De los desalojos compulsivos y la criminalización de la protesta social al ministerio de Justicia del nuevo gobierno

EL MACRISTA QUE APUNTA CONTRA LOS MÁS VULNERABLES SERA EL MINISTRO DE JUSTICIA DE MAURICIO MACRI

Por Lucía Pires

Germán Garavano fue Fiscal General en el Ministerio Público porteño durante casi toda la gestión del PRO. Por sus políticas de desalojo express, el 78 por ciento de las personas expulsadas de las villas se vieron impedidas de contar con un abogado que las defienda.

Por Lucía Pires /
Agepeba
30 de Noviembre de 2015

El ministro de Justicia y Derechos Humanos del futuro gobierno nacional de Mauricio Macri será Germán Garavano, quien viene de los sectores más conservadores de la Justicia.

Ocupó un cargo central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de Fiscal General, entre el 2007 y el 2014, puesto que abandonó para ser Consejero Suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En la Fiscalía General, Garavano fue el encargado de aplicar la política de desalojos y criminalización de los piquetes cuando Macri llegó al Gobierno porteño.

“Durante el trabajo en villas de la ciudad, notamos un gran incremento y énfasis puesto en los desalojos violentos, no solamente de terrenos ociosos, sino también de edificios donde había familias viviendo hacía muchísimo tiempo”, explicaron a esta agencia sectores relacionados con la defensa de los derechos humanos.

La política de los desalojos compulsivos, claramente alineada con una ideología que prioriza el derecho a la propiedad privada antes que el del acceso a una vivienda digna, fue una de las caras más visibles de la dureza con la que procedió el macrismo ante los sectores vulnerables.

Un informe de la Defensoría porteña del 2011 reveló que el protocolo que rige permite desalojar para restituir el predio o inmueble a quien lo reclama sin importar si se probó un delito.

Se saca a los ocupantes sospechados de usurpación “sin escucharlos previamente”, a veces se los detiene, y al final del camino el 70 por ciento de las causas son archivadas.

“La estrategia del desalojo express –detalla el texto– derivó en que el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas se vieran impedidas de contar con “una defensa material”, o sea un abogado que los defienda.

“Cuando se hizo el trabajo de descentralizar el Ministerio Público Fiscal, se pudo ver la gran asignación de recursos que tenía la Fiscalía, que contaba con dos oficinas, en detrimento de la Defensoría, que sólo contaba con una. Eso marcaba la impronta del gobierno”, señalaron las fuentes.

En la misma línea, agregaron que la diferencia que se va a percibir con el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos “es ideológica”.

“El gobierno kirchnerista se caracterizó desde el comienzo por no reprimir la protesta social, por la voluntad de que nadie de las fuerzas de seguridad vaya armado ante situaciones de protesta, lo que implicó que no haya más muertes en manifestaciones, que no haya más Kosteki y Santillán.

Ahora el peligro es que se revierta esa situación y que haya represiones con armas de fuego”, explicaron.

Germán Garavano también fue cuestionado por la extensa cantidad de nombramientos que hizo y los millones que gastó en viajes al exterior.

Según consigna Página/12, en 2010, organizó en Buenos Aires la III Conferencia de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), que costó 17 millones de pesos, sólo en pasajes. Otros 25 mil pesos se usaron para comprar “400 maletines con el logo institucional de la conferencia regional”.

De la conferencia participó, por supuesto, Mauricio Macri.

El jefe de los fiscales porteños volvió a postular a Buenos Aires para otro encuentro en 2013, para lo cual crearon un “comité promotor”, para el cual aprobó un gasto de 31 mil pesos en un viaje a Corea del Sur.

Además, en 2011, el entonces fiscal general porteño viajó a La Haya primero y luego a un simposio en el Reino Unido del Centro de Documentación del Crimen Económico, para lo que gastó 18 mil pesos. Allí expuso sobre “el riesgo de la corrupción”.

En marzo de 2012, Garavano y su adjunto, Luis Cevasco, transfirieron 300 mil pesos mediante un convenio con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

En gastos administrativos, se utilizaron 10.800 dólares; en “honorarios de expositores extranjeros”, otros 40.500 dólares; en pasajes, 13.400 dólares y en viáticos y hospedaje, 5280 dólares. Un total de 70 mil dólares en “capacitaciones sobre tercera edad”.

Asimismo, el hombre elegido por el PRO para conducir la cartera de Justicia fue integrante de la ONG Fores, que impugnó a Eugenio Raúl Zaffaroni como juez de la Corte y defendió la permanencia de los jueces de la dictadura, y fundador junto a Francisco de Narváez de la ONG Unidos por la Justicia, a la cual la gestión macrista le pagó más de 450 mil pesos a cambio de asesoramiento.

“Fores y Unidos por la Justicia son organizaciones de sectores reaccionarios de la Justicia, conservadores, que buscan modificar la balanza a partir del intento de democratizar la Justicia.

Se plantean como independientes, de la sociedad civil, pero vienen para ir en contra de organizaciones como el CELS, se crearon para hacer contrapeso”, explicaron las fuentes consultadas por AgePeBA.