueden erradicarla, funcionan de la manera adecuada. De la eficacia de esos mecanismos puede deducirse el grado de tonicidad que una sociedad tiene para gestionar sus asuntos y preservar su integridad.

Por Enrique Lacolla

NAC&POP

24/06/2016

El escandaloso affaire del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo no debe apartarnos del examen del proceso de reorientación de la política nacional y nuestro rápido regreso al estatus semicolonial.

La corrupción siempre ha acompañado a la política y a la economía como la sombra al cuerpo.

No es ninguna novedad.

La cuestión reside en los niveles que alcanza y en saber si los organismos del estado encargados de al menos limitarla, si es que no pueden erradicarla, funcionan de la manera adecuada.

De la eficacia de esos mecanismos puede deducirse el grado de tonicidad que una sociedad tiene para gestionar sus asuntos y preservar su integridad.

El caso de José López, secretario de Obras Públicas y segundo del ministro de Planificación Julio de Vido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cogido in fraganti cuando arrojaba bolsos con nueve millones de dólares por encima de la tapia de un convento, es de una grosería que se confunde con el grotesco.

Movido por quién sabe qué motivo o provocación que lo precipitó a actuar en plena noche para intentar escamotear esa enorme cantidad de dinero, joyas y un arma automática en el jardín de un monasterio, las circunstancias de su captura ponen al FpV en una situación delicada, para decir lo menos.

Se trata de dineros casi con seguridad mal habidos y que obraban en poder de un hombre perteneciente al riñón del kirchnerismo. Es un golpe del que a este le costará recuperarse, si es que lo logra algún día.

En especial por el peso de la campaña mediática que se ha desatado en torno al caso y que arreciará con el correr del tiempo, pues, sobra decirlo, el episodio viene de perillas para velar un poco el escándalo suscitado en torno a las múltiples conexiones que los allegados al actual gobierno tienen con los encargados de hacer negocios con la obra pública durante el kirchnerismo.

Y no hablemos de otras turbiedades, como la de los Panamá papers; de las cuentas off shore del presidente, de los cientos de  miles de millones de dólares acumulados por empresarios, financistas y particulares argentinos en el exterior, y de las concomitancias inadmisibles y escandalosas de algunos de los CEO que llenan el  gabinete Macri y las empresas madre de las cuales provienen, vinculaciones entre las cuales la más visible es la del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

A quien no le tembló la mano no sólo al decretar brutales incrementos de tarifas de la electricidad y el gas que afectan a los consumidores domésticos y a la industria, sino también para adjudicar a filial argentina de la Shell -la compañía de la que fue presidente hasta su ingreso a Cambiemos el año pasado y donde retiene acciones por valor de 14.000.000 de pesos-, siete de las ocho licitaciones que se pusieron sobre la mesa para la importación de gasoil por barcos al país.

A lo que se suman los escandalosos sobreprecios que hay que pagar por ese gas importado del sudeste asiático vía Chile y que suponen un encarecimiento del 128 por ciento respecto del que se puede importar desde Bolivia.

Pero centrar la discusión en torno de quién es más o menos corrupto es errar el blanco.

Es la naturaleza y la orientación de las entidades políticas afectadas lo que hay que poner de relieve, sin que esto signifique menguar la importancia que tiene la corrupción como factor deformador y en definitiva deletéreo de cualquier proyecto nacional que se proponga hacer bien las cosas.

En efecto, aún más importante que los delitos o cuasidelitos que venimos de enunciar es la brutal transferencia de ingresos de los sectores pobres a los más ricos producida en apenas seis meses de gobierno.

Argentina ha estado dividida a lo largo de su historia en dos corrientes de accionar político, que se han vestido con los colores y características propias de cada época, pero que en lo sustancial siempre han sido las mismas.

Una de ellas mira hacia afuera y nos quiere dependientes de los poderes globales de turno, fungiendo como interlocutora privilegiada de este y haciendo de esa conexión el sustento de su interés de clase o de casta, su razón de ser, en una palabra.

La otra, más difusa, vulnerable, contradictoria y sin embargo vasta y resistente, que intenta construir un país que atienda al interés de las mayorías y que pretende orientarlo hacia una mayor colaboración con las masas populares de América latina.

No es novedad que esta página ha sostenido, críticamente, a los gobiernos de esta segunda raigambre.

No creo que exista otra salida que no sea la que provenga de una presencia política, económica y cultural autosustentable a nivel regional para que podamos relacionarnos con el resto del mundo en condiciones de soportar su contacto sin ser destruidos o arrollados por este.

Desde luego se trata de un proceso largo y difícil, y la prueba de ello es que la Argentina sigue viviendo todavía su dicotomía originaria.

En esta antinomia el tema de la corrupción es un caballito de batalla.

Los que blanden el argumento con mayor eficacia son, paradójicamente, los que son corruptos por su origen –el contubernio con el imperialismo-, pero que disponen de la más pesada artillería mediática.

En los movimientos nacional-populares también existen por supuesto las corruptelas, los latrocinios y los negocios que suelen cocinarse a la sombra del carácter casi siempre personalista y autoritario de su dirección, pero se encuentran limitados por un lado por lo imprevisible de la reacción del jefe o jefa, y por otro porque los aprovechados saben que caminan sobre carbones encendidos en relación a una base social poco proclive a perdonarles los desaguisados que cometen, si estos llegan a su conocimiento.

El gusto por el juego de masacre se ha convertido en un común denominador de la política argentina.

Hasta cierto punto funge como cortina de humo de los problemas realmente graves que se están desplomando sobre nosotros.

Estamos en medio de una “tormenta anunciada”, que busca devolver al país a la condición de semicolonia que ostentaba antes del golpe de junio de 1943.

Desde entonces las oscilaciones, caídas, recuperaciones y recaídas se habían alternado en el panorama de la nación, con tropiezos realmente graves como los producidos en 1955, 1976 y la década de los ’90, pero nunca como ahora la marea regresiva se había  manifestado con tanta peligrosidad.

Ello es porque se trata de un flujo reaccionario legitimado por el voto popular, así sea por una ínfima mayoría, y por lo tanto inatacable con otras armas que no sean las del sistema institucional que está en manos, preponderantemente, justo de quienes motorizan el proceso regresivo.

También porque, en este momento, ese envite está propulsado por la decisión de Estados Unidos de recuperar la hegemonía sobre Suramérica, que había sido puesta en entredicho por el fracaso de las políticas neoliberales llevadas hasta su extremo límite durante la década de los ’90.

Estamos viviendo un momento muy grave para el destino de nuestro país y para el de los países hermanos del subcontinente.

Para quienes deseen ampliar la noción de lo que nos está ocurriendo les recomiendo que lean el artículo del gran politólogo e historiador brasileño Alberto Muniz Bandeira: “El impeachment a Dilma y la implantación de bases de EE.UU. en Argentina”, aparecido en “América Latina en Movimiento”, del 16/06/16. [i]

Es todo por hoy.

Pero, ay, me temo que no es poco.

EL/