A poco más de un mes de haber asumido, la administración de Mauricio Macri ostenta una cifra cuantiosa de despidos en el sector público y un correlato no menos significativo en el sector privado

DESPIDOS: EL MECANISMO DE MACRI PARA “CREAR” ÑOQUIS EN EL ESTADO (4EN1)

El sistema del gobierno para dejar sin funciones a contratados. Cierre de programas, vacío de oficinas, quita de tareas. Los despedidos en el Estado suman miles y el objetivo es reducir más la plantilla.

DESPIDOS: EL MECANISMO DE MACRI PARA “CREAR” ÑOQUIS EN EL ESTADO

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Y SIGUEN LAS LISTAS …

Por Darío Gannio*

El sistema del gobierno para dejar sin funciones a contratados. Cierre de programas, vacío de oficinas, quita de tareas. Los despedidos en el Estado suman miles y el objetivo es reducir más la plantilla.

“Seguro que tenés miedo”, es una de las frases que escuchan algunos de los que tienen reuniones con las nuevas autoridades macristas en varias de las dependencias estatales, con el conocimiento de que a varios compañeros ya los dejaron sin trabajo.

Es solo uno de los cinismos de esas reuniones, en las que también les piden que les dejen ver sus cuentas de Facebook y en las que los tratan de ñoquis por no realizar tareas a quienes trabajaban en programas que cerraron durante los últimos días.

Así empieza la ola de despidos en la era PRO.

El argumento, a priori, es legítimo: echar a quienes realmente no asistieron a sus empleos durante años y cobraban sueldos altos, muchos asistidos por los gremios menos combativos y que solo defienden a quienes están inscriptos como planta permanente. Pero la excusa sirvió para desafectar a miles de asalariados considerados kirchneristas, incluso cuando muchos ni siquiera simpatizan con el Frente Para la Victoria.

No hay tantos ñoquis. Y si los hubiese, no son el grueso de los despedidos. Pero parte de la dirigencia PRO articuló en los ministerios un sistema para que parezcan. El más grosero se da con los que menos cobran: cierran programas enteros, les esconden las computadoras, los cambian de oficinas y les sacan tareas. Luego, viene la evaluación por parte de un flamante supervisor, con la pregunta de cuál es el trabajo específico que realizaron en los últimos días. Y ante la respuesta de los empleados de que están sin labor, llega la advertencia de que son considerados prescindibles.

Esto afectó a trabajadores de todas las dependencias, pero se profundizó en La Plata donde se clausuraron programas de asistencia a los sin techo, en la Secretaría de Comercio, donde la fiscalización y seguimiento de precios dejó de ser prioridad, y en varias intendencias bonaerenses. El cierre de programas del Estado es la metodología por la cual se deja sin trabajo a varios que hasta ahora trabajaban todos los días incluso hasta altas horas de la noche.

Lo expuso una de las tantas desafectadas durante los últimos días en su cuenta de Facebook. “Después de un mes, sin tareas ni comunicación real por parte de tus nuevos jefes, te avisan –porque preguntaste con insistencia- el día 29/12 que no te renovarían el contrato que vencía el 31”, aclaró esta ex funcionaria del Ministerio de Agricultura, que asegura que “fueron dos años de trabajo intensos, de laburo constante, en donde la mayoría de las jornadas laborales superaban mi horario laboral pactado” y que sus compañeros empezaron a cambiar sus fotos de Facebook y Twitter, porque es parte de lo que pedían ver los nuevos jefes.

Hoy, el grueso de los contratados por el Estado tuvieron una prórroga de sus contratos por dos meses, y en marzo se someterán a una nueva evaluación. Pero la intención del PRO, por ahora, es clara: reducir la plantilla, con la legitimidad del 51 por ciento. Es que, si bien la nueva administración contrató a varios funcionarios nuevos, más adeptos a la ideología del Presidente, Mauricio Macri, el balance da negativo y son más los que se van. La mayoría no logró tener un contrato fijo durante el kirchnerismo, pero eran quienes cumplían las tareas de los programas con mayor participación en los últimos años.

Ahora, varios de esos programas cerrarán y son varios los que dudan de qué pasará con su futuro.

De nuevo, el argumento de los ñoquis es válido, pero no el de que se necesite reducir el empleo público para poder desarrollar el país. Como estudió el sitio Chequeado, el porcentaje de empleados del sector no privado es algo superior al de la región, pero muy inferior al del resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre 15.000 y 20.000 son los corridos durante los últimos días, con la conocida represión en La Plata, pero prometen ser más.

Fuente: El Destape
11 de enero 2016

 

POLÉMICA POR EL SUELDO DE MARTINIANO MOLINA EN QUILMES

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Tras despedir a mil empleados municipales, el intendente pasó a cobrar 112 mil pesos y (algunas fuentes murmuran que se elevaría a 180.000 pesos)

La receta del chef Martiniano para destronar al “Baron” de Quilmes

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, comenzó el año con un incremento de salario de casi el 30%, según denunciaron desde la oposición. El cocinero cobrará un sueldo bruto de $112 mil, más un 50% adicional en “gastos de representación”.

La nueva escala salarial estaba contemplada por la anterior gestión y a fin de 2015, ya con la nueva composición del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron el incremento del salario de Martiniano Molina en el Presupuesto 2016. El combo se completa con la denuncia por los despidos de agentes municipales por parte de la gestión del chef. Así, el aumento salarial va a contramano de la intención de Molina de bajar el gasto de la intendencia.

Al aumento se le agregan “gastos por representación” que tendrá el intendente. Esos fondos podrán o no ser usados por el jefe comunal, según explicaron fuentes del entorno del intendente a El Destape. Estos gastos no forman parte del salario y es un dinero de reserva destinado a cuestiones que tengan que ver con su tarea como jefe comunal.

Alarma por despidos

Los trabajadores de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, denunciaron que las autoridades del municipio despidieron a cientos de empleados.

“Las autoridades de la actual gestión de gobierno no han podido dar cuenta de un proceso evaluativo propio que sostenga la decisión de la no renovación de los contratos”, indicaron en un comunicado de prensa. Además, los municipales sostienen que no hubo evaluación laboral de los trabajadores y que “los despidos se deben a una decisión política”.

Fuente: El Destape

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MACRI PRESIDENTE: LOS DESPIDOS EN EL ESTADO YA SON 18 MIL Y PUEDEN SER MÁS

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Según un estudio de la CTA, en el sector privado los echados serían unos 10 mil. El número de cesanteados en cada dependencia pública.
A poco más de un mes de haber asumido, la administración de Mauricio Macri ostenta una cifra cuantiosa de despidos en el sector púbico y un correlato no menos significativo en el sector privado. De acuerdo a un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA los echados en el Estado son 18 mil desde que asumió Cambiemos, y la cifra se suma a otros 10 mil trabajadores en empresas privadas.

El reporte, difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), da cuenta de los mecanismos que el actual Gobierno realiza para eliminar a los “ñoquis” del kirchnernismo: cesantías de personal en planta permanente, no renovación de contratos y cierre de convenios entre distintas dependencias estatales con universidades.

Desde ATE explicaron que los “18 mil compañeros no están en la calle” sino que “ese es el número de gente al que le dijeron que no fuera más a trabajar”, y su titular, Hugo Godoy dijo al diario Página 12 que “parte de los despedidos pudieron ser reincorporados, otros están en revisión, con contratos prorrogados, pero otros, lamentablemente, se siguen agregando”.

Según detalla el informe, más de la mitad de los 18 mil despidos estatales recae sobre una veintena de municipalidades de todo el país, entre las que destacan la Plata con 4.500 echados, Quilmes con 980 y Malvinas Argentinas con 900.

Recientemente, se supo que el secretario general de los trabajadores municipales de Quilmes, Raúl Méndez, fue contratado como asesor de la municipalidad, en un claro caso de conflicto de intereses.

La cantidad de cesanteados entre el Senado, Cooperativas Argentinas Trabaja en ex Esma, el Centro Cultural Kirchner y los docentes provinciales y municipales en Mendoza son alrededor de 5600.

Para los autores del estudio, los despidos de la actual administración “tienen una clara intención disciplinadora para imponer la aceptación del plan de ajuste del Gobierno” y plantean una dicotomía entre salarios y despidos, lo que califican como un “chantaje”.

Macri avaló los despidos masivos con la firma de un decreto publicado el 24 de diciembre a través del cual ordena a ministros secretarios y distintas autoridades a revisar contratos y nombramientos en las distintas dependencias estatales en los últimos tres años.

Fuente: El Destape

Sturzenegger avanza con una reorganización del Banco Central

 

TIEMPO DE REFORMAS Y DESPIDOS

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Por Fernando Krakowiak*

El flamante presidente de la entidad impulsa cambios en áreas clave para ponerlas a tono con la desregulación financiera que promueve. Ya comenzó a despedir empleados contratados.

El nuevo presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, busca avanzar con una reorganización de la entidad monetaria para ponerla a tono con la desregulación financiera que promueve.

El foco lo puso en las oficinas de Protección al Usuario, Educación Financiera y fundamentalmente Promoción de los Derechos Humanos, área dedicada a investigar la complicidad del sector financiero con la última dictadura militar a la que evalúa renombrar como Etica y Compliance.

Incluso ya comenzó a despedir algunos empleados designados por las administraciones anteriores, lo que motivó la reacción de la comisión gremial interna.

Apenas se instaló en el banco, Sturzenegger le abrió la puerta a la consultora PSM de Patricia Santa Marina, hija del juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, y ex directora de Asuntos Institucionales del Grupo Infobae de Daniel Hadad entre 2003 y 2011.

Santa Marina y su equipo entrevistaron a todo el personal de la Subgerencia General de Relaciones Institucionales, de donde dependen las subgerencias de Educación Financiera y Promoción de los Derechos Humanos.

Esta politóloga egresada de la Universidad Católica aclaró que no se iba a hacer cargo de Relaciones Institucionales, puesto que permanece vacante, sino que venía a realizar un informe de gestión de las distintas áreas.

Lo que hizo principalmente fue preguntarles a gerentes, subgerentes y demás empleados dónde habían estudiado, si tenían experiencia previa en el sector privado, quién los había hecho ingresar al banco y qué tipo de tareas venían realizando.

Esas entrevistas también se llevaron adelante en otras áreas como la Gerencia de Protección al Usuario de Servicios Financieros.

A medida que fue avanzando el informe de PSM comenzaron los primeros despidos.

“Tristemente nos enteramos de que el 31 de diciembre pasado no les renovaron el contrato a 5 trabajadores, entre ellos 3 asistentes excelentemente evaluados por sus superiores para que pasen a planta.

Nos oponemos a esta medida. Cada asistente que, vencido el plazo de contrato, y sea evaluado adecuadamente por sus superiores debería pasar a planta”, aseguró ayer la comisión gremial interna del banco a través de un comunicado, en el que curiosamente sólo pidieron por los asistentes.

Se estima que hay unos 40 contratos que vencen en los próximos dos meses. Además, a mediados de 2015 ingresaron otras 70 personas por concurso, los cuales quedaron sujetos a revisión a partir de la publicación del decreto 254 del 29 de diciembre.

Entre los empleados a los que no se les renovó contrato figura Eduardo Codianni, de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos. Un licenciado en Relaciones Internacionales, casado y con dos hijos, quien ingresó al banco el 1º de julio y el 28 de diciembre le informaron que no le renovarían el contrato.

“No me dieron ninguna explicación. Llamé al gerente de Recursos Humanos y no me quiso atender. Lo esperé en la puerta de su oficina y recién ahí me dijo que era algo general, que todos los contratos que se vencían no los iban a renovar por decisión de las nuevas autoridades. La verdad es que no tiene sentido. Yo tenía evaluaciones muy satisfactorias de mis superiores. Estuvimos trabajando mucho y teníamos un montón de proyectos para 2016”, aseguró Codianni a Página/12.

La Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos fue la encargada de abrir los archivos del Banco Central de la última dictadura militar y poner a disposición de la Justicia actas secretas, legajos y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio realizadas en aquella época.

Ese material contribuyó a investigaciones sobre la deuda externa y diversos delitos económicos, como la liquidación del Banco de Hurlingham, la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. Además, la subgerencia dictó distintos talleres sobre derechos humanos para los empleados del banco.

Todas esas actividades no generaron demasiado entusiasmo en las nuevas autoridades, quienes tienen pensado reestructurar el área y renombrarla como “ética pública y transparencia” o “ética y compliance”. “Nos dijeron que el término derechos humanos era muy específico y que había que poner algo más amplio”, aseguró Codianni. En el país funciona una Asociación Argentina de Etica y Compliance que dicta un programa ejecutivo en certificación en ética y compliance junto con la Universidad del CEMA.

“La búsqueda de conductas éticas y socialmente responsables por parte de quienes integran una organización, hacen necesario la existencia de la función ‘compliance’ como responsable del control de cumplimiento. Esta función constituye para las organizaciones una efectiva herramienta para la generación de valor y resulta un factor crítico a la hora de definir el estilo de la entidad. La función de compliance se constituye en la práctica como el guardián de la reputación corporativa”, se destaca en los fundamentos de la certificación que toman como inspiración las nuevas autoridades del BCRA para impulsar los cambios en la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos.

También buscan introducir cambios en la gerencia principal de Protección al Usuario, creada por Mercedes Marcó del Pont en 2012.

Uno de los objetivos de esa dependencia es recibir denuncias sobre abusos en el cobro de comisiones por parte de las entidades financieras y realizar análisis sobre los costos bancarios, algo considerado prácticamente una herejía por el nuevo presidente del Banco Central, quien ya le comunicó al gerente del área Carlos Buglione y a su segunda, Paula Honisch, su voluntad de desplazarlos.

Otro al que le pidieron la renuncia es a Jorge Carrera, subgerente general de Investigaciones Económicas.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

 

Fuente: pagina 12