También señala que la primera aplicación del protocolo antipiquetes fue realizada contra trabajadores bancarios, el día 1 de marzo mientras se inauguraban las sesiones ordinarias del congreso.

ESTE GOBIERNO NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE LA COMPLICIDAD EMPRESARIA EN EL GOLPE CIVICO MILITAR

Pedro Biscay, integrante del directorio del Banco Central, cuenta porqué se opuso a la disolución de la oficina de Derechos Humanos y cómo el actual gobierno pretende que no se investigue el rol de las corporaciones durante la dictadura cívico militar.

Por ARBIA

 

Pedro Biscay afirmó, con respecto a los trabajadores bancarios del área de Derechos Humanos del Banco Central que fueron despedidos y luego reprimidos el primero de este mes, lo siguiente: “esto vino a cerrar un capítulo cuya primera etapa fue el despido de los trabajadores de oficina, a quienes les ofrezco mi solidaridad y apoyo”.

 

Es una pelea muy importante que se está dando, por la reincorporación al Banco Central de esos trabajadores. La puerta de esa entidad está bloqueada ahora por una carpa de estos trabajadores despedidos, y hay una amenaza muy fuerte de represión y desalojo hacia ellos”, añade, en sintonía con lo anterior.

 

Recordemos que la primera aplicación del protocolo antipiquetes fue contra los trabajadores de La Bancaria, el primero de este mes, cuando el presidente inauguraba las sesiones del Congreso y en el mercado financiero se registraba una fuerte corrida cambiaria.

 

Al respecto, afirmó “el directorio decidió desintegrar esta oficina [la de Derechos Humanos] definitivamente, lo que dio lugar a una fuerte discusión sobre cuál es el sentido de que un Banco Central adopte políticas orientadas fortalecer la Memoria, la Verdad y la Justicia y a generar acciones tendientes a pensar la dimensión de los Derechos Humanos en el sistema financiero”.

 

Al respecto de esta decisión, manifestó que “esto entorpece la iniciativa de enjuiciar a civiles y empresarios que fueron cómplices de la última dictadura cívico-militar”.