Snowy Sociedad Anonima

LA S.A. RECLAMA EL PAGO DE BONOS DE LA DICTADURA TIENE DOMICILIO EN LA CASA DE UNA MILITANTE DEL PRO

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Snowy S.A, tiene domicilio legal en una propiedad de Moreno Klappenbach, titular de AMA, relacionada con la dip Cornelia Schmidt-Liermann, que integra el espacio liderado por Macri

UNA SOCIEDAD QUE RECLAMA EL PAGO DE BONOS DE LA DICTADURA TIENE DOMICILIO EN LA CASA DE UNA MILITANTE DEL PRO

Se trata de Snowy Sociedad Anónima, que tiene su domicilio legal en una propiedad de Mercedes Moreno Klappenbach, titular de la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA), y relacionada con la diputada Cornelia Schmidt- Liermann, que integra el espacio liderado por Macri.

Snowy Sociedad Anónima, una empresa que reclama el cobro de bonos emitidos durante la última dictadura cívico militar, tiene su domicilio legal en una propiedad que posee una militante del PRO, activa participante en campañas de opinión pública, que está relacionada con la diputada Cornelia Schmidt- Liermann, que integra el espacio liderado por Mauricio Macri.

 Se trata de Mercedes Moreno Klappenbach, titular de la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA), una entidad vinculada al armado político de la legisladora macrista.

 Según informa el portal Infojus Noticias, la firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto, del estudio Moreno Crotto Abogados.

 Moreno Crotto es familiar de Moreno Klappenbach, quien llevó a cabo varias campañas, entre ellas una que cuestionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 “Hoy nos toca alertar sobre la posible interpretación y aplicación discriminatoria y unilateral del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios, restringiendo la libertad de expresión”, escribió Moreno Klappenbach en un comunicado firmado junto a la diputada Schmidt Liermann, difundido antes de que el Máximo Tribunal fallara sobre la constitucionalidad de esa norma.

 Snowy posee un directorio integrado por los accionistas Julio Carlevaro Carlo, José Ismael Feo Scarsi y Alfredo Acevedo, nombres que figuran en otras “127 sociedades inscriptas” en Panamá, país en el que habitualmente se radican diversos fondos financieros.

 Al tener su sede en Panamá, oficinas en Uruguay y un domicilio en Argentina, el magistrado Hernán Papa, titular del Juzgado Comercial Número 12, resolvió investigar para determinar si corresponde que el Banco Central pague los 311.893 dólares que le reclama al Estado esta empresa off shore.

 El martes pasado, el juez convocó a los abogados de Snowy y del Grupo Gotelli, que exigió el pago de los Bonos de Absorción Monetaria (BAM) que tiene Snowy en su poder.

 En consecuencia, Papa resolvió ordenar una investigación contable sobre la firma de capitales extranjeros, que declara tener su origen en Uruguay.

 Se trató de un instrumento financiero que la dictadura otorgó a los tenedores de seguros de cambio que conseguían la prórroga del acreedor externo.

 Esos bonos, que llegaron a manos de Snowy cuando compró parte de la deuda de la quiebra de Sebastián Badaracco, nacieron con el Decreto 1.335, del 26 de noviembre de 1982.

 Una parte de esos títulos terminaron en manos del Grupo Gotelli que, desde 1980, tomó el control del Banco de Italia y Río de la Plata, que había sido fundado en 1872 y quebrado en 1985, en el marco de una operatoria nunca esclarecida.

 En diciembre de ese mismo año, el Banco Central logró que se aplicara una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, y de esta forma se frenó el pago de la renta que debía concretarse en 1986.

 Sin embargo, los voceros de Snowy se niegan a precisar cuáles son las actividades que lleva a cabo esta compañía, que no registra operatorias en Argentina, pero posee capacidad como para iniciar una demanda judicial en el país.

Fuente: Telam